El juez de Púnica revisa facturas que suman 16 millones por la caja b del PP

La pieza secreta sobre la presunta financiación irregular del PP madrileño corresponde a la etapa de Francisco Granados como secretario regional
ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA
Madrid 24 ABR 2017 – 05:31 CEST

El juez Eloy Velasco, que investiga el caso Púnica, ha reclamado a la Comunidad de Madrid toda la documentación sobre los gastos de 16,5 millones de euros del plan de inversiones Prisma 2006-2007 para incorporarlos a la pieza secreta en la que investiga la presunta financiación irregular del PP madrileño en la etapa de Francisco Granados como secretario regional. La relación de gastos incluye desde la colocación de primeras piedras de obras al pago de consultorías.

La reciente Operación Lezo no ha impedido que el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Eloy Velasco, haya seguido trabajando en el otro gran sumario que acorrala al PP de Esperanza Aguirre por su presunta financiación irregular: el caso Púnica.La semana pasada, el magistrado ordenó a la Comunidad de Madrid que remitiera a la Audiencia Nacional toda la información que tuviera sobre los 16,5 millones de euros que se gastó el Ejecutivo regional para promocionar el Plan Regional de Inversiones de Madrid (conocido como Prisma) durante los años 2006 y 2007, etapa en la que el presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados, controlaba como consejero de Presidencia la millonaria partida dedicado a dicho plan.
Velasco quiere conocer los expedientes de contratación, las memorias y los certificados de ejecución de los trabajos, según confirman a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. Toda la documentación se ha incorporado a la única pieza del sumario que aún permanece bajo secreto, la referida a la supuesta caja b del partido, y en la que están imputados, entre otros, el que fuera gerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez, el exconsejero de Transportes José Ignacio Echeverría, y el empresario Javier López Madrid, también investigado en la Operación Lezo.

Gastos sin justificar

Los gastos ahora bajo sospecha en el caso Púnica fueron remitidos en 2010 por la empresa pública del suelo, Arpegio Áreas de Promoción Empresarial SA, ya investigada por otros gastos dentro del sumario, a la Comunidad de Madrid para que esta se hiciera cargo de la abultada partida. Sin embargo, la Intervención del Ejecutivo regional se negó en 2015, ya con Cristina Cifuentes en la presidencia, a validarla, al considerar que buena parte de los gastos que incluían no estaban convenientemente justificados.

La partida ha sido en los últimos meses objeto de debate en la Asamblea de Madrid por los conceptos e importe de gran parte de los trabajos reflejados en ella. Así, 5,9 de los 16,5 millones fueron destinados a “consultorías y asistencias para la tramitación de licitaciones”, y ahí se incluyeron los sueldos de una veintena de trabajadores contratados para llevar a cabo el plan de inversiones.

La siguiente gran partida es la destinada a actos de propaganda de las obras. Las facturas que el juez Velasco quiere investigar suman 3,3 millones en este concepto, que incluye los actos de colocación de primeras piedras. Hay, por ejemplo, una factura de 28.232 euros para la primera piedra de la comisaría de policía de Alcalá de Henares con la presencia de Esperanza Aguirre; otra por 29.000 euros para un acto similar con la residencia de mayores de Navas del Rey; y 35.000 euros más para dar publicidad a una obra del Plan Prisma en Serranillos del Valle. En total, solo en este tipo de celebraciones la Comunidad gastó 782.000 euros.

Más elevada es la partida dedicada a dar a conocer las obras: 2,5 millones en “campaña publicitaria instituciones”. En ella se incluyen 852.000 euros por la realización de un “vídeo estereoscópico en tres dimensiones” y los 500.000 euros gastados en la creación y mantenimiento de una web. También 28.072 euros invertidos en traer urgentemente desde China en avión 10.000 paraguas y bolígrafos de propaganda.

Junto a todo ello, otros gastos como 65.000 euros en teléfono, otros 78.000 en “útiles y herramientas de escritorio”, 96.027 en “supermercados, suministros higiénicos, farmacia, consumibles informáticos y bebidas (agua y café)” y 289.000 en el alquiler de plazas de garaje para empleados y el arrendamiento de oficinas.

No es la primera vez que Arpegio y algunas de estas partidas aparecen en el sumario de Púnica. En julio de 2016, Velasco ya reclamó a la Comunidad de Madrid que le entregase de manera “urgente e inmediata” toda la información del periodo 2006-2011 referido a 22 consorcios urbanísticos y un sinfín de contratos de obras públicas del Plan Prisma. Entre ellos, los adjudicados por 9,8 millones a la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos SA (Dusa).

