El TSJ procesa al expresidente Pedro Antonio Sánchez, del PP, también por el ‘caso Auditorio’

Pérez-Templado renuncia a archivar la causa por el cúmulo de indicios delictivos. Las acusaciones tienen 10 días para formular acusación solicitando la apertura de juicio oral por los delitos de prevaricación continuada, fraude de subvenciones públicas y fraude de fondos públicos

Viernes, 7 julio 2017, 14:17
Prevaricación continuada, fraude de fondos públicos y fraude de subvenciones. Estos son los tres presuntos delitos que Julián Pérez-Templado, magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), atribuye formalmente al expresidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, por el llamado ‘caso Auditorio’. El procesamiento del máximo responsable del Partido Popular en la Región lo conduce de manera prácticamente inevitable a sentarse en el banquillo por esta causa, que viene a sumarse al ‘caso Púnica’, que ya hace unas semanas lo situó también a un solo paso del juicio por presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

 

El magistrado Pérez-Templado considera, en la línea de lo mantenido por la Fiscalía Superior a lo largo de los dos últimos años, que existen indicios suficientes de delito contra Pedro Antonio Sánchez por todo el proceso de obtención de una subvención de seis millones de euros y la posterior adjudicación, construcción y recepción de las obras del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras, que se desarrolló en los años en que el político del PP era alcalde de esa localidad.

En el previsible camino hacia el banquillo lo acompañan exclusivamente el arquitecto Martín Lejarraga, autor del proyecto del centro cultural, y Vicente Gimeno, representante legal de la constructora Ecisa, que fue la que se encargó de levantar el Auditorio; ambos están acusados de cooperación necesaria en el delito de prevaricación o de fraude contra fondos públicos. El magistrado ha exculpado, sin embargo, a una quincena larga de encausados, entre los que se encontraba una decena de exconcejales lumbrerenses y altos funcionarios municipales, por considerar que su participación en los hechos no fue lo suficientemente relevante como para tener que responder penalmente de su conducta.

El instructor concreta en tres apartados, que luego desglosa en los fundamentos jurídicos, los hechos por los que debe continuar el procedimiento: la contratación irregular del arquitecto, la obtención de una subvención de manera falsaria y sin cumplir la finalidad declarada, y los cambios del contrato originario acordados por el exalcalde, el arquitecto y el constructor para salvar sus aparentes responsabilidades.

La resolución es recurrible ante el propio instructor y también ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ, por lo que no es firme. Cuando el auto de procedimiento abreviado adquiera firmeza, si llega a hacerlo y no es revocado, las distintas partes dispondrán de un plazo de diez días para presentar sus escritos de acusación y de defensa. Con que solo la Fiscalía o alguna de las tres acusaciones privadas formule acusación contra Sánchez, éste se verá irremediablemente conducido a juicio.

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/murcia/procesa-expresidente-sanchez-20170707121621-nt.html

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Las exenciones fiscales a la Iglesia pueden ser ayudas prohibidas, según la justicia europea

El tribunal rechaza el intento de los escolapios de no pagar una licencia de obras en un colegio de Madrid

