José Antonio Monago en persona, líder de la formación en Extremadura, presentará a Lobato para repetir en Almendralejo
NACHO CABALLERO Viernes, 5 de abril de 2019
José Antonio Monago saluda a José García Lobato en un acto del Partido Popular.
El Partido Popular ha anunciado que José García Lobato repetirá como candidato conservador a la alcaldía de Almendralejo,apenas diez días después de que el juez Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, haya confirmado que está imputado en la trama Púnica. La presentación de su candidatura será más ‘austera’ y menos mediática de lo que parecía en un principio pero, eso sí, contará con la presencia del jefe de los populares extremeños, José Antonio Monago.
La corrupción es la mayor lacra que ha podido asolar al Partido Popular. Casos y casos en manos de los tribunales que han arruinado las credenciales de una formación política que, no contenta con haberse saltado la ley, insiste en dejar impune a aquellos miembros imputados (o investigados). Ha pasado en Brunete recientemente y también en Almendralejo.
Este acto tendrá lugar el próximo sábado 6 de abril a las 14 horas en la localidad extremeña de Almendralejo, una semana después de que el juez que instruye la trama Púnica, Manuel García Castellón, emitiese un listado con todos los imputados en la pieza separada de Cofely. En esta recopilación de investigados se encontraba el actual alcalde de Almendralejo y otros concejales del equipo de gobierno local.
Sin comida con el jefe El auto de la Audiencia Nacional se firmó el pasado 25 de marzo, aunque la imputación de García Lobato lleva vigente desde hace años. De hecho, el pasado 23 de marzo, Pablo Casado se desplazó a Extremadura y estuvo en Cáceres, Mérida y Badajoz. Dentro de sus planes, según anunció el propio PP en una nota de prensa, estaba un «almuerzo con miembros de la dirección regional y provincial del PP extremeño, candidatos nº1 al Congreso y candidatos a las principales alcaldías». En dicho encuentro, la prensa local extremeña daba por hecho que se revalidaría la candidatura del alcalde de Almendralejo, pero el acto nunca tuvo lugar ni García Lobato apareció en ninguna de las fotos difundidas por el PP ese fin de semana.
Tras ver que no se celebró, este periódico se puso en contacto con el PP extremeño, donde argumentaron que el acto no tuvo lugar porque tenía que ser el Comité Electoral regional el que anunciase las candidaturas de los municipios con más de 20.000 habitantes, como es el caso de Almendralejo. Sin embargo, este 4 de abril la cuenta oficial del PP de Almendralejo anunciaba el acto de presentación de García Lobato, ni más ni menos que junto al presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago. Preguntados en el PP extremeño y en Génova por esta circunstancia, ajena al Comité Electoral y con la reciente confirmación de la imputación del alcalde, las dos formaciones han optado por dar a ElPlural.com la callada como respuesta.
‘Púnico’…
Extremadura entró por todo lo alto en la trama cuando su alcalde, García Lobato, adjudicó un contrato de iluminación y servicios energéticos a la empresa Cofely por valor de 20,2 millones de euros y 15 años de duración.
Los pliegos del contrato se diseñaron exclusivamente para esta firma y, como contraprestación, se investiga si el regidor percibió una mordida de 180.000 euros. Una trama por la que tuvo que declarar el pasado 27 de noviembre de 2017 en calidad de imputado.
El propio Lobato reconoció que pasó información a la citada empresa para mejorar su propuesta y los pliegos del concurso público. “Veía normal que la empresa y el Ayuntamiento se pasaran los pliegos y las mejoras”, explicaba el alcalde de Almendralejo en su declaración ante el magistrado sin ser consciente de que estaba reconociendo el delito.
No obstante, la adjudicación nunca se llevó a cabo, pues la trama Púnica tuvo su explosión antes de que se rubricara. Pese a ello, el magistrado le citó como imputado y se le acusa de cohecho, fraude, revelación de secretos y tráfico de influencias. Además, en su declaración, alegó que los concursos fueron “legales y transparentes”.
… y fan de Millán de Astray Pero Lobato también tuvo sus acercamientos al franquismo. En enero de 2017, el regidor de la localidad pacense participó en un homenaje a José Millán-Astray, fundador de la Legión. En un evento donde se honraba a la hija del amigo personal de Francisco Franco, Peregrina Millán-Astray.
El acto se sumó a los constantes coqueteos de los alcaldes extremeño con el franquismo. De hecho, la Fundación Nacional Francisco Franco homenajeó a dos de sus regidores por mantenerse firmes en su lucha contra la Ley de Memoria Histórica.
El PSOE amenaza con llevar a los tribunales la concesión ‘popular’: «Pondremos en marcha todas las medidas posibles»
JOSÉ MARÍA GARRIDO / JAVIER PARDO Jueves, 4 de abril de 2019
José María Aznar en la UCAM
La llegada de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) a Málaga está provocando un cisma político entre el Partido Popular y el Partido Socialista de la región. Este lunes Málaga Hoy hizo saltar las alarmas al dar a conocer el plan previsto por Francisco de la Torre, alcalde popular de la ciudad andaluza. Finalmente, el Ejecutivo local ha optado por la cesión de forma directa del suelo público a la UCAM.
Una concesión que rompe así el plan de concurso público y que representa “el empecinamiento del alcalde en regalar terrenos de uso público a una universidad privada”. Así de disconforme se mostraba Daniel Pérez, cabeza de lista socialista en el municipio y rival directo de De la Torre en las próximas elecciones del 26 de mayo.
Pérez, además, se muestra firme en su decisión: “Pondremos en marcha todas las medidas que estén en nuestra mano, incluso las judiciales” para frenar la adquisición gratuita de la UCAM de este terreno por el que ni ha pujado ni ha pagado nada. Mientras tanto, el alcalde popular defiende la medida, ya que “no es un regalo, tendrán que pagar su canon correspondiente”.
