Cospedal y la placa “vergonzosa” de la inauguración de un consultorio que siendo presidenta no quiso financiar

El alcalde de Gálvez “cede” su pueblo a la secretaria general del PP para que ésta se “ponga galones” que no le pertenecen
L. RODRÍGUEZ

Dom, 25 Sep 2016

Gálvez es un pueblo toledano que de estar situado en Galicia definiría perfectamente el universo caciquil. Su alcalde, Manuel Lázaro, del PP, claro, acumula mayorías absolutas con rotundidad desde 1995. Tanto es así, que en algunos comicios ha logrado el 70 por ciento de los votos, siendo, por lo tanto, uno de los ediles más votados de España en localidades mayores de 3.000 habitantes. Servidumbre, amiguismo y enchufismo, como en numerosas ocasiones ha denunciado el PSOE, son el pan nuestro de cada día de este pueblo monteño, que el sábado sirvió de atrezzo para que la diputada nacional por Toledo y secretaria general de la formación conservadora, María Dolores de Cospedal, inaugurara el consultorio médico que desde este lunes estará ya operativo.
Protagonismo inmerecido

Esta noticia no pasaría de mera anécdota informativa a no ser por la condición de Cospedal de expresidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha (2011-2015) y su visceral rechazo y negativa a financiar la construcción de nuevos consultorios médicos, dispensarios y centros de salud durante su mandato, entre otros el de Gálvez. Aún es más, la secretaria general del PP cerró plantas hospitalarias, despidió a cientos de médicos y enfermeras y paralizó la construcción de hospitales. Tuvo que ser, una vez más, el Tribunal Superior de Justicia de la región el que le parara los pies y tumbara sus intenciones de clausurar las necesarias urgencias nocturnas existentes en la comunidad, o la anulación de la reordenación de médicos llevada a cabo por el Partido Popular en los hospitales de Almansa y Villarrobledo, entre otros rapapolvos judiciales. De ahí que la inauguración del consultorio, que protocolariamente no le correspondía, chirríe, y de qué forma, al mismo tiempo que sitúa al alcalde de esta localidad como uno de los dirigentes del PP más serviles, siempre dispuesto a contentar a “la lideresa, desparecida de Castilla-La Mancha desde el mismo día que perdió la presidencia del Gobierno regional”, concretan fuentes socialistas consultadas por ELPLURAL.COM.

“El PP no quiere más médicos”

Y llama la atención porque, además, en declaraciones a este periódico de la vicesecretaria y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, “al PP les parezca mal que se contraten más médicos o enfermeras o que se firme un pacto con empresarios y sindicatos en favor de nuestra región”, añade, “mientras el presidente Page trabaja por recuperar al región, Cospedal conspira contra los intereses de la comunidad”. Declaraciones basadas en las “amenazas” de Rajoy para que García-Page reduzca al 50 por ciento la Oferta Pública de Empleo que en materia de sanidad. Decisión, siempre según el Gobierno castellano-manchego actual del PSOE, avalada por las presiones de Cospedal, que “en lugar de actuar con objetividad se deja llevar por Cospedal, que tiene interés en que los destrozos de su mandato en la región se mantengan”, asegura el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, a la vez que se lamenta de que “vamos a sufrir más con que se haya marchado que si se hubiera quedado”.

Situación “vergonzante y vergonzosa”

El caso es que la inauguración, “inmerecida e inmoral” de María Dolores de Cospedal del consultorio de Gálvez, ha levantado ampollas entre los que trabajan en la actualidad para “reparar los destrozos del PP en materia sanitaria”, asegura uno de los actuales coordinadores del Gobierno de Page, Francisco José García, quien tiene claro que durante cuatro años tanto Cospedal como su Gobierno no invirtieron en infraestructuras sanitarias en la Comunidad. Más bien “paralizó las obras de los hospitales de Albacete, Toledo, Cuenca y Guadalajara y ahora cuando está fuera del Gobierno acude a un municipio de Castilla-La Mancha donde se ha hecho una inversión por parte de otras administraciones como la Diputación de Toledo y el SESCAM”, ha afirmado García, concluyendo que “me parece una situación vergonzante y vergonzosa para ponerse galones”.