Las exenciones fiscales a la Iglesia católica en España pueden constituir una ayuda prohibida por la legislación europea si estas se otorgan para actividades económicas y no para las estrictamente religiosas, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Este se pronuncia sobre la pretensión de un colegio de los escolapios (Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania) en Getafe de que el Ayuntamiento de dicha localidad madrileña le devolviese casi 24.000 euros que había abonado en impuestos municipales (el de construcciones, instalaciones y obras, ICIO) por una reforma realizada en su centro por la que podía obtener beneficio económico.
El colegio La Inmaculada pidió una licencia de obras para ampliar el salón de actos a fin de ponerle 400 butacas para poder dedicarlo a reuniones, cursos y conferencias. La licencia le costó 23.730,41 euros. En virtud de los acuerdos firmados entre Madrid y la Santa Sede en 1979, la Iglesia se beneficia de algunas exenciones fiscales. Por ello, los escolapios pidieron la devolución del impuesto municipal, algo que se les desestimó puesto que las obras eran para una actividad con una finalidad no estrictamente religiosa.
El asunto llegó hasta el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Madrid, que planteó una cuestión prejudicial al tribunal europeo para saber si la exención fiscal que pedían los escolapios era o no “una ayuda estatal prohibida” por el derecho comunitario. La cuestión particular trasciendía hasta una pregunta general y clave, como admite el propio TJUE: “El asunto plantea al mismo tiempo la cuestión fundamental de si el hecho de que un Estado miembro exima a una comunidad religiosa de determinados impuestos, incluso respecto de actividades sin una finalidad estrictamente religiosa, puede constituir una ayuda estatal prohibida”.
En su fallo, los magistrados europeos consideran que “la exención fiscal controvertida puede constituir una ayuda estatal prohibida si las actividades ejercidas en los locales en cuestión son actividades económicas y en la medida en que lo sean, extremo que corresponde comprobar al juez nacional”. Y, por extensión, “exenciones fiscales de las que disfruta la Iglesia católica en España pueden constituir ayudas estatales prohibidas si se otorgan respecto de actividades económicas” y cumplen determinados requisitos.
El citado centro educativo ofrece enseñanza obligatoria, financiada con fondos públicos, pero también otros tramos educativos en la que los padres y madres de los alumnos contribuyen con dinero “de forma voluntaria”. Es decir, que el colegio tiene una actividad “que no está subvencionada con fondos públicos” por la que se cobran “derechos de matrícula” e incluso mensualidades, recuerda en un comunicado el alto tribunal.
“Únicamente las actividades de enseñanza no subvencionadas por el Estado español parecen revestir carácter económico”, señala el TJUE, que precisa que el caso del centro de Getafe cumple con dos de los cuatro requisitos de una ayuda estatal prohibida: otorga al colegio de los escolapios una ventaja económica selectiva y supone una disminución en los ingresos del Ayuntamiento y, por tanto, “el empleo de fondos estatales”.
Además, el impuesto municipal en cuestión se creó tras la entrada de España en el bloque europeo en 1985, por lo que si el juez del tribunal español finalmente estima la existencia de una ayuda estatal, esta debería notificarse a la Comisión Europea, responsable de la política de competencia en la UE. “Por consiguiente, si el juez nacional declarase la existencia de una ayuda estatal, esta debería notificarse a la Comisión y no podría ejecutarse sin su consentimiento”.
FUENTE: ELPAIS.COM
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El juez ve claro que Pedro Antonio Sánchez, del PP, «consintió» contratar los servicios de la ‘trama Púnica’

Quiñonero sostiene que las pruebas desmienten «el rol meramente pasivo» invocado por el expresidente y su asesor

ALICIA NEGRE Murcia Miércoles, 28 junio 2017, 08:23

Cuesta imaginar unas palabras más contundentes. El magistrado Enrique Quiñonero, instructor de la rama murciana del ‘caso Púnica’, dejó ayer claro que alberga pocas dudas -o ninguna- sobre la supuesta intención del expresidente regional y actual presidente del PP murciano, Pedro Antonio Sánchez, de contratar trabajos reputacionales con la trama para ‘lavar’ su imagen.

El magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se muestra tajante en un auto en el que da carpetazo al recurso presentado por el asesor del expresidente, David Conesa -igualmente encausado-. «Resulta con claridad suficiente la realidad del consentimiento finalmente prestado por el entonces consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, por mediación personal y directa del señor Conesa, a la realización de los trabajos reputacionales en las condiciones negociadas», subraya el juez.

Pese a la insistencia de Sánchez a la hora de recalcar, por activa y por pasiva, que «no se contrató, ni se firmó, ni se concertó nada», el magistrado Quiñonero plasma negro sobre blanco, en este escrito, su «convicción» de que, si el expresidente no terminó de cerrar esos trabajos con los dos presuntos líderes de la trama, Alejandro De Pedro y José Antonio Alonso, fue porque lo impidió la ‘Operación Púnica’, que hubo que precipitar a causa de un chivatazo.

