Las investigaciones de Lezo y de Gürtel acorralan a Cospedal y a López del Hierro

La ministra de Defensa era la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid cuando se adjudicó a OHL el tren de Navalcarnero, uno de los contratos que la Guardia Civil investiga por a una presunta comisión de 1,4 millones que la constructora quería pagar a Ignacio González en Suiza, pero que acabó en una cuenta del empresario Adrián de la Joya en ese país. Su marido también está bajo sospecha por los presuntos pagos al PP que aparecen en los papeles de Bárcenas.

MADRID 20/02/2018 23:17 Actualizado: 21/02/2018 09:55

PATRICIA LÓPEZ/ CARLOS ENRIQUE BAYO @patricialopezl @tableroglobal

La nota de prensa enviada por el Partido Popular anunciaba a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, como el más alto cargo del Gobierno y del PP que acompañaría al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el acto convocado el lunes por el periódico que preside Mauricio Casals y dirige Francisco Marhuenda, La Razón.

Pero, inesperadamente, la todopoderosa secretaria general de los populares quedó relegada a un tercer plano, junto al actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, mientras el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y la vicepresidenta, Soraya Saéz de Santamaría, fueron los que acapararon toda la atención desde el estrado. ¿El motivo? Todo indica que lo son las causas judiciales que cercan la financiación ilegal del PP y que últimamente apuntan directamente a Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

“La foto de Cospedal rodeada de Mauricio Casals, Marhuenda y el presidente de Atresmedia, José Creuheras, habría sido demoledora, porque ellos tres han tenido que ir a declarar a la Audiencia Nacional por el caso Lezo y aparecen en las escuchas de la Guardia Civil. Y ella está en el punto de mira de la misma investigación por la concesión del tren de Navalcarnero a OHL”, aseguran fuentes de la causa.

Una carrera meteórica, de consejera a secretaria general
María Dolores de Cospedal entró en diciembre de 2004 en la política madrileña por la puerta grande, sustituyendo a Francisco Granados como consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid. En 2006 dejó ese cargo para irse como presidenta del PP manchego y en 2008 entró en Génova 13 como secretaria general del partido, ya con un gran conocimiento sobre los tejemanejes de presunta financiación ilegal que ahora se investigan en Lezo, Gürtel y Púnica.

El caso que más le atañe es el del tren de Navalcarnero, una concesión que llevó a cabo en 2005 en contra del criterio del Gobierno central y por el que siempre se ha contado que Ignacio González pretendía cobrar una comisión de 1,4 millones en Suiza. Aunque, según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la cobró el consejero de Indra Adrián de la Joya, quien recibió esa cantidad en una de sus cuentas suizas y se la quedó –según su propia declaración ante el juez– sin que nadie se la reclamase después.

Un montaje orquestado desde la ejecutiva del PP cuando Cospedal ya era secretaria general y en el que estarían involucrados, según Ignacio González, el número dos de Planeta, Mauricio Casals; el extesorero Álvaro Lapuerta; el dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir, su yerno, Javier López Madrid, y el comisario José Manuel Villarejo, hoy en prisión.

En una entrevista concedida en febrero de 2005, Cospedal dejó bien claro su interés por adjudicar rápidamente una concesión que sería “ruinosa”, según OHL. La actual ministra de Defensa afirmaba entonces: “Si en el plazo de un mes seguimos sin conocer oficialmente las intenciones del Ministerio, nosotros empezaremos ya, sin perder más tiempo, a hacer los proyectos para construir un tren de Cercanías hasta Navalcarnero. Los vecinos de la localidad contarán con este servicio.”

Y retaba al entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: “La Radial 1, que no aparece en los proyectos del Ministerio, la consideramos totalmente necesaria porque el corredor de la nacional de Burgos está muy atascado y supondría un beneficio para los conductores contar con una alternativa para el tráfico. Por ello, estoy dispuesta a hacer lo mismo que con el tren a Navalcarnero. Sólo le doy un mes al Ministerio y, si para entonces no tengo respuesta, comenzaremos a realizar el proyecto de esta vía de peaje y la construiría la Comunidad”.

