El fiscal reclama cuatro años y medio al exalcalde de Blanca, del PP, por un vertedero clandestino

Dos concejales de Medio Ambiente se enfrentan a iguales penas, motivadas por los presuntos daños graves que la escombrera causó a la flora y fauna de un paraje protegido

Ricardo Fernández
Miércoles, 22 noviembre 2017, 08:56

Cuatro años y medio de cárcel es la condena que la Fiscalía solicita para el exalcalde de Blanca, el popular Rafael Laorden, y dos antiguos concejales suyos, Ángel Cano Sánchez y José María Molina Trigueros, como sospechosos de un delito contra el medio ambiente por haber mantenido abierto durante largos años un vertedero ilegal en terrenos municipales. Junto a ellos aparece también acusado y sometido a la misma petición de prisión el empresario Juan M.G., administrador de la firma Los Marujos y gestor de la supuesta escombrera clandestina.

La calificación del Ministerio Fiscal sostiene que los encausados habrían consentido y hasta impulsado el vertido supuestamente ilegal de residuos en un monte conocido como La Navela y el Solán, ubicado en el paraje de San Roque, en una zona de especial protección de aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Sierra de Ricote. Este vertedero era de titularidad municipal y habría estado funcionando desde el año 2003 hasta su cierre definitivo, en 2009, a pesar de carecer de las preceptivas licencias y autorizaciones de la Dirección General del Medio Natural y de la declaración de impacto ambiental.

El acusador público asegura que fue el propio alcalde Laorden quien, en diciembre de 2005, suscribió un convenio con el dueño de Los Marujos, con el fin de que esta empresa se encargara de gestionar los residuos sólidos e inertes del municipio. Y ello «pese a conocer todos los acusados que el vertedero carecía de cualquiera de los permisos necesarios al tratarse de un enclave geográfico de la máxima protección ecológica».

Los desechos habrían afectado al hábitat de varias especies de plantas amenazadas y de aves como el búho real y el halcón

Desde el primer momento, siempre según la Fiscalía, «se fueron recibiendo en el vertedero, de forma absolutamente descontrolada, no solo residuos inertesprocedentes de escombros de obras, sino también maderas, electrodomésticos, cartones, plásticos, asfaltos, neumáticos, bidones metálicos…, la mayor parte de los cuales procedían de las obras públicas del propio ayuntamiento».

Esa actividad presuntamente ilícita habría motivado «que se haya sepultado gran parte de la masa forestal allí existente, afectando de forma grave a la flora -incluso a dos especies amenazadas y a otra de especial protección- y haya tenido una incidencia grave en la fauna protegida de la zona, como el búho real y el halcón peregrino».

Pese a que la propia Consejería de Medio Ambiente sancionó en 2007 al Consistorio y a la empresa, «todos los acusados hicieron caso omiso, continuando la actividad incontrolada en el citado vertedero».

Más todavía, cuando la Dirección General de Calidad Ambiental ordenó en 2009 que cesaran todos los vertidos, el alcalde -hoy asesor en la Comunidad Autónoma- informó en mayo de que así se había hecho, pero una inspección en junio habría demostrado que tal afirmación no se correspondía con la realidad. Laorden fue instado entonces a acreditar el cierre mediante el precinto de los accesos y fotografías del mismo, lo que así hizo en julio, aunque en septiembre se rompió el cierre y se siguieron vertiendo muebles y escombros.

El fiscal reclama cuatro años y medio de cárcel para cada uno de los cuatro encausados. La organización Ecologistas en Acción, que impulsó estas diligencias con la denuncia inicial, se ha adherido a esa petición.

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/murcia/fiscal-reclama-cuatro-20171122010822-ntvo.html

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La Operación Lezo choca con los negocios del marido de Cospedal, como en el ‘caso Pujol’

Las conversaciones mantenidas por Ignacio González y Eduardo Zaplana, que grabó la Guardia Civil en la causa instruida por la Audiencia Nacional, ponen el foco en las presuntas maniobras orquestadas por el PP y el propio Mariano Rajoy para tapar viejos negocios entre el marido de la ministra María Dolores de Cospedal con Jordi Pujol Jr. El constructor Ignacio López del Hierro ha aparecido también en los ‘papeles de Bárcenas’ y en el ‘caso Lezo’ a través de su sobrino.