Entonces el magistrado ya apuntaba la sospecha de que todos estos contratos se licitaron de manera supuestamente irregular “bajo la esfera de dominio de Francisco Granados”, unas veces “en persona” y otras “por delegación”. El empresario David Marjaliza señaló en su confesión a Jaime González Taboada, entonces vinculado a Arpegio y hoy consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cristina Cifuentes, de cobrar comisiones por estas obras. Taboada siempre lo ha negado.

En el sumario también se investiga a la Fundación de la empresa pública por la financiación con más de 300.000 euros de un concierto organizado por Waiter Music, una empresa de la trama.

FUENTE: ELPAIS.COM

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Rajoy veta en seis meses más leyes de la oposición que Zapatero en año y medio

El Gobierno de Rajoy pulveriza récords: en sólo seis meses ya es el que más leyes de la oposición ha vetado

La oposición el hábito del Ejecutivo del PP de ampararse en el artículo 134 de la Constitución para vetar iniciativas legislativas que no son de su agrado, justificándose en que influirían negativamente sobre los presupuestos. Los gobiernos de la UCD presentaron 23 vetos, el Ejecutivo de Felipe González 22. El Gabinete de José María Aznar no llegó a vetar leyes de la oposición

MADRID 23/04/2017 13:00 Actualizado: 23/04/2017 13:00 PÚBLICO/ EUROPA PRESS

El Gobierno de Mariano Rajoy ya es el Ejecutivo que ha vetado más iniciativas legislativas de la oposición en un tiempo récord. En sus primeros seis meses ha bloqueado 28 Proposiciones de Ley (PL) de grupos parlamentarios y asambleas autonómicas frente a las 27 que paralizó el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero en su segunda legislatura.

Los gobiernos de la UCD presentaron 23 vetos, el Ejecutivo de Felipe González, 22. El Gabinete de José María Aznar no llegó a vetar leyes de la oposición
Las proposiciones de ley que se registran en el Congreso deben contar con el visto bueno del Ejecutivo para ser debatidas, lo que otorga al Gobierno de turno un derecho de veto sobre las propuestas de los grupos parlamentarios.

Rajoy se ha amparado en el artículo 134 de la Constitución, que establece que el Gobierno cuenta con capacidad para vetar aquellas proposiciones o enmiendas que, a su entender, puedan tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos, ya sea porque merman los ingresos o porque provocan un aumento de los gastos.

No obstante, no todos los Gobiernos han recurrido a esta herramienta que les concede la Constitución con la misma intensidad, ni se ha usado igual durante todo el mandato, según los datos oficiales recopilados por Europa Press.

La mayoría absoluta le permitió no usar el veto
El Ejecutivo de Mariano Rajoy prescindió del derecho de veto cuando tenía mayoría absoluta, sabedor de que sus votos ya aseguraban que no se debatiese nada que considerase improcedente, y tampoco lo empleó en el semestre de la legislatura en funciones, pues todo apuntaba a que no habría tiempo a que prosperase ninguna iniciativa.

Ha vetado la PL para subir las pensiones, de apoyo a emprendedores, de mejora de ayudas de la Ley de Memoria Histórica y de fomento del autoconsumo ente otras
Pero desde el pasado octubre, el Gobierno del PP lleva ya vetadas 28 iniciativas legislativas, seis de ellas presentadas por parlamentos autonómicos (en algunos casos apoyadas incluso por el Grupo Popular local), y el resto registradas por grupos de la oposición.

Entre las 28 disconformidades presentadas por el Gobierno figuran las relativas a leyes para subir las pensiones, apoyar emprendedores, fomentar el autoconsumo energético y derogar el llamado ‘impuesto al sol’, ampliar los permisos de paternidad, suprimir tasas judiciales o mejorar ayudas de la Ley de Memoria Histórica, entre otras.

Los últimos escritos de disconformidad que ha recibido el Congreso pretenden bloquear la tramitación de una proposición de ley de Unidos Podemos para el cierre progresivo de las centrales nucleares y otras tres del PDeCAT sobre distintos temas, entre ellas una para promover el coche eléctrico. De hecho, una de las críticas habituales de Podemos al Ejecutivo es que recurre sistemáticamente al veto para bloquear iniciativas legislativas que no son de su agrado.

