El PSOE presenta una moción de censura contra el presidente de Murcia del PP

Podemos la apoyará para que dirija el Ejecutivo si va acompañado de un programa de Gobierno, mientras Ciudadanos apuesta por nuevas elecciones

EFE / eldiario.es – Murcia
24/03/2017 – 11:44h

El Partido Socialista ha presentado esta mañana una moción de censura contra el presidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del PP. La moción la firman los 13 diputados del grupo parlamentario socialista y tiene como candidato a la presidencia regional a su portavoz, Rafael González Tovar.
Tanto el PSOE como Podemos han apostado por una moción de censura que aparte del Gobierno regional a Pedro Antonio Sánchez (PP), imputado por el caso Auditorio, y que propicie un Ejecutivo alternativo hasta el final de la legislatura con un programa pactado.

La posición de Podemos la había remarcado este mismo viernes su secretario general, Pablo Iglesias, en una entrevista en Onda Cero. “Tiene que haber una moción de censura del PSOE y tiene que plantearlo el lunes como muy tarde. Si no lo hace, nosotros tomaremos la iniciativa”, había anunciado Iglesias en la emisora de radio.

Ciudadanos, por su parte, había apostado por una “moción técnica” que supusiera la convocatoria de elecciones inmediata para elegir una nueva Asamblea hasta mayo de 2019. Una opción que rechazan tanto PSOE como Podemos porque supondría, por plazos, que el nuevo Gobierno no operaría hasta principios de 2018. Las elecciones autonómicas están previstas para mayo de 2019.

El registro de la moción de censura por parte del PSOE, único partido con los números suficientes para presentarla, impide al PP convocar elecciones anticipadas, una opción que se había valorado precisamente como cortocircuito a la moción.

Ahora la Mesa de la Asamblea regional tiene un plazo de dos días para admitir a trámite la moción de censura. Si se admite, será la Junta de Portavoces la que determinará la fecha del debate y votación.

FUENTE: ELDIARIO.ES

ENLACE: http://www.eldiario.es/politica/PSOE-presenta-censura-presidente-Murcia_0_625737559.html

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Sercomosa bonificará a los usuarios afectados por la crisis del agua potable durante el mes de enero en Molina de Segura

Ayuntamiento y Sercomosa recomendaron no beber agua de consumo en Molina de Segura durante cinco días

La Alcaldesa de Molina de Segura y Presidenta de Sercomosa, Esther Clavero Mira, ha anunciado que, aun no teniendo el Ayuntamiento ninguna responsabilidad respecto a la recomendación de no beber agua a raíz de la presencia excesiva de trihalometanos, la empresa de servicios Sercomosa aplicará las bonificaciones correspondientes a los usuarios del servicio de agua por los cinco días (entre el día 4 y 9 de enero de 2017) que duró esta recomendación.

La Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) comunicó al Ayuntamiento de Molina de Segura, a través del Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, que, debido a los episodios de lluvias torrenciales, había problemas con la calidad del agua que recibían, y se había producido un incumplimiento de uno de los parámetros analizados en el agua de suministro. Incumplimiento generado en el agua suministrada desde la planta potabilizadora de Sierra de La Espada y totalmente ajeno a las infraestructuras municipales.

De acuerdo al comunicado emitido por el Servicio de Sanidad Ambiental de la Consejería de Sanidad,se notificó a la ciudadanía que debía abstenerse de beber el agua de la red municipal hasta que se notificara nuevamente la vuelta a la normalidad. Se informó asimismo que el agua de dicha red podía ser empleada sin riesgo para el resto de usos domésticos, tales como: cocinar, aseo diario, limpieza, etc.

Según ha informado la Alcaldesa, “hemos decidido aplicar la bonificación a los abonados en la próxima facturación, siguiendo el criterio de descontar la parte proporcional de la cuota de servicio de los 5 días citados. El importe total de las bonificaciones asciende a 11.470,12 euros, y se corresponde con el consumo doméstico, ya que el problema no afectó, o apenas lo hizo, al consumo industrial. Pese a no ser responsabilidad municipal, entendemos que debemos cumplir con la ciudadanía”.