MADRID 20/11/2017 23:01 Actualizado: 20/11/2017 23:01

PATRICIA LÓPEZ @patricialopezl

Es el hombre que siempre se libra. Se libró de ser imputado en los papeles del tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas; del caso Liberbank, y del caso Pujol, en el que el constructor y marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, aparecía vinculado a través de una sociedad al hijo mayor del ex president de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola.

Estas maniobras para tapar sus negocios, que aparecen reseñados en diferentes sumarios, vuelven a salir a la luz en las conversaciones mantenidas entre el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con el ex ministro Eduardo Zaplana, altos ex dirigentes ambos del Partido Popular. Pero también, a través de los negocios de su sobrino José Herrero de Egaña López del Hierro, imputado junto con otro socio del constructor (Eduardo Ameijide) por sus negocios en África con la sociedad Mercasa, en la que era director general Pablo González, hermano de la ex mano derecha de Esperanza Aguirre en Madrid.

Como ha desvelado Elplural.com el 19 de enero de este año, González le cuenta a Zaplana un desayuno que ha tenido con el destituido fiscal anticorrupción, Manuel Moix, en el que este le informa de que ha recibido una llamada de Mariano Rajoy: “Y me dice, ‘Hoy me ha llamado Mariano para decirme que tenemos que arreglar eso y tal, he hablado con el general y vino él a pedirme que lo llevase yo’”. Tras esto, González se interesa por saber de parte de quién está el general [apelativo referido al fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza] “en la guerra de éstas” [en relación a la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría y la ministra de Defensa] porque a Cospedal, “le están buscando las cosquillas” con “el marido”.

Las maniobras de Rajoy, Cospedal y la Policía
Precisamente, la primera semana de enero, El Mundo había informado de la aparición de un pen drive encriptado en el caso Pujol y que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) había incluido en la causa, que contenía los negocios de Jordi Pujol Ferrusola con Ignacio López del Hierro a través de la sociedad Ibadesa Cat en Angola, Gabón y República Dominicana.

En paralelo a esta nueva vinculación y mientras el presidente Rajoy maniobraba presuntamente con el fiscal Moix, fuentes del Partido Popular alertaban a Público de que la filtración del ‘informe Trillo’ sobre el Yak-42 en ese preciso momento era una cortina de humo organizada por la propia Cospedal.

Estas maniobras pasaban por anular las pruebas que pudiera haber en el caso y eso ocurrió cuando el comisario Eugenio Pino introdujo fraudulentamente en el caso Pujol el pen drive entregado a la UDEF sin que existiera cadena de custodia y por el que el juez De la Mata solicitó la imputación del ex número dos de la Policía, como así han hecho los juzgados de plaza Castilla. Fuentes judiciales explican a Público: “Cuando introduces pruebas irregularmente en el procedimiento se anulan todas. En este caso el pen drive involucraba tanto a los Pujol como a Ignacio López del Hierro. Por lo tanto, quedan anuladas las pruebas que pudiera haber y que hubieran llevado a la imputación del constructor”.

A pesar de que López del Hierro llegó a poner una queja ante el nuevo director general de la Policía, Germán López Iglesias, las declaraciones que dio a El Mundo desvelaron sus estrechas relaciones con la cúpula de la Policía. El marido de Cospedal alegaba que la información sobre sus negocios era incorrecta y que la UDEF estaba realizando un nuevo informe por orden del juez José de la Mata que “sí ha sido elaborado por la Policía «este mes» y que «anula el anterior»”. La cuestión es: ¿Cómo podía saberlo?

De donante del PP a marido de la secretaria general
Diferentes fuentes policiales han vinculado a Ignacio López del Hierro y a su ex socio Eduardo Ameijide -ambos coincidieron a finales de los 70 como gobernadores civiles de Toledo y Ciudad Real respectivamente- con el actual director del Centro contra la Inteligencia y el Crimen Organizado (CITCO) y ex jefe de la UDEF, José Luis Olivera.