Una lucha contra el reloj que se está librando en el Consistorio andaluz y a través de las declaraciones a los medios de comunicación. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el PSOE insta al actual alcalde a que posponga la adjudicación a después del 26 de mayo, cuando esperan conseguir una mayoría suficiente para derrocar a los populares en una de las plazas que más dominan.
Un dominio tal que les permite tomar en solitario medidas como esta, a pesar de que como recuerda Daniel Pérez todos los grupos parlamentarios con representación en el Ayuntamiento votaron en contra de la adjudicación directa puesta en marcha por el PP.
El Ejecutivo malagueño sigue defendiendo, a capa y espada y a pesar de las críticas, la concesión directa de un terreno localizado en el litoral oeste de la capital con una superficie de unos 38.600 metros cuadrados. Entre 25 y 35 años de plazo para disfrutar de un espacio que está provocando el tira y afloja entre los dos principales partidos de la estructura de partidos de la ciudad.
FAES, los Kikos y un pensamiento ultraconservador: ¿Quién dirige la UCAM?
Esta universidad clasista, elitista, ultraconservadora y muy cercana a la fundación FAES está presidida por José Luis Mendoza, miembro muy activo y donante del ultracatólico e integrista Movimiento Neocatecumenal de Kiko Argüello (los Kikos).
Precisamente, las simpatías de esta universidad con el sector más rádical de la Iglesia es el motivo que parece avalar la postura proclive del PP malagueño a regalar suelo público a esta Universidad. La UCAM ha servido al PP para divulgar su doctrina en temas como el 11-M, el aborto o la homosexualidad. Para ello cuenta entre sus filas con ponentes como José María Aznar, Jaime Mayor Oreja o Ángel Acebes.
¿Quién es José Luis Mendoza?
Dicen de él que es ambicioso, perseverante, fanático religioso, anticomunista visceral… Se trata del hombre más poderoso de Murcia con mando en plaza en el PP y en la Iglesia Católica. José Luis Mendoza está casado y tiene catorce hijos. Amigo personal del expresidente de la Conferencia Episcolal, sin la ayuda de Antonio María Rouco Varela la UCAM probablemente no podría haberse creado.
En su vocabulario destacan las palabras “masón” y “comunista” para calificar a todo aquel con el que discrepe. En una conferencia pronunciada en diciembre de 2010, dio alas a la teoría de la conspiración sobre el 11-M. En concreto, afirmó: “Los españoles no podemos quedarnos con las sospechas de la participación de ETA, el Partido Socialista y los servicios secretos marroquíes”.
Aznar, sentando cátedra en sus aulas
La UCAM invistió en 2009 como catedrático a José María Aznar y llevó a conferenciar a viejas glorias del PP como Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, Ramón Luis Valcárcel, Manuel Pizarro o María San Gil. Financiada por FAES, la Cátedra sirve como instrumento de difusión de las ideas del PP.
La propia Universidad ha levantado ampollas, además, con otro tema de sensibilidad social, cuando una de sus profesoras de Bioética, Gloria María Tomás y Garrido, tachó a los homosexuales de “enfermos” y aseguró que todo lo que no es heterosexual es “perversión». Mendoza nunca ha ocultado sus opiniones integristas con fuertes diatribas en público. En 2015 y ante el público asistente a la inauguración oficial del curso mantuvo que el “mal llamado matrimonio homosexual es una abominación a los ojos de Dios”. En otra ocasión comentó, a lo largo de su ponencia en una conferencia, que los gays son “enfermos”.
La exalcaldesa del PP ha estado trabajando en un puesto técnico en la Mancomunidad del Río Mula desde que dimitiera a finales de julio de 2014, a pesar de la inhabilitación a cargo o empleo público a la que fue condenada
Elisa Reche – Murcia 04/04/2019 – 10:10h
La exalcaldesa de Pliego Isabel Toledo en una imagen de archivo
La exalcaldesa de Pliego del PP, Isabel Toledo, ha estado trabajando en un puesto técnico en la Mancomunidad de Servicios Sociales del Río Mula desde que dimitiera a finales de julio de 2014, a pesar de que la condena por prevaricación impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), y ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, señalaba su inhabilitación para empleo o cargo público con «funciones directivas, políticas o técnicas en cualquier Administración Pública».
El 25 de julio de 2014 Isabel Toledo dimitió como alcaldesa de Pliego y diputada de la Asamblea Regional tras la condena de TSJM a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación continuada al no remediar la contaminación acústica originada por un pub del municipio. El Tribunal Supremo confirmó los términos de la sentencia en mayo de 2015, aunque rebajó la pena dos años.
El 1 de agosto de ese mismo año Toledo se incorporó a su antiguo puesto de trabajo como educadora familiar en la Mancomunidad de Servicios Sociales del Río Mula, una plaza del grupo A2 que ostenta la categoría de técnico medio, tras haber estado once años en la alcaldía del municipio murciano.
En 2014 los alcaldes de los Ayuntamientos de Albudeite, Bullas, Mula y Pliego, los municipios integrados en la Mancomunidad de Servicios Sociales del Río Mula, eran del Partido Popular. En la actualidad gobierna el PSOE en todos ellos, a excepción de Albudeite.
El vecino que denunció a la exalcaldesa, Juan Francisco Vivo Díaz, dijo a eldiario.es con respecto al trabajo de Toledo que «parece que la sentencia del Tribunal Supremo no se está cumpliendo porque la inhabilitaron para un cargo o empleo público con funciones de tipo técnico que es justo lo que está haciendo en la Mancomunidad. Está ayudando a las familias desestructuradas como educadora familiar”.
«Tuve un problema con el pub de abajo que me estuvo haciendo la vida imposible durante catorce años y a pesar de las denuncias y mediciones de la policía municipal no se hizo nada», señaló el vecino. «Llegué a presentar un informe médico que señalaba lo mal que estaba mi madre con el alzheimer y cómo el ruido afectaba a su salud y dio igual. Es el caso de más larga duración de contaminación acústica que ha sufrido un vecino en este país», añadió.
