¿Arrancarán los pimpollos alguna vez?

EL OJO IZQUIERDO

¿Qué ha ganado el respetable de a pie con la llegada de Ciudadanos o Podemos al tablero político? Dejen lo del aire fresco, que ya huele

J. M. IZQUIERDO Madrid 27/02/2017 – 07:45 h. CET

No arrancan los intentos de dignificar la política. Lo primero, por los mil y un casos de corrupción que ahora vencen en los tribunales. Todo Bankia es de hace años, por no hablar de la Gürtel, en ambos casos juicios abiertos que se van cerrando con la habitual lentitud de la justicia. Aquellos polvos y estos lodos.

Tampoco el PP ayuda, que cada vez que tiene la posibilidad de ensuciarse las manos, aprovecha para rebozarlas en cualquier sentina, como hemos visto con la Fiscalía.

Dejemos por ahora al PSOE, que bastante tiene con lo suyo. Prefiere apuntar este Ojo a la inanidad manifiesta de los nuevos partidos, esos que tanto prometieron y que tan poco han conseguido ¿Alguien recuerda alguna iniciativa brillante, de gran calado, de los pimpollos de Ciudadanos? Excepto dejarse atropellar una y otra vez por el desprecio del PP, ¿ha dicho algo su gran líder, o hecho su partido, para que nos felicitemos por su presencia en el panorama político?

Y a kilómetros ideológicos de distancia, ¿es acaso más relevante la presencia de Podemos, esa gran fuerza revolucionaria que pretendía cambiarlo todo y a todos? Esto es: ¿qué ha ganado el respetable de a pie con la llegada de Ciudadanos o Podemos al tablero político? Dejen lo del aire fresco, que ya huele.

Y si la respuesta, como parece, es nada, ¿a qué esperan?

FUENTE: CADENASER.COM

ENLACE: http://cadenaser.com/programa/2017/02/27/hoy_por_hoy/1488176007_413302.html

 

 

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El acoso del PP fuerza a un interventor a pedir el traslado

Fernando Urruticoechea denuncia las presiones que sufren cientos de funcionarios públicos por parte de auténticas “organizaciones mafiosas”

EVA LANDÍN

Sáb, 25 Feb 2017

Ya antes de reincorporarse a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento Orihuela, después de hacer frente a un cáncer, le advirtieron de que se oían voces de que le iban a hacer la vida imposible. Y así fue.

Fernando Urruticoechea llegó en 2014 a esta localidad alicantina, entonces gobernada por Los Verdes y el PSOE, y ejerció su trabajo de interventor con normalidad durante algo más de un año. Sin embargo, con el regreso al poder del Partido Popular, las tornas cambiaron. A partir de ese momento comenzó el acoso y derribo, hasta que este funcionario natural de Bilbao no ha podido más.

Injurias, calumnias y castigos

Está de baja desde junio del pasado año. Su pecado, “cumplir con mi trabajo” y enfrentarse a la corrupción.

El proceso para acabar con él comprende “injurias, calumnias, sobrecarga de trabajo, ha llegado a hacer jornadas de diez y doce horas, y castigos internos”. Trataron de dejarle sin vacaciones, aunque “recurrió y ganó”, desmantelaron el área de intervención “para dejarme solo”, evitando cubrir vacantes, le impidieron dar conferencias y hacer viajes familiares y llegaron a enviarle a diario “notificaciones con peticiones absurdas”.

La puntilla era el expediente disciplinario. En dos ocasiones a lo largo de 2016 lo solicitó al Ministerio el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, pero eso “no lo consiguió”.

Víctimas de la corrupción

Urruticoechea asegura a ELPLURAL.COM que él es sólo un exponente de lo que ocurre. “Hay cientos de funcionarios enfermos, de baja o en tratamiento psiquiátrico”, revela a este medio. “Cientos de divorcios y familias rotas” por alzar la voz.

Ésta es la otra cara de la corrupción, la de “los funcionarios víctimas, que no somos apreciados por la sociedad”. La que se ignora mientras se centra el foco en la cara de los políticos y los agujeros millonarios que han dejado en las cuentas públicas.
Ignorar los informes de interventores como él es bien sencillo. En su anterior destino, Crevillent “los tiraban a la basura, en Orihuela iban a la estantería”. Tienen una clara función fiscalizadora, pero en muchas ocasiones se convierten en hombre de paja porque “el control es inexistente y las medidas ineficaces. Hay normas que supuestamente protegen a los empleados públicos, pero no se cumplen”.
Solos ante el peligro

De este modo se les pone a los pies de los caballos, frente a auténticos entramados mafiosos. Sumar apoyos, además, “cuando te declaran apestado”, es muy difícil porque “la gente tiene miedo”. Públicamente, ninguno de los compañeros del Ayuntamiento ha salido en defensa de Fernando “aunque sí lo han hecho algunos en privado”.

