La conexión murciana de la Gürtel

Jesús Sepúlveda fue senador por Murcia y Ana Mato figura como asistente del expresidente Valcárcel en la UE

F. Valero / Efe 25.05.2018 | 00:57

Ana Mato, en 2013, cuando era ministra de Sanidad.

Ana Mato, en 2013, cuando era ministra de Sanidad. EFE

Ninguno de los 29 condenados ayer por la Audiencia Nacional por su implicación en la trama Gürtel tiene raíces murcianas, pero dos de ellos sí tienen una vinculación con la Región. Se trata de Jesús Sepúlveda, que fue senador por Murcia durante diez años, y de Ana Mato, que figura como asistente del eurodiputado y expresidente de la Región Ramón Luis Valcárcel (que presidió la Comunidad entre 1995 y 2014)

Jesús Sepúlveda, nacido en Madrid, fue parlamentario por Murcia en la Cámara Alta desde 1993 hasta 2003 antes de convertirse en alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), un cargo que desempeñó hasta 2009. Fue durante su etapa como regidor cuando se produjeron los hechos ilícitos por los que la Audiencia le ha condenado a 14 años y 4 meses de prisión y al pago de una multa de 1.316.258 euros por blanqueo, cohecho, fraude y malversación.

De hecho, el tribunal considera que el Partido Popular, como persona jurídica, se lucró de la trama Gürtel a través de sus entonces regidores en Majadahonda, Guillermo Ortega, y Pozuelo, con el citado Sepúlveda. El PP obtuvo «un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado».

En concreto, los actos delictivos acarrearon «beneficios económicos cuantificables al PP, consistentes en la financiación ilegal de actividades y diversos actos políticos realizados en campañas y precampañas electorales para sus candidatos» en Pozuelo y Majadahonda.

Asistente local
El nombre de Ana Mato, que fue ministra de Sanidad desde 2011 hasta 2014, aparece en la lista de asistentes del europarlamentario Ramón Luis Valcárcel, tal y como se puede leer en el portal de la Eurocámara. Concretamente, Ana Mato figura como única asistente local de Valcárcel.

Mato, que estuvo casada en régimen de gananciales con Sepúlveda, ha sido condenada por la Audiencia al pago de 27.857 euros por beneficiarse de los regalos que su entonces esposo obtuvo de la trama, según se recoge en la sentencia, que detalla que Mato «disfrutó de viajes y otros servicios que el Grupo Correa ofreció a su familia».

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional considera como hecho probado que la trama pagó a la familia de Mato -que ya consignó los 27.857 euros antes del juicio- la celebración de dos cumpleaños de sus hijos en 2001 y 2002, la comunión de una hija en 2005 y un regalo de Correa a Mato, un artículo de Louis Vuitton, entre otros obsequios.

FUENTE: LAOPINIONDEMURCIA.ES

ENLACE: http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2018/05/25/conexion-murciana-gurtel/925052.html

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La juez decreta prisión incondicional para Zaplana

Llegada del coche en el que viajaba Zaplana a la Comandancia de Patraix./Damián Torres

Llegada del coche en el que viajaba Zaplana a la Comandancia de Patraix. / DAMIÁN TORRES

El expresidente de la Comunidad Valenciana ha pasado hoy a disposición judicial tras haber sido detenido el martes por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales

ALBERTO RALLO / AGENCIAS

Valencia
Jueves, 24 mayo 2018, 17:56

Eduardo Zaplana pasará hoy la primera noche de su vida en prisión. La juez ha tomado esta decisión después que el fiscal pidiera su ingreso en la cárcel por la gravedad de los delitos de los que se le acusa. Además, existen poderosas sospechas del patrimonio oculto que aún hoy puede mantener el exministro de Trabajo, camuflado en diferentes sociedades de España y del extranjero. Esta ingente cantidad de recursos económicos podría facilitar una hipotética huida del expresidente de la Generalitat Valenciana para eludir la acción de la Justicia.

El exdirigente del Partido Popular pasará su primera noche en el módulo de Ingresos hasta que le asignen una celda en las áreas de Preventivos, aquellos internos que todavía no tienen una sentencia firme. Dado su perfil, se integrará en otros módulos con presos de similares características. Sólo su enfermedad podría variar los trámites habituales. Si se considera que requiere de una asistencia especial (padece leucemia desde hace tres años) ingresaría en la Enfermería. Allí estaría bajo vigilancia médica para evitar que su estado de salud empeorara. También se establecería un plan médico si fuera necesario para sus tratamientos en el exterior del centro penitenciario.

Tampoco se descarta su inclusión en el programa de prevención de suicidio de la cárcel. Resulta frecuente que internos de estas características -perfectamente socializados y que nunca han estado en la cárcel- sean sometidos a una vigilancia especial por parte de algún preso de confianza. Se dan casos de importantes desfallecimientos psicológicos al verse privados de libertad por primera vez.

Además de Zaplana, hoy han pasado a disposición de la juez los hermanos Vicente y José Cotino, empresarios y sobrinos del ex director general de la Policía y expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino.