El predecesor de Toledo en la alcaldía, el socialista Juan Guillén, también fue condenado a nueve años de inhabilitación por no haber atajado las molestias ocasionadas por el local.
Rosario Fernández Puerta, la persona que sustituyó a Toledo esos once años como educadora familiar en la Mancomunidad del Río Mula y que perdió su trabajo en el organismo con la incorporación de la exalcaldesa, se adhirió en 2016 a la demanda de Vivo Díaz para que «la sentencia se cumpliese de verdad» y, de ese modo, recuperar su puesto de trabajo.
Despacho de Isabel Toledo en la Mancomunidad del Río Mula
Mientras que en el primer auto dictado por el mismo TSJM en mayo de 2016 se señalaba que «y si realmente la función que desempeña la condenada Isabel Toledo Gómez es de funcionaria interina asimilada al Cuerpo de Maestros y destinada en un centro docente de Murcia, no está desempeñando ninguna de las funciones citadas y de las que ha sido inhabilitada”.
«No entiendo por qué dijeron que estaba trabajando en un centro docente en Murcia porque Isabel Toledo ocupó mi puesto cuando me despidieron de la Mancomunidad», señaló Fernández Puerta.
Ejecutoria de 23 de septiembre de 2015
En un auto posterior de abril de 2016, en el que obligan a pagar dos terceras partes de las costas a la antigua trabajadora y otra tercera a Vivo Díez, se reconoce que Toledo trabaja en la Mancomunidad y se especifica que «por supuesto que la pena sigue vigente en lo que se refiere a la imposibilidad de obtener el mismo cargo u otros análogos (artículo 42 C.P.), analogía que de ninguna manera se advierte entre el cargo de diputada o alcaldesa y el de una educadora familiar».
«Esta Sala no va a consentir en modo alguno que, so pretexto de una interpretación estrictísima y obcecada de la Sentencia, se vea condenada de por vida a una especie de muerte civil, o mejor dicho, administrativa, pues no otra cosa se pretende», continúa el auto.
Joaquín Dólera, abogado de la extrabajadora, señaló a eldiario.es que «hemos sostenido la teoría de que Toledo trabaja en la misma administración en la que se cometieron los delitos por los que se le condenaron», en referencia a que la Mancomunidad es una agrupación de municipios, entre los que se encuentra Pliego.
Este periódico contactó con Isabel Toledo por teléfono mientras se encontraba en su trabajo de educadora familiar en la Mancomunidad del Río Mula, pero no quiso responder a las preguntas del medio.
Ejecutoria de 23 de septiembre de 2015
El magistrado ponente de la Sala de lo Civil y Penal en estos autos fue Julián Pérez-Templado, recusado en dos ocasiones al verse cuestionada su imparcialidad para juzgar al expresidente del PP de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez. Pérez-Templado fue también uno de los jueces del TSJM que condenaron a Toledo a nueve años de inhabilitación.
En España se suman las condenas por contaminación acústica. Mientras que el Supremo condenó a un año y medio de prisión e inhabilitación al alcalde de Vila-Real por no haber hecho nada ante el ruido de una industria de pavimentos, en Cáceres hubo penas de prisión para trece personas, entre ellos la exalcaldesa, por el ruido de una zona de bares de la ciudad. Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos volvió a condenar en enero de 2018 a España por el ruido nocturno en los bares y terrazas de Valencia.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid llama a declarar como investigada a la alcaldesa de Villa del Prado, Belén Rodríguez Palomino, el próximo 12 de abril
Está acusada de un delito de «prevaricación continuada» por fraccionar contratos para evitar la fiscalización que recaían sistemáticamente en solo dos empresas, que se embolsaron 633.000 euros entre 2014 y 2017
El PP, que la presentó el pasado domingo como candidata, asegura que «prevaricación administrativa no es corrupción» y por tanto no aplica en este caso el código ético que obliga a la renuncia voluntaria por una imputación
Sofía Pérez Mendoza 04/04/2019 – 21:28h
La diputada Belén Rodríguez Palomino junto a Isabel Díaz Ayuso y Pío García Escudero. / PP Villa del Prado
La alcaldesa de Villa del Prado y diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Belén Rodríguez Palomino, tendrá que declarar el próximo 12 de abril como imputada por un «delito continuado de prevaricación». El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la ha citado como investigada, según la providencia a la que ha tenido acceso eldiario.es, apenas cuatro días después de ser presentada por el líder del PP Madrileño, Pío García Escudero, e Isabel Díaz Ayuso como candidata de su municipio para revalidar la alcaldía que ocupa con mayoría absoluta desde 2007.
El TSJM abrió diligencias para investigar a Rodríguez Palomino tras una querella de la Fiscalía que relata cómo la regidora «ha prescindido por completo y de manera sistemática de la correspondiente regulación legal en el ámbito de los contratos que la Administración debe celebrar con las empresas particulares».
El Ministerio Público llevó a la diputada al TSJM a raíz de una denuncia de un edil de Vecinos por Villa del Prado al entender que había fraccionado contratos como regidora que recaían reiteradamente en las dos mismas empresas sin concurso público. Entre 2014 y 2017, el Ayuntamiento habría pagado a Instalaciones Eléctricas Cochele e Instalaciones Barbero S.L 633.400 euros a base de contratos menores no sujetos a fiscalización.
El tribunal madrileño sostiene que los hechos relatados en la querella describen una actuación de contratación de servicios por el Ayuntamiento que habría sido efectuada en principio verbalmente, «sin convocatoria de concurso alguno para celebrar la correspondiente licitación ni la formación del preceptivo expediente» como previene la Ley de Contratos del Sector Público.
La facturación emitida habría sido «aprobada» por «la propia alcaldesa sin objeción de la interventora, pese a que había sido advertida en numerosas ocasiones sin éxito alguno, tanto por la propia interventora como por distintas secretarias, acerca de la necesidad de que la prestación de servicios, sea cual fuere el ámbito de los mismos, debía sujetarse a lo dispuesto» en la ley.