La Alcaldesa también ha informado que la crisis del agua supuso un coste de 11.203,80 euros para la empresa Sercomosa, que se corresponde con la toma de muestras, analíticas y agua de consumo desalada.

FUENTE: MURCIA.COM

ENLACE: http://www.murcia.com/molina/noticias/2017/03/24-sercomosa-bonificara-a-los-usuarios-afectados-por-la-crisis-del-agua-potable-durante-el-mes-de-enero.asp

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Detenido el sobrino de Blasco, del PP, por supuesta corrupción en la Sanidad valenciana

Sergio Blasco, exgerente del Hospital General de Valencia, y otras 8 señaladas por una trama de corrupción

NATALIA CASTRO @ncastrodiez

Jue, 23 Mar 2017

Suma y sigue, se podría decir, porque este jueves los valencianos han conocido un supuesto nuevo caso de corrupción que afectaría a la Sanidad de Valencia. Y es que, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) se han presentado en la Conselleria de Sanidad y en el Hospital General de Valencia para hacerse con toda la documentación que pueda esclarecer la gestión sobre la que hay dudas, siempre apuntando que se referían a la etapa en la que el PP estaba en el gobierno valenciano entre los años 2004 y 2014.

Como resultado, por el momento, se ha detenido a nueve personas entre las que destaca una figura: la del sobrino del que fuera conseller de Solidaridad y diputado del Partido Popular en las Corts, Rafael Blasco. Nos referimos a Sergio Blanco que, durante esa etapa, la del gobierno del PP, fue el gerente del Hospital General de Valencia. Hay que recordar que su tío está condenado por caso Cooperación, por malversar fondos destinados a cooperación internacional.

Pero además, también se ha detenido a Francisco Blasco, otro de los sobrino del exconseller y hermano del exgerente del Hospital General, según ha asegurado el diario Las Provincias.

Una denuncia de IU

Así, Sergio Blasco está siendo investigado por unos presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
Las investigaciones se iniciaron después de que Marina Albiol, eurodiputada de IU, denunciase ante la Fiscalía Anticorrupción en 2014 una presunta trama de corrupción en la Sanidad valenciana. Albiol señaló a Blanco por unas adjudicación que ascenderían a los 24,9 millones de euros, o como ella dijo: “un mapa de la presunta trama y de las conexiones evidentes con la familia del exconseller Rafael Blasco y del gerente del Hospital General de Valencia, Sergio Blasco”.

Sergio Blasco dimitió del cargo en noviembre de 2014 tras la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia por su supuesta relación en adjudicaciones para la construcción de dos hospitales en Perú, tras una denuncia presentada por Esquerra Unida ante la Fiscalía Anticorrupción.

Este mismo juzgado investiga también una supuesta trama vinculada a Blasco por un posible caso de malversación de caudales públicos que se podría haber producido en la adjudicación de varios contratos.

FUENTE: ELPLURAL.COM

ENLACE: http://elplural.com/politica/2017/03/23/detenido-el-sobrino-de-blasco-por-supuesta-corrupcion-en-la-sanidad-valenciana

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Facturas falsas, comisiones y hasta la Gürtel: así se saqueó la sanidad valenciana en la etapa del PP

Adjudicaciones irregulares en el Hospital General de Valencia, facturas falsas del General de Castellón o supuesto cobro de comisiones en hospitales privatizados, últimos escándalos
Cinco de los ocho consellers del PP que han pasado por Sanidad están imputados, dos de ellos directamente por su gestión al frente de esta conselleria
Detenido el sobrino del exconseller Blasco y otras 8 personas en la operación contra la corrupción en la sanidad valenciana

Carlos Navarro Castelló
23/03/2017 – 20:53h

“En el Partido Popular la fiesta no se acaba nunca”. La célebre frase que pronunció Ricardo Costa antes de su caída como secretario general del PPCV en 2009 por su implicación en el caso Gürtel también resulta de aplicación en la sanidad valenciana.