La juez ha dejado libre a José Cotino, uno de los detenidos el pasado martes. El empresario deberá comparecer en el juzgado periódicamente para firmar. No ha prestado declaración al estar la causa bajo secreto, según ha explicado su abogado. También ha quedado en libertad Vicente Cotino, también sobrino del expresidente de Les Corts.

También han pasado a disposición judicial el exdirigente de la Agencia Valenciana de Turismo y exconsejero del parque temático Terra Mítica Joaquín Barceló y su mujer, Felisa López, el abogado y asesor fiscal Francisco Grau, y Juan Francisco García, exjefe de Gabinete de Zaplana en la Generalitat.

Todos fueron detenidos en una causa en la que se investiga el presunto pago de comisiones por adjudicaciones del Gobierno valenciano en la época en la que lo presidía Eduardo Zaplana (1995-2002) y la reciente repatriación del dinero desviado para su blanqueo.

A la Ciudad de la Justicia de Valencia también ha acudido la esposa del expresidente, Rosa Barceló, una de las personas llamadas a declarar por la UCO de la Guardia Civil como investigadas (antes imputadas), junto a Juan Cotino y la secretaria personal de Zaplana Mitsuko Henríquez.

Zaplana pasó la noche en Madrid
El expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, tras pasar la noche en un calabozo de la Comandancia de Madrid, ha sido trasladado este jueves desde el cuartel de la Guardia Civil de Patraix a la Ciudad de la Justicia de Valencia para prestar declaración ante la jueza del caso Erial, en el que se investigan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Zaplana permaneció en las dependencias de cuartel de Patraix desde las 10:15 hasta las 12:25 horas, cuando fue trasladado en un coche con las lunas tintadas a la Ciudad de la Justicia.

A las 12.25 horas ha salido del cuartel de Patraix un coche gris oscuro, en cuyo interior iba Eduardo Zaplana, con destino a la Ciudad de la Justicia de Valencia y pasar a disposición del juzgado de Instrucción número 8, que es el que lleva el caso.

En este sumario están detenidos, además de Zaplana, el exdirigente de la Agencia Valenciana de Turismo y exconsejero del parque temático Terra Mítica Joaquín Barceló y su mujer Elisa López, los empresarios Vicente y José Cotino, sobrinos del ex director general de la Policía Juan Cotino, el abogado y asesor fiscal Francisco Grau, y Juan Francisco García, ex jefe de Gabinete de Zaplana en la Generalitat.

Están investigados también en esta causan, aunque no detenidos, el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, Rosa Barceló, mujer de Zaplana, y Mitsuko Henríquez, secretaria personal de Zaplana.

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/nacional/fiscalia-pide-prision-zaplana-20180524153942-ntrc.html

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La Fiscalía exige una condena para Miguel Ángel Cámara, exalcalde de Murcia del PP, por recalificar Nueva Condomina «sí o sí»

El exalcalde Miguel Ángel Cámara se atusa los cabellos junto a sus abogados, Vicente Sanmartín y José María Caballero Salinas, al término del juicio./Javier Carrion / AGM

El exalcalde Miguel Ángel Cámara se atusa los cabellos junto a sus abogados, Vicente Sanmartín y José María Caballero Salinas, al término del juicio. / JAVIER CARRION / AGM

«Todo fue un montaje, una escenificación», denuncia el Ministerio Público, que sostiene que se soslayó la norma urbanística en beneficio de Samper

Ricardo Fernández
Viernes, 25 mayo 2018, 03:35

A lo largo de hora y media, el fiscal Anticorrupción de la Región, Juan Pablo Lozano, desgranó una por una todas las razones por las que el exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, debería de ser condenado por prevaricación. Todas las presuntas ilegalidades, todas las aparentes irregularidades, todas las decisiones que supuestamente tomó a mayor gloria del empresario Jesús Samper y del proyecto Nueva Condomina, que acabó convirtiéndose en el máximo exponente regional de los pelotazos urbanísticos.

Lejos de lo que es norma en los informes de conclusiones provisionales, donde el tribunal es siempre la única referencia válida a la que dirigir los alegatos, Lozano desgranó todas sus acusaciones sin dejar de mirar a los ojos al antiguo primer edil de Murcia, lo que provocó que sus palabras adquirieran un claro tono de reproche. Tanto fue así que uno de los letrados defensores acabó reclamando de la juez, Natividad Navarro Abolafio, que advirtiera al representante del Ministerio Público de que no debía dirigirse a los acusados. Lozano rectificó, aunque muy levemente.

«El proyecto tenía que salir adelante sí o sí y daba igual los obstáculos que fueran surgiendo», resumió de esa forma el fiscal todo su argumentario acusatorio, que consistió en sostener que desde que Cámara y Samper suscribieron el ‘protocolo secreto’ en junio de 1999, el resto del procedimiento administrativo solo fue «un montaje, una escenificación», una forma de ‘vestir el muñeco’ para conseguir que Nueva Condomina saliera adelante como fuera, aunque para ello hubiera que vulnerar presuntamente cuantas normas urbanísticas se fueran interponiendo en el camino.