Para eludir el bloqueo del Gobierno, la oposición ha empezado a cambiar la redacción de sus proposiciones de ley introduciendo cláusulas para retrasar la aplicación de los efectos económicos, pero el Ejecutivo, en uno de sus últimos vetos, ya ha avisado de que el control del gasto no sólo afecta al presupuesto en curso, sino a todo un trienio, tal y como rinde cuentas ante la Unión Europea.

Dos veces no ha podido vetar: las dos ha ido al TC
De los 28 vetos, la Mesa del Congreso, donde el PP no tiene mayoría -tres asientos para el PP, dos para PSOE, dos para Unidos Podemos, dos para C’s-, sólo ha desatendido dos de ellos, los referidos a sendas proposiciones de ley del PSOE para paralizar la Ley de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) y para equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas.

La Mesa sólo ha desatendido dos vetos: con la Lomce y con la equiparación de condiciones de trabajadores de subcontratas
Ambas leyes han continuado su tramitación parlamentaria y ya están en fase de enmiendas, pero el Gobierno presentó los correspondientes recursos ante el Tribunal Constitucional denunciando un conflicto de competencias con el Congreso; si el TC da la razón al Ejecutivo, todo lo que haya hecho el Parlamento con esas proposiciones de ley habrá sido inútil.

Hasta ahora, el Gobierno que había presentado más vetos a proposiciones de ley era el último de José Luis Rodríguez Zapatero, que empezó a recurrir a esta práctica a raíz del decreto ley de medidas de ajuste de mayo de 2010 motivado por la crisis económica. En el Congreso tienen contabilizados 23 vetos, a los que se añaden otros cuatro presentados en el Senado.

Aún no ha habido veto a enmiendas; previsiblemente lo habrá con los Presupuestos
Según precisan en Moncloa a Europa Press, la lista de vetos de aquel Gobierno socialista de Zapatero aumenta a 115 si a los escritos de disconformidad sobre proposiciones de ley se suman también los casi 70 presentados a enmiendas de la oposición, que para tramitarse deben contar igualmente con el consentimiento del Ejecutivo.

En la presente legislatura aún no se ha presentado ningún veto a enmiendas de la oposición, pues son muy escasas las leyes que avanzado tanto en su tramitación parlamentaria. Pero todo apunta a que esos escritos de disconformidad se multiplicarán en próximas semanas, especialmente cuando haya que calificar las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

De acuerdo con la información aportada por el Portal de Transparencia del Congreso de los Diputados a raíz de una petición de información de europapress.es, los gobiernos de la UCD, en la primera legislatura 1979-1982, presentaron 23 vetos a proposiciones de ley, mientras que el Ejecutivo socialista de Felipe González sólo recurrió a esta vía en su primera etapa (1982-1986) para bloquear 22 proposiciones de ley. El Gabinete de José María Aznar, en cambio, nunca llegó a vetar leyes de la oposición.

FUENTE: PUBLICO.ES

ENLACE: http://www.publico.es/politica/gobierno-rajoy-pulveriza-records-leyes.html

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El juez y un imputado en ‘Púnica’

El diario ‘Infolibre’ obtuvo una imagen, tomada ayer, a las 4 de la tarde, en el centro de Murcia, del juez Pérez- Templado con el exconsejero de Turismo Juan Carlos Ruiz

LV
21 abril 2017
09:14

El juez y un imputado en 'Púnica'

/Infolibre

Justo el día en que el TSJ recepcionaba la exposición razonada de la ‘Púnica’, el diario ‘Infolibre’ obtuvo esta imagen, tomada ayer, a las 4 de la tarde, en el centro de Murcia, del juez Pérez- Templado con el exconsejero de Turismo Juan Carlos Ruiz, imputado en ese mismo caso. Según supo ‘La Verdad’, ambos son parientes, se ven a menudo desde hace años y el encuentro de ayer fue totalmente casual.

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/murcia/201704/21/juez-imputado-punica-20170421010215-v.html

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Los investigadores sospechan que un miembro del Gobierno dio un chivatazo a Ignacio González

En una conversación intervenida a un investigado hay una alusión a que González ha sido advertido de que tiene los teléfonos pinchados
En el transcurso de la charla se habla de un miembro del Ejecutivo como autor del chivatazo pero no se llega a concretar su identidad
La existencia de la Operación Lezo, aún bajo secreto, se extendió entre otros imputados que cambiaron de hábitos en sus conversaciones

Pedro Águeda
19/04/2017 – 23:41h

La operación contra Ignacio González sufrió un revés hace aproximadamente dos meses cuando la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil obtuvieron una información que les hacía sospechar que el expresidente de la Comunidad de Madrid había sido alertado de que los teléfonos que utilizaba estaban intervenidos.