Ahora es además Francisco Granados y el ex consejero de Mintra, Jesús Trabada, quien le han recordado al juez de la Audiencia Nacional que instruye las tramas Púnica y Lezo –y que ha unificado en una sola pieza la presunta financiación ilegal del PP madrileño–, Manuel García Castellón, que los contratos para las obras de Metro Ligero de Madrid se firmaron en enero de 2005, tras la llegada de la actual ministra de Defensa a la consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid.

Y la UDEF aducía no saber quién era “Lopez Hierro”
Más de 10 años han pasado antes de que el nombre de Cospedal aparezca relacionado con la corrupción madrileña y también una década ha transcurrido hasta que Álvaro Pérez, conocido como el Bigotes y en prisión por la trama Gürtel, ha empezado a ayudar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para que pueda identificar en la trama al actual marido de la ministra de Defensa, Ignacio López del Hierro.

Un poderoso empresario que lleva vinculado al PP, según aparece en de los papeles de Bárcenas y explican diferentes fuentes del PP de Madrid, “desde que Manuel Fraga gobernaba el partido siendo Alianza Popular”. Y, según la contabilidad de Bárcenas, “Lopez Hierro”, “L. Hierro” o “LdH” donó por lo menos 114.000 euros.

Sin embargo, la UDEF mantenía hasta hace poco que no había podido identificar a la persona que aparecía en esas anotaciones.

Ayer, en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, el Bigotes aseguró que Ignacio López del Hierro y Castillo es uno de los que aparecen “nueve, diez y hasta once veces” en la contabilidad paralela de Luis Bárcenas. Y ha añadido que López del Hierro y el “edecán” de Rajoy, Ángel Piñeiro, “aparecen como atizantes”; “son de los que vienen a soltar el mondongo, y los medios chitón”. Como en el caso de Cospedal.

López del Hierro ha anunciado que pondrá una querella contra el Bigotes por vincularle al caso Gürtel. Sin embargo, el exconsejero de Metrovacesa y actual consejero de Iberdrola Inmobiliaria es la piedra de Rosetta de los casos de corrupción que tiene entre manos la Audiencia Nacional: “Te permite pasar de los papeles de Bárcenas, a la trama Lezo y a los negocios de Jordi Pujol Jr en África”, se ríe un investigador.

En Fiscalía se abre una nueva línea de investigación.

FUENTE: PUBLICO.ES

ENLACE: http://www.publico.es/politica/investigacion-lezo-acorrala-cospedal-bigotes-lopez-hierro-guertel.html

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La juez de ‘Púnica’ pone en cuarentena las explicaciones de Barreiro, del PP, para exculparse

No se cree, de entrada, que los pagos a empresas de la trama se debieran a publicidad sobre festejos y quiere conocer si el jefe de gabinete intervino en más contratos similares

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ y RICARDO FERNÁNDEZ

Cartagena
Miércoles, 21 febrero 2018, 09:24

Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena y actual senadora por el PP, va a necesitar algo más que su mera declaración y el apoyo de su colega, el expresidente del partido en Cartagena, Francisco Celdrán, para salir exculpada de las diligencias que instruye el Tribunal Supremo por una de las tramas del ‘caso Púnica’. Una resolución dictada la semana pasada por la magistrada Ana Ferrer, de la Sala Segunda del Alto Tribunal, pone de manifiesto que no se ha limitado a dar carta de veracidad a las declaraciones autoexculpatorias realizadas días atrás por la antigua regidora de la ciudad portuaria, y va a efectuar comprobaciones adicionales para establecer hasta qué extremo son o no creíbles sus explicaciones.