La pasada semana Olivera fue preguntado en la comisión de investigación sobre financiación ilegal del Partido Popular por la diputada Gloria Elizo, de Unidos Podemos, sobre esta presunta relación, algo que el director del CITCO negó tajantemente. Sin embargo, no es la primera vez que Olivera aparece señalado por sus relaciones con el PP y por filtrar informaciones relativas a operaciones como el caso Gürtel o el pequeño Nicolás. En los papeles de Bárcenas estudiados por la UDEF aparecen dos anotaciones que hacen referencia a “López Hierro” y “López H.” de finales de los años 90, antes de su relación con la ministra de Defensa, aunque nunca se le ha imputado en la causa.

Sin embargo, la Unidad Centra Operativa (UCO) de la Guardia Civil sí ha logrado en Lezo la imputación de su ex socio Eduardo Ameijide y a su sobrino José Herrero de Egaña y López del Hierro, quien quedó en las diferentes sociedades en sustitución del marido de Cospedal por motivos muy similares de los que reflejaba el pendrive del caso Pujol que la Policía anuló al saltarse el protocolo de custodia y no poder acreditar su procedencia: los negocios en África junto a Mercasa como los de Ibadesa Cat.

Es más, el 17 de enero, dos días antes de la reunión con Zaplana, la Guardia Civil recoge otra conversación entre González y Luis Vicente Moro, ex delegado de Gobierno en Ceuta, en la que González le informa que su hermano Pablo está de director general de Mercasa y este le contesta: “Cuidado, porque Eduardo es el nexo de Ignacio López del Hierro”.

FUENTE: PUBLICO.ES

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El fiscal pide dos años al edil archenero Luna, del PP, por difundir ‘trapos sucios’ de un concejal

Será juzgado por un delito contra la intimidad de Brígido Palazón, por desvelar en un Pleno que la Inspección de Trabajo lo había expedientado

Ricardo Fernández
Martes, 21 noviembre 2017, 08:15

La supuesta ‘guerra sucia’ de quien en ese momento era alcalde accidental en el Ayuntamiento de Archena, Andrés Luna Campuzano, que habría utilizado datos de carácter reservado para tratar de minar la imagen de un edil de la oposición, le va a costar ahora sentarse en el banquillo con una petición de dos años de prisión sobre sus espaldas. Tal es la pena que reclama el Ministerio Fiscal para este concejal popular, a quien atribuye un supuesto delito contra la intimidad.

Los hechos de los que se acusa a Andrés Luna se produjeron el 27 de enero de 2014, durante la celebración del Pleno municipal en el que este edil actuaba como alcalde en sustitución de Patricia Hernández. En un momento dado, según el escrito de acusación redactado por el Ministerio Público, «exhibió, leyó y mostró a todos los presentes en el mismo, concejales y público en general, dos actas de infracción de 2012, de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia, por la presunta comisión de dos infracciones (…), emitidas con respecto a Brígido Fulgencio Palazón Garrido, concejal del Grupo Municipal Unión Independiente del Pueblo». Una de las actas se refería a una supuesta falta de solicitud de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y otra por la aparente obtención indebida de una prestación por desempleo».

Tras exhibir ambos documentos, Luna reclamó la dimisión del concejal independiente.

El fiscal resalta que la información desvelada públicamente pertenecía «a la esfera personal de Brígido Palazón», y deja constancia de que los dos documentos están grabados en el programa informático de la Inspección de Trabajo y la seguridad Social, al que solo tienen acceso los funcionarios adscritos a este u otros organismos de la Administración».

Tras ser objeto de ese supuesto atentado contra su intimidad, el concejal agraviado interpuso una querella por mediación del letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, que es la que tres años más tarde ha conducido al teniente de alcalde archenero a verse con una petición de la Fiscalía de dos años de prisión, así como inhabilitación por el tiempo de la condena y una multa de 9.000 euros.

FUENTE: LAVERDAD.ES

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Esther Clavero firma un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para un modelo común de participación

Ambos consistorios compartirán estrategias y recursos tecnológicos para impulsar el papel de los ciudadanos en la gestión municipal

Juan Luis Vivas
Sábado, 18 noviembre 2017, 11:15

La alcaldesa molinense, Esther Clavero, suscribió ayer un protocolo de actuación con el Ayuntamiento de Madrid para la puesta en marcha del modelo de participación ciudadana directa e individual en el municipio molinense. Además de la regidora socialista, asistieron al acto celebrado en la Sala de Madera del Palacio Cibeles de Madrid (sede consistorial), el delegado del área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento capitalino, Pablo Soto, y el edil de Participación Ciudadana de Molina, Pedro Jesús Martínez Baños.