Ha buscado amparo en la Fiscalía, pero de nada le ha servido. A veces ha recibido incluso “respuestas humillantes”. “Hay una insensibilidad total hacia los funcionarios que vivimos este tipo de situaciones y somos muchos”, recalca.

Miles de informes de ilegalidad

A lo largo de sus 30 años de carrera profesional Urruticoechea ha redactado miles de informes de ilegalidad. Es uno de los funcionarios que más corrupciones ha destapado.

Los grandes contratos son los que le han generado mayores problemas: agua, alcantarillado y basuras. Sus primeras denuncias las hizo en Galdakao, cuando era economista laboral. Entonces se vio obligado a presentar una querella criminal, “que gané” y “el alcalde acabó inhabilitado”. Después vinieron muchos otros destinos, entre ellos, Ermua, Leganés, Castro Urdiales y Crevillent, municipio en el que en tres años legalizó la gestión del agua, algo que “no interesaba”. En Orihuela la historia se ha repetido. No hay que olvidar que el actual teniente de alcalde, Francisco Manuel Sáez, fue director de zona de Acuagest, hoy Hidraqua.

Los políticos, origen y causa

Para este funcionario al que han llegado a llamar “desequilibrado”, “el origen y la causa de la corrupción son los políticos y la voracidad insaciable de financiación de los partidos”. Sin embargo, deja claro que el robo no se hace de forma individual. “Son tramas perfectamente organizadas. La función pública está politizada y subordinada al poder. Los funcionarios forman parte también de la trama de corrupción”.

Por ello, la solución, a jucio de Urruticoechea quien, a día de hoy colabora con el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, “pasa por la decencia política y ciudadana”. “Eso deberíamos clamar en las manifestaciones”, insiste, pues “la cultura democrática es inexistente”.

Nuevo destino

Fernando ha concursado para cambiar de destino. Después de estudiar “con mi mujer y mi psicólogo”, todas las posibilidades porque “bueno, bueno, no había ninguno” ha decidido trasladarse a Torrepacheco. “Me hubiera gustado seguir en Orihuela con un gobierno democrático, no despótico”. Se va esperando que el PP no logre allí volver al poder y con el firme propósito de “seguir haciendo mi trabajo”.

FUENTE: ELPLURAL.COM

ENLACE: http://www.elplural.com/politica/2017/02/25/el-acoso-del-pp-fuerza-un-interventor-pedir-el-traslado

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PP y Podemos se unen para que los diputados puedan ser pluriempleados

El PSOE, el único partido que se opone a que Pablo Iglesias, Rafael Hernando, Carolina Bescansa o ‘Felisuco’ tengan doble sueldo
JESÚS RICO

Sáb, 25 Feb 2017

El PSOE ha cumplido su promesa. Por primera vez en democracia, los socialistas no han dado el visto bueno a conceder autorización a los diputados para que compatibilicen su escaño con actividades privadas. Algo que el PSOE ya anunció el pasado mes de diciembre.

Finalmente, los socialistas se han abstenido y no han apoyado el informe de la Comisión del Estatuto del Diputado que concede las compatibilidades y que será votado en el pleno del día 8 de marzo. En el PSOE se muestran contrarios a la existencia de los diputados ‘pluriempleados’. Es decir, aquellos congresistas que compaginan su escaño con la abogacía, las tertulias, la asesoría… y así obtienen un doble sueldo.

De hecho, desde el Partido Socialista han exigido que una treintena de diputados expliquen las actividades privadas que pretenden compatibilizar con el trabajo en el Congreso de los Diputados.

Ha sido el parlamentario del PSOE Luis Carlos Sahuquillo el encargado de presentar este viernes un escrito al presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado para que se fiscalicen esas actividades.

Pero el PSOE se ha quedado solo. PP, Ciudadanos, Podemos y Grupo Mixto (UPN) han votado a favor del informe que autoriza actividades como el ejercicio de la abogacía o la asesoría, entre otras, sin la menor exigencia de control por parte del Congreso, como ha ocurrido hasta ahora.

Y es que el Parlamento ha actuado siempre con un criterio muy laxo, autorizando actividades que van más allá de las permitidas por la Ley Electoral -que establece la incompatibilidad absoluta de los diputados con la excepción de actividades docentes-.
Por su interés informativo, ELPLURAL.COM repasa algunos de los casos más controvertidos de aquellos parlamentarios que han pedido compatibilizar su escaño con otras funciones.

Isabel García Tejerina

La ministra se declara titular de una planta fotovoltaica, a lo que se le da permiso siempre y cuando no perciba remuneración del sector público. Lo cual es difícilmente demostrable. La ministra, además, tiene ingresos por su participación en algunas empresas inmobiliarias.