Barreiro, quien declaró en calidad de investigada durante unas dos horas, aseguró, por un lado, que los pagos de 4.840 euros que el Ayuntamiento de Cartagena efectuó entre mayo y septiembre de 2014 a empresas de la ‘trama Púnica’ se correspondían con la contratación de publicidad sobre las fiestas sobre Cartagineses y Romanos y el Tesoro de la Mercedes. De hecho, recordó, fueron facturados como «campaña de publicidad Turismo Cartagena».

Según la Fiscalía, esos trabajos correspondían en realidad a un plan de lavado de la imagen personal de la entonces alcaldesa, cuya reputación pública estaba muy deteriorada por las noticias sobre su presunta implicación en casos de corrupción urbanística.

El periódico digital creado por De Pedro y Alonso se limitaba a difundir noticias favorables a la regidora

De otro lado, la hoy senadora manifestó ante la juez Ferrer que era incierto que a posteriori se hubiera puesto de acuerdo con el entonces consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, para que fuera su departamento el que abonara conjuntamente los trabajos de mejora de la reputación de ambos. Y sostuvo que, en su caso concreto, iba a ser el PP de Cartagena el que asumiera el coste de esa campaña. Celdrán, citado como testigo, aseguró que así iba a ocurrir.

Pero la instructora no se ha quedado satisfecha con esas explicaciones, según demuestra su última iniciativa, que ha consistido en requerir al Consistorio cartagenero para que certifique en qué otros contratos de la Concejalía de Turismo, entre los años 2012 y 2014, intervino quien era el jefe de gabinete de Barreiro, Francisco Ferreño.

El planteamiento de la magistrada resulta tan lógico como evidente. Si realmente lo que se contrató en un primer momento fueron unos meros trabajos publicitarios de la Concejalía de Turismo, ¿por qué no fue el personal de ese departamento el que los gestionó con las empresas de la ‘red Púnica’? ¿Por qué fue el jefe de gabinete de la alcaldesa quien se encargó de las negociaciones? De ahí que ahora quiera saber si Ferreño intervino en otros contratos de Turismo o lo hizo solo en este asunto.

De haber ocurrido esto último, este hecho añadiría nuevas sombras de sospecha acerca de la verdadera naturaleza de esos trabajos y, en concreto, de que habrían servido para lavar la imagen personal de Barreiro con dinero público.

Hay que tener en cuenta que esa campaña de supuesta publicidad se contrató en un periódico digital creado ‘ex profeso’ por los presuntos líderes de esta rama de ‘Púnica’, Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso, y que se limitaba en apariencia a publicar solo noticias positivas de la alcaldesa. Hasta tal extremo habría sido así, que el periodista contratado para ese asunto fue despedido presuntamente después de colgar en la web una nota desfavorable.

Los delitos que se imputan a Barreiro en esta causa son los de prevaricación continuada, fraude, malversación, cohecho y revelación de información reservada.

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/murcia/juez-punica-pone-20180221004342-ntvo.html

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La lucha contra la suciedad en las calles se refuerza con la vigilancia de policías de paisano

«La Policia Local mejorará su labor de vigilancia sobre los actos incívicos que ensucian nuestra ciudad»

J. L. VIVASMOLINA DE SEGURA
Lunes, 19 febrero 2018, 08:19

El primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Fernando Miñana, tras reunirse con responsables de la Delegación de Gobierno y de la Policía Nacional en Molina, ha logrado el visto bueno para que la Policía Local pueda disponer de agentes de paisano en parques, jardines y lugares de esparcimiento público del municipio.

«Con este permiso, la Policía Local mejorará su labor de vigilancia sobre los actos incívicos que ensucian nuestras calles», indica Miñana. Recuerda que hasta ahora la Policía Local ya disponía de agentes de paisano en la realización de otras labores, como la vigilancia de la seguridad en el mercado semanal, «pero ahora con esta nueva habilitación se da un paso más para prevenir comportamientos incívicos».