Dinero público para la gloria de Cospedal

Por su parte, fuentes del PP defienden ante este periódico la “legalidad” de la inauguración del consultorio por parte de Cospedal, “ya que ha sido Manuel (como si el dinero hubiera salido de su bolsillo) el que ha pagado la construcción del centro y no García-Page”, aseguran, faltando en parte a la verdad, ya que el alcalde “Manuel” (como le llama nuestro interlocutor) se ha servido de la subvención recibida por parte de la anterior corporación de la Diputación de Toledo, de la que él era un destacado diputado bajo las órdenes del controvertido líder Arturo García-Tizón. En este sentido, las fuentes socialistas instan al alcalde de Gálvez a que “también pague a los médicos, a las enfermeras y todo el material sanitario necesario para prestar un servicio que con Cospedal fue desmantelado sin miramientos, y ahora tiene la cara dura de inaugurar un consultorio que nunca apoyó, concluyen. Es cierto, si el Ejecutivo de Page no pagara las nóminas de estos profesionales, “el consultorio de Cospedal” no podría abrir las puertas este lunes.

FUENTE: ELPLURAL.COM

ENLACE: http://www.elplural.com/2016/09/25/cospedal-y-la-placa-vergonzosa-de-la-inauguracion-de-un-consultorio-que-siendo-presidenta

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Imputado el alcalde de Ceutí, del PP, por la presunta venta ilegal de una parcela municipal

El PSOE denunció la venta irregular de la parcela al ser vendida a un precio “muy por debajo” de su valor de tasación para esquivar el control del Pleno
EP / eldiariomurcia – Molina de Segura
23/09/2016 – 21:03h

El titular del Juzgado número 5 de Molina de Segura ha acordado llamar a declarar al alcalde de Ceutí, Juan Felipe Cano, el próximo 24 de noviembre en calidad de investigado debido a la venta “irregular” de una parcela municipal de 10.800 metros cuadrados a la que había cambiado el uso del suelo y que enajenó “muy por debajo de su precio de tasación” con el fin de esquivar el control del Pleno y satisfacer un “preacuerdo” alcanzado con una cadena de supermercados.

Así lo ha hecho saber en una rueda de prensa el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ceutí, Ángel Lozano, quien ha pedido la dimisión “inmediata” del alcalde, Juan Felipe Cano, por este procedimiento judicial que inició el PSOE con la presentación de una querella el pasado mes de mayo por un presunto de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
En concreto, Lozano ha recordado que la venta de esta parcela se llevó al Pleno municipal, órgano competente en dar la autorización porque el “precio de salida superaba el 10 por ciento del presupuesto municipal”. El Pleno decidió no vender la parcela, gracias a los votos en contra de Cambiemos, el PSOE y Ciudadanos.

En concreto, el Pleno rechazó la venta por el “cambio de uso que se hizo del solar”, ya que estaba originalmente destinado a equipamientos docentes y, “automáticamente, el PP lo reconvirtió en una zona de equipamientos para servicios”, según Lozano.

Además, el Pleno votó en contra de esta operación porque implicaba un “teletransporte” de parcelas, lo que consiste en trasladar la zona de equipamiento docente a otra zona del pueblo que “no tiene futuro, ya que es un lugar perdido y nadie sabe exactamente qué sentido tiene”.

Lozano cree que la parcela se podría haber destinado a la ampliación de un colegio que existía al lado de la parcela original, el CEIP Suceso Aledo o, incluso, a la ampliación de la guardería municipal.

Además, el PSOE también votó en contra de esta operación porque no estaba de acuerdo con el precio de tasación, ya que “había una gran diferencia entre el precio de la primera parcela y la que salió a la venta”.

Se saltó “a la torera” un acuerdo previo

Por todo ello, el Pleno acordó posicionarse en contra de la venta, pero el alcalde se saltó esa decisión “a la torera” y, tres días después, encargó la tasación de la parcela a otra empresa que estableció un precio inferior al 10 por ciento del presupuesto, con lo que la decisión quedaba en manos de la Junta local de Gobierno y no tenía que pasar por el Pleno.

El PSOE no estaba de acuerdo con la primera tasación, que tenía un valor “superior”, ni con la segunda tasación, que “abarataba el coste de la parcela”, según Lozano. A ello se suman “los reparos que pusieron en su momento la interventora y la secretaria municipal” en un informe que dice expresamente que “no existe justificación objetiva para bajar el precio”, añade el portavoz socialista.

Lozano ha criticado que el alcalde llegó a decir a un compañero que el solar se iba a vender “sí o sí” porque, entre otras cosas, “había un preacuerdo con una empresa para que se instalara allí una gran superficie, pese a ser una oferta pública”. En la operación, según el portavoz socialista, se empleaban una serie de empresas “interpuestas”.