La iniciativa, subraya el magistrado, partió en ocasiones de De Pedro y en otras del expresidente

Tal y como ya explicó en el auto en el que encaminó a Sánchez y Conesa al banquillo, el instructor remarca que la investigación de esta rama del ‘caso Púnica’ ofrece indicios suficientes sobre la presunta actuación delictiva de Sánchez, en su época de consejero de Educación, y de su asesor. Frente a las declaraciones exculpatorias de ambos, el magistrado hace expresa referencia a los múltiples datos incriminatorios que se deducen de «las intervenciones telefónicas (hasta veintiocho)» que autorizó el juez Eloy Velasco, «los datos de geolocalización de terminales móviles, el material informativo y la documentación en soporte papel y electrónico intervenidos en los registros, y las manifestaciones de las distintas personas que han prestado declaración a lo largo de la instrucción de la causa».

Estos indicios, subraya el magistrado, dan cuenta «del proceso completo de concertación que se dio entre los investigados con el objetivo ya reseñado -la realización de supuestas tareas de lavado de la imagen personal de Sánchez, que presuntamente se iban a pagar con fondos públicos-, permitiendo un seguimiento continuado desde sus momentos iniciales hasta la concreción de los términos y condiciones en que se habría finalmente consensuado la realización de los referidos trabajos reputacionales».

Frente a los argumentos que el letrado Evaristo Llanos, que representa a Conesa, esgrime en su recurso, el juez Quiñonero insiste en que «la amplia e intensa instrucción practicada evidencia que se produjeron una multiplicidad de contactos telefónicos y conversaciones por mensajería y tres reuniones presenciales, dos en Madrid y una en Murcia». En estas, explica, «intervienen indistintamente y de forma evidentemente coordinada y complementaria» tanto el expresidente como su asesor.

El instructor hace hincapié, asimismo, en que la iniciativa para mantener esos contactos surgió en ocasiones de los líderes de la trama, pero en otras de Sánchez y Conesa. Este hecho, subraya, «desmiente el rol meramente pasivo invocado por estos». El expresidente regional, al declarar ante el juez el pasado día 6, aseguró que decidió reunirse con De Pedro «después de machaconamente estar llamando y mandando correos electrónicos y dando órdenes para que avasallen a mi secretaria».

Del contenido de los contactos y las notas manuscritas en su día, entiende el magistrado, se obtiene «un alto grado de certeza sobre las condiciones en que se habría producido una efectiva negociación y el resultado de esta». El juez se refiere concretamente a una conversación telefónica que De Pedro mantiene con el director comercial de sus empresas, Francisco Javier Bueno, en la que da por cerrado el contrato con Sánchez. Además, alude también a la declaración que este ‘arrepentido’ realizó ante el juez Velasco en la que admitió tener conocimiento de una reunión que Sánchez mantuvo con De Pedro en el Hotel de las Letras de Madrid. Todos esos indicios, concluye Quiñonero, son «suficientes y esclarecedores» para seguir adelante con el procedimiento y para acercarlos, aún más, al banquillo.

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/murcia/juez-claro-sanchez-20170628005938-ntvo.html

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El PP, condenado a pagar 568.511 euros que dejó a deber por su congreso de 2008 en Valencia

El partido pidió que el recinto se diera por satisfecho con la publicidad que le daba el cónclave que encumbró a Rajoy

El Partido Popular ha sido condenado a pagar 568.511 euros que dejó a deber a Feria de Valencia por la celebración en sus instalaciones de XVI Congreso Nacional del partido, aquel de 2008 en el que Mariano Rajoy tomó todo el poder y en el que la red Gürtel hizo caja. Nueve años después, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid subraya que hubo un contrato verbal entre las partes con compromiso de abono y rechaza el argumento del PP de que Feria de Valencia se tenía que considerar más que pagada con el “beneficio” que le había generado la “publicidad indirecta” de la celebración del acto político en sus instalaciones.
El cónclave que celebró el PP en 2008 en Valencia fue una dura prueba para el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Llegó al congreso en la más absoluta soledad, sufrió el desplante y ninguneo de la vieja guardia del partido, encabezada por la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, y el expresidente José María Aznar, y vio como hasta el último momento trataban de disputarle la presidencia del partido. Y los manejos de la trama Gürtel, que facturó 100.000 euros al PP, han perseguido hasta hoy lo que se coció tras las bambalinas de ese congreso.

