La Guardia Civil ratifica sus sospechas sobre Cifuentes en un segundo informe

El documento analiza la declaración de tres investigados policiales y fue incorporado al sumario 27 días después del primero que vinculaba a la presidenta madrileña con la financiación irregular del PP

ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA
J. J. GÁLVEZ
FERNANDO J. PÉREZ
Madrid 17 MAY 2017 – 18:31 CEST

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió al juez Eloy Velasco un segundo documento sobre la presunta implicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato de comedor y cafetería al Grupo Cantoblanco del empresario Arturo Fernández, imputado en el caso Púnica por aportar fondos a la caja b del PP madrileño. Fechado 27 días después del primero, llegó a la Audiencia Nacional el 28 de marzo de 2017 como un “ampliatorio” del anterior. En el mismo, los agentes hacen un “análisis” de las declaraciones que tomaron en calidad de investigados policiales a tres asesores y miembros de los comités de expertos que participaron en las licitaciones de los años 2009 y 2011.

En la conclusiones del nuevo documento policial, de quince folios de extensión y al que ha tenido acceso EL PAÍS, los agentes concluyen que “el contenido de las referidas declaraciones avala aún más las conclusiones apuntadas” en el informe anterior “respecto a la existencia de una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades SL en ambos procesos de licitación y decidir de antemano la adjudicación de los mismos”. La UCO recalca que de algunas de las supuestas irregularidades detectadas “tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras” los integrantes del comité de expertos que decidió el concurso y entre las que cita expresamente a Cristina Cifuentes. El documento concluye que este último hecho “ha podido acreditarse de manera indubitada” en uno de los aspectos de la adjudicación bajo sospecha.

Las tres declaraciones que analiza el informe son las que prestaron el pasado 8 de marzo ante la Guardia Civil como investigados María Merino, jefa de Protocolo de la Asamblea de Madrid; Tatiana Recoder, responsable del Servicio Jurídico de la Cámara autonómica, e Isaac Arturo Zubiri, funcionario de la misma. Todo ellos fueron, junto a la hoy presidenta regional y que entonces ocupaba el cargo de vicepresidenta del parlamento madrileño, asesores y miembros de los comités de expertos que decidieron sobre ambos concursos. Los agentes destacan que durante las declaraciones, los tres cayeron en “significativas y evidentes contradicciones” tanto con lo que afirmaban unos y otros como con los “elementos de prueba documental que obran en la investigación desarrollada”. La UCO destaca que todo ello es un indicio más de que se produjeron “conductas arbitrarias que derivaron en actos injustos” con el único objetivo de que los concursos para el comedor y la cafetería de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011 se los llevara el empresario Arturo Fernández.

EL MAGISTRADO APRECIA “SÓLIDOS INDICIOS”
El juez Velasco y la Fiscalía ratificaron, en sendos escritos fechados en marzo, las sospechas de la UCO sobre las irregularidades en las adjudicaciones de la Asamblea de Madrid a Arturo Fernández, aprobadas por un comité de expertos presidido por Cifuentes. El magistrado señaló la existencia de “sólidos indicios” y apuntó que se habían detectado “múltiples irregularidades penalmente relevantes” en las que “habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces a Fundescam”.

“La finalidad pretendida por los respectivos comités de expertos en ambas licitaciones –se lee textualmente en este segundo informe de la Guardia Civil- habría sido la de proporcionar a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades SL un amplio margen de puntos obtenidos en la valoración de los criterios de juicios de valor, para poder afrontar la apertura del último sobre el que emanarían las puntuaciones otorgadas de manera automática inherentes a las ofertas económicas de las empresas licitadoras (puntuaciones donde el comité de expertos no intervenía)”. La UCO destaca en este sentido que esta supuesta irregularidad “es fácilmente apreciable en ambas licitaciones”, pero sobre todo en la de 2011. En este punto, llega a aseverar que el comité de expertos del que formaba parte Cifuentes dio cero puntos en dos apartados a la oferta presentada por la empresa Clece SA “bajo la falsa argumentación de que la misma no había presentado documentación alguna”. En este punto, los agentes recalcan que de dicha circunstancia estaba al tanto la hoy presidenta de la Comunidad.