El edil resalta que en el municipio existe «una demanda muy importante» de los vecinos para controlar la suciedad en la vía pública. Y añade que han observado comportamientos incívicos, como la no recogida de excrementos de las mascotas o que se arrojen enseres, tipo colchones o muebles, fuera de los contenedores y del horario establecido. Con esta medida la Concejalía de Seguridad Ciudadana va a poner su granito de arena para acabar con una situación «que ensucia nuestras calles y perturba la convivencia».

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/murcia/molina/lucha-suciedad-calles-20180219002958-ntvo.html

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¿Y Rafael Hernando qué opina de la corrupción en el PP de Almería?

El portavoz del PP se presenta como un humilde afiliado en Almería, por lo que cobra 1.800 euros extra, pero no se le oye hablar de Gabriel Amat

MARCOS PARADINAS @mparadinas

Jue, 15 Feb 2018

“Yo soy afiliado por Almería. Muchas gracias”. Es la vergonzante respuesta que hace dos días dio el portavoz oficial del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando. Siempre tan lenguaraz, Hernando se quedó sin palabras el día en que sobre su partido llovían las declaraciones de Francisco Granados y Luis Bárcenas confirmando la financiación irregular del PP en Valencia y Madrid.

Menudo caradura.@Rafa_Hernando nunca defrauda. pic.twitter.com/SJtE6Xec6m

— Noemí Santana Perera (@noepmp) 14 de febrero de 2018

Ciertamente, Rafael Hernando es diputado por Almería. Se le considera un paracaidista, porque es natural de Guadalajara y, de hecho, sus primeras polémicas como diputado las protagonizó a raíz del fatídico incendio en la provincia. Tras un debate en la Cámara sobre el tema, tuvo que ser sujetado para no agredir a Alfredo Pérez Rubalcaba.

Hernando fue concejal de Guadalajara y presidente de las Nuevas Generaciones del PP, pero lleva desde el año 1993 siendo diputado en el Congreso, siempre por Almería, donde su arraigo hay que buscarlo en un apartamento de 70 metros cuadrados que tiene alquilado en la ciudad andaluza. Su declaración de bienes también enseña que Hernando forma parte del selecto grupo de diputados que cada mes cobra 1.800 euros de dietas para alojamiento, libres de impuestos, por haber sido elegido por Almería y tener que trabajar en Madrid, a pesar de tener una casa de 128 metros cuadrados en la capital.

Pero, en cualquier caso, aceptemos pulpo como animal de compañía y finjamos por un momento que Hernando es un señor de Almería que no tiene cargos orgánicos en el PP, que no ha dirigido a sus juventudes, y que sólo viene a Madrid de lunes a jueves, sin enterarse de más que de la salida que tiene que coger en la autopista de Andalucía.

En ese caso, a lo mejor podría explicar la madeja de presuntos casos de corrupción que asedian al Partido Popular en la provincia, y que en su mayoría pasan por la figura del presidente de la formación local, Gabriel Amat, presidente de la Diputación de Almería y alcalde de Roquetas de Mar desde hace más de dos décadas. Además, Amat cuenta con una de las losas que precede a todas las caídas: el elogio de Mariano Rajoy, quien en 2013 dijo de él que “ha hecho una gestión institucional fantástica”. Los precedentes de Carlos Fabra, Alfonso Rus, Francisco Camps, Jaume Matas o Rodrigo Rato deberían hacer a Amat temerse lo peor.

Y sí, también hay sospechas de financiación irregular. Es lo que se conoce como caso Hispano Almería, que lleva el nombre de la empresa constructora acusada de mantener durante una década una caja B para pagar mordidas del 4% a técnicos del Ayuntamiento y del 10% a los políticos a cambio de las adjudicaciones de concursos públicos. El caso lo investiga desde hace años el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, que está indagando en la sospechosa fortuna que han amasado algunos de los funcionarios de Roquetas de Mar.