La Fiscalía no solo ha señalado a la alcaldesa por estos hechos. Rodríguez Palomino también afronta otra querella en la que el Ministerio Público aprecia otros tres posibles delitos derivados de su gestión como regidora municipal: nombramientos ilegales (que estaría prescrito), usurpación de funciones públicas y prevaricación urbanística.
El escrito expone que Rodríguez Palomino contrató como arquitecto municipal a través de un concurso-oposición a un trabajador con condición de personal laboral cuando la ley obliga a que este puesto sea cubierto por un funcionario de carrera. Según el fiscal, la alcaldesa firmó varios decretos para conceder licencias con informes de este arquitecto no funcionario pese a que varios secretarios municipales advirtieron de que no estaba amparado por la legalidad.
Borrada de la lista de candidatos
Aunque semejante expediente hacía sospechar al PP su casi segura imputación, el partido ha decidido apostar por Rodríguez Palomino como candidata para revalidar la alcaldía de Villa del Prado. La también diputada en la Asamblea de Madrid acudió el pasado domingo al acto de presentación de las apuestas para ganar los municipios del noroeste y subió al escenario junto al resto de candidatos.
En la nota de prensa que informaba de los nombramientos, sin embargo, ni aparece el municipio ni el nombre de Rodríguez Palomino. Aunque la alcaldesa se hizo la foto de rigor en el evento, celebrado en Las Rozas, con la candidata regional Isabel Díaz Ayuso y el presidente del PP de Madrid Pío García Escudero. En el PP de Madrid explican que la ausencia de su nombre responde a que «no estuvo en el acto que le correspondía» por zona porque «no podía» y por eso no se incluyó en el listado del domingo. En la presentación en la que debió estar la alcaldesa por ubicación geográfica del pueblo, según el PP de Madrid, la de la Sierra Norte, su nombre tampoco está por ninguna parte.
El Código Ético del PP de Madrid, aprobado cuando Cristina Cifuentes estaba al frente de la gestora tras la salida de Esperanza Aguirre, obliga a la renuncia voluntaria al cargo a los «investigados formalmente por delitos de corrupción o por delitos que por su gravedad causen una especial alarma social, ante cualquier órgano jurisdiccional». Fuentes del PP aseguran a eldiario.es que este código no aplica en el caso de Rodríguez Palomino porque «prevaricación administrativa no es corrupción». «En este caso no ha habido un enriquecimiento ilícito vinculado a su cargo», apuntan las mismas fuentes.
La incógnita es si la regidora repetirá en las listas a la Asamblea de Madrid. Una opción poco probable teniendo en cuenta su situación procesal y que Díaz Ayuso anunció hace unas semanas que quería que todos sus diputados estuvieran «al 100%», es decir, que no compatibilicen su escaño con una alcaldía.
Rodríguez Palomino es la segunda alcaldesa madrileña del PP imputada en las últimas semanas. Este jueves ha declarado como investigada la regidora de Fuente el Saz, María José Motino, acusada de prevaricación y un delito contra el medio ambiente por, entre otras cosas, beneficiar desde la Alcaldía los negocios privados del teniente de alcalde.
La edil de Cs en Hellín acusa al partido de apartarla por ser transexual y los afiliados se marchan en bloque
María Jesús López, única concejala transexual con la que contaba la formación de Albert Rivera en España, deja el partido después de que la dirección haya impuesto a otro candidato para los comicios locales del próximo 26 de mayo. El ‘dedazo’ ha provocado también la dimisión del 90 por ciento de los militantes de la agrupación que el partido tiene en esta localidad albaceteña, así como de su Junta Directiva.
La ya exconcejal de Ciudadanos en la localidad albaceteña de Hellín, María Jesús López. ARCHIVO
S. JIMÉNEZ04/04/19 ALBACETE.-
«Transfobia» es la única razón que encuentra la ya exconcejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Hellín, María Jesús López, para que la formación naranja haya decidido no presentarla como candidata a la Alcaldía de esta ciudad albaceteña en las elecciones del próximo 26 de mayo, donde la dirección provincial del partido ha impuesto a la agrupación local al actor Mario Artesano como cabeza de lista.
La ahora edil no adscrita en el Consistorio hellinero ha hecho pública esta denuncia a través de un comunicado difundido en sus redes sociales el sábado, tras haber presentado su solicitud de baja en el partido.
Acusación que llegaba justo después de que el pasado jueves se confirmara lo que había venido siendo un rumor en la localidad: Ciudadanos había decidido «prescindir de Hellín, de las personas de Hellín, de las mujeres que hemos trabajado día a día por un Hellín más grande», señalaba López. «De las mujeres que transmitíamos la ilusión de que un Hellín distinto es posible, matando con ello la ilusión del cambio, al imponer con criterios partidistas y claramente misóginos un candidato y una lista desde fuera», y criticando que «desde la organización no se ha contado con el equipo propuesto por la mayoría de afiliados de esta agrupación local de Hellín».
Un comunicado en el que López recordaba cómo en abril de 2015 presentó la candidatura de Ciudadanos para el Ayuntamiento de Hellín, «las personas y el proyecto» para cambiar la localidad, «ponerla en el mapa» y para «revertir la espiral destructiva» en la que estaba inmersa.
Desde entonces asegura haber aprendido muchas cosas y haber visto el «sufrimiento» de muchas personas «que no entendía por qué Hellín está como está».
Se cumplía así lo que ya le habían vaticinado que ocurriría cuatro años antes, que el partido le pediría que hiciera cosas contra Hellín, a lo que ella habría respondido que antes dejaría el partido. «Hellín y su gente es mucho más importante que un partido», asegura la concejala, y por ello desde hace una semana dejaba la formación naranja.
López está convencida de que «Ciudadanos no quiere que Hellín tenga una alcaldesa», al «despreciar» una candidatura «liderada por mujeres y que representa la normalización de la diversidad».