Cifuentes aseguró este martes, tras conocerse el primer informe de la Guardia Civil que la vinculaba con la supuesta financiación irregular de las campañas electorales de su partido, que los informes policiales eran “juicios de valor, sin fundamento jurídico” y que así lo debía entender Velasco ya que no había tomado ninguna iniciativa contra ella. “En todos los años que fui presidenta del órgano de contratación, el 100% de las decisiones se tomaron por unanimidad de todos los partidos y en base a los informes técnicos”, puntualizó en su comparecencia ante los medios. La presidenta madrileña sugirió la existencia de una posible conspiración al señalar que “están ocurriendo muchas cosas, muchas de ellas muy desagradables”. “En política no todo vale”, añadió.

FUENTE: ELPAIS.COM

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El juez investiga si el PP se financió también con una fundación creada por Aguirre para “reforzar” España

El magistrado rastrea 6,4 millones transferidos al organismo ideado por la expresidenta

J. J. GÁLVEZ
ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA
FERNANDO J. PÉREZ
Madrid 17 MAY 2017 – 20:43 CEST

La Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el juez Eloy Velasco siguen la pista a 6,4 millones de euros transferidos a una fundación creada en 2007 por Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, ante las sospechas de que el PP regional “utilizó” a esta entidad para “abonar gastos de campaña de forma subrepticia”. Unas operaciones monetarias que los investigadores enmarcan dentro de la presunta financiación irregular del partido, según consta en el sumario del caso Púnica, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Los investigadores detectaron que la Fundación Caja Madrid hizo en 2008 y 2009 dos movimientos —uno de 4,55 millones y otro de 1,86— a favor de la Fundación Dos de Mayo, ideada por la exdirigente popular para supuestamente defender y “reforzar” a España como “una gran nación”. Y, según consta en varios escritos de marzo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pidió que Hacienda les facilitara toda la información tributaria de esta institución fundada por Aguirre. Una solicitud que respaldó el ministerio público y el magistrado de la Audiencia Nacional.

Velasco considera que esa información será “útil y necesaria” para investigar los hechos “a la vista de las importantes cantidades recibidas por dicha fundación de la citada entidad financiera Caja Madrid”. “Dado que, según la investigación, hubo gastos electorales del Partido Popular que se derivaron a la Fundación Fundescam [otra organismo presuntamente utilizado por el PP madrileño para pagar actos electorales de manera irregular] y alguno de ellos terminó siendo financiado por Caja Madrid”, escribe el juez en un auto.

“Se ha detectado el pago de gastos electorales desde la cuenta de funcionamiento del partido y a través de fundaciones afines, con el objeto de evitar el control de la Cámara de Cuentas”, subraya la UCO en otro escrito del 9 de marzo, en base a la documentación intervenida a Beltrán Gutiérrez, ex gerente del PP de Madrid y su contraste con información tributaria y otra procedente de cuentas bancarias.

Esperanza Aguirre creó la fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad a finales de 2007. Entonces, la dirigente del PP se encontraba al frente de la Comunidad e ideó este organismo con una dotación inicial de 600.000 euros. En el patronato se encontraban la propia presidenta; Ignacio González, entonces vicepresidente del Ejecutivo regional y hoy imputado en el caso Lezo; y los consejeros de Presidencia, Francisco Granados, y Educación, Lucía Figar, ambos imputados en Púnica. La regulación de la entidad dejaba abierta la posibilidad de que recibiera más financiación, sin ningún tipo de control, con la salvedad de que no se desvirtúe “su carácter no lucrativo”. Esto permitía al Gobierno regional la posibilidad de eludir los controles que tiene la Administración pública a la hora de contratar.