«Lo relevante no es lo que legalmente se podía o no hacer, sino la desviación de poder que esto supuso»

«Había una voluntad de apostar por este proyecto como fuera, por las razones que fuera, que serían políticas ya que no existen pruebas de nada más», dejó caer Lozano, quien añadió que en aras de alcanzar tal propósito «se removieron todos los obstáculos y todo se hizo sin los preceptivos informes. «No se emitió ni un informe jurídico sobre el convenio, ni hubo informes del servicio de Urbanismo, ni informes de valoración económica sobre la renuncia al 10% de aprovechamiento, ni sobre el coste del estadio de fútbol, ni sobre las cesiones de uso de las instalaciones por un periodo de 50 años… Todo se hacía con el argumento de que resultaba justo, de que parecía correcto…», recordó el fiscal Anticorrupción sin disimular su sorpresa por ese procedimiento.

Un protocolo valioso
Frente a la línea argumental de Cámara, que restó validez al protocolo suscrito con Samper que significó el arranque del proyecto, Lozano indicó que se trataba de un documento de gran valor para el empresario, pues simplemente con ese compromiso ya comenzó a buscar terrenos y a contratar arquitectos para desarrollar su proyecto. Y recordó que un documento intervenido en un registro en las oficinas de Samper desveló que ya antes de firmarse el convenio urbanístico había obtenido unos beneficios de 408 millones de pesetas (unos 2,4 millones de euros). Esas plusvalías se multiplicaron posteriormente hasta muy por encima de los 200 millones de euros, siempre según los documentos del propietario del Real Murcia. Ello ocurrió después de que el promotor se acogiera a la llamada ‘alternativa B’, que -a cambio de construir el campo de fútbol- le permitió disfrutar de una edificabilidad hasta cinco veces superior a la de origen y obtener, en consecuencia, unos ingresos adicionales de entre 176 y 191 millones de euros.

Esa ‘alternativa B’ se habría creado ‘ex profeso’ para el proyecto de Samper, que habría disfrutado de aprovechamientos urbanísticos que incluso estaban más allá de los límites de la ley. Con todo, el fiscal hizo hincapié en que lo relevante de este asunto no es tanto lo que legalmente se podía o no hacer, sino alcanzar la certeza de que Cámara apostó por ese proyecto desde un primer momento y todo lo que siguió fue un continuo esfuerzo para esquivar los obstáculos legales que se iban interponiendo. «Lo relevante es la desviación de poder que supuso», alegó.

Los otros dos encausados
Pedro Morillas. Exdirector de la Gerencia de Urbanismo: «Se ha dañado irreparablemente mi prestigio»
El exdirector de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Pedro Morillas, utilizó ayer su derecho a la última palabra para acusar al juez instructor del ‘caso Nueva Condomina’, David Castillejos, y al fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, de haber dañado irreparablemente su prestigio, cuando aseguró ser inocente. Morillas manifestó que en todo momento actuó en defensa del interés general, como lo demuestra el hecho de que exigiera a Samper un aval de 24 millones para garantizar la construcción del estadio y que pagara los accesos. Jaime Peris, su letrado defensor, aseguró que este es «el más claro ejemplo de una causa general sin que se cuente no solo con ninguna prueba, sino ni siquiera con indicios», y reprochó al fiscal que sostenga al mismo tiempo la acusación como cooperador necesario o como inductor contra Morillas.
Joaquín Peñalver. Exjefe de Planeamiento Urbanístico: «La injusticia alcanza proporciones descomunales»
El antiguo jefe de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver Motas, utilizó la última palabra otorgada por la juez para asegurar que no sabía por qué se encontraba allí, sometido a ese juicio, y para criticar al anterior fiscal Superior de la Región, Manuel López Bernal. Peñalver concluyó que la injusticia cometida con su persona «alcanza proporciones descomunales». José Pardo Geijo, que ha llevado la defensa de Peñalver junto al letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, manifestó no entender el escrito de acusación del fiscal, «ya que no hay por dónde cogerlo», y aseguró que «es una pena» que se haya perdido el tiempo y gastado fondos públicos en mantener un pleito que carece de base. El alto funcionario puede considerarse absuelto a priori, ya que en la primera sesión del juicio el fiscal ya reconoció que el delito que le atribuía habría prescrito.
A modo de ejemplo del compromiso de Cámara por Nueva Condomina, el fiscal recordó que Metrovacesa también presentó un proyecto para construir un campo de fútbol por 4.000 millones de pesetas -una cantidad muy próxima a la que acabó invirtiendo Samper en su estadio- y la propuesta se desechó sin concederle la más mínima tramitación. «Y creo que Metrovacesa era una empresa bastante más solvente que Sport Management and Project, que solo tenía 9.000 euros de capital social, mientras que la primera cotiza en el Ibex», señaló.

Por último, no disimuló su estupor al recordar que los otros dos acusados, el exdirector de la Gerencia de Urbanismo, Pedro Morillas, y el exjefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver, habían llegado a aplicar en apariencia en este asunto unas normas legales que ni siquiera estaban publicadas. «Por ahí ya no se puede pasar», advirtió. «Como dijo alguien de cuyo nombre no quiero acordarme, en Derecho todo es discutible menos algunas cosas. Y lo que no es discutible es que las normas tienen que estar publicadas para poder ser aplicadas».