Rafael Hernando

Rafael Hernando en una imagen de archivo (Flickr PP)

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha pedido compaginar su actividad de parlamentario con el ejercicio de la profesión de abogado.  Además, el polémico dirigente del Partido Popular también solicita poder cobrar de su participación en “conferencias y medios de comunicación”. De este modo, Hernando obtendría ingresos si acudiese a medios de comunicación o universidades, salvo que estas fuesen públicas.

Teófilo de Luis

El diputado del PP, Teófilo de Luis, en una foto de archivo. EFE.

Teófilo de Luis pide autorización para “asesoría de empresas por cuenta propia sin relación con el sector público”. Es el mismo concepto que introdujo en su momento Vicente Martínez-Pujalte, hoy imputado por actividades realizadas desde su escaño. Además, el diputado del PP también está autorizado a ejercer la docencia en la Universidad privada, siempre que sea a tiempo parcial y en seminarios.

Carmen Álvarez-Arenas

Carmen Álvarez-Arenas, diputada del PP, en una foto de archivo. EFE.

Además de percibir una pensión de viudedad proveniente del sector privado, la diputada del Partido Popular María Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, compagina su actividad de diputada con la participación en el Patronato de Fundación Benéfica Privada, aunque sin percibir ningún tipo de remuneración. Además es consejera delegada de una empresa familiar de prestación de servicios, que según indica la propia diputada, no contrata con el sector público. Sin embargo, una de sus empresas de servicios, como centro especial de empleo, sí que percibe subvenciones regladas de aplicación automática de la normativa vigente.

Pablo Iglesias

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. EFE

El líder de Unidos Podemos protagoniza una de las peticiones de compatibilidades más amplia del Hemiciclo. Iglesias pide permiso para dar conferencias y participar en encuentros políticos y académicos, así como en tertulias, con el único compromiso de no cobrar cuando se trate de medios públicos. Es decir, se reserva el derecho de percibir emolumentos extras en caso de participar, por ejemplo, en tertulias en radios y televisiones privadas. Además, compatibiliza su trabajo como diputado con seguir presentando y dirigendo el programa ‘Fort Apache’, actividad para la que dice que tan sólo necesitaría un par de horas a la semana.

Iñigo Errejón

Íñigo Errejón

Al igual que su compañero de bancada, Iñigo Errejón se reserva el derecho de percibir emolumentos en caso de participar, por ejemplo, en tertulias en radios y televisiones privadas. El diputado de Unidos Podemos también manifiesta su intención de publicar libros que generarán derechos de autor. De forma paralela, manifiesta su asistencia -que califica de “puntual”-, a conferencias, charlas, talleres de carácter docente, encuentros políticos, académicos, sectoriales o regionales “de forma irregular”.

Carolina Bescansa

Carolina Bescansa entrevistada en Radio Nacional - RTVE

De forma ocasional, retribuida o no, Carolina Bescansa compagina su labor de diputada con el  desarrollo de actividades docentes en diferentes instituciones como impartición de cursos, conferencias y otras actividades académicas. Al igual que Errejón, la dirigente de Unidos Podemos también manifiesta su intención de publicar libros que generarán derechos de autor. A ello se suma su participación como tertuliana (pudiendo percibir ingresos extras si no provienen de medios de comunicación públicos), la participación en conferencias, encuentros políticos y académicos, así como la elaboración de estudios e investigaciones sociológicas de distinta naturaleza. A este respecto, Bescansa aclara que es una actividad desarrollada por “cuenta propia” mediante contratos de investigación y/o consultoría que no guardan “relación con ningún servicio público docente, ni existe relación con la Administración Pública”.

Noelia Vera

La diputada de Unidos Podemos y redactora de la 'Tuerka', Noelia Vera.

La diputada de Unidos Podemos, Noelia Vera, declara la “publicación de libros y artículos”, así como la participación en “conferencias, encuentros políticos, académicos” y en programas de televisión con o sin remuneración”. Además, reconoce ser “redactora y presentadora del programa de televisión ‘La Tuerka’, emitido en la página web del diario ‘Público’.

‘Felisuco’

El diputado de Ciudadanos Félix Álvarez, ‘Felisuco’, reconoce no querer aparcar su actividad profesional por la política. De hecho, pide autorización para compaginar su labor en el Hemiciclo con la “colaboración en medios de comunicación” en su condición de “actor de cine, teatro y televisión”. Aunque eso sí, aclara, “sin relación contractual con sector público”.