Este protocolo, con una vigencia de cuatro años, tiene por objeto fijar los objetivos comunes de actuación en el ámbito de la participación directa e individual de la ciudadanía en las decisiones de Gobierno. Clavero explicó que se trata de articular la colaboración de las partes en un marco de entendimiento que pueda permitir esa participación ciudadana; y establecer las herramientas necesarias para el desarrollo del modelo de participación ciudadana.

La Administración madrileña dará su apoyo para establecer las bases necesarias para la implantación del modelo de participación ciudadana directa e individual. De esta manera, Molina de Segura se une, junto a otras cinco ciudades, a la red de participación ciudadana que usa ‘Consul’, el ‘software’ libre y gratuito en el que se basa ‘Decide Madrid’ para desarrollar sus propias plataformas. Así, es el único municipio de la Región que se ha sumado a dicha plataforma.

El Consistorio molinense podrá utilizar, compartir y adaptar la experiencia compartida por la institución madrileña para establecer las bases del marco necesario para la implantación del modelo de participación ciudadana directa e individual.

La firma del protocolo se produjo coincidiendo con el evento ‘ConsulCon17’, que se celebra en el laboratorio ciudadano de producción, investigación y difusión de proyectos culturales Medialab-Prado, al que han acudido representantes de las más de 50 ciudades que han adoptado dicho ‘software’ para compartir conocimiento y experiencias.

Nueva propuesta turística
Por otra parte, la Concejalía de Turismo ofrece una nueva propuesta de visita guiada gratuita ‘Descubre Molina Jugando’, dirigida a público familiar o en grupo, que tendrá lugar hoy, a las 17 horas. Los visitantes seguirán un recorrido en el que se realizarán pruebas para conocer la historia de Molina. La salida se efectuará desde la Plaza de la Iglesia de la Asunción.

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/murcia/molina/clavero-firma-acuerdo-20171118013611-ntvo.html

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González y Zaplana intentaron hacer negocio con la ‘sopa verde’ del Mar Menor

Quisieron vender a la Comunidad un aditivo para descontaminar la laguna. El ‘caso Lezo’ recoge las pruebas de sus planes

MANUEL BUITRAGO y RICARDO FERNÁNDEZ
Domingo, 19 noviembre 2017, 17:13

Les llamaban los ‘sanadores’. Un alemán que vestía de modo estrafalario con un sombrero de ala ancha, un abogado y empresario uruguayo y un técnico chileno se presentaron en la Consejería de Agricultura el pasado mes de febrero para vender un producto milagroso que acabaría con la contaminación del Mar Menor. Todo quedó ahí. Contaron su película, y nunca más se supo. Pudo ser que el Gobierno regional no le diera credibilidad alguna. Aunque, si hubieran llegado a dársela, lo cierto es que no les habría dado tiempo a ir mucho más allá. Apenas mes y medio después del encuentro se desató la denominada ‘Operación Lezo’, que dio al traste con los planes de los ‘sanadores’ y de quienes presuntamente se encontraban detrás de su propuesta para salvar el Menor Menor. Una iniciativa encomiable, salvo por el hecho, claro está, de que no dejaba de ser un negocio. Y que su fin prioritario, como el de cualquiera otro, resultaba tan prosaico como tratar de ganar dinero.

La proposición, que en apariencia pasaba por verter a la laguna salada ingentes cantidades de un aditivo líquido -Biofish- que actuaría «como purificador de agua y estabilizador para el ambiente del cultivo marino, ayudando a detener la proliferación de las algas y aumentando la oxigenación de las aguas», no habría merecido mayor atención de no ser por las revelaciones que estos últimos días han empezado a arrojar las diligencias del ‘caso Lezo’.

Gestor de inversiones
Para comenzar, ya ha trascendido que el abogado y hombre de negocios uruguayo, que encabezaba tan llamativa expedición comercial, responde al nombre de Fernando Belhot y que figura como socio fundador de la firma South Capital Partners, cuyo cometido declarado es la gestión de inversiones. Nada relevante, hasta ahí, de no ser porque el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sospecha que vendría actuando de un tiempo hacia aquí como presunto testaferro de un personaje bien conocido de la política y la Administración de Justicia: Ignacio González, expresidente del Gobierno madrileño y antigua mano derecha de Esperanza Aguirre, caído en desgracia por su supuesta vinculación con escándalos de corrupción.