A modo de colofón, Lozano señaló que «todos estos elementos demuestran su arbitrariedad y la voluntad de imponer sus propias decisiones por encima de la ley», por lo que consideró que tanto Cámara como Morillas debían ser condenados a penas de diez años de inhabilitación.

Los letrados del antiguo alto cargo popular, José María Caballero Salinas y Vicente Sanmartín Aisa, reclamaron la absolución de su cliente y solicitaron que se deduzca testimonio contra el exedil de Urbanismo Ginés Navarro y contra el exportavoz municipal del PSOE, José Salvador Fuentes Zorita, al estimar que mintieron al declarar como testigos, informa Efe. También dejaron constancia del aparente trato desigual otorgado a este asunto y a otros que consideraron similares, como el de la exalcaldesa socialista de Lorquí acusada de perdonar la cesión del 10% de aprovechamiento.

Pardo Prefasi y García Herrero no son peritos del exalcalde
El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región, Rafael Pardo Prefasi, y quien fue su antecesor, Antonio García Herrero, que el miércoles comparecieron como peritos en el juicio por ‘Nueva Condomina’, no lo hicieron a instancias de la defensa del exalcalde Cámara, sino como expertos designados por la Fiscalía. Ayer, por un error no atribuible a este diario, se publicó que sus informes se emitieron a petición de la defensa. Los arquitectos rechazan haber hablado de los beneficios que el proyecto reportó al municipio y aseguraron que las cifras de la noticia solo «miden la proporción entre lo que el abogado de la defensa aseguró que había costado el estadio en relación con el valor total del aprovechamiento otorgado tras optar por la ‘opción B’».

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/murcia/fiscalia-exige-condena-20180525023101-ntvo.html

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La condena al PP por lucrarse con la trama Gürtel pone contra las cuerdas a Rajoy

Mariano Rajoy llega al Congreso de los Diputados. /Paul Hanna (Reuters)

Mariano Rajoy llega al Congreso de los Diputados. / PAUL HANNA (REUTERS)

El tribunal apunta que no cree al presidente cuando afirmó en el juicio que no existe caja B en su partido

Melchor Sáiz-Pardo
Madrid
Viernes, 25 mayo 2018, 08:44

Las 1.687 páginas de la sentencia de la primera época del ‘caso Gürtel’ (1995-2002) cayeron como una losa en el PP. El fallo no solo condena al partido por haberse lucrado de la trama de Francisco Correa y haber pagado campañas electorales con el dinero sucio de la trama, sino que la resolución va más allá de los peores presagios que se temían en Génova 13.

El tribunal de la Audiencia Nacional, con el apoyo de dos de los tres magistrados, certifica la existencia de una ‘caja B’ en el PP, al menos desde 1989. La resolución menciona en 81 ocasiones esa contabilidad paralela y opaca. Se trata de un varapalo inesperado porque la existencia de una contabilidad paralela se dilucidará en el juicio de los ‘papeles de Bárcenas’ y cuya sentencia, a la vista del fallo conocido ayer, también puede ser un revolcón para el PP. En los cálculos de los populares no entraba que el tribunal dijera que no creyó a Mariano Rajoy cuando compareció el 26 de julio pasado como testigo en el juicio y afirmó que las anotaciones de Bárcenas no se correspondían con la verdad y que no había contabilidad paralela.

El fallo deja en una situación política muy delicada a Rajoy y al PP, aunque en el partido daban por amortizada la sentencia antes de conocerla por ser un asunto «del pasado». Lo importante, decían los populares, era aprobar los Presupuestos, un éxito del que ayer ya nadie se acordaba. El presidente del Gobierno se ha encontrado de golpe con una amenaza de moción de censura que, de materializarse, podría acabar con su mandato mucho antes de su objetivo de 2020 y situaría en la Moncloa al socialista Pedro Sánchez. Y si no se lleva a efecto, sabe que sus relaciones con Ciudadanos están condenadas a la ruptura, con el agravante de que será Albert Rivera el que decida el momento del adiós. Si su margen de maniobra era estrecho antes de la sentencia, ahora es mínimo.

Pero la resolución del tribunal no solo es mala para Rajoy, también es muy dura con el resto de implicados. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena a 351 años y un mes de cárcel a 29 de los 37 acusados. Son unas penas muy cercanas a las peticiones de la Fiscalía, que reclamaba un total de 446 años de cárcel. Además, el tribunal, en esencia, hace suyas todas las argumentaciones de Anticorrupción y dicta condenas por todos los delitos por los que acusó el Ministerio Público. El fallo incluye 28 delitos de prevaricación que alcanzan a 194 años de inhabilitación para los condenados. Detalla 24 delitos de cohecho que recaen sobre 12 personas, 26 de blanqueo, 36 de malversación y 20 delitos contra la hacienda pública, de los que 11 recaen en el matrimonio Bárcenas-Iglesias. En total, 165 penas.

Salen particularmente mal parados con el fallo conocido ayer Luis Bárcenas, extesorero del PP, que es condenado a 33 años de cárcel y a una multa de 44 millones de euros. No solo eso, el tribunal impone a su mujer, Rosalía Iglesias, 15 años de prisión. La entrada en la cárcel de su esposa -ya advirtió Bárcenas- podría provocar que tirara de la manta y el PP estaría ante un nuevo frente en vísperas de los otros juicios de la trama Gürtel que se avecinan.