Asimismo, considera que la formación liderada por Albert Rivera «desprecia el esfuerzo, el mérito y la capacidad»; no cree en el municipalismo, en la cercanía y el trabajo con los problemas de las personas, como tampoco cree «en los proyectos compartidos».
En este sentido, subrayaba cómo ese desprecio hacia las mujeres y a la diversidad no solo ha sido contra su persona, sino también a todas aquellas que creen en el proyecto que representan, «mujeres diversas, mujeres con el único propósito de cambiar un poco el mundo empezando por Hellín». En definitiva, «mujeres libres a las que hay que parar».
Junto a ellas hombres, «feministas convencidos», apunta López, que «creen con igual firmeza en los valores de igualdad que representa el proyecto en el que nos hemos embarcado durante estos cuatro años».
Un proyecto que no están dispuestas a parar hasta conseguir «transformar Hellín», de modo que sea «un referente para el mundo». Un proyecto que «sigue intacto», apostillaba. De esta manera, ha desvelado que a partir de ahora empieza a reunir firmas para que sea la ciudadanía, y no un partido, «la que decida si tenemos derechos a presentarnos para llevar a delante nuestro proyecto», por lo que intentará constituir una agrupación de electores para concurrir a los comicios locales.
Para la edil hellinera Ciudadanos «solo busca la sumisión», que ha de pasar «por encima de las personas y sus principios», y «solo cree en la diversidad como eslogan político, sin ningún compromiso real».
De lo sucedido responsabiliza a la secretaria de Organización de Cs en Albacete, Francis Rubio, así como a la ahora candidata a la Presidencia de la Junta, Carmen Picazo, puesto que ya en las pasadas elecciones habrían intentado evitar que encabezase la candidatura hellinera, intentando una revocación de afiliación de cara a las primarias.
Desde el partido de Rivera niegan que la condición de transexual de María Jesús López haya tenido algo que ver en la configuración de la lista a la Alcaldía de Hellín, atribuyen su dimisión a «una pataleta» y consideran que esto demuestra que «no estaba con Ciudadanos» sino que únicamente le mueven «intereses personales».
Argumentan que también en otras localidades se han producido estos cambios en las candidaturas, enmarcados en la estrategia nacional del partido. Así sucedía por ejemplo en Talavera de la Reina, donde también se optaba por una candidata de fuera para competir por la Alcaldía, causando la dimisión de nueve miembros de la junta directiva.
Pero la de María Jesús López no fue la única dimisión que se produjo el pasado viernes en Hellín, puesto que junto a ellla lo hizo el 90 por ciento de la agrupación local de Ciudadanos, entre ellos quien hasta entonces había sido su coordinadora, Laura Tomás.
Una dimisión en bloque que han secundado no solo los miembros de la Junta Directiva, sino también este mismo porcentaje de afiliados que, según ha asegurado la ya exconcejala de Cs, le han adelantado que se van a marchar del partido.
Prueba celebrada el domingo en el velódromo de Molina; arriba, a la derecha, estado de la pista en 1990. / FEDERACIÓN DE CICLISMO / M. B.
El velódromo Alejandro Valverde de Molina de Segura, que fue inaugurado el 20 de diciembre de 1982 y estaba en desuso desde la década de los 90, ha vuelto a vivir una jornada de ciclismo después de haber sido reacondicionado. Clubes y ciclistas participaron el pasado fin de semana en una jornada de gran seguimiento. En el circuito rodaron benjamines y alevines y miembros del Club Trial de Cartagena, con una exhibición de trial bici. El CC Molinense aprovechó la jornada para presentar a sus equipos y finalizó la jornada la selección murciana cadete realizando otra exhibición en las modalidades contrarreloj y persecución. Las obras de rehabilitación se iniciaron hace un año y el velódromo estará dotado para que se practiquen en él varias disciplinas como las de pista, BMX, BTT y ciclocross.
El Dato 1 año hace que se iniciaron las obras de rehabilitación del velódromo de Molina de Segura, instalación que, según el Ayuntamiento de la localidad, está preparada para que se practiquen en él varias disciplinas como las de pista, BMX, BTT y ciclocross. El ciclismo está de enhorabuena por la recuperación de un espacio donde, al igual que ocurre en Torre Pacheco, los aficionados a la bicicleta podrán practicar de forma más segura.
Isabel Franco, candidata oficialista de Cs en la Región de Murcia, obtuvo 599 votos telemáticos de los cuales 233 fueron emitidos desde otras comunidades autónomas, corrobora la empresa informática ‘Oficia Sistemas SL’
«No procede afirmar de ninguna manera que esa votación se ha realizado dentro de los parámetros mínimos de calidad que este tipo de consultas requiere», afirma la empresa tras analizar los datos que Cs ha enviado a una de las candidaturas
Víctor Peñalver 03/04/2019 – 18:43h
La periodista Isabel Franco anuncia su intención de presentarse a las primarias de Ciudadanos a la Presidencia de Murcia
Un informe técnico muestra supuestas irregularidades en el voto telemático de las primarias de Cs en la Región de Murcia en las que obtuvo la victoria la candidata oficialista, Isabel Franco, para ser la cabeza de lista en las próximas elecciones autonómicas. El resultado del estudio elaborado por una empresa informática muestra que casi la mitad de los votos obtenidos por Franco (consiguió 599 apoyos) proceden de otras comunidades autónomas. La empresa ‘Oficia Sistemas SL’ ha sido la encargada de analizar las IP desde las que se votó y señala que 233 de esos apoyos «están ubicados fuera de la Región de Murcia», reza el informe al que ha tenido acceso eldiario.es.