Y es que, los presuntos casos de corrupción relacionados con la etapa de gestión de los populares se han acumulado en las últimas semanas.

El primero y más grave en salir a la luz fue la aparición de facturas irregulares por valor de 25 millones de euros entre los años 2006 y 2015 en el Hospital General de Castellón.

El caso saltó el pasado 15 de junio cuando la consellera de Sanitat, Carmen Montón (PSPV), informó de que se habían presentado ante la Fiscalía Anticorrupción un total de 4.713 facturas presuntamente irregulares pagadas en ese periodo por trabajos de reparación o mantenimiento que no se realizaron, que se realizaron sin proceso de contratación o por encima del valor de lo contratado.

Varios meses más tarde, en noviembre, se hizo público que un juzgado valenciano investiga, con la participación de la Fiscalía Anticorrupción, si la principal concesionaria privada de hospitales públicos, es decir, Ribera Salud, emblema del denominado “modelo Alzira” que implantó el PP durante sus años de gobierno, había cobrado comisiones por prótesis pagadas con dinero público.

La práctica se habría realizado desde la central de compras B2B Salud, del mismo grupo que Ribera Salud, empresa que gestiona los hospitales valencianos de Alzira, Elche y Torrevieja, y habría supuesto una facturación de 10,6 millones de euros y unos beneficios de 3,3 millones en sus seis años de funcionamiento.

Y ahora, ha saltado a la luz la presunta trama corrupta implantada en torno al exgerente del Hospital General de Valencia, Sergio Blasco, sobrino del exconseller Rafael Blasco, quien cumple condena por el llamado ‘caso Cooperación’.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) se han personado este jueves en dependencias de la Conselleria de Sanidad y del Hospital General de Valencia para solicitar documentación de etapas anteriores del Gobierno del PP.

En la operación se ha detenido a nueve personas. Entre ellas, Sergio Blasco y su hermano, Paco Blasco. La operación es fruto de una denuncia puesta en el año 2014 por la entonces diputada valenciana de Esquerra Unida Marina Albiol.

Según reveló ayer su compañera de partido, Rosa Pérez Garijo, la empresa Out Log S.L., supuestamente vinculada a otras dirigidas por Francisco Blasco, logró un contrato de Sanidad por valor de 18,8 millones de euros en el año 2010 por la gestión logística del hospital La Fe, y otro de 10,5 millones por el servicio integral de logística del Hospital General en el año 2007, pese a que la Sindicatura de Comptes advirtió en un informe de que esta empresa no podía ser contratista.

El mismo informe saca a la luz, según Pérez Garijo, hasta 654.167 euros en pagos sin justificar por parte del Consorcio Hospital Provincial Valencia a esta compañía.

Pero no son estos los únicos casos de corrupción que se están investigando relacionados con la sanidad valenciana. De hecho, cinco de los ocho consellers del PP que han pasado por Sanidad están imputados, dos de ellos directamente por su gestión al frente de esta conselleria.

En concreto, están investigados Luis Rosado y Manuel Cervera por supuestas adjudicaciones irregulares a Orange Market, empresa de la trama Gürtel.

También el propio Rafael Blasco, que fue conseller de Sanidad, ha sido investigado, entre otras cosas, por la instalación de una pantalla luminosa de 600.000 euros junto al nuevo hospital La Fe.

FUENTE: ELDIARIO.ES

ENLACE: http://www.eldiario.es/cv/corrupcion-PP-golpea-sanidad-valenciana_0_625388522.html

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La Fiscalía sitúa al comisario Villarejo detrás de la asociación que evitó el banquillo a Esperanza Aguirre

Transparencia y Justicia ejerció la acusación popular en el incidente de tráfico y se retiró en el momento clave
El fiscal apoya la petición de Podemos para que la asociación sea expulsada del caso en el que está imputado el comisario jubilado
Los abogados David Macías y Rafael Redondo, socios y colaboradores de Villarejo, controlan Transparencia y Justicia

Pedro Águeda
23/03/2017 – 21:04h

La Fiscalía de Madrid aprecia “una clara vinculación” entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo y la asociación Transparencia y Justicia, dedicada a ejercer la acusación popular en diferentes procesos y que salvó a Esperanza Aguirre de ser juzgada por un delito en relación con el incidente que protagonizó la jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. El fiscal del ‘caso Nicolás’, Alfonso San Román, apoya la petición de Podemos para que la citada asociación sea expulsada de la pieza que investiga al comisario Villarejo por la grabación ilegal a un grupo de policías y agentes del CNI.