FUENTE: ELPAIS.COM

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El PP desvió subvenciones públicas para falsos cursos de formación al pago de la campaña de Rajoy de 2008

Un informe de la Guardia Civil revela la existencia de facturas ficticias por jornadas de “diseño gráfico” organizadas por Fundescam para hacer frente a gastos de actos electorales

ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA
FERNANDO J. PÉREZ
J.J. GÁLVEZ
Madrid 18 MAY 2017 – 09:46 CEST

Uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica detalla cómo el PP de Madrid desvió parte de las subvenciones públicas que el Ejecutivo regional otorgaba a la fundación del partido Fundescam a pagar parte de los gastos electorales a los que la formación regional hizo frente durante la campaña a las Elecciones Generales de 2008, en las que Mariano Rajoy fue cabeza de lista. El documento policial detalla que para justificar dichos pagos, los populares utilizaron a empresas interpuestas que emitieron facturas “por operaciones mercantiles inexistentes” en cuyo concepto figuraban desde un “curso de edición de vídeo y realización audiovisual para eventos” a unas “jornadas de diseño gráfico y publicidad impresa”. La UCO destaca que dichos cursos nunca se realizaron.

La primera pista sobre estas supuestas irregularidades surge de un prendrive intervenido por la Guardia Civil en febrero de 2016 en el domicilio de Beltrán Gutiérrez, gerente de la formación. En el interior del mismo, los agentes encontraron una carpeta con el título presupuesto 08 que, a su vez, daba acceso a un archivo contable con tres pestañas denominadas respectivamente “Elecc 08”, “pendiente” y “resumen”. El informe detalla que una vez abierta la primera de esas pestañas se encontró “un documento contable que describe conceptos generales, tales como actos, publicidad exterior, imprenta, etc; concepto específico como esquineros, banderolas, trípticos etc; y también proveedores a los que se asocian determinados importes; todo ello, relacionado con las referidas Elecciones Generales y con la campaña electoral del Partido Popular de Madrid”.

En su análisis de dicho documento, la Guardia Civil destaca que del mismo se desprende que parte de los gastos se abonaron a través de la cuenta corriente del PP específica de los comicios, como marca la ley, pero otros fueron derivados a otras cuentas que no deberían soportar dichos gastos. Entre ellas, una de Fundescam. En concreto, a la fundación la señala como responsable de asumir 179.797 euros. En otro fragmento de este documento, y que se denomina “resumen”, se vuelve a hacer este reparto de dinero, lo que lleva a la Guardia Civil a concluir que parte de los gastos de aquella campaña fueron “asumidos por cauces no legales”, entre ellos la fundación.

En este punto, los investigadores recuerdan que ésta recibió en 2008 una subvención pública de la Comunidad de Madrid que entonces encabezaba Esperanza Aguirre y que la misma fue justificada con facturas de empresas e importes coincidentes con las que aparecían en el documento contable intervenido en el ‘pendrive’ de Beltrán Gutiérrez. Lo único que difería entre ellas eran, precisamente, los conceptos. Así, una factura de 2.389 euros abonados según la contabilidad opaca de los populares a la empresa Emfasis en concepto de “carteles” figura en la fundación por el concepto “edición de programa de cursos y seminarios para el años 2008”.

Otro cargo por 45.400 euros pagado a la empresa Víctor Gayo Papelerías en concepto de “tríptico” en los gastos electorales, es presentada por Fundescam ante la Comunidad de Madrid desglosada en tres albaranes que suman la misma cantidad, pero en este caso en concepto de “edición de boletín informativo actividades a realizar por la fundación en el primer trimestre de 2008”.