Una de las candidaturas que participó en las primarias de Murcia exigió a la comisión de garantías de Cs un documento con todos los datos del voto telemático, ya que levantó sospechas el hecho de que Franco consiguiera en Murcia más votos que los obtenidos por Inés Arrimadas en las primarias de Barcelona (453 votos). El partido envió esa información a la candidatura y esta los derivó a la empresa informática que, tras el análisis realizado, concluye que «no procede afirmar de ninguna manera que esta votación se ha realizado dentro de los parámetros mínimos de calidad que este tipo de consultas requiere». En este sentido, ‘Oficia Sistemas SL’ considera que la información aportada por la dirección del partido sobre este proceso de primarias «no ofrece ninguna garantía que provenga de una fuente fiable de metodología de encuestas, por tanto no puede ser real. Además, como la geolocalización de estas direcciones IP no corresponde con la fecha exacta de la encuesta, puede que no todos los resultados obtenidos de esta geolocalización sean exactos, aunque sí muy próximos a los reales». Este periódico ha contactado con la empresa ‘Oficia Sistemas SL’ y ha confirmado los resultados que se detallan en el informe.
Campoy omitió en su declaración de actividades que el objeto social de una de sus empresas era “contratar con Administraciones Públicas”
CARLOS HIDALGO Martes, 2 de abril de 2019
Javier Campoy interviene durante el acto de clausura de la Convención de Economía y Empleo del PP en Zaragoza (Aragón) – Fabián Simón Europa Press
El número dos del PP de Aragón y hombre de confianza en Pablo Casado en la zona, Javier Campoy, no declaró una de sus tres empresas a las Cortes de Aragón, al no aparecer en su declaración de bienes, ni tampoco en la declaración de actividades.
Pero es que sí omitió un aspecto importante del objeto social de una de sus empresas “Gestión Hipotecaria Zaragoza” SL. El diputado solicitó a las Cortes en febrero de 2017 la compatibilidad con respecto a esta empresa, creada en junio de 2004 y la que se refiere como “GHZ”. En dicha solicitud dice que el objeto social de la empresa era “la prestación de servicios jurídicos, sin relación con el sector público”. Las Cortes aprobaron darle la compatibilidad el 9 de marzo del mismo año.
Sin embargo, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del 3 de septiembre de 2012, el objeto social de la empresa se amplió, diciendo expresamente que era el de “Contratar con Administraciones Públicas y especialmente con Ayuntamientos”.
Según fuentes de la cámara autonómica aragonesa, al hacer eso Campoy habría faltado a su deber de dar información veraz y actualizada, tanto en su declaración de bienes -donde sólo aparecen dos de sus tres empresas-, como en su declaración de actividades, que dejó en blanco. Una obligación dictada tanto por la Ley Electoral de Aragón como por el Reglamento de las Cortes.
Por otro lado, la normativa de incompatibilidades marca una línea roja en el caso de las empresas que ofrezcan, gestionen o promuevan actividades de crédito, ya sea en su objeto social o de cualquier otra manera, por lo que, nos indican, tampoco es casual que Campoy informara a las cortes de “GHZ” y no de “Gestión Hipotecaria Zaragoza”, dado que las hipotecas son uno de los créditos al consumo más comunes.
La otra empresa que el presidente del PP de la provincia de Zaragoza registró en su declaración de bienes es “GHA”, siglas que corresponden a “Gestión Hipotecaria de Aragón”.
Campoy no ve contradicción, ni incompatibilidad
En declaraciones a ElPlural.com, Javier Campoy asegura que no ve ningún tipo de incompatibilidad y que sus empresas, por las cuales asegura no recibir ninguna remuneración, “trabajan con muchos bancos” gestionando el pago de impuestos y trámites relacionados con las hipotecas, pero sin gestionarlas o venderlas directamente. También ha querido dejar claro que, pese a la ampliación del objeto social, hecha según él con el objetivo comercial de abarcar el mayor número de actividades posibles, nunca han contratado con Administraciones públicas.
Tampoco ve contradicción en haber informado a la cámara de que Gestión Hipotecaria Zaragoza no tenía objeto social relacionado con el sector público y en que en el Registro Mercantil conste justo lo contrario.
“Apenas habían pasado unas horas de su salida del partido al que había pertenecido siempre y ya flirteaba con otro”.
Redacción El HuffPost
GTRES
“Ella tendrá que explicarlo pero así de golpe solo se me ocurre que quiera seguir viviendo de la política”. La periodista Àngels Barceló ha resaltado —en su comentario Cambio de partido, cambio de principios, en la Cadena Ser— la única razón por la que, a su juicio, la exdirigente socialista Soraya Rodríguez ha abandonado el PSOE para enrolarse en las filas de Ciudadanos.
“El día que anunció que abandonaba el PSOE, que se daba de baja, la entrevistamos aquí, en Hora25, y no quiso confirmar su salto a las listas de otro partido, aunque a nosotros nos quedó claro que ya mantenía contactos con Ciudadanos”, ha resaltado Barceló, antes de especificar que “apenas habían pasado unas horas de su salida del partido al que había pertenecido siempre y ya flirteaba con otro”.
Sin embargo, para Barceló, el caso de Rodríguez no es uno más: “Este tipo de trasvases ya no sorprenden, pero en el caso de Soraya Rodríguez es especialmente difícil de entender, por su vinculación al PSOE, por su papel en ese partido y por la defensa de algunos principios que van a tener difícil encaje en Ciudadanos”, ha reflexionado Barceló, quien ha recordado que Ciudadanos “no tiene reparos en apoyarse en la ultraderecha si sus votos son necesarios”.
“En el PSOE no entienden esta decisión […], el efecto del fichaje en los electores lo dirán las urnas”, ha sentenciado.
Cambio de partido, cambio de principios
Soraya Rodríguez, la que fuera número tres del PSOE, ha aparecido ya en un acto de Ciudadanos. El de esta tarde, una conversación entre el líder del partido y el número uno en las lista para Europa, Luis Garicano. Soraya Rodríguez le acompañará en esta candidatura como independiente.
El día que anunció que abandonaba el PSOE, que se daba de baja, la entrevistamos aquí, en Hora25, y no quiso confirmar su salto a las listas de otro partido, aunque a nosotros nos quedó claro que ya mantenía contactos con Ciudadanos. Apenas habían pasado unas horas de su salida del partido al que había pertenecido siempre y ya flirteaba con otro.