Esa vinculación entre el comisario y la asociación “inhabilita” a Transparencia y Justicia “para actuar con la finalidad de coadyuvar a la Administración de Justicia”, asegura San Román en un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es. La iniciativa es apoyada igualmente por la representante de la Abogacía del Estado y la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), que ejerce la dirección de la acusación popular y, como tal, da traslado a la petición de Podemos, que forma parte de esa acción popular. Resta que el magistrado Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, decida sobre la petición de expulsión de Transparencia y Justicia.

En plena campaña electoral de las últimas elecciones municipales, la Audiencia de Madrid decidió instruir como falta, y no como delito, la fuga al volante de Aguirre el 3 de abril de 2014 por el centro de la capital. En su auto, la Sección Sexta rechazaba la falta de legitimación de la acusación particular para recurrir el archivo de la causa. Una legitimidad que sí tenía la acusación popular y que ésta renunció a ejercer. Esa acusación popular era ejercida por Transparencia y Justicia.

Los jueces de la Audiencia de Madrid fallaron que la instrucción practicada corroboraba, “a nivel indiciario”, que la huida de Esperanza Aguirre de los agentes de movilidad y de la Policía Municipal podría constituir “una infracción penal”, pero añadían que no podían entrar a resolver sobre el asunto porque “ninguna parte recurrente legitimada” lo había solicitado.

En la primera parte del proceso, el abogado que representaba a la asociación era Luis Gerez, contratado para el caso. El juez Carlos Valle archivó la causa contra Aguirre, pero Gerez recurrió y la Audiencia de Madrid le dio la razón. Unos días después de conseguir el objetivo para el que había sido contratado, el representante legal de Transparencia y Justicia David Macías prescindió de sus servicios. “Se me comunicó por teléfono, cobré y no tengo ninguna queja”, aseguró entonces Gerez.

A partir de ese momento, la representación de la asociación en la causa fue ejercida Macías, el mismo abogado que representa a Transparencia y Justicia en la pieza separada del Pequeño Nicolás. El plazo concluyó y no hubo recurso de la acusación popular. Aguirre todavía podía ser juzgada por una simple falta, pero la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno propició el archivo del caso al quedar suprimidas éstas.

El abogado y la web de la mujer de Villarejo

El letrado David Macías es administrador único de Desarrollos Empresariales Potes S.L. Esta sociedad está participada al 100% por Club Exclusivo, una de las empresas matrices del conglomerado empresarial del comisario Villarejo. Al mismo tiempo, Desarrollos Empresariales Potes es propietaria al 100% de Sensible Code SL, que a su vez posee la web Informacionsensible.com, la web que dirige la esposa de José Manuel Villarejo.

Constituida en 2005, Transparencia y Justicia comenzó denominándose Asociación para la Protección de los Inversores. Fue hasta mayo de 2011, mes en el que cambió de denominación y se dotó de unos estatutos tan ambiguos que igual sirven para ejercer fines “intrínsicamente vinculados” a conseguir la materialización de la justicia como para “instar, prestar, alzar o cancelar embargos, secuestros, depósitos, ejecuciones y desahucios”. Transparencia y Justicia también estuvo personada en el ‘caso Campeón’, por el que llegó a estar imputado el exministro socialista José Blanco.

Como secretario general de Transparencia y Justicia figura el también abogado Rafael Redondo. El letrado es apoderado de la firma Stuart & McKenzie Spain S.L, de la que fue administrador único el comisario José Manuel Villarejo Pérez, cargo que ahora ocupa uno de sus hijos.