Ahora, aunque cabe recurso, ese evento también supone una merma para la caja del PP. La juez Elena O’Connor estima íntegramente la demanda de Feria de Valencia (el nombre completo es Feria Muestrario Internacional de Valencia), que exigía el pago de 568.511,94 euros porque había cumplido el contrato y había puesto a disposición del PP todo lo que este reclamó para la celebración del evento los días 20, 21 y 22 de junio. El monto a pagar sube ahora, ya que el partido debe pagar los intereses legales desde que empezó el litigio y las costas (que la juez no calcula).

El PP alegó ante la juez que siempre entendió que pudo disponer gratis del recinto ferial a cambio de “la publicidad indirecta” y “la correlativa promoción comercial” de las instalaciones que supondría la celebración allí de un acto que atraería a toda la prensa nacional. Pero O’Connor asegura que Cristóbal Páez, entonces gerente del PP, aceptó “de forma expresa” los precios que se le dieron por parte de Feria de Valencia (antes y después del evento) y que nunca se habló de cesión gratuita.

“En ningún momento se habló de gratuidad en la cesión del espacio o los servicios, ni tampoco de que la contraprestación por los mismos consistiera en dar publicidad al recinto ferial o a la ciudad de Valencia, habiendo quedado siempre claro que el precio se establecería conforme a las tarifas oficiales de Feria de Valencia”, reza la sentencia.

Pese a todo, el PP consumó su sinpa,  e incluso estuvo pasándose la pelota desde la formación central, con sede en la calle de Génova de Madrid, y la de Valencia para ver quién pagaba al final. Tanto que incluso Rita Barberá intercedió, sin éxito, ante su propio partido para que se pagara. La juez cree que la única intención de este peloteo era que el caso prescribiera y así librarse del abono, algo que la demandante ha evitado gracias a los numerosos correos electrónicos con facturas que ha enviado durante estos años al PP insistiendo en que debía pagar.

FUENTE: ELPAIS.COM

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El Ayuntamiento de Molina de Segura, asume el coste de las obras de reparación del CEIP El Romeral

Lunes, 26 junio 2017, 10:22

La concejal de Educación, Fuensanta Martínez, no ha disimulado su enfado tras la reunión que mantuvo el miércoles con la secretaria general de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, María Robles Mateo, y la directora general de Centros, Remedios Lajara Domínguez, para darles traslado de las necesidades en cuanto a inversión en los centros educativos de Infantil y Primaria del municipio. En concreto, según Martínez, «nos sentimos molestos ante la no disponibilidad para el arreglo de los vestuarios del colegio de El Romeral, ya que, según argumenta la directora general de Centros, es un edificio construido con recursos municipales y es el Ayuntamiento el que tiene que hacer frente a su reparación».

Después de un año pidiendo su arreglo, la edil de Educación considera que «este argumento no tiene cabida». Admite que el edificio se construyó con recursos municipales, pero las inversiones en infraestructuras corresponden a la Consejería, «independientemente de quien realizara la inversión, ya que su utilización es exclusiva del centro educativo», apostilla.

Pese a ello, Martínez indica que el Ayuntamiento de Molina de Segura tiene «un compromiso con las familias y el colegio», por lo que ha anunciado que la Concejalía de Educación acometerá dichas obras, con recursos municipales, «para no perjudicar más a los alumnos y alumnas de dicho colegio». Su departamento detraerá de la partida de este año el presupuesto necesario para acometer dichos trabajos.

Además, Martínez recordó a las responsables regionales otros temas pendientes de inversión en los centros educativos de Molina de Segura, como los arreglos de la cubierta del pabellón de Educación Infantil del CEIP La Purísima de la pedanía de El Llano y del muro perimetral del IES Vega del Táder. Por otro lado, han planteado la posibilidad de realizar un convenio de colaboración con la Consejería para la utilización de las pistas deportivas de los institutos de Educación Secundaria del municipio por parte de los clubes deportivos, con la posibilidad de asumir su mantenimiento el Ayuntamiento. Otro asunto que se puso encima de la mesa fue la necesidad de actualizar el convenio que tiene la Consejería de Educación con el Ayuntamiento de Molina, con el equipo de orientación de zona, donde el Ayuntamiento colabora con la cesión de dos psicopedagogos.