La mayor condena, como era de esperar, fue para el jefe de la trama, Francisco Correa, con 51 años, y la segunda para su mano derecha, Pablo Crespo, con 37. Sorpresiva fue la absolución de Álvaro Pérez, ‘El Bigotes. La exministra Ana Mato, según la sentencia, se lucró de los regalos de Correa a su familia. Su exmarido, Jesús Sepúlveda, fue castigado con 14 años de prisión.

«Corrupción institucional»
Los jueces consideran acreditado que el grupo de Correa, además de establecer una relación comercial con el PP en Madrid, Andalucía y Castilla y León, puso en marcha «en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local gracias a su estrecha y continua relación con influyentes militantes del PP». Unos políticos, ahora condenados, «que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas». Las irregularidades fueron desde inflar precios a manipular las adjudicaciones o a cobrar comisiones.

Pero el dinero público saqueado no solo terminó en los bolsillos de los condenados ayer. Otras cantidades, según los jueces, sirvieron para pagar gastos electorales o similares del PP o fueron a parar como donaciones a la ‘caja B’ del partido. El fallo describe esa caja, que niegan todos los responsables del partido, como «una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos». Los jueces, avisan, no van más allá en este asunto porque los supuestos pagos en negro a los dirigentes del PP se enjuiciarán en la pieza de los ‘papeles de Bárcenas’.

En cualquier caso, los magistrados ya avanzan que piensan que los apuntes del extesorero, en los que aparecían, entre otros, pagos opacos a «M.Rajoy», parecen verídicos, por mucho que lo negara el presidente del Gobierno ante la sala. La sentencia dice que «comparte» la tesis de la Fiscalía de que Rajoy, Javier Arenas, Álvarez Cascos o Pio García Escudero, no fueron «veraces» cuando señalaron que las anotaciones de Bárcenas no tenían «credibilidad», al tiempo que negaron la existencia de esa caja B.

El fallo apunta a que Rajoy no dijo la verdad para no reconocer que recibió dinero negro. Admitir la veracidad de los papeles de Bárcenas, dice la sentencia, habría sido tanto como «reconocer haber recibido estas cantidades» y admitir «la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública». La sentencia afirma que por este motivo «se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos (entre ellos Rajoy)», cuyo testimonio no es verosímil para rebatir las pruebas de la existencia de la caja B del PP.

El fallo fija además una multa al PP de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de actividades de la trama. El tribunal concluye que el partido pagó con dinero de Gürtel actos electorales en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo. La Sala explica que concurren todos los requisitos del responsable a título lucrativo y, por tanto, el PP deberá abonar 133.628 euros por los actos de campaña llevados a cabo en Majadahonda y 111.864 euros por los de Pozuelo.

FUENTE: LAVERDAD.ES

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La Complutense centra la investigación sobre Pablo Casado en el traslado de expediente y las convalidaciones

La institución está analizando si las matriculaciones y las convalidaciones fueron acordes con la normativa vigente en el curso 2004-2005

Si tras analizar esta información “lo consideran necesario”, entrevistarán al claustro de profesores que impartió docencia a Casado

En la UCM no tienen constancia de que haya irregularidades y justifican la investigación en una mera formalidad para “dar una respuesta fundamentada”

Laura Galaup
23/05/2018 – 21:19h

Casado (PP) critica la "doble vara de medir" de Podemos y califica a Iglesias como el "líder machista" del Congreso

La UCM investiga la licenciatura en Derecho de Pablo Casado

La Universidad Complutense ya está recibiendo información del centro universitario Cardenal Cisneros sobre el expediente de Pablo Casado. Fuentes de la UCM confirman que con el proceso de investigación formal que han abierto, que llaman “información previa”, pretenden aclarar si las convalidaciones, la matriculación inicial, las matriculaciones posteriores y el traslado del expediente del vicesecretario de Comunicación del Partido Popular fueron acordes con la normativa vigente en ese momento. Además, confirman que si lo “consideran necesario” entrevistarán a los profesores que dieron clase al político del PP.

Tras siete años cursando en Icade la doble licenciatura de Derecho y Administración y Dirección de Empresas, Casado se matriculó en el curso 2004-2005 en Derecho en Cardenal Cisneros, una universidad privada adscrita a la Complutense. Tras el traslado de expediente, y recién elegido diputado autonómico en Madrid, aprobó entre junio y septiembre de 2007 12 asignaturas de las 25 de las que constaba la carrera de Derecho, según adelantó el diario El Mundo.

Analizarán también las actas de notas
La documentación recopilada está en manos de la inspección de servicios del centro universitario, que tendrá que decidir si sigue adelante con una investigación o no, tal y como está regulado en el reglamento de la UCM. Fuentes de la Complutense explican que han tomado esta decisión para “determinar si los pasos se dieron correctamente”. Además de las convalidaciones y matriculaciones, estudiarán las actas de notas y la documentación elaborada tras las juntas de evaluación.