El documento de la Guardia Civil también llama la atención sobre el caso de la empresa Back RV Producciones Culturales SL, a la que la Fundación supuestamente abonó 50.529 y 46.189 euros en dos partidas por “esquineros” y “telepronter” para la campaña de Mariano Rajoy. Dichas cantidades fueron finalmente abonadas por el partido presuntamente a través de la fundación bajo sospecha. En este sentido, la Guardia Civil localizó un correo electrónico del propietario de dicha mercantil dirigido al gerente del PP ahora imputado en el que se hace referencia a la supuesta planificación de cursos de formación para camuflar el pago de dichos actos electorales. La UCO recoge como ejemplo de ello tres facturas de sendas empresas, todas ellas vinculadas al dueño de Back RV, por la celebración entre finales de mayo y mediados de junio de 2008 un curso de edición de vídeo y unas jornadas de diseño gráfico, junto al alquiler de equipo técnico para ello. Todas ellas son consideradas “operaciones mercantiles inexistentes” por los investigadores.

FUENTE: ELPAIS.COM

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El TSJ abre diligencias por ‘Púnica’ y dirige a Pedro Antonio Sánchez, PP, hacia una nueva imputación

La Sala de lo Civil y de lo Penal ve indicios suficientes de fraude, cohecho y revelación de información reservada y acepta asumir la investigación

RICARDO FERNÁNDEZ | MURCIA
18 mayo 2017
08:49

El peso del ‘caso Púnica’ se desplomó ayer sobre las ya cargadas espaldas del expresidente murciano y diputado regional del PP, Pedro Antonio Sánchez, que se encamina inevitablemente hacia una nueva imputación de hechos supuestamente delictivos. La decisión de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de asumir la competencia sobre esas diligencias permite avanzar que Sánchez se verá abocado, en las próximas semanas, a prestar declaración como investigado por los presuntos delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada. Unos cargos que vendrán a sumarse a los de supuesta prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad documental que ya arrastra por el ‘caso Auditorio’.

Ni siquiera el capotazo que le echó el pasado febrero el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, al impedir que las dos fiscales del ‘caso Púnica’ pudieran acusarlo -como pretendían-, ha logrado evitar que el Alto Tribunal murciano haya acabado asumiendo la causa contra Sánchez y abriendo las denominadas Diligencias Indeterminadas 3/2017.

En una resolución notificada ayer y adoptada por unanimidad, los tres magistrados que conforman la Sala, Miguel Pasqual del Riquelme, Álvaro Castaño Penalva y Enrique Quiñonero Cervantes -este último actuando como ponente-, dejan constancia de que, «según una valoración muy provisional», es posible afirmar que existen indicios o principios de prueba suficientes de la posible participación de Pedro Antonio Sánchez en unos hechos que «presentan una inicial apariencia delictiva». Y como quiera que el político del PP tiene la condición de diputado en la Asamblea Regional y ello le confiere un fuero especial que le blinda frente a los jueces ordinarios, concluye el TSJ que la única vía posible es asumir la competencia y abrir una investigación para confirmar o descartar los indicios delictivos ahora esbozados.

Reputación personal

Básicamente, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, afirmaba en su exposición razonada que Sánchez, que en 2014 desempeñaba el cargo de consejero de Educación del Gobierno regional, acordó con dos presuntos líderes de la ‘trama Púnica’, Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso, «la realización de trabajos reputacionales de carácter privado, que iban a ser facturados bajo conceptos y con dinero público relacionados con partidas destinadas a formación». Esto es, que habría acordado sufragar con fondos de su departamento los trabajos que empresas privadas iban a acometer para lavar su imagen personal, muy deteriorada en esos días por noticias sobre su supuesta implicación en causas judiciales «vinculadas a aspectos de corrupción urbanística».

El juez Velasco relacionó esa necesidad de lavar su imagen personal con sus expectativas de suceder a Ramón Luis Valcárcel como candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma. De ahí que los trabajos de mejora de su reputación se fueran a prolongar supuestamente entre los meses de noviembre de 2014 y mayo de 2015, en el que debía adoptarse la decisión definitiva sobre el candidato del PP. El coste del servicio ascendía a 4.600 euros al mes, tarifa que en apariencia iba a incluir la mejora de la imagen de la entonces alcaldesa de Cartagena, la hoy senadora del PP Pilar Barreiro.