FUENTE: LAVERDAD.ES

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Ciudadanos: un goteo de abandonos que no cesa

Según el sector crítico, desde las elecciones del 2015 el partido de Albert Rivera ha sufrido 221 bajas, 213 concejales y ocho diputados que pasan a ser ‘no adscritos’
El portazo más reciente ha sido el del exportavoz en Valencia y otros tres diputados críticos que dejan el partido pero no sus actas
El miércoles la formación sufrió el abandono de cinco cargos públicos más en Segovia

Carmen Moraga
25/06/2017 – 19:09h

La mayoría de las encuestas que se han publicado en las últimas semanas, incluyendo la del CIS, pronostica una subida en las próximas elecciones a Ciudadanos. Sin embargo, paradójicamente, el partido sigue sufriendo un constante goteo de bajas de cargos públicos. Según los cálculos del sector crítico, la cifra de abandonos desde 2015 sobrepasa ya los 200. En concreto, 213 concejales de los 1.527 que logró el partido naranja en las municipales, y ocho diputados que han optado por dejar de militar pero se han quedado con las actas que lograron bajo el paraguas naranja pasando a ser ‘no adscritos’. En Ciudadanos los consideran “tránsfugas”.

El portazo más reciente ha sido de nuevo en Valencia en donde se ha consumado el cisma dentro del grupo parlamentario. El exportavoz en Les Corts, Alexis Marí, y tres diputados más del grupo, críticos con la dirección, han decidido abandonar el partido. Aunque dejan la formación de Albert Rivera, ninguno de los cuatro renunciará a su acta de diputado y partir de ahora serán ‘no adscritos’.

Además de Marí, que fue relevado de su cargo de portavoz por Albert Rivera el pasado mes de abril, se van también de Ciudadanos Alberto García, David de Miguel y Domingo Rojo. Con su marcha el grupo parlamentario se queda tan solo con nueve diputados.

Las desavenencias de todos ellos con la dirección nacional y regional del partido –que dirige Fernando Giner– eran patentes desde hacía mucho tiempo. Pero la tensión con Marí había ido creciendo en las últimas semanas por la escalada de críticas que el exsíndic había ido realizando tanto contra las decisiones tomadas por el partido, como contra el diputado Toni Cantó o el propio Rivera. El enfrentamiento fue evidente en Twitter.

Pendiente de un expediente disciplinario

Se da la circunstancia de que la Ejecutiva nacional del partido tenía previsto en su reunión del próximo lunes estudiar la apertura de un expediente disciplinario a Marí encaminado a su expulsión, según aseguraron miembros de la dirección a eldiario.es.

Rivera había estado aguantando el pulso para no “convertirlo en un mártir” y para evitar la desbandada de cargos en la Comunidad Valencia, que ya se ha producido y que inició el exportavoz en la Diputación, José Enrique Aguar.

Precisamente Aguar acaba de impulsar un nuevo partido, Contigo Somos Democracia (CSD), junto a varios excargos públicos de la formación naranja con el que pretenden competir por el espacio electoral de centro.

En declaraciones a eldiario.es Aguar ha felicitado tanto a Marí como a los otros tres diputados que han dejado Ciudadanos “por la valiente decisión que han tomado”. “Sé que son los únicos que han trabajado por el grupo”, ha comentado. Aguar se ha apresurado a invitarles a que se sumen a su proyecto. “Toda esa gente que aporta tiene las puertas abiertas en Contigo Somos Democracia”.

Renuncias en Segovia y Huelva

Además, en el municipio valenciano de Aldaia, de 35.000 habitantes, este mismo viernes anunciaba igualmente su marcha el concejal Carlos Ibáñez Vico, que a partir de ahora pasa a ser ‘no adscrito’ y se sentará junto a Yolanda Santos, otra exedil de Ciudadanos.

Pero el goteo de abandonos se visualizó también el pasado el miércoles en Segovia, donde Ciudadanos sufría también las bajas de la diputada provincial y concejala de Espirdo, María Cuesta, y la de cuatro concejales de diferentes Ayuntamientos de la provincia. Todos ellos se han negado a dejar sus actas y se mantienen en las instituciones como ‘no adscritos’. Otros nueve afiliados de base les siguieron los pasos.

Los disidentes se fueron denunciando que la formación tiene “abandonado el medio rural” y solo pone el foco en “las grandes urbes”.