FUENTE: ELPLURAL.COM
ENLACE: http://www.elplural.com/politica/2017/02/25/pp-y-podemos-se-unen-para-que-los-diputados-puedan-ser-pluriempleados
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Los negocios del PP murciano envueltos en la manta de la corrupción

Los más recientes, que han acabado con la imputación (denominación ya en desuso) de Pedro Antonio Sánchez en el caso Auditorio y su relación con la Trama Púnica, solo son la punta del iceberg de más de 30 casos de corrupción en los últimos 15 años en la Región de Murcia

Rafa López – Murcia
25/02/2017 – 10:35h

La Región de Murcia es el centro de las miradas de toda España por motivos nada favorecedores a su imagen. La citación para el próximo 6 de marzo del juez al presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez como investigado por cuatro presuntos delitos de corrupción política relacionados con el caso Auditorio, cuando era alcalde de Puerto Lumbreras dan visibilidad a 20 años de gobierno del Partido Popular en Murcia bajo la sombra de la corrupción urbanística y política. El propio ex fiscal anticorrupción en Murcia Manuel López Bernal aseguraba que la fiscalía de Murcia es de las que más casos de corrupción ha llevado en toda España.

La sombra de la corrupción se cierne, aun más, cuando han asaltado hasta en dos ocasiones la vivienda de Juan Pablo Lozano, fiscal anticorrupción y que destaca su trabajo en los casos Umbra y Novo Carthago, aun en instrucción y que afectan directamente al Partido Popular murciano. El propio López Bernal asegura que el trabajo de la fiscalía anticorrupción no ha sido cómodo, con continuas interferencias y presiones contra su labor, como la creación en Madrid de una asociación con la única finalidad de querellarse contra él mismo.
Con esta situación como contexto, destacan en la Región cuatro casos abiertos con diversos cargos institucionales del Partido Popular investigados por presunta corrupción: Novo Carthago, Caso Auditorio, Caso Umbra y la Desaladora de Escombreras.

‘Novo Carthago’, explotación urbanística en una zona protegida

Además de Pedro Antonio Sánchez, la actual senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, está relacionada con el caso ‘Novo Carthago’. Este caso investiga la denominada Modificación Puntual nº 113 del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, con la que se permitió a la promotora Novo Carthago impulsar un gran proyecto urbanístico de más de 10.000 viviendas, centro de convenciones y campo de golf en unos terrenos protegidos junto al Mar Menor.

Aunque hace unos meses el Tribunal Supremo exculpara a Pilar Barreiro de cualquier posibilidad de delito político, el archivo es provisional ya que la mayor parte de las diligencias del ‘caso Novo Carthago’ siguen siendo investigadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia por lo que podría aparecer cualquier pista que Pilar Barreiro pudiera volver a verse imputada en un futuro quedará abierta durante bastante tiempo.

En el contexto de Novo Carthago, también aparecen las figuras de Rosario Valcárcel Cruz y su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro, familia directa del expresidente Ramón Luis Valcárcel en un auto de la jueza del caso Miriam Marín García. El auto, dictado el pasado 15 de junio, señalaba que “del conjunto de lo instruido resultan indicios que apuntan hacia la posibilidad de que, para conseguir la reclasificación urbanística que era necesaria para el proyecto Novo Carthago, se entregasen por Hansa Urbana incentivos económicos a distintas autoridades con potestad para dar viabilidad a dicho proyecto, entre ellos, al anterior Presidente de la Comunidad, que podría haber recibido los emolumentos a través de su hija o de su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro, socio de Faromur”.

La jueza del caso también incluye el actual vicepresidente del Parlamento Europeo, ya que existen indicios de una “actuación coordinada” entre el Ayuntamiento de Cartagena, la Consejería de Medio Ambiente -dirigida por Antonio Cerdá y Francisco Marqués, también imputados- y la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio”, que estaba presidida por el también imputado Joaquín Bascuñana.

Un auditorio de 10 millones vacío

Puerto Lumbreas es una localidad de 14.000 habitantes situada en la frontera con la provincia de Almería. En junio de 2015, pocos días después de la investidura de Pedro Antonio Sánchez, el presidente murciano aseguraba a sus valedores en el cargo, Ciudadanos, que dimitiría en el momento en el que fuera imputado por el ‘caso Auditorio’. El lunes 6 de marzo ha sido citado por el Tribunal Superior de Justicia para declarar como “investigado”, lo que anteriormente se conocía como “imputado” tras la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El ‘caso Auditorio’ parte de una querella de la Fiscalía Superior, que ve presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración y falsedad en documento oficial en la construcción del Auditorio de Puerto Lumbrera, que costó la friolera de seis millones de euros a las arcas públicas a través de una subvención de la Comunidad y que apenas recibe espectáculos de renombre o que justifiquen su precio.

Lo que destaca de este caso es la falta de documentación oficial para la adjudicación del proyecto de construcción del Auditorio, concedido al estudio de arquitectura Martín Lejárraga a través de una acuerdo verbal, sin firmar ninguna documentación. Además, los fondos provenientes de la subvención de las obras del Auditorio cambiaron de destino o aplicación, “sin que conste en este sentido una resolución por la autoridad competente (…), desconociéndose cuales fueron esos usos”, como escribió la jueza en el auto para separar las actuaciones.