El instructor llegó a acumular en el escrito remitido al TSJ hasta 44 indicios que demostrarían que Sánchez y sus colaboradores habrían aceptado la propuesta de la ‘trama Púnica’, hasta el extremo de que los trabajos se iban a iniciar supuestamente el 3 de noviembre. Solo el estallido de la ‘Operación Púnica’, que se precipitó el 27 de octubre por culpa de una filtración, habría impedido que el plan de blanqueo de imagen, que habría supuesto un perjuicio para las arcas públicas de 32.200 euros en esos siete meses, se pusiera en marcha.

La Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ reconoce el esfuerzo realizado por el magistrado Velasco y admite que «en su exposición razonada relata de forma prolija los resultados de las investigaciones policial y judicial practicadas, y enumera circunstancias, contenido y objeto de las entrevistas, encuentros y/o contactos entre diversas personas, identificadas por sus nombres y con sus vinculaciones respectivas», que permitirían apuntalar las sospechas de que se alcanzó un acuerdo entre las dos partes.

Extensión de la competencia

Ninguna de las partes personadas en este asunto -Fiscalía, acusaciones particulares y defensas- puso en duda en sus informes que la competencia del asunto correspondería en último término al TSJ de Murcia, en virtud del aforamiento del sospechoso. Pero varios de los abogados defensores, entre ellos el del propio Sánchez, dejaron constancia de que, si esta sala acababa asumiendo el caso, lo oportuno sería que también se hiciera cargo de la veintena de imputados que ya formaban parte de esa pieza separada número 3 de la ‘Operación Púnica’: Alejandro de Pedro, los hermanos José Antonio y Agustín Alonso, el exconsejero Juan Carlos Ruiz, el exalcalde de Molina Eduardo Contreras, y un extenso listado de antiguos cargos públicos y altos funcionarios de las consejería de Industria y de Educación y de los ayuntamientos de Cartagena y Molina de Segura. Todos ellos ya fueron procesados meses atrás por la Audiencia Nacional.

El tribunal murciano deja constancia en su resolución de que es muy importante en este tipo de investigaciones tener «una visión de conjunto», pero que a la vez -lo que entra en contradicción con ese planteamiento- es necesario esforzarse para respetar el derecho al juez predeterminado por la ley.

De esta forma, en lugar de pronunciarse acerca de si se declara competente para pronunciarse sobre todos los implicados en esa rama o, al contrario, se limita a decidir sobre la suerte de Sánchez, ha emplazado a todas las partes a informar sobre tal cuestión. Solo después de conocer los argumentos de unos y otros anunciará su decisión a ese respecto.

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/murcia/201705/18/abre-diligencias-punica-dirige-20170518012513-v.html

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La Guardia Civil vincula a Cifuentes con la financiación irregular del PP de Madrid

Destaca que participó en adjudicaciones a Arturo Fernández al tiempo que éste financiaba a Fundescam, de la que Cifuentes era patrona

La fundación del PP sufragó campañas electorales del PP con el dinero procedente de los empresarios

La Unidad Central Operativa atribuye a Cifuentes presuntos delitos de prevaricación continuada y cohecho

Los agentes concluyen que participó en la operativa para “favorecer de manera preconcebida” al grupo Cantoblanco

16/05/2017 – 14:33h

Varios informes de la Guardia Civil incorporados al sumario del caso Púnica vinculan a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con la financiación irregular del PP de Madrid. La actividad sospechosa de Cifuentes tuvo lugar mientras desempeñaba el cargo de vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y el empresario hostelero Arturo Fernández obtuvo varios contratos de suministro y servicio a la Cámara regional.

A su vez, Fernández habría entragado dinero a Fundescam que fue utilizado para financiar campañas electorales del PP. Para cuadrar el círculo acusatorio, la Guardia Civil destaca que Cifuentes era miembro del comité de campaña del Partido Popular.