En todo el territorio nacional, no hay ningún político con tantas sospechas sobre él como las que recaen sobre el presidente del PP de Almería, en el que Hernando es un humilde afiliado. Nada más ser relegido con el 90% de los votos en el último Congreso provincial, otra juez abría 25 diligencias para investigar 25 sociedades que podrían estar vinculadas a Amat. En total, según El Confidencial, Amat y su clan acumulan “hasta 108 sociedades familiares y relacionadas entre sí con más de 315 órganos sociales distintos”.

Amat también fue imputado por conceder una licencia para construir chalets de lujo, entregó 48.000 euros de dinero público a la televisión OndaMar, donde él y su familia tienen participaciones y su nombre apareció en las escuchas de la trama Púnica.

Cómo sigue al frente del PP de Almería es una incógnita que Antonio Avendaño explicaba así en su artículo Gabriel Amat es más rápido que la justicia.

Amat acumula, ciertamente, muchos y muy jugosos titulares pero ningún procesamiento: ‘La fiscalía denuncia al líder del PP en Almería por fraude. Un tribunal insta a seguir investigando a Amat. El líder del PP de Almería vendió seis coches a su propio Consistorio. Un juez indaga los vínculos del líder del PP de Almería con 27 empresas. Un ‘pelotazo’ de 4 millones para el hombre fuerte del PP en Almería. La policía investiga un entramado de 103 sociedades vinculadas al presidente del PP almeriense. El líder del PP de Almería dio contratos por más de un millón de euros a su yerno. Las escuchas de la ‘Púnica’ salpican a Gabriel Amat. Las cuentas b de Hispano Almería reflejan regalos a Amat por 11.085 euros… El líder popular ha dejado tras de sí todos esos titulares, sí, pero también otros como este: ‘Archivada la causa contra Amat por el caso Fabriquilla’.

A lo mejor, la respuesta de por qué Amat no dimite ni nadie le pide responsabilidades la tiene Rafael Hernando, ese humilde afiliado del PP de Almería.

FUENTE: ELPLURAL.COM

ENLACE: https://www.elplural.com/politica/2018/02/15/rafael-hernando-corrupcion-pp-almeria

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La Fiscalía pide 10 años de cárcel para los alcaldes del PP en Alicante

Sonia Castedo y Luis Dïaz Alperi, acusados de cohecho, revelación de secretos y tráfico de influencias

ELPLURAL.COM @el_plural

Jue, 15 Feb 2018

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 10 años de cárcel para Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, exalcaldes de Alicante, por amañar el urbanismo de Alicante para favorecer al empresario Enrique Ortiz. La petición, realizada por el fiscal Felipe Briones, es una suma: seis años por delito continuado de cohecho, tres por revelación de secretos y uno más por tráfico de influencias. Todo unido a 24 años de inhabilitación para cargo público.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Mundo, va en la misma línea del presentado por Esquerra Unida, que también pedía 10 años de cárcel por esta rama del caso Brugal. En el texto, se señala que los dos alcaldes del PP pusieron el PGOU a disposición de Enrique Ortiz, financiador confeso de la formación. A cambio, recibieron dinero en metálico, pisos, viajes en avión privado, regalos y vacaciones gratis en Ibiza y Andorra.

Para el fiscal, Castedo y Alperi eran dos políticos entregados por completo a los designios del constructor y no dudaron en quebrantar el interés general para obtener un beneficio propio. Ahora toca el turno de las defensas para presentar sus escritos. Una tarea en la que son expertos, pues sus recursos han sido fundamentales para dilatar el proceso durante nueve años, aunque el escrito de la Fiscalía ha acercado por fin a los dos exalcaldes al banquillo.

Tras este proceso, será la Audiencia Provincial de Alicante la que tenga que poner una fecha para el juicio.