Estas mismas fuentes aclaran que por ahora no tienen constancia de que haya irregularidades y justifican la investigación en una mera formalidad para que quede constancia de la documentación solicitada y “dar una respuesta bien fundamentada”.

Si tras analizar esta información “lo consideran necesario”, desde la UCM confirman que entrevistarán al claustro de profesores que impartió docencia a Casado. Sobre este punto, también reseñan que hay que tener en cuenta que algunos han fallecido y otros ya no tienen vinculación con la Universidad, por lo que “no tendrían la obligación de colaborar”.

El Real Decreto que estaba en vigor cuando Casado realizó el traslado de expediente era el 69/2000, de 21 de enero. Esta normativa regula el cambio de Universidad y en su artículo 20 determina que los estudiantes que deseen continuar sus estudios en una universidad distinta de aquella en la que los hubiesen comenzado podrán solicitar su admisión en la primera, si han superado el primer curso completo de dichos estudios o 60 créditos.

También determina que no se deben “haber agotado las convocatorias establecidas en las normas de permanencia que sean aplicables”. Actualmente, los instructores de la UCM están analizando si en el procedimiento de Casado cumple esta normativa.

El director del centro universitario Cardenal Cisneros, en el que el portavoz del PP terminó su carrera, ha enviado este miércoles un comunicado a alumnos y a familiares de estudiantes para negar de “forma tajante” que “se haya dado un trato preferente o de favor a ningún alumno que haya pasado por nuestras aulas”.

Cardenal Cisneros no detecta irregularidades
Por su parte, Rafael Flores, responsable de este centro en el momento en el que Casado se matriculó en Cardenal Cisneros, en el curso 2004-2005, confirma a esta redacción que ya han remitido información a la Complutense y asegura que entre ella no han detectado “ninguna irregularidad”. “Seguimos estrictamente las normas de la UCM, nos jugamos la adscripción”, apunta. “Todo lo que nos ha pedido la Universidad Complutense se está enviado de forma regular”, incide Flores.

Este catedrático de Fundamentos de Análisis Económico asumió el cargo en julio de 2004 y lo abandonó en el mes de octubre del 2005. Actualmente continúa en el equipo directivo. Su sustituto, hasta 2013, fue Alberto Pérez de Vargas, el docente que aseguró a El Mundo que Casado llegó al centro “de la mano de Esperanza Aguirre” y que ésta les llegó a decir: “A ver qué haces con este muchacho, que tiene que acabar”. Posteriormente cambió esta versión y en sucesivas entrevistas afirmó que “no hay razón para sospechar” que Casado recibiese trato de favor para aprobar y también negó que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid le llamara para presionar al respecto.

Comunicado a los alumnos
En la carta enviada este miércoles por el director actual del Cardenal Cisneros, han explicado a sus alumnos cómo aprobó Casado. En ella, Canosa ha señalado que “durante su último curso (12 meses), el citado alumno se matriculó y superó, en las convocatorias de junio y septiembre cinco asignaturas nuevas; dos que ya había superado en su universidad de origen pero que no le fueron adaptadas, y cinco que ya había cursado en el Cisneros en años anteriores”. “Quiero hacer constar que en el CES Cardenal Cisneros todas las convalidaciones y adaptaciones de asignaturas son oficiales y han de ser aprobadas por la UCM”, ha reseñado.

La Complutense no es el único centro que está investigando las titulaciones de Casado. La Universidad Rey Juan Carlos también ha abierto un expediente sobre la carrera de Administración y Dirección de Empresas que el político cursó allí y de la que, por el momento, no se conocen detalles de posibles irregularidades.

Es la misma universidad donde, más tarde, Casado se sacó el máster de Cristina Cifuentes, con Enrique Álvarez Conde como director. Le convalidaron 18 de las 22 asignaturas, y las otras cuatro las aprobó con sendos trabajos pero sin conocer a sus profesores. Sacó cuatro sobresalientes. Este máster está siendo investigado por la justicia después de que el juzgado de instrucción 51 haya ordenado abrir una pieza separada por este posgrado del vicesecretario de Comunicación del PP.

FUENTE: ELDIARIO.ES

ENLACE: https://www.eldiario.es/sociedad/Pablo_Casado_0_774473521.html

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El PP cuela un cambio legal que perjudica a las empleadas del hogar en una enmienda en los Presupuestos

El Partido Popular incluye una enmienda que mantiene las bases de cotización de las trabajadoras domésticas por debajo de sus salarios hasta el año 2024, cuando la ley establece que sea hasta 2019

Colectivos de empleadas del hogar y de cuidados denuncian que supone “esperar cinco años más de discriminación laboral” pese a los acuerdos firmados en el pasado para equiparar sus derechos

Una de las modificaciones supone que las trabajadoras domésticas sigan fuera de un “mecanismo de solidaridad” para compensar las lagunas de cotización en la vida laboral para el cálculo de la pensión, destaca Comisiones Obreras

Laura Olías
23/05/2018 – 13:01h

El Partido Popular ha elegido una enmienda a los Presupuestos Generales de este año como la herramienta para aprobar un importante cambio legal para las trabajadoras del hogar. El PP pretende mantener –si salen adelante los Presupuestos– las bases de cotización de las trabajadoras domésticas por debajo de sus salarios hasta el año 2024, cuando la ley establece 2018 como el último ejercicio con este sistema en vigor. En la práctica, denuncian desde los colectivos de trabajadoras domésticas organizadas en el Grupo Turín, supone alargar “cinco años más la discriminación laboral” que perjudica a estas profesionales en sus jubilaciones futuras y sus prestaciones contributivas, entre otras cuestiones.