La verdad es que este tipo de trasvases ya no sorprenden, pero en el caso de Soraya Rodríguez es especialmente difícil de entender, por su vinculación al PSOE, por su papel en ese partido y por la defensa de algunos principios que van a tener difícil encaje en Ciudadanos. El cambio de partido comporta también un cambio de principios, y el primero, asumir que el partido a cuyas listas accede no tiene reparos en apoyarse en la ultraderecha si sus votos son necesarios.
En el PSOE no entienden esta decisión. Uno puede estar en desacuerdo con la dirección en un momento determinado, pero de ahí a abandonar el partido y de ahí a engrosar las listas de otro partido. Eso es otra cosa. Una cosa es dejar el partido y otra es dejar el socialismo.
Ella tendrá que explicarlo pero así de golpe solo se me ocurre que quiera seguir viviendo de la política. En el PSOE no contaba y ella quería seguir contando, así que se buscó otro partido. El efecto del fichaje en los electores lo dirán las urnas.
La «subida del precio plaza por alumno en las guarderías» anunciada por el consejero de Educación ha dado dinamita política al PSOE contra el Ejecutivo de Moreno, que no presentará su primer Presupuesto hasta después de las municipales
La Junta retira la medida ocho horas después de presentarla alegando «no contar con margen presupuestario», y tras valorar el «impacto político negativo» para PP y Cs en la actual coyuntura electoral
La viceconsejera de Educación, Marta Escrivá, se había reunido con las empresas del sector Infantil y los sindicatos el 7 de marzo para confirmar una subida del 5% en el precio de la plaza: «14 euros por niño», según fuentes presentes en la reunión
Daniel Cela 02/04/2019 – 22:20h
Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, junto a Javier Imbroda, titular de Educación.
El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos desveló este martes, casi sin darse cuenta, el primer recorte de gasto social en los próximos Presupuestos Autonómicos para 2019 que, aparentemente, repercutirá en el bolsillo de las familias andaluzas: «Una subida del precio-plaza por alumno en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, congelado desde hace una década en 278,88 euros al mes» por el anterior Gobierno socialista; y una limitación de la gratuidad de estas guarderías «a un tramo de seis horas», dos horas menos del máximo legal de permanencia de un niño en el centro (pensado para la conciliación familiar).
El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla no presentará su primer presupuesto autonómico hasta junio, hasta que hayan pasado las elecciones generales del 28 de abril y las municipales del 26 de mayo. Pero el «desliz» avanzado por la Consejería de Educación ha servido de dinamita al PSOE de Susana Díaz para denunciar «los primeros recortes sociales a las familias más necesitadas, mientras se exime de pagar el impuesto de sucesiones y donaciones a los más ricos». «Es una salvajada y un engaño», dijo la ex presidenta andaluza. Ocho horas después de que este periódico avanzase la noticia, la Consejería de Educación explicó en la red social Twitter que retiraba la medida «por no contar con margen presupuestario». Fuentes del Ejecutivo andaluz admiten el «impacto político negativo» de la medida y «errores graves de comunicación política». Desde Presidencia aseguran que «en ningún momento se ha barajado que lo paguen los padres. Se ha explicado mal».
El anuncio lo ha hecho el consejero de Educación y uno de los fichajes estrella de Ciudadanos, Javier Imbroda, al presentar un anteproyecto de ley de apoyo a las familias en materia educativa que, paradójicamente, promete la gratuidad del primer ciclo de Infantil, de 0 a 3 años, «antes del final de la legislatura, para el curso 2023-2024». Hasta entonces, su departamento ha acordado con las principales asociaciones que representan al sector de Infantil y con los sindicatos la subida inmediata -en el primer semestre de 2020- del precio plaza por alumno, con el fin de «mejorar la financiación de las escuelas infantiles adheridas al convenio con la Junta, para evitar así la destrucción de empleo en este sector».
El pasado 7 de marzo tuvo lugar una reunión de la Mesa de Infantil, presidida por la viceconsejera Marta Escrivá, con las seis asociaciones que aglutinan a las guarderías convenidas, más los sindicatos y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). En ese encuentro, según varios de los presentes, la consejería anunció una subida del precio de la plaza del 5%: «14 euros por niño», negociado dentro de un «severo plan de ajuste impuesto por la Consejería de Hacienda para los próximos presupuestos. Imbroda no quiso cifrar el martes en cuánto subiría el precio de la plaza, aunque aclaró que se compensaría con una «mejora de las bonificaciones» que perciben algunas familias sin detallar cómo.
La promesa de Imbroda de universalizar la gratuidad del primer ciclo de Infantil «a largo plazo» quedó eclipsada por el anuncio de una subida del precio-plaza por alumno «a corto plazo», que fue la información que recogió este periódico. Este mismo lunes se había abierto el periodo de escolarización en las guarderías andaluzas para el curso 2019-2020 en el que, en teoría, el coste de la matriculación por alumno ya sería mayor. El confuso anuncio del consejero desató un «pequeño caos» dentro del Gobierno de coalición, que se apresuró a matizar que «no subirá el coste de la plaza a las familias, sino a la gestión» que desempeñan las escuelas. Desde la Consejería de Presidencia, gestionada por el PP, trataron de matizar el mensaje del titular de Educación (de Ciudadanos), a pesar de que la propia Oficina del Portavoz de la Junta había difundido una nota informativa subrayando la subida del precio plaza «por alumno», fijado en 278,88 euros.
Este periódico esperó ocho horas, desde las 15.00 horas de la tarde hasta pasadas las 21.00 horas de la noche, para recibir una explicación de la Consejería de Educación que nunca llegó. En ese impasse, el mismo departamento se puso en contacto con asociaciones del sector de escuelas infantiles para anunciar una «corrección» al anuncio hecho horas antes por el consejero. «La Consejería de Hacienda nos ha autorizado una partida extraordinaria, el gasto de la subida lo asumimos nosotros, en ningún caso las familias», explican fuentes de la patronal.