Siempre según las consideraciones expresadas por el magistrado en sus resoluciones y las líneas de trabajo seguidas por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Ignacio González habría querido utilizar la figura y las sociedades de Fernando Belhot para aflorar dinero B, fruto de sus presuntos saqueos a las arcas públicas, y destinarlo a poner en marcha negocios de apariencia lícita.

Uno de ellos estaría centrado en la adquisición de la licencia de la compañía alemana Shieer para que les permitiera vender en España y Portugal una serie de productos químicos, destinados al tratamiento de aguas contaminadas o residuales, entre los que se encontraría el mencionado Biofish y otros de similar naturaleza.

El juez García Castellón considera que el expresidente madrileño quería usar una firma creada por un abogado uruguayo para impulsar negocios, que pondría en marcha con dinero de supuesto origen ilícito

Tal como señaló el juez Eloy Velasco -antecesor de García Castellón- el pasado abril, cuando dictó el auto por el que ordenaba la prisión incondicional de Ignacio González, existen indicios en el sumario de la ‘Operación Lezo’ de que el expresidente madrileño pretendía adquirir el 50% de una sociedad constituida por el abogado uruguayo, «que controlaría los derechos de patente de un producto de desinfección del agua». La inversión se iba a acometer en apariencia «a través de sociedades opacas y testaferros» e incluso quedó de relieve «el método (que iba a utilizar) para obtener los beneficios y que no se le vinculase con la inversión». En esta operación, según la resolución judicial, caminaba presuntamente de la mano del antiguo dirigente popular y expresidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana.

Dos correos reveladores
Entre las pruebas recabadas en el transcurso de la investigación se encuentra un centenar largo de correos electrónicos, que el propio Fernando Belhot se avino a facilitar al juez García Castellón tras ser requerido para ello y que vendrían a confirmar que Ignacio González -e incluso Eduardo Zaplana, a quien se referirían por su nombre de pila- estaba tras esa mercantil.

Uno de los correos a los que ha tenido acceso ‘La Verdad’ lo remitió Fernando Belhot a Ignacio González el 24 de noviembre de 2016, a las 19.31 horas. Después de hacerle saber que habían surgido algunos problemas con el aprovisionamiento de los productos de acondicionamiento de aguas, le tranquiliza asegurándole que el proyecto sigue en marcha, aunque puede producirse un breve parón. Igualmente, le hace saber que «también se terminó el informe sobre el Mar Menor en Murcia, y el diagnóstico y sugerencia de tratamiento les será enviado mañana». Belhot no concreta a quién va a remitir esa documentación.

Otro correo, con fecha de 1 de febrero de 2017, sirve para que el abogado uruguayo confirme al expolítico que en dos semanas viajará a España. «El día 15 ó 16 iré con Eduardo a Murcia», indica. Los investigadores están convencidos de que tras esa mención está Zaplana.

El mensaje concluye haciéndole saber a Ignacio González que «en cuanto esté la documentación definitiva de la sociedad, la pediré para enviártela».

Huelga decir que estas comunicaciones no han pasado desapercibidas para los agentes de la UCO ni para el magistrado instructor, que las consideran una constatación de sus sospechas sobre los intentos del expresidente de Madrid para movilizar inversiones e impulsar todo tipo de negocios, con dinero de incierto origen, a través de testaferros y sociedades interpuestas.

Fuentes próximas al caso confirman que el entonces presidente Sánchez abrió la senda a esa mercantil para entrevistarse con responsables de la Consejería de Medio Ambiente

Por otro lado, si algo tenía González, como su aparente socio, eran contactos, lo que les ofrecía unas posibilidades casi infinitas de abrir prometedoras vías en los territorios más diversos. Fue así presuntamente, manejando influencias y tirando de teléfonos, como también intentaron hacer negocio con la regeneración del Mar Menor, que estaba en aquel momento en el principal foco de la actualidad por el extremo deterioro que habían alcanzado sus aguas. Puestos a vender productos de regeneración de sistemas acuáticos, ningún negocio ofrecía mejores perspectivas que el de intervenir en una laguna salada de 135 kilómetros cuadrados y cientos de millones de metros cúbicos de aguas contaminadas.