En la actualidad, las bases de cotizacion de las empleadas domésticas se sitúan en algunos casos por debajo de sus salarios. La Ley General de la Seguridad Social establece las bases y los tipos de cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, diferentes que los del Régimen General. “En el año 2012 la ley contempló una de las demandas de los colectivos de trabajadoras del hogar, que es que las cotizaciones de las empleadas se incorporasen a este Régimen General”, explica Natalia Slepoy, portavoz de Grupo Turín y d el nuevo Observatorio ‘Jeanneth Beltrán’, que recoge abusos contra las trabajadoras del hogar.

De este modo, en 2012 se fijó el año 2019 como el primer ejercicio para que las bases de cotización de las trabajadoras se adaptaran al sistema del Régimen General. Es decir, que sus empleadores cotizaran por su remuneración mensual total y que se tuvieran en cuenta las bases mínimas de cotización establecidas cada año.

Hasta 2019, la ley estableció un acercamiento progresivo a este sistema, en el que las trabajadoras han cotizado por tramos de retribución. Por ejemplo, este 2018 las que cobran desde 196,16 hasta 306,40 euros al mes tienen la misma base de cotización, 277,51 euros. Ese sistema de cotización por tramos se ha ido actualizando desde 2014 según el incremento del salario mínimo pactado por ley.

Ahora el PP, a través de una enmienda que ha sido incluida en el dictamen de la Comisión de Presupuestos, pretende ampliar este sistema por tramos en la base de cotización hasta el año 2024. Según argumenta el grupo popular en el texto, el objetivo es “evitar una serie de efectos negativos que supondría su finalización el 31 de diciembre de 2018”. Entre ellos, “nuevas obligaciones para los empleadores de hogar” como el deber de comunicar las horas de trabajo al mes de las contratadas a tiempo parcial e informar si se producen variaciones en las retribuciones mensuales de sus empleadas.

Desde Comisiones Obreras denuncian que el PP se está saltando “el consenso de los agentes sociales y partidos políticos” con el que se aprobó la integración de las trabajadoras del hogar en el Régimen General, lamenta Enrique Martín, de la secretaría de Políticas públicas y Protección social.

Pensiones de incapacidad y jubilación
La enmienda también modifica el futuro de las pensiones de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes y de jubilación. Esta es una de las modificaciones con mayor repercusión para las empleadas, en opinión de Enrique Martín, ya que supone un “retraso injustificable de acceso a algunos derechos, como a los mecanismos de solidaridad del sistema para compensar lagunas de cotización en las pensiones”.

La Ley de Seguridad Social fija este 2018 como el último año en el que solo se tienen en cuenta los periodos realmente cotizados de las trabajadoras del hogar para el cálculo de sus prestaciones. En la actualidad, estas profesionales están excluidas de la protección legal para los trabajadores del Régimen General frente a estos vacíos: se establecen unos mínimos de cotización para esos meses en los que no se haya cotizado.

El texto del PP pospone de 2019 a 2024 la integración de las trabajadoras del hogar a este sistema ” de solidaridad” del Régimen General. “Este mecanismo es muy positivo para el resultado de la pensón y no se les va a aplicar”, lamenta el representante de CCOO, que recuerda que es habitual que estas empleadas tengan algunos vacíos en sus carreras profesionales.

Además, la enmienda del PP también modifica los tipos de cotización (lo que se paga a la Seguridad Social) por contingencias profesionales, que asumen en su totalidad el empleador. El texto establece que tengan en cuenta las bases de cotización por tramos hasta 2023, cuando hasta ahora se alargaba solo hasta 2019.

“Alargar 5 años de discriminación”
Para el Grupo Turín, la emnienda del PP supone “un incumplimiento de los acuerdos firmados para equiparar los derechos de las trabajadoras de hogar” y denuncian que “ya han pasado casi 6 años desde la reforma en la que se fijaba la incorporación
progresiva al régimen general”.

“Que las bases de cotización se mantengan por debajo de los salarios es uno de los principales motivos que provoca que las prestaciones por incapacidad permanente y la jubilación sean tan bajas”, explica Natalia Slepoy.

Si existen retos en la información y documentación que deben asumir los empleadores, como justifica el Partido Popular para sustentar este cambio, “es responsabilidad de las autoridades públicas, para eso están las oficinas de información de la Seguridad Social”, sostiene Slepoy.

Las trabajadoras domésticas entienden que se puede proteger a los empleadores, con más información y bonificaciones a la cotización (que el Esatdo asuma parte del aumento en las cotizaciones), sin perjudicar y retirar derechos a las empleadas domésticas. “Porque ellas son trabajadoras y no se les reconocen todos sus derechos”, critica Slepoy.