Pasadas las nueve de la noche, la Consejería de Educación publicó finalmente un hilo en su cuenta de Twitter para rectificar el anuncio de Imbroda: «En el curso 2019-20 no habrá aumento del precio-plaza por alumno respecto al curso anterior ni mejora de las bonificaciones a las familias por no contar la Consejería de Educación con margen presupuestario». Se confirmaba entonces la consignación de una «partida presupuestaria para el pago de la gestión de estos centros», pasando de los 8,5 millones actuales a al menos 13,8 millones «extraordinarios, que equivalen al 5% del aumento del precio plaza y que asume la consejería». Y añadía: «En el curso 2020-21, las subidas de las bonificaciones cubrirán en todos los casos el aumento del precio-plaza, de tal forma que en ningún caso ninguna familia pague más que el curso anterior».
Reunión con las familias
En menos de nueve horas, el Gobierno andaluz ha pasado de anunciar una «medida estrella» -la gratuidad de la escuela infantil en cuatro años- a frenar en seco la anunciada «subida del precio de la plaza por alumno» en guarderías. La medida, desmontada ‘oficialmente’ por falta de presupuesto, había encendido las redes sociales, y generado una gran incertidumbre en el sector y en las familias. Pero sobre todo se había convertido en un inesperado misil en la línea de flotación del primer Gobierno de PP y Ciudadanos, referente para los líderes nacionales de ambos partidos en las elecciones generales de final de mes.
Desde la patronal del sector de Infantil advierten de que «a no ser que la Junta asuma la subida, esa cuantía repercutirá en las familias». El ajuste previsto está muy sujeto a las condiciones impuestas por la Consejería de Hacienda para cuadrar el Presupuesto de 2019. Hace unos días, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, se reunió con el resto de miembros del Gobierno para exigirles un recorte del 5% en el capítulo de gasto corriente y una limitación en la contratación de bienes y servicios. En teoría se había dejado exento del recorte a los servicios esenciales, como Sanidad, Educación o Dependencia.
El otro ajuste «encubierto», según las guarderías, es el de la limitación de la gratuidad en las escuelas infantiles al tramo de seis horas. La Consejería habla de acotar la gratuidad prometida a «franjas horarias establecidas por consenso con el sector, mientras el resto de tramos se considerarán servicios complementarios, con gratuidad o bonificaciones en función de renta familiar».
Actualmente el horario de las escuelas infantiles excede con mucho las seis horas: abren a las 7.30 de la mañana hasta las 17.00 horas de la tarde. Ningún niño puede permanecer más de ocho horas en el centro, según la normativa, pero al acotar el margen de la gratuidad, «se condicionará el coste de los centros y la capacidad de conciliación laboral de las familias».
La rebelión infantil contra Susana Díaz
El coste de la plaza en una escuela infantil conveniada por la Junta de Andalucía es, desde hace diez años, de 278,88 euros al mes con comedor escolar (207 euros sin comedor). Actualmente, el 44,5% de las familias con rentas bajas percibe una bonificación del 100%, es decir, no paga nada por tener a su hijo en una guardería. El 43% percibe algún tipo de bonificación que abarata el coste de la plaza -entre el 10 y el 80%- del precio público (también según niveles de renta), y el 12% abona íntegramente los 278,88 euros.
Los baremos de medición de renta no han cambiado desde 2009, en plena crisis económica. Por ejemplo, una familia con ingresos anuales inferiores a 14.910 euros al año (un sueldo mensual de 1.242 euros netos) se beneficiaría del 100% de las ayudas (no pagaría nada), algo menos de la mitad del alumnado. Por encima de ese salario, una familia de cuatro miembros percibiría el 70% de esa bonificación. A partir de unos ingresos anuales de 42.000 euros (con salarios de 3.500 euros al mes), no se tendrá derecho a ninguna ayuda.
En Andalucía hay cerca de 2.000 escuelas infantiles, la mayoría conveniadas por la Junta y sujetas a precios públicos. En el curso 2019-2020 se contará con 118.804 puestos escolares, lo cual cubre el 48,57% de la población escolar de 0 a 3 años. El primer ciclo de Infantil es una etapa educativa no obligatoria ni subvencionada en todos los casos, pero la apuesta por universalizar la escolarización gratuita se impone, tanto por la importancia en el desarrollo cognitivo de los pequeños, como por la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres y madres.
En los últimos diez años en los que el precio público ha estado congelado, el sector de las empresas que gestionan las guarderías conveniadas por la Junta -unos 15.000 trabajadores- ha presionado para que se subiera, aduciendo que el precio de la plaza no respondía a su coste real, que no era rentable para ellos seguir sujetos al convenio. En 2011, la Consejería de Educación impulsó un grupo de trabajo con la Mesa de Infantil que concluyó, entre otras cosas, que el coste estimado de mantener una plaza en una guardería rondaba los 350 euros. Pero durante la crisis, el anterior Gobierno del PSOE siempre fue renuente a elevar el precio público a las familias.
En 2017, el sector de Infantil -patronal, sindicatos, asociaciones de padres y madres de alumnos- se puso en pie de guerra contra el decreto de la Consejería de Educación que pretendía liberalizar este nivel educativo. A pesar de las protestas y de la recogida de 67.000 firmas en contra del nuevo modelo de financiación de escuelas infantiles y del paro patronal convocado, el Gobierno de Susana Díaz consiguió que el 98% de las escuelas infantiles ya conveniadas, o que rechazaban el decreto, se adhierieran al nuevo convenio por miedo a perder las subvenciones. La Junta lo sacó adelante por la vía del decreto ley, sin el consenso del sector y sin necesidad de convalidación previa del Parlamento. La Cámara lo aprobó con los votos de PSOE y Ciudadanos, entonces socios de legislatura, y con el rechazo de PP, Podemos e IU.
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