Para Lozano, existen “muchas irregularidades” en esta venta y el PSOE se vio en la “obligación” de tomar las medidas judiciales “oportunas”. La querella fue admitida a trámite el 2 de agosto de este año y el alcalde ha sido citado a declarar en calidad de investigado –antigua figura de imputado– el próximo 24 de noviembre.

Asimismo, el auto insta al Ayuntamiento para que comunique qué miembros componían la Junta Local de Gobierno en el momento de tomar la decisión, porque “entendemos que se les investigará también”, según Lozano.

Expedientes “incriminatorios”

El portavoz socialista ha criticado que esta no es más que “una más de las muchas actuaciones que el Grupo Municipal Popular viene haciendo de manera irregular”, y ha recordado que los socialistas han pedido la dimisión del alcalde por este motivo “en varias ocasiones”.

Como ejemplo de esta forma de actuar, Lozano ha citado otros procesos como el del Juzgado número 3 de Molina de Segura, que tiene abiertas unas diligencias previas por un presunto delito de prevaricación y contra los derechos individuales debido a una denuncia que el PSOE presentó por la enajenación de una parcela de equipamiento educativo a una empresa en condiciones “irregulares”.

En concreto, Lozano ha explicado que la parcela colindante, de las mismas dimensiones, se vendió un año y medio después a la misma empresa por un precio “muy inferior”.

El PSOE tiene otros expedientes “incriminatorios” contra el alcalde de Ceutí por presuntos delitos de prevaricación o contra los derechos individuales”, según Lozano, quien explica que también se han abierto diligencias contra el primer edil por un presunto delito contra la ordenación del territorio “en base a una resolución de la Fiscalía”.

Lozano ha considerado que esta situación es “lamentable” porque “se hace un flaco favor al municipio de Ceutí, que tenía un patrimonio de solares y terrenos importantísimo que se está dilapidando, además, a costa incluso de no prestar servicios que eran normales”.

FUENTE: ELDIARIO.ES

ENLACE: http://www.eldiario.es/murcia/politica/Imputado-alcalde-Ceuti-presunta-municipal_0_562044688.html

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El alcalde de Ceutí, del PP, vendió una parcela por 90 mil euros cuando un año antes se vendió otra similar por 600 mil

El Partido Socialista de la localidad denuncia malversación de caudales públicos y prevaricación en el ayuntamiento de la localidad
El objetivo de la construcción de dicho solar era crear zonas de ocio, de esparcimiento, zonas educativas, deportivas y residenciales.
Rafa López – Molina de Segura
25/09/2016 – 13:24h

El grupo municipal socialista de Ceutí, junto a su secretaria general, compareció el pasado viernes en la sede del PSOE en Murcia y acusó al alcalde del PP, Juan Felipe Cano, y a los concejales de su equipo de gobierno, de conductas presuntamente irregulares y delictivas que están siendo investigadas por los tribunales.

Entre otras irregularidades, destaca la venta de un solar municipal, operación en la que los ciudadanos de Ceutí han podido perder varios cientos de miles de euros a favor de una empresa privada. Los socialistas aseguran que es injusto tirar recursos públicos. Además, Felipe Cano ha endeudado al Ayuntamiento de manera exponencial.

La querella interpuesta contra el Alcalde de Ceutí y los Concejales de la Junta de Gobierno Local ante los Juzgados de Instrucción de Molina de Segura (número 5), atiende a los presuntos delitos de Prevaricación, Malversación de Caudales Públicos, Falsedad Documental, y Negociaciones Prohibidas a los funcionarios, por la enajenación de una parcela en Ceutí de 10.895m2.
“No estábamos de acuerdo con el cambio de uso del solar: el uso era educativo y se pasó a terciario por decisión del Alcalde ya que en ese momento ostentaban la mayoría absoluta”, denuncian desde la oposición socialista.

El objetivo de la construcción de dicho solar era crear zonas de ocio, de esparcimiento, zonas educativas, deportivas y residenciales.

Entre las opciones que se barajaban para aprovechar el terreno entraba la ampliación de la guardería municipal o ampliación del Colegio Público Suceso Aledo de Ceutí, por ejemplo. Colegio que además este curso ha perdido una línea de educación infantil.

“La segunda razón para votar en contra de esta venta es que no estábamos de acuerdo con el precio de tasación, cuando se estaba produciendo una gran diferencia de los precios entre los solares vendidos no mucho tiempo atrás en la misma zona. Uno a 144€m2, otro a 36 €m2 y este último a 80 €m2”, avisan desde el grupo municipal socialista. Tres ventas de solares en pocos meses y con una diferencia de precios que hicieron sembrar las dudas.