FUENTE: ELDIARIO.ES

ENLACE: https://www.eldiario.es/economia/PP-cotizaciones-empleadas-enmienda-Presupuestos_0_774472680.html

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‘El legado de Aznar’: 12 de sus 14 ministros están imputados, implicados o cobraron sobresueldos

El gabinete de José María Aznar, en 2002, con 12 de sus 14 miembros señalados por la Justicia.

El gabinete de José María Aznar, en 2002, con 12 de sus 14 miembros señalados por la Justicia.

Eduardo Zaplana, detenido por presunto blanqueo de capitales y delito fiscal, obliga a actualizar la larga lista

ELPLURAL.COM @el_plural

Mar, 22 Mayo 2018

El expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha sido detenido durante la mañana de este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Valencia. La detención se basaría en un presunto delito de blanqueo de capitales y a otro de delito fiscal. Este nuevo movimiento obliga a actualizar el legado de José María Aznar. Tal y como publicó El Plural, 12 de los 14 ministros que formaron el antepenúltimo Gobierno de Aznar (en julio de 2002) están imputados, encarcelados o implicados en asuntos judiciales escabrosos. La mayoría de ellos podrían haber cobrado sobresueldos de la caja B que manejaba el extesorero del partido, Luis Bárcenas, según la documentación que obró en poder del juez Pablo Ruz, cuando instruía el caso Gürtel, que ahora se juzga en la Audiencia Nacional.

Esta lista, que ya publicó ELPLURAL.COM en 2015, se suman ahora las novedades relativas a Eduardo Zaplana. El juez Eloy Velasco pidió información por su vinculación a la Operación Lezo. En el auto en que el magistrado enviaba a prisión a Ignacio González, acusaba al expresidente madrileño de intentar blanquear dinero junto al exministro de Trabajo de Aznar. Ahora, la UCO le ha detenido, precisamente, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y delito fiscal.

Alberto Garzón ya habla de un nuevo hito de la “era Aznar” y el diputado de ERC Gabriel Rufián asegura que ya está “confirmado” que “de la boda de Aznar solo quedan libres los camareros”.

Jaume Matas es el ministro de Aznar que más tiempo ha pasado en prisión: un total de nueves meses por su primera condena en el caso Palma Arena. Se le concedió el tercer grado el 31 de octubre de 2014, a los tres meses de entrar en la cárcel, y finalmente salió en libertad en abril de 2015. En febrero de este año volvió a ser condenado a tres años y ocho meses de prisión, aunque su ingreso está pendiente del pacto con la Fiscalía para confesar sus delitos. Todavía le quedan nueve causas pendientes.

El fin del milagro

Otro de los grandes señalados de aquel gabinete es Rodrigo Rato, el que fuera considerado artífice del milagro económico y que acabó siendo detenido por la Guardia Civil. La cantidad de casos que carga a sus espaldas son difíciles de enumerar: está imputado por la gestión de Bankia, está implicado en el caso de las tarjetas Black, con la que llegó a gastar en un solo día 3.547 euros en alcohol, 1.000 euros en una zapatería y 17 retiradas en efectivo de 1.000 en cajeros de Bankia.

En 2015, la Fiscalía empezó a investigarle por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Por ello, su casa fue registrada y él detenido por el Servicio de Vigilancia Aduanera. Con la publicación de los papeles de Panamá se conoció que había usado varias empresas pantalla para esconder dinero en paraísos fiscales.
Elogios
Curiosamente, tanto Matas como Rato han sido ensalzados en numerosas ocasiones por el actual presidente del Gobierno. Así, en 2004, Mariano Rajoy afirmó que cuando llegara a la Moncloa quería “un Gobierno para España como el del presidente Matas” en Baleares. Antes, en el 2003, ya se había referido a él como “un amigo” que “tiene personalidad, coraje, determinación y valentía”. Respecto a Rato, han sido numerosas las ocasiones en las que Rajoy le ha descrito en público como el “mejor ministro de Economía” que ha tenido España.

El resto de miembros del Gabinete se vio salpicado por el supuesto reparto de sobresueldos sacados de la caja B de dinero negro que manejaba Luis Bárcenas, según la documentación que obraba en manos del juez Pablo Ruz durante la fase de instrucción, aunque el auto de Ruz no mencionaba específicamente los nombres de los dirigentes que habrían cobrado.

Sobresueldos
Sobresueldos que podrían oscilar desde los 1,58 millones de euros que supuestamente habría percibido Mariano Rajoy entre 1990 y 2011, hasta los 9.000 euros que presuntamente cobró en 2004 Pilar del Castillo, exministra de Educación, Cultura y Deporte. Federico Trillo, Miguel Arias Cañete, Ana de Palacio, Ángel Acebes, Jaume Matas, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Javier Arenas y Cristóbal Montoro serían otros de los ministros del Partido Popular que según el instructor de la Gürtel habrían recibido cuantiosos sobresueldos, aún sin llegar a los 782.695 euros que por este concepto presuntamente se habría embolsado José María Aznar.

FUENTE: ELPLURAL.COM

ENLACE: https://www.elplural.com/politica/2018/05/22/aznar-ministros-imputados-detenidos-corrupcion-partido-popular

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