FUENTE: ELPLURAL.COM

ENLACE: https://www.elplural.com/politica/2018/02/15/la-fiscalia-pide-10-anos-de-carcel-para-los-alcaldes-del-pp-en-alicante

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Sáenz de Santamaría hace pedagogía contra ‘fake news’ y olvida las del PP

Las falsas noticias de dirigentes ‘populares’ como Casado o Manglano dejan en evidencia a la vicepresidenta

ELPLURAL.COM @el_plural

Jue, 15 Feb 2018

Soraya Sáenz de Santamaría ha vuelto este jueves a la carga contra las fake news. “¿Quién vigila a los vigilantes?”, se preguntaba la vicepresidenta al referirse a la “obligación del Gobierno de vigilar la proliferación” de las noticias falsas. El pasado lunes era el visecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, el que reflexionaba sobre este tema en un artículo en ABC.

Sáez de Santamaría asistió hoy a un encuentro organizado por Red.es y allí habló de “la dificultad” de legislar sobre las fake news y la complejidad de certificar una información sin limitar la pluralidad de opiniones. “¿Tenemos los gobiernos la obligación de vigilar la proliferación de las fake news? ¿Debemos los parlamentos regular esta situación?”, continuaba.

La vicepresidenta añadió que “el Derecho a la información resulta menoscabado tanto si se evita el acceso a la información por parte de los ciudadanos, como si se menoscaba la verdad. La manipulación y el menosprecio a la verdad afecta a la capacidad de las personas para tomar decisiones”.

“¿Tiene el Gobierno legitimidad para decidir qué es una fake news?”, insistía Sáenz de Santamaría, que recordó que el plan de Seguridad Nacional presentado en noviembre incluye referencias específicas a la lucha contra el fenómeno de las fake news, “que no es nuevo”, y que se “enmarca dentro de un fenómeno más amplio, “el de la desinformación”.

Pablo Casado y sus fake news
El lunes pasado, Pablo Casado escribió un artículo en ABC sobre este asunto y acusaba a “independentistas y populistas” de crear noticias falsas. Al responsable de Comunicación del PP le replicó un tuitero recordándole sus propias fake news.

El tuitero recuperó el tuit de Casado en el que difundió un vídeo del Congo haciéndolo pasar por Venezuela, otro con un bulo sobre Podemos o aquel en el que mostró un gráfico falseado en televisión.

Casado no es el único que en el PP deja en aprietos a la vicepresidenta. El concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Percival Manglano echó mano de una información de El País para acusar a Jaume Roures de detener más de 250 millones de euros en paraísos fiscales. El diario de PRISA fue condenado a una rectificación íntegra y en portada sobre su noticia.

FUENTE: ELPLURAL.COM

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La Región de Murcia suma 114.000 personas más en riesgo de pobreza que antes de la crisis

La población vulnerable es ahora mayor que en plena recesión, aunque se ha producido un fuerte descenso en los últimos dos años

Javier Pérez Parra
Murcia
Viernes, 16 febrero 2018, 03:12

Más de 503.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en la Región, según un estudio elaborado por la Universidad de Murcia (UMU), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) y la Consejería de Familia e Igualdad. Es una cifra enorme, porque significa que el 34,8% de la población regional está en situación de vulnerabilidad, un porcentaje siete puntos superior al registrado de media en España. La estadística, elaborada a partir de los datos que suministra el INE, refleja además lo que las organizaciones sociales llevan tiempo denunciando: pese a la recuperación económica, las desigualdades se mantienen. La Región suma 114.000 personas más en riesgo de pobreza que en el año 2008, cuando empezó la crisis.

Más aún, a finales de 2016 (último año con datos disponibles en el informe) había más población en situación vulnerable que en 2011, 2012 o 2013, cuando la Región estaba sumida en plena recesión. En todo caso, la evolución de los últimos años es esperanzadora, a juicio de Antonio Losa, profesor del departamento de Economía Aplicada de la UMU y autor principal del estudio. «En solo dos años, el número de personas que vive en riesgo de pobreza y exclusión se ha reducido en casi 150.000», destacó ayer, durante la presentación del informe. Es una mejoría más pronunciada que la registrada de media en España, aunque la Región parte de unas bolsas de exclusión muy superiores.