El pleno del Ayuntamiento alcanzó un acuerdo en contra de la venta, pero el Alcalde Juan Felipe Cano se lo “saltó a la torera” solicitando una nueva tasación (La primera de TINSA), la segunda tasación apenas 3 días después con otra empresa, por 200.000€ menos, y estableciendo así un precio de enajenación inferior al 10% del presupuesto ordinario por lo que la competencia de dicha venta pasó a la Junta de Gobierno Local pese a los reparos de la Interventora y Secretaria del Ayuntamiento transmitidos en sus informes.

En la denuncia se presenta también un entramado de empresas relacionado con la compra-venta de solares en la localidad. La parcela, que estaba formada a su vez por la agrupación de dos parcela, se vendió a la empresa “CARISMA TECNOLOGÍAS S.L.” quien a su vez transmitió 4.876,47 m2 a “ELISEO PLA RAMIREZ S.L.” por el precio de la totalidad inicial de los 10.895 m2 y existiendo ya un contrato de arrendamiento con “CONSUM. S. COOP.V.”, empresa que finalmente se está instalando en dicha parcela.

Será finalmente el próximo 24 de noviembre a las 12:00h cuando el Alcalde de Ceutí Don Juan Felipe Cano vaya a declarar al juzgado de Molina de Segura en calidad de imputado/investigado por conductas presuntamente irregulares y delictivas.

Denuncia íntegra PSOE Ceutí al Ayuntamiento

Por auto de 02/08/2016 se ha admitido a trámite la querella con número de D. Previas Proc. Ab 351/2016, citando a declarar al Sr. Alcalde D. Juan Felipe Cano Martínez en calidad de investigado (imputado) el próximo día 24/11/2016 a las 12:00 horas

1º.- Diligencias previas 261/2015 del Juzgado número 3 de Molina de Segura, sobre la enajenación de una parcela de equipamiento educativo en C/ Escultor Jase Planes y Jase María Párraga, transmitida a “MAYMIYO S.L.”, por los presuntos delitos de Prevaricación y Contra los Derechos Individuales.

Aproximadamente, un año antes se vendió la parcela colindante, en la que hoy se encuentra construido el colegio privado “Magda”, en un precio de unos 600.000 euros, y la parcela en cuestión se vendió por un precio de 90.000 euros, aún a día de hoy seguimos sin saber por qué.

2º.- Existe también una querella con un total de 10 expedientes incriminatorios contra Juan Felipe Cano Martínez, Alcalde de Ceutí, por los presuntos delitos de Prevaricación y Contra los Derechos Individuales que ha sido admitida a trámite y se encuentra en situación de diligencia previas.

Entre estos expedientes destacar la venta de otra parcela ubicada muy cerca de la mencionada anteriormente, también de uso educativo para la construcción de un colegio concertado y los contratos de privatización de la Guardería Municipal, Residencia y Complejo Deportivo Antonio Peñalver. Contratos de privatización de servicios por parte del equipo de gobierno del partido popular de Ceutí que han acabado con los servicios públicos del municipio ya que las empresas adjudicatarias se han marchado y dejado a sí mismo una gran deuda a las arcas del consistorio.

3º.- También hay un presunto delito contra la Ordenación del Territorio, donde se han abierto diligencias por resolución del Fiscal Superior.

Se denunciaron hechos referentes a una edificación destinada a vivienda unifamiliar en Suelo No Urbanizable Por Inadecuación según el Texto Refundido del P.G.M.O. realizadas sin licencia en C/ Maestro Rodrigo.

4º.- Y la solicitud por un concejal del Grupo Socialista al Sr. Alcalde de Ceutí para que se le entregaran para su revisión en original o fotocopias los expedientes de cobro de cantidades adeudadas al Ayuntamiento, por tributos, contribuciones especiales e impuesto, multas y cualquier otro impago que pasaron a procedimiento de apremio y posteriormente se descargaron de apremio y se repusieron en pago voluntario, así como los listados y cargos contables de la Concejalía de Hacienda, Intervención, Tesorería o Secretaría de los créditos antes citados.