Esa misma información apuntaba a un miembro del Gobierno, sin identificar, como la persona que había alertado de esa circunstancia al hoy detenido, informaron a eldiario.es fuentes de la investigación. Otras fuentes próximas al caso aseguran que se supo del chivatazo a González porque uno de los participantes en una de las conversaciones intervenidas con autorización judicial aludió a ello.
Este último tramo de las pesquisas se ha visto en parte alterado por el hecho referido. Las mismas fuentes explican que otros investigados también conocían que eran objeto de la operación, según se desprende del cambio de hábitos en las conversaciones mantenidas por teléfono.

Con todo, en la mañana de este miércoles arrancó la explotación de la Operación Lezo, con una lista de doce personas por detener y una treintena de registros que se prolongarán, con seguridad, durante todo el jueves. Ha trascendido que además de Ignacio González también han sido arrestados su hermano Pablo y Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de una filial del Canal con sede en Bogotá.

Los investigadores sospechan que a través de algunas compraventas de filiales en Latinoamérica, los arrestados podrían haber desviado fondos hacia su patrimonio personal. Una empresa de la esposa de González, Lourdes Cavero, Subastas Segre, también ha sido registrada.

Este miércoles también se supo de la imputación del director de La Razón, Francisco Marhuenda, y del presidente del periódico, Mauricio Casals. Ambos declararán este jueves ante el juez Eloy Velasco por haber participado presuntamente en una campaña de coacciones a Cristina Cifuentes para que dejara de denunciar la presunta actividad delictiva de Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero del medio que dirige Marhuenda.

FUENTE: ELDIARIO.ES

ENLACE: http://www.eldiario.es/politica/investigadores-Gobierno-chivatazo-Ignacio-Gonzalez_0_634837697.html

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El “sinvivir” del PP por los casos de corrupción

Los populares lamentan el resurgir de los escándalos y admiten que ya no saben qué responder cuando les increpan por ello
Para algunos cargos del PP la citación de Rajoy como testigo en el juicio del ‘caso Gürtel’ daña su imagen en el peor momento, con los Presupuestos en el aire y varias giras internacionales por delante

MARÍA JESÚS GÜEMESMadrid 20/04/2017 – 07:25 h. CEST

En las filas populares ya no pueden más. No es la primera vez. Ya han vivido esta situación, en la que todo estalla por los aires, en otras ocasiones. Pero ahora el hartazgo alcanza las mayores cotas. Los conservadores pensaban que las aguas turbulentas de los últimos meses se habían calmado un poco. Les parecía que después de la salida de Pedro Antonio Sánchez de la presidencia de la Región de Murcia, la tensión se había rebajado y que, por un tiempo, no habría más escándalos. Estaban dispuestos a ver desde la barrera a los socialistas batiéndose en primarias y también a los dirigentes de Podemos paseándose en su ‘Tramabús’. Pero la situación se ha vuelto a torcer para ellos. Así que ahora confiesan que esto es “un sinvivir”.
Varios cargos reconocen que el hecho de que se haya citado a Mariano Rajoy para declarar en el juicio del ‘caso Gürtel’ les parece algo “brutal”. Desde Génova y la Moncloa se afanan por defender a su jefe. Pero en el partido creen que aunque sólo acuda como testigo, con ello se daña su imagen porque viene a empañar su gestión. Y ocurre, además, en un momento bien delicado: con las negociaciones para sacar adelante los presupuestos y con varias giras internacionales en el horizonte. En los próximos días el presidente del Gobierno va a ir a Brasil, a China, se reunirá con los líderes europeos para hablar del Brexit…. En todos los lados le pueden preguntar por lo que está sucediendo en España.