Persecución al comisario Barrado

El Sindicato Profesional de Policía (SPP) informó este jueves del fallo por el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la suspensión que la Dirección General de la Policía acordó contra el comisario Jaime Barrado, el mando que investigó al comisario Villarejo en el caso de la doctora Elisa Pinto.

Uno de los expedientes abiertos a Barrado se basaba en la denuncia que dos abogados interpusieron contra el entonces comisario de Chamartín por obligar supuestamente a desnudarse a uno de ellos en su despacho. Con anterioridad, el TSJM ya había anulado provisionalmente el cese de Barrado, en una sentencia en la que apuntaba a un posible montaje por parte de los letrados.

Uno de esos abogados es David Macías. A pesar de las resoluciones del TSJM, por la vía de lo contencioso-administrativo, Barrado continúa imputado en un juzgado de lo penal de Madrid por los mismos hechos. El propio Macías incorporó a la causa una grabación, a la que ha tenido acceso eldiario.es, en la que el letrado telefonea al director de un periódico digital solicitándole una rectificación en nombre del comisario Villarejo.

FUENTE: ELDIARIO.ES

ENLACE: http://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-Villarejo-asociacion-Esperanza-Aguirre_0_625388568.html

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Un contrato de Gallardón garantiza 21 millones a una orden religiosa por un parking con un 0,8% de ocupación

El Ayuntamiento que presidía Gallardón firmó un acuerdo en 2007 que garantiza al colegio jesuita donde estudió el importe total del contrato si otro Gobierno lo rescinde
La auditoría ciudadana revela que el negocio del aparcamiento se quedó en el 1% de las previsiones que se establecieron en 2007 cuando se firmó el arrendamiento

eldiario.es
23/03/2017 – 21:03h

El Ayuntamiento de Madrid pagará 21 millones de euros hasta 2019 a la orden religiosa Compañía Jesús Provincia de Castilla por el alquiler de un aparcamiento de tres plantas en la zona de Chamartín que no alcanza el 1% de ocupación. Según los registros municipales, en 2015 funcionó al 0,8% de su capacidad.

El contrato se firmó a través de una sociedad pública por el Gobierno que presidía Alberto Ruiz Gallardón y tiene una cláusula de penalización, en caso de que sea rescinda, que obliga a la administración a pagar la totalidad del importe. Cuando expire la concesión, la infraestructura seguirá en manos de la orden religiosa Compañía Jesús Provincia de Castilla.
Madrid Movilidad, la sociedad pública dependiente del Ayuntamiento, extendió un cheque en blanco a la entidad católica en 2007 cuando esta afrontó las obras en las inmediaciones del colegio Nuestra Señora del Recuerdo, un centro concertado de élite situado al norte de la capital.

Con cargo al dinero de todos los madrileños, dicha empresa municipal adquirió un compromiso de pago hasta 2029 basándose en unas previsiones que quedaron muy lejos de cumplirse. Los cálculos del Ayuntamiento entonces establecían que el parking, situado al lado del colegio jesuita ganaría 1,1 millones cada año. Se trata de un centro concertado de élite donde estudió el propio Gallardón y algunos de sus hijos, según públicó EL PAÍS. La realidad es que en los primeros cinco ejercicios, desde 2009, ha perdido 2,5 millones de euros. A pesar de las pérdidas, el Gobierno que preside Manuela Carmena no tiene capacidad para resolver el contrato. En caso de hacerlo, la orden jesuita percibiría los 21 millones de euros pactados hasta 2029, según figura en la auditoría ciudadana, cuyas conclusiones presentaron ayer el concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, junto a la portavoz del Consejo Asesor responsable del dictamen, la profesora Bibiana Medialdea.

Ese informe de técnicos externos explica que “la supuesta rentabilidad de la inversión se justificó en base a un estudio económico que establecía unas previsiones, dada la zona de establecimiento del parking [en la zona de Chamartín pegada al colegio], absolutamente irreales, de forma que actualmente las ocupaciones reales del aparcamiento sólo alcanzaron el 1,17% de las ocupaciones estimadas y los abonos vendidos no llegaron ni al 10% de lo estimado en dicho estudio”.