FUENTE: ELDIARIO.ES

ENLACE: http://www.eldiario.es/murcia/politica/detalles-imputacion-alcalde-Ceuti_0_562743931.html

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La Generalitat Valenciana investiga denuncias a funcionarios de Puertos colocados por el PP por favorecer a adjudicatarios del franquismo

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio del Gobierno valenciano investiga desde agosto un importante número de denuncias graves que apuntan directamente a la gestión de altos funcionarios de Puertos.

JOAN CANTARERO @JoanCantarero

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio del Gobierno valenciano, que tiene atribuidas desde 1985 las competencias en materia de Puertos Aeropuertos y Costas, investiga desde agosto pasado un importante número de denuncias graves que apuntan directamente a la gestión de altos funcionarios de Puertos.

Los hechos denunciados -recogidos por Público desde julio pasado- apuntan directamente al jefe del Servicio de Explotación y Conservación de Puertos de la Generalitat Julio Mariano Marín Sánchez; al perito Agustín Lloret Soler, funcionario autonómico, responsable de Puertos del área centro de Alicante (Benidorm, Vila-Joisa, Altea y Calpe) y al celador del puerto de Benidorm Fernando Piris Reynau, así como a otros funcionarios de los puertos de Denia y Calpe. Todos estos funcionarios autonómicos ocupan sus puestos al menos desde 1995, tras llegar al poder el Partido Popular de Eduardo Zaplana, después de 13 años de gobierno del socialista Joan Lerma, actualmente senador.
Las denuncias realizadas por los empresarios náuticos adscritos a Costa Blanca Marine, con actividades en los puertos de Benidorm, Denia, Calpe y Jávea-Xàbia, entre otros, apuntan también a José Cervera y Carlos Serrano, los viejos adjudicatarios que desde hace décadas han consolidado una posición de dominio en concesiones y adjudicaciones administrativas que tienen por ley vigencia limitada, señalan los asesores legales de Costa Blanca Marine.

Las primeras denuncias, presentadas ante la Guardia Civil y la Generalitat Valenciana la primavera pasada, hacen mención expresa al delito ecológico. “Benidorm y sus aguas forman parte del Parque Natural de Serra Gelada, y eso obliga a cumplir una legislación muy estricta con el fin de garantizar el medio ambiente. Los pequeños empresarios que forman parte de Costa Blanca Marine tienen una especial sensibilidad con el medio marino. El entorno de la Isla de Benidorm es -señalan los asesores legales de los empresarios- un paraíso a proteger. Pero sin respetar el entorno todo se puede perder y muy rápido. Los vertidos de bloques de hormigón sobre la posidonia son ilegales, porque destruyen el ecosistema marino, se deben controlar las embarcaciones a motor y limitar su velocidad porque hay especies como tortugas, delfines y otras que a mayor velocidad pueden resultar heridos o muertos si se cruzan en el camino de una embarcación”.

Parece que, a los viejos adjudicatarios del puerto, que llevan trabajando desde mediados de los años 60 del siglo pasado, no demuestran mucha sensibilidad con el medio marino, “sólo les preocupa que sea verano, y haga sol y que vengan muchos turistas”.

“Pero también son responsables -aseguran los asesores legales de los empresarios denunciantes- aquellos que tienen la potestad de impedirlo y miran para otro lado. Y desde luego sabemos que nuestras denuncias no les han sentado nada bien y no han dudado en hacer valer años de amiguismo e impunidad para intentar defenderse. Sólo les interesa el negocio. Y si para ello hay que tirar bloques de hormigón para traer motos acuáticas y amarrarlas frente a la playa para que estén bien visibles y atraigan clientela, pues se tira… lo que haga falta… todo por la pasta”, afirman los asesores legales de Costa Blanca Marine.

Tras las inspecciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y el Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil la tensión se disparó ante la posibilidad de sanciones o de suspensión de las actividades. Como cabía esperar las reacciones a las primeras denuncias medioambientales desembocaron en la interposición de nuevas denuncias penales y civiles.
Trato preferente en espacio público
Un hecho que destacan los asesores legales de los asociados son las dificultades para proponer nuevas opciones de negocio u optar a un concurso de plicas sobre servicios que se prestan. “En Benidorm, por ejemplo, es imposible que nadie pueda optar a realizar transporte de pasajeros en barco aun proponiendo una mayor inversión o mejorar la subasta. La oferta de rutas marítimas turísticas que concede la Generalitat Valenciana no sale a concurso nunca. Las dos existentes se la adjudican sistemáticamente a José Cervera y sus empresas, que como todo el mundo sabe lleva aquí enchufado desde 1962. Y ahí sigue. Solo paga por sus barcos 1.900 euros al año -una cantidad ridícula- y tiene la exclusiva para el transporte de viajeros a la Isla de Benidorm, Tabarca y dónde quiera ir, porque todo se le concede. Para eso sirve ser amigo del poder de antes y del de ahora. Hay empresas que podrían multiplicar por cien lo que actualmente paga al año Cervera por la concesión, dinero que iría directamente a unas arcas públicas muy necesitadas, en lugar de como ahora que todo va a su bolsillo además de lo que ingresa de actividades hosteleras presuntamente ilegales en la Isla de Benidorm”, aseguran los asesores legales de los empresarios.