Espectáculo en el Auditorio de Puerto Lumbreras para justificar su construcción

Espectáculo en el Auditorio de Puerto Lumbreras para justificar su construcción JOSE M. G. MIRAVENTE / PUERTO LUMBRERAS

Caso Umbra

El Caso Umbra afecta directamente a la capital, Murcia, e investiga una presunta trama corrupta en la que está imputado el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara y su exconcejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y que investiga las recalificaciones y convenios urbanísticos de la zona norte de la ciudad durante los últimos diez años.

Dirigida por el juez David Castillejos, magistrado instructor del juzgado nº 8 de Murcia, a instancias de la Fiscalía del TSJ, el caso Umbra investiga seis convenios urbanísticos suscritos sobre más de 9 millones de metros cuadrados para la construcción de 120.000 viviendas en la zona norte de la ciudad, por los que las arcas municipales podrían haber dejado de ingresar unos 500 millones de euros, con la consiguiente y presunta malversación de caudales públicos.

La clave sería la valoración a la baja de los terrenos por parte de la Concejalía de Urbanismo, que situó el precio en 120 euros por metro cuadrado, lo que quedaba muy por debajo los 600 euros por metro cuadrado que fijaba el mercado. De ese modo, el 10% del aprovechamiento urbanístico pagado por los promotores de los convenios habría sido muy inferior a lo que correspondería.

El TSJ investiga ese presunto trato de favor a empresas constructoras de Murcia, que podría recalar en un posible delito de tráfico de influencias, además de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho. En el tintero se han quedado los viajes a Estambul de Cámara y Roque Ortiz, concejal de Fomento, fletados por un constructor ilicitano que habría llevado a cabo la remodelación del Teatro Circo de Murcia, entre otras obras.

Una desaladora que se pagará hasta 2034

La desaladora de Escombreras se habría ideado a partir de 2004 ante la escasez de agua de la Región de Murcia, pero la finalidad oculta de su construcción, según la comisión de investigación de la Asamblea Regional, era puramente explotación urbanística. El portavoz de la comisión, Miguel Sánchez, detallaba que ha quedado demostrado que hubo una “trama” para recalificar 180 millones de metros cuadrados y cambiar el modelo económico de la Región, sorteando la Ley de Aguas y firmando “contratos leoninos”, que van a costar a las arcas autonómicas “seis veces más” que el coste de la planta.

El caso de la desaladora no se encuentra en instrucción judicial, pero se aprecian posibles delitos políticos, sobre todo en las figuras de Ramón Luis Valcárcel, expresidente regional, y Antonio Cerdá, exconsejero de Agricultura. El motivo, la creación unilateral del Ente Público del Agua para autorizar la construcción de la desaladora, ya que el organismo competente en esa época, la Confederación Hidrográfica del Segura, se negaba a la creación de la misma.

El resto, un entramado de empresas públicas y privadas que no han permitido que la desaladora trabaje a su máximo desde hace diez años, cuando se finalizó su construcción. Como explica el artículo 19 de dicha comisión de investigación:

“Existe una evidente responsabilidad política, económica y social por los perjuicios ocasionados al erario público por parte de los señores Valcárcel, Cerdá y restantesmiembros de los Consejos de Gobierno que tomaron parte en las decisiones, los representantes y miembros del ENTE PÚBLICO DEL AGUA y de los diferentes Consejos de Administración de las sociedades HYDRO MANAGEMENT SL,TEDAGUA, COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA, MANCOBRA SA,DESALADORA DE ESCOMBRERAS SAU e HIDRONOSTRUM SAU, que participaron en una trama público privada para una desaladora sin que existiera ningún estudio de necesidades sobre la construcción de esta infraestructura, sin que se haya cumplido la normativa de contratación pública, asumiendo la Administración Regional obligaciones muy gravosas para las arcas públicas regionales sin justificación alguna, y todo ello para beneficiar a empresas privadas y mantener un modelo urbanístico especulativo en la Región de Murcia”.

Latigazos de la Operación Púnica en Murcia

Tanto caso de corrupción ondeando en los círculos del Partido Popular ha acabado por llevar a uno de los casos de corrupción más importantes a nivel nacional, el caso Púnica, a afectar directamente a la Región de Murcia. Entre otros, también afecta el caso directamente a Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro, que habrían autorizado trabajos de reputación online y lavado de imagen con fondos de la Consejería de Educación.