Casi a la vez, dos de los tres ediles que tenía el grupo municipal de Ciudadanos en Huelva dejaron el partido quedándose con sus actas, al igual que hizo en el Parlamento andaluz Mari Carmen Prieto, que se convirtió en la primera diputada ‘no adscrita’ de la historia de la Cámara andaluza.

Fuentes del cada día más nutrido grupo de ‘no adscritos’ aseguran a eldiario.es que la sangría de bajas va a continuar porque hay mucha gente descontenta con el “giro ideológico” que dio al partido Albert Rivera en la última Asamblea, y con el endurecimiento de las sanciones para todos aquellos que disientan de la línea oficial. “El lunes que viene habrá más noticias”, pronostican.

En la dirección nacional minimizan el alcance de estas espantadas al considerar que son “casos aislados” de algunos cargos que no han conseguido medrar como esperaban dentro de sus agrupaciones.

No obstante, la marcha de Marí y de los díscolos valencianos les ha hecho un importante roto en el grupo parlamentario. Desde la dirección les han exigido que renuncien a sus escaños al considerar que se los están “robando” a Ciudadanos, partido por el que se presentaron.

Los dirigentes de Ciudadanos destacan el trabajo que están realizando en las instituciones y que prueba de ello es la subida que les dan las encuestas, tanto en Madrid como a nivel nacional. En la capital algunas vaticinan que podrían incluso doblar su representación tras las últimas operaciones contra la corrupción del PP.

En las generales, el crecimiento que les dan las encuestas también es destacado, llegando a mejorar en dos puntos, según algunas de ellas.

Los críticos, por el contrario, opinan que estas encuestas “son ficticias, son las del Ibex”, mientras recuerdan que en las primeras elecciones de 2015 algunos sondeos llegaron a dar a Ciudadanos 60 escaños cuando luego fueron 40. Y, después, en 2016 “bajaron a 32”.

FUENTE: ELDIARIO.ES

ENLACE: http://www.eldiario.es/politica/Ciudadanos-goteo-abandonos_0_657584239.html

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La declaración de Jaume Matas deja en evidencia a Javier Arenas

El expresidente balear y exministro de Medio Ambiente sostuvo en su declaración como testigo que fue Javier Arenas quien aprobó su sobresueldo que figura en los papeles de Barcenas e incluso fijó su importe, y que nada tuvieron que ver en la operación el entonces tesorero Álvaro Lapuerta ni el gerente Luis Bárcenas
Las manifestaciones de Matas chocan con las de Arenas quien también aseveró ante la justicia que “jamás” intervino en temas económicos ni ordenó gasto alguno, trasladando cualquier responsabilidad a los tesoreros del partido

MIGUEL ÁNGEL CAMPOS

Madrid 26/06/2017 – 08:46 h. CEST

La antigua cúpula del Partido Popular declaró la semana pasada en el juicio de la Gürtel que ellos no sabían ni decidían nada en materia económica, y descargaron toda responsabilidad en los tesoreros, que de forma autónoma, a su libre albedrío, disponían del dinero y ordenaban los pagos. El exsecretario general, Javier Arenas, fue muy contundente. Jamás intervino en temas económicos, ni ordenó gasto alguno.

Pero el 21 de mayo de 2013, el exministro y expresidente balear, Jaume Matas, también compareció como testigo ante el juez Pablo Ruz, y por tanto con obligación de decir verdad, por el caso de la caja B del PP. Y su testimonio deja en evidencia a Arenas. Admitió los sobresueldos a su nombre que aparecían en los papeles de Bárcenas y afirmó que pactó sus retribuciones con el secretario general, Javier Arenas. Pregunta el juez Ruz, contesta Jaume Matas.

Pero no solo la pactó, sino que fue el propio Arenas quien decidió el importe.

Y eso que Arenas asegura que nunca ordenó gasto alguno ni decidió nada en lo económico. Y aún más. El juez Ruz le pregunta si el tesorero Álvaro Lapuerta o Bárcenas intervinieron de algún modo, y Matas contesta que no.

Los tesoreros no intervinieron en su sobresueldo en B. La decisión fue de Javier Arenas, según Matas, cuyo testimonio desmonta la versión del secretario general. Ambos declararon con obligación de decir verdad, y uno de los dos, miente.

FUENTE: CADENASER.COM

ENLACE: http://cadenaser.com/ser/2017/06/25/tribunales/1498398746_277709.html

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