Además, hay muchos dirigentes territoriales para los que está siendo especialmente difícil de digerir todo lo que está saliendo porque ya no saben qué responder cuando les increpan. Pensaban que este tipo de terremotos no se iban a repetir y, al final, se encuentran con que la corrupción vuelve a contaminarlo todo. Están bastante preocupados ante el panorama que se les presenta. Ayer la detención de Ignacio González, el juez interrogando a Cristina Cifuentes, hoy Esperanza Aguirre yendo a la Audiencia Nacional…
Al menos, en la Moncloa dicen que con todo esto algo se desvía el foco de atención sobre Rajoy. Pero se equivocan porque esta mañana el jefe del Ejecutivo tiene un acto con la patronal y todos los medios van a estar pendientes de si responde o no con evasivas o de si sólo se dedica hablar de la recuperación económica.

FUENTE: CADENASER.COM

ENLACE: http://cadenaser.com/ser/2017/04/19/politica/1492638579_169079.html

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El fiscal jefe Anticorrupción intentó impedir uno de los registros de la operación contra Ignacio González

La víspera del estallido de la operación presentó una orden por escrito, con el aval del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para suspender uno de los registros. La actuación de Manuel Moix provocó la rebelión de la junta de fiscales Anticorrupción, que avalaron a sus compañeros y consiguieron que se desarrollara todo el operativo

MIGUEL ÁNGEL CAMPOSMadrid 20/04/2017 – 08:46 h. CEST

El nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, intentó este martes que no tuviera lugar uno de los registros planteados en la operación judicial desarrollada contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Con el aval del propio Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, a quien le pareció “muy bien” la decisión, según ha confesado el propio Moix a la SER, ordenó por escrito a los fiscales del caso que no ejecutaran uno de los registros para el que ya habían preparado el dispositivo policial pertinente, y que iba a tener lugar en solo unas horas.

Ante la existencia de esta discrepancia, los fiscales de la operación contra Ignacio González invocaron el artículo 27 del estatuto de la Fiscalía, y de manera automática Moix tuvo que convocar la junta de fiscales Anticorrupción, donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe, y apoyó la práctica del registro. El fiscal jefe Manuel Moix acabó rectificando y acató la postura de la mayoría.
Manuel Moix quita hierro a los hechos. En declaraciones a la SER apunta que se trata de una actuación “habitual” en la Fiscalía, y que fueron empleados los “mecanismos de disenso normales” que establece el estatuto del Ministerio Público. Recuerda además que la decisión de la junta “no es vinculante” y aun así, rectificó. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por la SER recalcan que “pocas veces” los fiscales invocan el artículo 27 contra una decisión de sus superiores, y confirman la “tensión” en la junta por la orden con la que el jefe, con el aval del Fiscal General, pretendían limitar la investigación.
Se da la circunstancia de que el nombre de Manuel Moix aparece en el sumario de la operación contra Ignacio González que investiga el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Se trata de una conversación telefónica grabada por la Guardia Civil en verano pasado, entre el propio González y Eduardo Zaplana, en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid celebra la posibilidad de que Moix pudiera convertirse en el Fiscal Jefe Anticorrupción. Según fuentes conocedoras de esa conversación, González alude a que Moix es una persona próxima al PP y viene a decir que si era el elegido, les iría mejor.
En febrero pasado, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, acabó nombrando a Moix en el cargo, pese a que unas horas antes de la decisión, la Unión Progresista de Fiscales le había advertido de que circulaba el rumor de que en un sumario abierto en la Audiencia Nacional existían conversaciones grabadas que implicaban a su candidato en un supuesto trato de favor al PP.

FUENTE: CADENASER.COM

ENLACE: http://cadenaser.com/ser/2017/04/19/tribunales/1492637651_989556.html

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Las “dos ranas” de Aguirre son ya multitud

La detención de González y la prisión de Granados confirma que la corrupción en el entorno de la expresidenta madrileña no era algo aislado

JAVIER CASQUEIRO
Madrid 19 ABR 2017 – 15:44 CEST

En su mundo virtual, Esperanza Aguirre creía hasta hace poco que ella había sido la descubridora del caso Gürtel de corrupción masiva en el PP y defendía que del casi medio millar de cargos que había nombrado en sus 34 años de carrera política apenas dos le habían salido ranas. Presumía de su buen ojo de cazadora de talentos. Sostenía que solo sus cercanos exconsejeros Alberto López Viejo y Francisco Granados podían considerarse como garbanzos negros. La detención de Ignacio González, que fue su mano derecha durante casi toda su carrera en el Ayuntamiento de la capital de España, el Ministerio de Educación y Cultura y la Comunidad de Madrid, ratifica otra visión de esa realidad. El potaje de la corrupción en torno al PP de Madrid ha desbordado tanto que los secretarios generales de ese partido desde hace 20 años en esta región están a día de hoy en prisión, condenados o detenidos.