Precisamente la decisión de sacar a subasta esos servicios corresponde de los responsables de puertos de la Generalitat, esto es, a los mismos funcionarios de Puertos denunciados. Estas subastas se hacen para otras actividades periódicamente.
En este sentido desde Costa Blanca Marine señalan que tales circunstancias se dan en otros puertos como Denia. “Allí la familia Matutes controla todo el puerto y su actividad a través de su grupo de empresas Balearia. Tanto es así -aseguran los asesores legales de la asociación empresarial- que incluso les permiten realizar actividades turísticas con barcos que no cobran a sus clientes, y todo ello con el consentimiento y autorización por escrito del jefe de puertos de la Generalitat Valencia Julio Marín, causando un grave perjuicio en la actividad económica de las pequeñas empresas”.
Represalias
Según denuncian los asesores legales de los empresarios, “a cada denuncia le sigue una represalia de los funcionarios de Puertos y sus adjudicatarios amigos. Los primeros en forma de traba, propuesta de sanción o denegación de alguna petición en trámite. Los segundos mediante presunto acoso, amenazas y coacciones que, puntualmente, son denunciadas ante las instancias correspondiente”.

La apertura del expediente informativo reservado conllevó la paralización por primera vez de una orden dictada por el funcionario Agustín Lloret. En ella se instaba al Club Náutico de Benidorm que procediera de inmediato a expulsar de sus amarres todas las embarcaciones de los asociados a Costa Blanca Marine, por pertenecer a la lista 6ª a pesar de estar al corriente de todas sus obligaciones fiscales y administrativas, principalmente embarcaciones de actividades subacuáticas, rescate marítimo y alquiler de recreo. En esta ocasión los responsables de Puertos de la Generalitat Valenciana, alertados por la asociación empresarial, decidieron desautorizar al funcionario y ordenaron la paralización inmediata de la orden dada.

Tras esta decisión de la Conselleria de Vivienda, Obras Publicas y vertebración del Territorio se inició un nuevo capítulo de tensiones. “Esta vez el puerto se convirtió en ciudad sin ley. Los ‘funcionarios desconectaron’ y los presuntos sabotajes, amenazas y bloqueos a las actividades se recrudecieron. Ya no atendían las llamadas, ni tan siquiera para decir que no era asunto suyo. Esta vez nadie contestaba al teléfono, ni a los correos electrónicos. Les bloquearon a algunos asociados durante más de quince días los atraques donde estaban obligados a embarcar y desembarcar a los clientes, atraques adjudicados por la Generalitat Valenciana y vigentes. José Cervera y Carlos Serrano, que llevan en el puerto desde hace 50 años, colocaron sus barcos de trabajo y privados para impedir trabajar a algunos asociados. La Policía Local de Benidorm fue testigo del desafío, pero decía que el conflicto no era asunto suyo; la Guardia Civil no venía cuando se la llamaba y finalmente tuvo que intervenir la Policía Nacional que, en una ocasión, lograron que quitaran los barcos. En cuanto el vehículo policial se marchó volvieron a tomar el control del puerto. Todo esto está grabado y documentado por detectives y testigos, y cursadas las correspondientes denuncias. Esto parece un puerto en manos de un clan mafioso siciliano”, aseguran los asesores legales.

Público se puso en contacto con la jefa del gabinete de comunicación de la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas para consultarle este extremo que denuncian los empresarios. En concreto si los funcionarios adscritos al Puerto de Benidorm habían sido apartados o suspendidos cautelarmente tras el expediente abierto y que quizá por ello no pudieron dar respuestas al conflicto. La respuesta fue negativa. Las dos semanas largas en las que las embarcaciones de las empresas de José Cervera y Carlos Serrano bloquearon los amarres de Costa Blanca Marine los funcionarios estaban trabajando y en activo.