La Consejería de Familia, que cuestionó el año pasado la validez de los datos del INE de los que parte el estudio, celebra ahora la reducción que refleja la estadística. Mientras, Diego Cruzado, presidente de EAPN, advirtió de que «para sacar a la gente de la pobreza no es suficiente con generar trabajo y riqueza; se necesitan políticas redistributivas». Quienes en estos últimos años han dejado atrás el riesgo de pobreza son mayoritariamente personas «cuya situación no estaba excesivamente deteriorada y con acceso al empleo», subraya el informe. Por el contrario, «cuando la ausencia e inestabilidad del empleo se ha prolongado en el tiempo, las situaciones de vulnerabilidad social se han agravado y cronificado».

Empleo ‘basura’
Las altas tasas de pobreza en Murcia se explican no solo por los índices todavía elevados de paro, sino también, y en buena medida, por la precarización del empleo. El 32% de la población en riesgo de pobreza tiene un puesto de trabajo. «La abundancia de empleos con bajos salarios y el elevado porcentaje de contratos precarios» son la clave. La existencia de personas «que, teniendo un trabajo, viven bajo el umbral de la pobreza no es nuevo; sin embargo, la crisis económica, los recortes en prestaciones sociales y las transformaciones del mercado de trabajo han incrementado y visibilizado estas situaciones». La zona de vulnerabilidad y precariedad social se ha ensanchado en la última década. El riesgo de pobreza afecta al 47,7% de las personas separadas (muchas de ellas padres o madres monoparentales), al 48% de los trabajadores inmigrantes, al 40% de quienes viven en hogares de cinco miembros o más, y al 57% de quienes disponen de un contrato eventual o temporal.

Son especialmente vulnerables los jóvenes con bajo nivel formativo, «atrapados entre la formación y la experiencia». También «los trabajadores mayores de 45 años con trayectorias inestables previas a la crisis que han transitado desde la inestabilidad al desempleo de larga duración». Asimismo, los trabajadores inmigrantes del sector agrícola han visto deteriorada su situación: se ha intensificado su «precariedad e invisibilidad». Los hogares monoparentales compuestos por una madre migrante con hijos están también más expuestos a la amenaza de la pobreza, según el estudio.

Se constata que «la formación no es sinónimo de empleo estable y ajustado a la cualificación adquirida», pero no disponer de dicha formación «bloquea el acceso al empleo» o lleva a que el trabajo sea «temporal o precarizado». Lo demuestran los datos: el 26% de las personas bajo el umbral de la pobreza no tienen estudios primarios, y otro 41,5% solo dispone de estudios secundarios de primera etapa.

El riesgo de pobreza se concreta en las dificultades de muchos hogares murcianos para llegar a fin de mes. Así, el 47,9% no dispone de recursos suficientes para asumir un gasto imprevisto de 650 euros o más. El 48,7% no puede permitirse unas vacaciones de, al menos, una semana, y el 3,9% no puede llevar una dieta que incluya carne, pollo o pescado cada dos días. El 10,7% de los hogares no disponen de ordenador porque no cuentan con ingresos suficientes. El 7% de las familias no tienen coche por la misma razón. La pobreza energética alcanza a más de 77.000 hogares murcianos, según el estudio (la factura de la luz se lleva más del 10% de los ingresos de estas familias). Casi el 20% de las viviendas de la Región no se calientan convenientemente en invierno también por falta de recursos.

La puesta en marcha de la renta básica de inserción, el año pasado, ha mejorado la cobertura para quienes se quedan sin ingresos y sin acceso al sistema de protección por desempleo de larga duración o porque nunca han cotizado. Así lo destacó la directora gerente del IMAS, Verónica López.

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/murcia/region-suma-114000-20180216011007-ntvo.html

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