“Puede constatarse la coincidencia de Patrono de la Fundación Fundescam de María Cristina Cifuentes Cuencas con su pertenencia al Partido Popular de Madrid y a los comités de campaña de esa formación política -cuando se efectuaron aportaciones económicas-, y también con el hecho de pertenecer al comité de expertos que efectuó las valoraciones de las ofertas de las empresas licitadoras de los contratos de Cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid en los años 2009, 2011 y 2013, donde resultó ser la adjudicataria final la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades S.L, y en donde desempeñó también de manera simultánea la Presidencia de la Mesa de Contratación en esas licitaciones”, recoge un párrafo del informe de la UCO, al que ha tenido acceso eldiario.es.

En otro informe, también de la pieza secreta que investiga la financiación irregular del PP de Madrid, la Guardia Civil explica que Fundescam, la fundación del PP, recibía en una cuenta corriente “importantes cantidades de dinero” de empresarios en 2007. Esas cantidades, añade, fueron utilizadas para sufragar “gastos electorales no declarados como tales, detectándose en relación con los referidos hechos, sólidos indicios que acreditaran cómo algunos de esos empresarios como Arturo Fernández fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes”.

En la adjudicación de esos contratos para Arturo Fernández “habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es el caso de María Cristina Cifuentes Cuenca”, añaden los informes.

La Guardia Civil concluye que los “elementos probatorios” que ha podido reunir contra Cifuentes y otros miembros del comité de expertos que concedía los contratos “podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho”.

En cuanto a Cifuentes, la Guardia Civil incide en que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid compatibilizó su pertenencia al órgano de contratación de la asamblea y el comité de expertos con el patronato de la Fundación Fundescam y el comité de campaña electoral del PP. Esta circunstancia, añaden los investigadores, es “contraria a la legalidad y vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, como recuerda la Guardia Civil en sus informes, está “sujeta al aforamiento preceptivo, según los estatutos de la Comunidad de Madrid”. Esto implica que, si el juez Eloy Velasco atiende a los “elementos probatorios” presentados por la Guardia Civil, debe elevar exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ante el que está aforada.

Dos horas antes de que trascendieran los informes de la Guardia Civil sobre Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha aceptado la dimisión del viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, después de que los agentes registraran su despacho también en el marco del caso Púnica.

Cifuentes y los expertos “favorecieron” a Cantoblanco

Otro informe de la Guardia Civil recoge sus conclusiones tras interrogar al resto de integrantes del comité de expertos que avalaron la adjudicación al Grupo Cantoblanco. Concluyen los agentes que existió “una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida” a la empresa de Fernández.

La UCO acusa a Cifuentes y al resto de integrantes de ese comité de llevar a cabo “conductas arbitrarias que derivaron en actos injustos”. Esas conductas consistieron en inflar de puntos la oferta del empresario para darle un margen suficiente cuando se abriese la valoración económica, donde el comité no podía intervenir.

Fue uno de los expertos, Isaac Arturo Zubiri, quien mintió en la asignación de puntos al obviar de forma consciente la oferta presentada por otra empresa que aspiraba al servicio de cafetería. Alegó para ello que no había aportado documentación alguna, “una falsa argumentación”, según los agentes.

Esta operativa, que permitió a Cantoblanco hacerse con la licitación, era conocida por el resto de integrantes del comité de expertos. “Tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos -María Cristina Cifuentes y María Merino-; lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada”, concluye el informe de la UCO.

FUENTE: ELDIARIO.ES

ENLACE: http://www.eldiario.es/politica/Guardia-Civil-Cifuentes-PP-Madrid_0_644286065.html

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El PSOE pide pensión para todos los huérfanos de la violencia machista

Piden una ley que garantice la pensión para todos los huérfanos de la violencia machista

El PSOE reclama a todos los grupos parlamentarios que este martes apoyen por unanimidad esta propuesta. Actualmente los niños cuyas madres no cotizaban no cobran nada. Con esa reforma tendrían derecho a una pensión mínima de 677 euros. “Cada semana hay un huérfano por violencia de género que se incorpora a las estadísticas de orfandad”.