Mediación de San Esteban
Según fuentes de la investigación, el entonces presidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, habría recibido una petición para que este grupo sudamericano fuera atendido por alguien de la Comunidad, simplemente para que pudieran explicar los detalles de su proyecto.

Quienes acabaron recibiendo a Fernando Belhot y a sus dos excéntricos acompañantes fueron varios responsables de la Consejería de Agricultura y Agua, que se habrían mostrado más que escépticos sobre las posibilidades reales de mejorar el Mar Menor con los productos ofertados. Dentro del seguimiento de las gestiones del Gobierno regional sobre el Mar Menor, Sánchez se habría interesado más tarde por el resultado de esa reunión, para concluir igualmente que había poco que hacer por esa vía. Lo cierto es que después de aquel contacto, y durante el mes y medio que transcurrió antes de que estallara la ‘Operación Lezo’, los impulsores del proyecto no volvieron a dar señales de querer perseverar en su propuesta.

Una de las sociedades adquirió la licencia de una empresa alemana para comercializar un aditivo que permitiría descontaminar el agua

A preguntas de este periódico, Pedro Antonio Sánchez se limitó a señalar que en aquellas fechas llamaba a las puertas del Gobierno regional mucha gente, empresas y hasta universidades con propuestas, métodos e ideas de toda condición para regenerar el Mar Menor, y que le es imposible acordarse de todas. Aseguró que no se reunió con aquellas tres personas, y recalcó que no recibió llamada alguna de Eduardo Zaplana en ese sentido.

Lo cierto es que en aquellos momentos -el pasado febrero-, cuando aún no había estallado el escándalo de corrupción que acabó con el encarcelamiento de Ignacio González, el proyecto en el que supuestamente estaba metido junto a Zaplana y Belhot no ofrecía datos alguno que permitiera sospechar de su legalidad. No era más que el intento de otra empresa de hacer negocio con la comercialización de una patente alemana para el tratamiento de aguas residuales.

A toro pasado, fuentes de la Consejería de Agricultura, entonces dirigida por Adela Martínez-Cachá, sostienen que quienes conocieron el proyecto se desentendieron rápidamente del mismo, «porque les pareció un disparate lo que estaban proponiendo, sin base científica y con un pobre soporte técnico».

Uno de los focos de atención se situó en 2016 en el Mar Menor, que estaba en el punto álgido de su deterioro

‘La Verdad’ no ha logrado contactar con Eduardo Zaplana ni con su entorno desde el pasado viernes, en que comenzó a realizar gestiones para tratar de recabar su versión. Pocos días después de que se activara la ‘Operación Lezo’, cuando empezaron a surgir los primeros datos que lo vinculaban presuntamente con negocios de Ignacio González, el expresidente valenciano emitió un comunicado en el que Zaplana desmiente cualquier relación mercantil con su antiguo compañero de partido, así como haber «participado ni auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno».

En sentido contrario, el letrado Belhot, en una conversación telefónica mantenida con El Confidencial, reconoció encuentros con Zaplana y González para alcanzar acuerdos de colaboración. Eran los dos expolíticos quienes debían encargarse de introducir los productos descontaminantes en España. Y el Mar Menor, lógico, aparecía como el gran maná.

FUENTE: LAVERDAD.ES

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Rato, al banquillo acusado de falsear las cuentas de Bankia

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra Rato y otras 31 personas por el caso Bankia

Por los delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011. El auto recoge indicios racionales que demuestran que los administradores de Bankia aprobaron unas cuentas maquilladas para tapar la verdadera situación.

EP / VÍDEO: AGENCIA ATLAS. 17.11.2017 – 14:21h

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha abierto juicio oral este viernes contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y otras 31 personas por los delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011 en el marco de la causa que investiga la salida a Bolsa de la entidad.