La acusación atribuye a Sánchez la comisión de delitos de fraude, cohecho y revelación de información. Las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez aprecian que en 2014, cuando Sánchez era consejero de Educación “temía por las consecuencias de una posible imputación penal (relacionado con el caso Auditorio) , por lo que habría acordado con empresas de la trama Púnica (Madiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y la marca comercial Linkatic) hasta 36.800 € para lavarle la imagen en las redes sociales de cara a la campaña para alcanzar la Presidencia a costa de fondos públicos enmascarados como “formación”, según denunciaba la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

En este caso, la fiscalía anticorrupción de Murcia se ha opuesto a la imputación del presidente murciano, porque consideran que no hubo perjuicio para las arcas públicas “al no llegar a contratar con la trama para mejorar su reputación”.

Por parte de Pilar Barreiro, se considera que en su etapa como alcaldesa de Cartagena y con la ayuda de Francisco de Asís Ferreño, jefe de gabinete, trabajaron para la creación de un diario digital local, que se sufragaría con facturación al Ayuntamiento de Cartagena, y tenía como propósito difundir informaciones favorables a la entonces alcaldesa. El juez Eloy Velasco estima que pudo incurrir en delitos malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

FUENTE: ELDIARIO.ES

ENLACE: http://www.eldiario.es/murcia/politica/negocios-PP-murciano-envueltos-corrupcion_0_615939083.html

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Rajoy se escabulle de la cascada de escándalos de Murcia, el exministro Soria y la Fiscalía

El presidente del Gobierno ignora la demostración de las mentiras del exministro José Manuel Soria
Los conservadores tratan de resistir la presión para que Pedro Antonio Sánchez dimita al frente del Ejecutivo murciano

Luz Sanchis
25/02/2017 – 19:16h

Con el aviso de que “si en este país no se cumplen las normas, vamos a tener un problema” y su consabido “respeto a la justicia”, Mariano Rajoy ha vuelto a hacerse el ignorante tanto de la corrupción probada entre sus filas, como de la presunta que enjuician los tribunales. Sea José Manuel Soria, Pedro Antonio Sánchez, Rafael Catalá o los movimientos en la fiscalía del Estado, la respuesta del presidente del Gobierno ha vuelto a ser la misma: apelar a que el sistema judicial funciona y despacharlo como si nada fuera con él.

El plan del PP era vender su puesta a punto en cuanto a mandos y a proyecto político en su congreso nacional. Y seguir enmarcando sus casos de corrupción en el pasado con promesas de regeneración política y democracia interna. La polémica por la situación judicial de un presidente autonómico como el de Murcia no tardó en ser protagonista. Más, cuando unas cámaras de televisión captaban al ministro de Justicia ansioso por aprovechar la ocasión para intentar contactar con Pedro Antonio Sánchez y él esgrimía después información privilegiada.
Todo lo que el presidente del Gobierno ha dicho sobre su caso es que “ya se le han archivado 16 denuncias” y “hay que respetar la presunción de inocencia”. Ante la presión de Ciudadanos, sostén del Ejecutivo murciano y socio de investidura del Gobierno central, el PP pide tiempo y asegura que no se trata de un caso de corrupción sino de una posible “metedura de pata” en el caso Auditorio que lo llevará a declarar como investigado el próximo 6 de marzo.

Al menos en este caso, Rajoy parece estar al tanto. La sentencia que demuestra que José Manuel Soria mintió al decir que se había pagado de su bolsillo unas vacaciones de lujo en la República Dominicana le pilló desprevenido. Todas las explicaciones sobre la estancia de lujo en un hotel por parte de su entonces ministro de Turismo consistieron en decir “no me he enterado” y en preguntar “¿cuándo ha salido eso?”.

Sea en una entrevista en televisión o en una sesión de control en el Parlamento, la respuesta habitual de Rajoy consiste en no responder. O simplemente en atacar a quien le pide explicaciones. “Menos mal que no es usted Robespierre” fue la frase de efecto escogida para contestar a Pablo Iglesias en el pleno del Congreso. El portavoz de Unidos Podemos le había reprochado en dos minutos una lista en la que cabían una quincena de casos. “¿Quién es el delincuente hoy?”, inquirió el diputado ante una condena a pagar las costas al que había acusado de delincuentes a los periodistas que le investigaron.

El hashtag #YoconPedroAntonio se le ha dado la vuelta al PP y ya acumula más burlas que muestras de apoyo. Aun así, el afectado mantiene el visto bueno de Génova para ser candidato a presidir la formación regional, además de seguir en el Gobierno. Tras los relevos en la Fiscalía Anticorrupción, las denuncias de presiones al responsable de investigarlo en la comunidad han sido desviadas por Catalá como si fueran recientes.

El fiscal general, José Manuel Maza, comparece el miércoles en el Congreso y se enfrenta a las preguntas de la oposición sobre los cambios ordenados en la fiscalía y la desprotección e intimidaciones denunciadas por López Bernal en Murcia, además de pedir también la del ministro de Justicia e Interior para que expliquen la situación.