FUENTE: PUBLICO.ES

ENLACE: http://www.publico.es/actualidad/generalitat-valenciana-investiga-denuncias-funcionarios.html

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El Ayuntamiento de Molina de Segura vuelve a reclamar a la Comunidad un tercer centro de salud

En el Pleno de hoy se debatirá también una moción del PP en la que se pide la creación del I Festival de Arte Urbano
JUAN LUIS VIVAS MOLINA DE SEGURA
26 septiembre 2016
00:32

No es la primera vez, ni será probablemente la última, que el Ayuntamiento adopte un acuerdo para reclamar a la Comunidad Autónoma la construcción de un tercer centro de salud para la zona Este del municipio, incluyendo algunas urbanizaciones y pedanías. La concejal de Salud Pública, Esther Sánchez Rodríguez, llevará una iniciativa para su debate en el Pleno ordinario de hoy, con el fin de que se inicien los trámites para la creación del nuevo centro de salud. Según explica Sánchez, desde el día 24 de abril de 2009 está creado el mapa sanitario de la Región, donde aparece y se concretan las necesidades sanitarias. Y una de las zonas básicas creadas fue la de Molina Este.

«La situación actual de la zona sigue presentando las necesidades que ya se proyectaron en 2009, por lo que este nuevo centro de salud es fundamental para una buena atención y prestación de los servicios sanitarios en Molina, municipio con la suficiente población para tener unos servicios más acordes a sus necesidades», aduce la edil de Salud Pública. Añade que, en la actualidad, son los equipos de Atención Primaria de los centros Antonio García y Jesús Marín los que prestan servicio a la zona este, «con la consiguiente saturación y presión asistencial». En este sentido, la junta gestora de Ciudadanos ha trasladado a su grupo parlamentario una iniciativa para pedir en la Asamblea Regional que se dote de partida presupuestaria el proyecto de construcción de este nuevo centro, segú indicado el coordinador local de C’s, Javier Real.

La concejal de Educación llevará también una moción sobre la Lomce; el edil de Agricultura someterá a debate una iniciativa sobre el Heredamiento Regante; y el de Cultura pedirá un reconocimiento para los cooperantes y misioneros del municipio.
Arte urbano

En el orden del día del Pleno figuran otras cuatro mociones del PP. En una de ellas, propone la creación del I Festival de Arte Urbano, un evento en el que tengan cabida las diferentes expresiones culturales existentes, según indicó su portavoz, Sonia Carrillo. Además, pedirá que se instale una cubierta para la práctica deportiva en el colegio Vega del Segura, en la pedanía de la Ribera, y que se dote de una zona deportiva al barrio de La Ermita. En otra moción los populares pedirán que se amplíe la campaña de prevención de robos y hurtos en el campo y en la huerta durante la época de cítricos y uva de mesa.

La sesión, en la que se debatirán hasta 22 expedientes y mociones, también contempla dos iniciativas conjuntas de apoyo al pueblo saharaui y a la deportista local María Consuelo Campoy. Por su parte, los concejales no adscritos Estanislao Vidal, Trinidad Romero y Alberto Aguilar llevarán sendas propuestas para la limpieza de cauces y ramblas, así como del camino de la mota del río. Vidal también solicitará un plan de seguridad vial en los centros educativos.

Por otro lado, los concejales Pedro González y Conchi Orenes propondrán la creación de una red de municipios ribereños en la Vega Media y otra iniciativa encaminada a ampliar los contenedores para la recogida de podas en las pedanías y urbanizaciones para su reciclaje.

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/murcia/molina/201609/26/ayuntamiento-vuelve-reclamar-comunidad-20160926003217-v.html

 

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El juez Velasco imputa a cinco miembros del Partido Popular en la Región de Murcia

El juez Velasco confirma las sospechas de que el Gobierno regional iba a utilizar fondos públicos para lavar la imagen de Pedro Antonio Sánchez
Rafa López – Murcia
22/09/2016 – 22:01h

El Partido Popular ha descalificado los informes de la UCO de la Guardia Civil desde que estos relacionaran a la élite popular murciana con la Trama Púnica. Tanto a nivel regional como nacional, distintos representantes del PP hablan de “linchamiento” cuando los informes contrastados relatan seria y contrastadamente las intenciones del gobierno murciano de pagar con dinero público a la empresa de Alejandro de Pedro tareas de lavado de imagen.

Ahora, el juez Velasco ha dado validez judicial a los informes de la Guardia Civil, que informan que un diputado de Cristina Cifuentes cobró 60.000 euros de la Trama Púnica. En Murcia, el juez ha citado como investigadas a cinco personas de la vertiente murciana de esta causa, entre ellas David Conesa, el que fue jefe de gabinete del actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, cuando éste era consejero de Educación de la Región.