La auditoría ciudadana concluye que “el Ayuntamiento se verá constreñido por un contrato claramente abusivo a seguir utilizando el parking, en el que ya ha perdido más de 2,5 millones de euros hasta 2015, a pesar de que el proyecto se aprobó suponiendo que cada año obtendría un beneficio neto antes de impuestos de más de un millón de euros”.

FUENTE: ELDIARIO.ES

ENLACE: http://www.eldiario.es/madrid/Gallardon-garantiza-millones-religiosa-ocupacion_0_625388407.html

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La juez reactiva el ‘Roblecillo’ y cita al exalcalde Aranda, del PP, y a dos ex altos cargos regionales

El procedimiento llevaba casi dos años parado, pero ahora recibirá un impulso definitivo con la declaración de quince sospechosos de impulsar una recalificación ilegal

RICARDO FERNÁNDEZ | MURCIA
24 marzo 2017
09:15

Casi cuatro años después de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil penetraran en el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz en busca del expediente urbanístico, y casi dos años después de que se practicara la última diligencia conocida sobre este procedimiento, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Raquel Lacunza, ha reactivado la investigación del denominado ‘caso Roblecillo’.

Y lo ha hecho con especial ímpetu, citando a declarar en calidad de investigados -equivalente a imputados- a quince sospechosos de implicación en la trama urbanística, entre los que destacan el exalcalde de Caravaca de la Cruz, el popular Domingo Aranda; siete de sus antiguos concejales; un ex director general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero Zamora; un ex subdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañadas, y tres altos funcionarios de la Administración regional, además de dos de los promotores del plan parcial.

El ‘caso Roblecillo’ se tramita como una pieza separada, que surgió a raíz de la investigación del llamado ‘caso Biblioteca/Líber’, centrado desde sus orígenes en la supuesta existencia de una trama de corrupción en los municipios de Aledo y Librilla, sospechosa de haber amañado la adjudicación de decenas de contratos de obra pública.

Las gestiones realizadas por el entonces magistrado instructor, Andrés Carrillo, y por los especialistas de la Guardia Civil permitieron obtener datos que apuntaban a la presunta tramitación ilegal de un ambicioso proyecto urbanístico en Caravaca de la Cruz, que iba a permitir construir 8.000 viviendas y un campo de golf en terrenos que gozaban de una especial protección medioambiental.

La ‘Operación Roblecillo’ explotó en junio de 2013, cuando la UCO se personó en el Consistorio caravaqueño y procedió a registrar sus dependencias en busca de pruebas sobre esa tramitación supuestamente irregular. En octubre de 2014, el juez Carrillo dictó un auto en el que resumía los indicios de delito hallados en el curso de la investigación y procedía a imputar formalmente a una treintena de sospechosos, entre los que estaban los quince ahora llamados a declarar.

«No se entiende -afirmó entonces el instructor- qué parámetro técnico, qué razonamiento acogible en Derecho, puede hacer que en solo unos meses lo que era un terreno a proteger por su especial relevancia forestal pase a ser un mero terreno urbanizable sectorizado, que acogerá la construcción de miles de viviendas y un campo de golf». Y advertía de que en todo el procedimiento administrativo se aprecia «el apartamiento palpable y grosero del Derecho».

Desde ese momento, el juzgado se había limitado a tomar declaración, también como imputado, a quien fue concejal de Urbanismo de Caravaca de la Cruz y más tarde director general de Medio Ambiente, Amador López, y a otros sospechosos de menor entidad en el proceso. Pues bien, ahora, después de un largo ‘impasse’, la actual instructora, Raquel Lacunza, ha citado al exalcalde Domingo Aranda para el día 30 de marzo y le seguirán en días siguientes siete de sus exconcejales; los promotores Antonio Vilaplana Vivancos y Manuel Sánchez Contreras; los dos antiguos altos cargos de la Comunidad ya citados, Ródenas y Guerrero, y varios altos funcionarios regionales. Con ello, la causa recibirá un impulso casi definitivo.

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/murcia/201703/24/juez-reactiva-roblecillo-cita-20170324011033-v.html

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