FUENTE: ELDIARIO.ES

ENLACE: http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-escabulle-cascada-escandalos-PP_0_615938714.html

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El PP pide a la Audiencia Nacional que le devuelva 1,2 millones depositados por el caso de la Caja B

La posición de la fiscalía sobre la fianza del PP será una de las primeras decisiones que asumirá Anticorrupción bajo el mandato de Manuel Moix
El abogado del partido argumenta que las fianzas aportadas por los trabajadores de la empresa que reformó la sede son suficientes para cubrir la posible responsabilidad

Gonzalo Cortizo
26/02/2017 – 19:39h

El Partido Popular quiere recuperar los 1,2 millones de euros que puso como fianza para cubrir las posibles responsabilidades en el caso Bárcenas, en relación con la existencia de una caja B que la formación política usó para pagar unas obras de reforma en su sede. El abogado de la formación conservadora ha presentado un escrito de adhesión a otro que firmaron en enero los letrados de Unifica, la empresa que realizó la reforma que investiga la Audiencia Nacional.

Los populares hacen suyo el razonamiento expuesto por la empresa, basado en el argumento de que las fianzas aportadas por los trabajadores son suficientes para cubrir la responsabilidad que pudiera derivarse del proceso.
El abogado del PP solicita que la Audiencia Nacional deje “sin efecto” la fianza presentada. Dicho de otro modo, el letrado de la formación política quiere que el tribunal les devuelva 1,2 millones de euros.

La defensa del PP se conduce en paralelo a la de la empresa que obtuvo cobros en B por valor de 1,5 millones de euros. Los responsables de Unifica y los principales líderes de la formación conservadora mantienen una estrecha relación como acredita la fotografía que Rajoy les dedicó adjetivándolos de “amigos”.

La petición tendrá que ser informada ahora por la Fiscalía Anticorrupción, lo que que convertirá a esta decisión en una de las primeras que se adoptan en Anticorrupción bajo el mandato de Manuel Moix. Diga lo que diga la Fiscalía, la decisión final está en manos del juez.

Unifica, la empresa que realizó las reformas en la sede del partido, pidió en enero la devolución de las fianzas aportadas. El PP, sin embargo, ha esperado casi un mes para adherirse a esa solicitud. El escrito de la formación conservadora lleva fecha de 22 de febrero, el mismo día que se decidió proponer a Manuel Moix para dirigir Anticorrupción.

De la empresa de los “amigos” de Rajoy sabemos por el proceso que recibían dinero en B de manos de Luis Bárcenas y que lo ingresaban en las numerosas cajas de seguridad que tenían contratadas en la Banca March. Ahora, Anticorrupción debe decidir si la Audiencia Nacional les devuelve dinero de las fianzas.

La decisión será una de las primeras sobre las que se posiciones Anticorrupción con Manuel Moix al frente. El nuevo fiscal jefe de Anticorrupción está considerado como un fiscal cercano al Partido Popular. Entre su designación por el Consejo Fiscal y la confirmación del Consejo de ministros han pasado tan solo unos días.

No es lo habitual en el mundo de la justicia, donde las cosas suelen ir más despacio. Como ejemplo está el caso de la magistrada que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designó en enero para ocupar una plaza en la sala primera del Tribunal Supremo: dos meses después, este nombramiento todavía no se ha materializado en una toma de posesión.

FUENTE: ELDIARIO.ES

ENLACE: http://www.eldiario.es/politica/PP-Audiencia-Nacional-depositados-Caja_0_615938841.html

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Golpe judicial a un ayuntamiento toledano del PP por convocar una oferta de empleo anticonstitucional

Un juzgado suspende el polémico proceso selectivo del Ayuntamiento de Mora porque excluye a las personas que no estén empadronadas en el municipio, algo que vulnera diversos artículos de la Constitución.

S. Jiménez 26 de Febrero de 2017 (20:57 h.)

TOLEDO.- Los tribunales han vuelto a suspender una bolsa de empleo de un ayuntamiento toledano, en este caso la convocada para 2017 por el Consistorio de Mora, presidido por el ‘popular’ Emilio Bravo. Una suspensión cautelar decretada por el Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo número 3 de Toledo, a instancias de la solicitud presentada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, al considerar que vulnera diversos artículos de la Constitución española.

En concreto, según recoge el auto, al cual ha tenido acceso periodicoclm.es, se trata de uno de los requisitos para inscribirse la oferta de empleo público, común para todas las categorías, en el que se pide “estar empadronado en el municipio de Mora tanto en el momento de presentación de solicitudes, como en el momento de la contratación”. Una exigencia que viola los artículos 9, 14 y 23.2 de la Carta Magna, relativos respectivamente, a la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas; la igualdad de todos los españoles ante la ley, y el derecho ciudadano a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Una suspensión de la bolsa de empleo que desde el Partido Popular moracho se ve como una “persecución partidista” que habría sido “orquestada” por el PSOE provincial y su presidente, también al frente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez. En un comunicado, los ‘populares’ han llegado a afirmar que CCOO ha actuado en este caso “a instancias del tripartito provincial” ‑PSOE, C’s e IU‑, preguntándose por qué se denuncia esta circunstancia en las bolsas de Mora y no en las que otras localidades de la provincia que incluyen también el requisito de estar empadronado en sus convocatorias.