EFE. 16.05.2017 – 09:24h

El PSOE propndrá este martes en el Congreso de los Diputados una reforma legal que garantice a todos los hijos de mujeres asesinadas por violencia machista una pensión de orfandad aunque sus madres no hubieran cotizado a la Seguridad Social, ya que actualmente esos niños no cobran nada. A través de una proposición de ley, el PSOE reclama a todos los grupos parlamentarios que este martes apoyen por unanimidad si propuesta, con la que se quiere corregir la situación de los menores huérfanos que no perciben ninguna pensión porque sus madres no cumplían los años de cotización exigidos o porque nunca habían trabajado. “Lo que queremos con esta iniciativa es que no haya ni un solo menor huérfano por violencia de género en este país que no tenga una pensión de orfandad”, ha asegurado la portavoz socialista Ángeles Álvarez, a partir de la aprobación de la reforma propuesta respecto a la Ley General de la Seguridad Social de 2015. Con la reforma que reclaman los socialistas, los hijos de las mujeres asesinadas por violencia de género que no habían cotizado suficientemente tendrán derecho a una pensión mínima de 677 euros; en el caso de las madres que cumplían el requisito de cotización, elevar para el cálculo del 52 % actual al 70 % de la base reguladora. Además, en el caso de que la víctima tuviera más de un niño, el cálculo de la pensión de orfandad se haría sobre el 118% de la base reguladora, detalla el PSOE. “Cada semana hay un huérfano por violencia de género que se incorpora a las estadísticas de orfandad y muchos de ellos no perciben ningún tipo de prestación a pesar de las reformas que se han hecho”, ha denunciado Álvarez, quien ha explicado que desde que se contabilizan los menores huérfanos en 2013 ascienden a 169 los niños que han perdido sus madres por esta causa.

Ante la gravedad de esas cifras, la portavoz socialista ha explicado que no se puede aplazar al Pacto de Estado sobre Violencia de Género que se está debatiendo en el Parlamento para legislar sobre estas situaciones. “Esperamos que el martes sea debatida y sea votada por unanimidad de todos los miembros de la Cámara”, ha dicho Álvarez, quien ha confiado en que la proposición de ley será apoyada “por cada uno de los diputados que forman parte del Congreso, incluidos los del PP”. Para la diputada socialista, “no hay motivos para decir que no, ni siquiera un motivo presupuestario” porque ha recordado que “los asesinados de las víctimas ya no tiene derecho a percibir la pensión de viudedad y por tanto esas aportaciones que hace el Estado a los viudos, en estos casos no se hacen y esa partida presupuestaria debe cubrir los derechos que se quieren garantizar con esta reforma”. Álvarez ha lamentado que muchas de las víctimas de violencia machista tuvieron que abandonar el mercado laboral por esas circunstancias y ahora sus hijos “no cobran ni un euro”. Junto a esta corrección de las pensiones de orfandad, el PSOE cree que deben aprobarse otras medidas para los menores, como garantizarles apoyo socioeducativo y trasladar a las familias que acogen a esos huérfanos los derechos de sus madres como maltratadas, como la prioridad de las víctimas de violencia de género en el acceso a una vivienda protegida. No obstante, estas medidas, junto a una batería de propuestas, serán trasladas por el PSOE en el seno del Pacto de Estado, ha concluido Álvarez.

FUENTE: 20MINUTOS.ES

ENLACE: http://www.20minutos.es/noticia/3035723/0/psoe-pension-huerfanos-violencia-machista/

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La Junta de Castilla y León, del PP, mantiene la opacidad sobre los negocios en Miami con el empresario amigo de Aznar

La portavoz de la Junta negó a este medio que hubiese más centros de la Junta en el exterior que “el de Bruselas” pero en un boletín oficial de 2008 se hacía referencia a otros tres, entre ellos el de Florida
Economía no responde a las solicitudes sobre las ayudas, subvenciones y contratos a favor del amigo del expresidente del Gobierno José Luis Esteve, pero un documento prueba que existieron

Laura Cornejo
14/05/2017 – 19:18h

Miami es un asunto tabú en la Junta de Castilla y León y más en concreto en la Consejería de Economía. El gobierno regional nunca informó abiertamente sobre el Centro de Negocios, que, a través de la Cámara de Comercio de Valladolid, tuvo en la ciudad estadounidense al menos desde 2006 a 2010 y que estuvo en manos de un empresario amigo del expresidente José María Aznar, José Luis Esteve, tal y como publicó eldiario.es.