El magistrado sienta en el banquillo igualmente a Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Bankia y la auditora Deloitte por la inclusión de datos falsos en el folleto informativo previo al debut bursátil del banco. Recuerda en su auto que a lo largo de los cinco años de instrucción de la causa se han recabado indicios racionales que demuestran que los administradores de Bankia aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban y que no reflejaban la verdadera situación de la misma. Entre los acusados, además de Rato y Olivas, exvicepresidente de la entidad este último, sobre quienes pesan las peticiones más elevadas por parte de la Fiscalía (cinco y cuatro años de cárcel, respectivamente), se encuentra el exconsejero José Manuel Fernández Norniella -tres años- y el ex consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, (dos años y siete meses). Una responsabilidad castigada por el Código Penal español y que se debe a que “por cuanto su función, procedió a analizar,verificar y dictaminar la corrección y veracidad de las cuentas de Bankia (…) siendo indudable que sin dicha revisión las autoridades no hubieran permitido que operara en el parqué”. El magistrado rechaza además sobreseer la causa penal contra BFA y Bankia, como solicitaba el fiscal, que valoraba la actitud colaboradora que ha mantenido tanto la entidad como su matriz durante la instrucción de la causa. Al respecto, señala Andreu que dicha colaboración podrá entenderse como una “posible atenuación de la responsabilidad penal, pero nunca a una declaración de sobreseimiento, ni libre ni provisional”. Si bien Anticorrupción no solicita cargos para ningún otro miembro del Consejo de Administración de la época, sí lo hacen el resto de acusaciones, entre ellos la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que pide hasta doce años y medio de cárcel y multas de más de un millón de euros por falseamiento continuado de cuentas, estafa a inversores y administración desleal. El magistrado extiende además el procedimiento penal al socio auditor de Deloitte Francisco Celma, que revisó los estados contables presuntamente falseados que sirvieron al banco para debutar en el parqué madrileño. En la lista de acusados figuran también el exministro del Interior Ángel Acebes, el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga, el ex director general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj, el exconsejero de OHL Javier López Madrid y el exconsejero de Bankia José Antonio Moral Santín. La decisión se conoce poco tiempo después de que la sección tercera de la sala de lo Penal rechazara el último de los recursos contra el auto de procesamiento, en concreto el de la acusación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que instaba al tribunal a incluir en la causa a los antiguos responsables del Banco de España, entre ellos su exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De la treintena de exconsejeros de Bankia, catorce de ellos ya fueron condenados por el caso de las tarjetas “black” de Caja Madrid, si bien el Tribunal Supremo debe aún dilucidar su futuro y dictar una sentencia firme en los próximos meses. Aún no se ha fijado fecha para el juicio, que previsiblemente se celebrará a partir de 2018.

FUENTE: 20MINUTOS.ES

ENLACE: http://www.20minutos.es/noticia/3189768/0/audiencia-nacional-abre-juicio-rato-caso-bankia/

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Exijamos al PP que dé la cara

EL OJO IZQUIERDO

No deberíamos consentir que tanto desafuero sucio y al tiempo grotesco, quede impune

JOSÉ MARÍA IZQUIERDO 17/11/2017 – 07:45 h. CET

Decíamos ayer que los dirigentes del Partido Popular embadurnados de la pez de la corrupción se nos iban a ir de rositas. Horas más tarde conocíamos que el letrado defensor del PP, Jesús Santos, ha pedido que se exculpe a sus defendidos porque los delitos han prescrito. Miren por dónde estos atentísimos servidores públicos, que su vida dan por nosotros, simples ciudadanos, quieren sacudirse las responsabilidades de cohechos propios o impropios, relojes de miles de euros, anillos de diamantes, viajes de novios a la Polinesia, organización de saraos para la boda del gran señor, globos para el nene y la nena, pero también de destrucción de pruebas, rallando los discos duros o quemando documentación comprometedora en carritos de Carrefour. Son los mismos que siempre presumen de que ellos respetan y colaboran con la Justicia, valor sacrosanto de la Constitución que dicen ser los únicos en defender con uñas y dientes. Ignoro que hará la Audiencia, pero no deberíamos consentir que tanto desafuero sucio y al tiempo grotesco, quede impune. Todos deberíamos pedir a Mariano Rajoy que no permita que el partido a sus órdenes se esconda en las vergüenzas de los vericuetos jurídicos. Logremos un clamor popular parar evitar que la peste de la corrupción se escurra por entre las rendijas del sistema. A ver cómo lo hacemos. Todos a una: ¡señores del PP, den la cara!

FUENTE: CADENASER.COM

ENLACE: http://cadenaser.com/programa/2017/11/17/hoy_por_hoy/1510879688_861859.html

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