Los conservadores se defienden señalando que las bases reguladoras de las bolsas de empleo del Ayuntamiento de Mora fueron aprobadas en pleno con el voto socialista a favor, en abril de 2015, y que las mismas estuvieron expuestas al público sin recibir alegación alguna al respecto; o como también lo hacen las bolsas de empleo de Diputación y el Plan de Empleo regional. Algo que dicen, desde el sindicato “no se atreverán” a denunciar.

Aseguran que Emilio Bravo está sufriendo una “caza y captura” por parte del PSOE, y reprochan a los ediles de esta formación política en Mora que “aplaudan y apoyen” los ataques que “arremeten directamente contra los intereses y necesidades de los morachos”.

DESAHOGO EN FACEBOOK

Un malestar por esta supuesta persecución contra la localidad, que el regidor moracho trasladaba también a su cuenta de Facebook. Bravo escribía en la red social que la suspensión de las bolsas de empleo se debía a “pedir que fueran morachos empadronados en Mora”, y pedía ayuda a sus vecinos para que “esta campaña no nos la puedan ganar”.

Del mismo modo se dirigía a los grupos municipales de PSOE e IU en la localidad, pidiéndoles su apoyo “en la defensa de los morachos por encima de sus partidos”.

Comentario de Emilio Bravo tras conocer la sentencia | Facebook

RESPUESTA A BRAVO

Tras la salida de tono del regidor del PP en las redes sociales, desde Comisiones Obreras le han instado a “cumplir la ley” en las bolsas de empleo público, así como a “dejarse de acusaciones infundadas”. Así lo ha manifestado el secretario toledano del sindicato, José Luis Arroyo, quien rechaza las acusaciones de “persecución hacia el Consistorio y hacia su alcalde”.

Explica Arroyo que el sindicato lleva a cabo un seguimiento de las convocatorias públicas de empleo de las distintas administraciones para que se ajusten a la legalidad, impugnando aquellas en las que se detecta algún tipo de irregularidad “con independencia del color político”.

Asimismo, desde el Comisiones Obreras recuerdan al alcalde moracho que quien ha dictado la suspensión de forma cautelar de las bolsas de empleo del Ayuntamiento de Mora, por vulnerar la Constitución, “ha sido la justicia”.

MISMO MÉTODO QUE TIZÓN

Una paralización que se produce como ya ocurriera con otras anteriores, tales como el programa ‘De la mano contigo’, cuando presidía la Diputación el ‘popular’ Arturo García Tizón, y cuando el propio Bravo era vicepresidente, por lo que “debería conocerlas”. Desde CCOO afirman por ello que es el alcalde de Mora el que está usando en su pueblo “el mismo método para contratar” que utilizaba el equipo de Gobierno del PP en la institución provincial durante la anterior legislatura.

Además, subraya Arroyo, las normas anuladas son las mismas que ha venido utilizando el Ayuntamiento de Mora en los últimos años. Extremo reconocido por el propio Consistorio en su nota de prensa, al señalar que las bases reguladoras de las bolsas de empleo fueron aprobadas por el Pleno municipal en abril de 2015. Reconocen así, según el sindicato, que en años anteriores se han realizado “procesos selectivos ajenos a la ley”.

LOS VECINOS DEBÍAN PASAR UNA ENTREVISTA

Por ello, CCOO advierte que estará, si cabe, “más vigilante” ante futuros procesos de selección en este Ayuntamiento, ya que “no se pueden vulnerar derechos fundamentales”. Asimismo, el sindicato pedirá la revisión de oficio de todas las contrataciones “ilegales” que se puedan haber realizado desde que se aplican estas bases.

Desde la organización sindical denuncian así que el Partido Popular de Mora quiere “confundir” lo que es una oferta de empleo púbico, que debe regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad, “con las políticas públicas de empleo”, que son plantes de empleo que se desarrollan en los ayuntamientos.

Por último critican que Bravo quiera hacer pasar a sus vecinos por una entrevista personal para la contratación a través de la bolsa de empleo, “utilizando” así a las personas que están en desempleo, en lugar de tratar de acabar con el paro que hay en el municipio.

Auto judicial sobre la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Mora por periodicoclm.es

FUENTE: PERIODICOCLM.ES

ENLACE: http://www.periodicoclm.es/articulo/toledo/golpe-judicial-ayuntamiento-mora-pp-partido-popular-convocar-oferta-empleo-anticonstitucional/20170224114533006462.html

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