El único documento donde la Junta reconoce que tiene un centro de negocios en Miami, sin atribuírselo a la Cámara de Comercio, que es quien en realidad firma el contrato, es el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). En su edición de 29 de abril de 2008, incluyó un suplemento donde la Consejería de Economía desgranaba su II Plan de Internacionalización.
En su punto 4.1 ‘Antecedentes’, dice textualmente: “otro de los elementos principales de apoyo en todas las acciones es la Red Exterior de Promotores, Centros de Negocios y Oficinas de Castilla y León. Desde la inauguración del primer Centro de Negocios en Varsovia, en mayo del año 2004, la red exterior se ha desarrollado de forma muy significativa, hasta contar actualmente con Centros de Negocios en Budapest, Madrid, Bruselas y Miami, y oficinas en Dusseldorf, Nueva York, Londres, México, Estocolmo, y Bucarest”. La existencia del Centro de Negocios en Miami se reitera en el punto 5.3.3.1 ‘Centros de Negocios y oficinas en el exterior’.

Sin embargo cuando eldiario.es intentó obtener más información del Centro de Negocios en Miami, contratado por la Cámara de Comercio, pero que la Junta considera suyo, desde la Consejería de Economía se aseguró que tal y como había contestado la portavoz de la Junta a este medio durante una rueda de prensa, “La Junta sólo tuvo un Centro de Negocios en Bruselas”, ignorando la información proporcionada por el exconsejero Tomás Villanueva en el Bocyl hace 9 años.

Este medio también intentó que Economía facilitase las subvenciones, ayudas y contratos que la Junta destinó a este Centro de Negocios gestionado por la empresa The Best of Spain, Inc, propiedad de José Luis Esteve, además de otras 16 sociedades con las que realizó diversas promociones para la Junta de Castilla y León que aparecieron en prensa. No hubo respuesta.

Lo que ha podido comprobar este diario es que la Junta sí que pagó a José Luis Esteve a través de The Best of Spain. En una carta remitida el 25 de enero de 2009, la jefa del departamento Administrativo y Financiero y de Recursos Humanos de Ade Internacional Excal SA –la oficina de internacionalización del Gobierno regional–, comunicaba a Esteve que Deloitte estaba efectuando una auditoría sobre Excal y que necesitaba saber si tenía pagos pendientes a 31 diciembre de 2009. Además, solicitaba extractos bancarios, así como el volumen de transacciones realizadas a lo largo de ese año y otros acuerdos, contingencias y operaciones pendientes que afectasen a Excal como consecuencia de la relación de negocios entre ambas empresas.

La cuantía del dinero que se pagó a The Best Of Spain, según fuentes cercanas a Excal, fue “alta”, sin embargo, la Junta nunca rindió cuentas de las inversiones realizadas en Miami y los resultados obtenidos.

El Centro de Negocios de Miami se puso en marcha mientras Rafael Delgado, imputado en la Trama Eólica y en el caso Perla Negra, era viceconsejero, y en el periodo en el que el principal beneficiario de la trama, Alberto Esgueva, había dejado de ser consejero delegado de Excal para volver “al negocio familiar” y presidía la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Valladolid. Esgueva compró una sociedad y creó otra en Miami en esa época. Mientras tanto, la Junta apoyó a Esteve, amigo también de Esgueva en distintas iniciativas que fueron desde el vino hasta la moda. Hasta que punto lo hizo es aún un misterio.

FUENTE: ELDIARIO.ES

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