El 12 de febrero de 2016 Esperanza Aguirre compareció ante la comisión especial de investigación de la corrupción en la Asamblea de Madrid. Fue una sesión dura y larga. A la expresidenta madrileña le gusta recordar que ese día ya respondió a más de 200 preguntas sobre la implantación de la trama Gürtel en Madrid, en la que la organización corrupta dirigida por Francisco Correa campó a sus anchas durante años. Este jueves tendrá que acudir a la Audiencia Nacional al juicio sobre Gürtel que comenzó en otoño pasado en pleno rebote judicial, social, político y mediático de ese caso que persigue al PP y a Mariano Rajoy desde 2008.

Fue en aquella comparecencia en la Asamblea de Madrid cuando Aguirre hizo balance de su carrera política para desmarcarse de las dos ranas corruptas con las que trabajó codo con codo tantos años.

Alberto López Viejo había sido primero viceconsejero y luego consejero de Deportes y era en realidad el que le organizaba los actos políticos del partido, tras su experiencia en el equipo electoral y de campaña a nivel nacional del propio José María Aznar. Aguirre sostiene que cuando se enteró de que Correa contrataba y se había implantado en varios municipios de la Comunidad de Madrid dio orden expresa de cerrar ese grifo. López Viejo obvió ese mandato y siguió colaborando con Gürtel a través de la firma Easy Concept. Le llamó y a la cara le espetó que había vulnerado su confianza. Lo decapitó y pensó que había acabado con el problema.

Pero el caso Gürtel en Madrid acabó tocando a cargos tan cercanos a Aguirre como Benjamín Martín Vasco, exdiputado de la Asamblea de Madrid que presidió la Comisión de Investigación del Espionaje dentro del PP madrileño (la gestapillo); el exalcalde de Arganda del Rey, Ginés López, donde la trama dio uno de sus grandes pelotazos urbanísticos; el exdiputado Alfonso Bosch Tejedor, organizador de la boda de la hija de Aznar en El Escorial; el exalcalde de Pozuelo y exmarido de la exministra Ana Mato, Jesús Sepúlveda, uno de los grandes socios de Correa; el exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero; y el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Todos ellos personas próximas y de la confianza política de Aguirre.

Francisco Granados había sido un fichaje de Aguirre desde la banca privada y llegó a acaparar como su vicepresidente la coordinación de medio gobierno y el contrapeso al poder oscuro de Ignacio González. Su detención e imputación de múltiples delitos por el caso Púnica la sintió como una puñalada y una traición bastante personal porque le agradaba especialmente su trato y su talante dicharachero. Granados fue esos años secretario general del PP de Madrid y el responsable de las campañas electorales.

La investigación de la Guardia Civil sobre Púnica ha implicado al final a otra decena de cargos populares en Madrid. Además de Granados, aún en prisión por tener dinero en Suiza, están también imputados el exgerente del partido, Beltrán Gutiérrez; la exconsejera de Educación, Lucía Figar; el exconsejero de Presidencia, Salvador Victoria, y su actual y algo más que jefa de prensa, Isabel Gallego.

Además del caso Gürtel y el caso Púnica, ha habido más cargos cercanos a Aguirre investigados judicialmente y afectados por escándalos y polémicas que han tenido que dejar sus puestos. Especialmente en el sector de la Sanidad, que fue uno de los elegidos en sus mandatos para su proceder a su conflictiva privatización. Los exconsejeros de Sanidad, Juan José Güemes y Manuel Lamela, han sido investigados y acusados de presuntos delitos de cohecho y prevaricación por su implicación en esos procesos.

Los diputados de la oposición en la Asamblea de Madrid que interrogaron entonces a Aguirre sobre la corrupción generalizada en la región le plantearon la hipótesis de que en los próximos meses le podrían salir más ranas en su entorno. La política madrileña, que durante años defendió el comportamiento “intachable” de la prolongada carrera de Ignacio González, ya no se atrevió a poner la mano en el fuego por nadie y respondió: “De momento, dos”. Luego remachó que desde que se ocupó de su primera responsabilidad como concejal de Medio Ambiente y Jardines de Madrid hasta su última etapa como presidenta regional había gestionado en total unos 200.000 millones de euros.

FUENTE: ELPAIS.COM

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