El próximo 4 de octubre tendrán que ir a declarar Conesa, así como a Eduardo Contreras, exalcalde de Molina de Segura; Marta García Rivas, que trabajó con Contreras; Francisco de Asís Ferreño, exjefe de gabinete de la alcaldía de Cartagena, y María del Mar Conesa, funcionaria de este Ayuntamiento.

El juez les imputa delitos de malversación de caudales públicos, fraude y revelación de información y cita ese mismo día a las empresas EICO y Madiva, del “conseguidor” de la trama Púnica Alejandro de Pedro y dedicadas a trabajos de reputación “online”.

Según Velasco, la tramá pagó con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo de Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital y los honorarios por los trabajos de un periodista, y para ello contó con la ayuda de la funcionaria del consistorio imputada. “Contratos “redundantes e innecesarios y por encima del precio de mercado”, según ha recogido la agencia EFE.

Necesidad de más explicaciones

La limitada respuesta de los populares se ha reducido a enviar el mismo discurso desde la portavocía como desde la presidencia. El presidente de la Comunidad ha destacado, respecto a su presunta relación con la trama ‘Púnica’, que ya se entregaron “los certificados oficiales que aclaraban que nunca se hizo ningún contrato, ni se pagó una factura, ni se pidió un presupuesto”, según ha recogido Europa Press.

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha advertido esta mañana que “alguien tendría que pedir disculpas por ningunear el informe de la UCO, que ahora hace propio el juez Velasco”. Sánchez se ha referido así a las declaraciones que hizo el Ejecutivo regional y el Ministro de Interior sobre el informe del ‘caso Púnica’.

El portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu considera que el presidente “algo tendrá que ver” con la decisión del juez Velasco de llamar a declarar a cuatro jefes de gabinete tanto del presidente, en su etapa como consejero de Educación, como de la ahora senadora y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, ha manifestado la evidencia de que si el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, y la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro no estuvieran aforados “ya estarían imputados” por el caso Púnica.

FUENTE: ELDIARIO.ES

ENLACE: http://www.eldiario.es/murcia/politica/Velasco-Partido-Popular-Region-Murcia_0_561694829.html

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El Gobierno de Esperanza Aguirre pagó a Púnica para atacar a la Marea Verde en Internet

La Consejería de Educación de Lucía Figar encargó a la red desprestigiar a los profesores y al entonces ministro socialista Ángel Gabilondo
Los correos electrónicos incautados pedían a la trama “ejercer de tapón entre la Marea Verde, Aguire y el PP de Madrid”
La Guardia Civil atribuye a la exresponsable de Educación los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude

José Precedo / Marcos Pinheiro
22/09/2016 – 21:05h

El Gobierno de Esperanza Aguirre pagó en 2009 con dinero público una campaña en Internet contra la denominada Marea Verde, un colectivo de profesores y trabajadores de la educación pública que entonces protestaba contra los recortes de la Comunidad de Madrid. Y el trabajo sucio lo encomendó a uno de los principales imputados en la trama Púnica, Alejandro de Pedro Llorca, supuesto gurú de Internet, encarcelado como uno de los conseguidores de la red que cobraba del Gobierno regional por amplificar los argumentarios del Partido Popular a través de miles de perfiles falsos en redes sociales que difundían informaciones de pequeños periódicos locales creados para ese fin.

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incorporado al sumario que instruye el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional ofrece más detalles de los encargos que Figar –quien dimitió del último Gobierno de Ignacio González por este escándalo cuando ella misma fue imputada en junio de 2015– realizó con fondos públicos a las empresas de propaganda digital de De Pedro. En un correo electrónico del 9 de septiembre de 2009 –que un empleado de la red de De Pedro remite a varios compañeros y con copia al jefe– se describen entre los trabajos que “el cliente”, la Consejería de Educación, les ha encargado el ataque a la Marea Verde, que entonces protagonizaba la movilización contra los recortes sociales.

En medio de las protestas de los trabajadores del sector público contra el Gobierno de Aguirre por los recortes educativos, el empleado de De Pedro explica cuál es la estrategia por la que paga el departamento de Figar: “El cliente nos ha solicitado con urgencia, sobre todo estos dos días, comencemos a interactuar con todos los periodistas posibles que tengan cuentas en twitter, véase @pedro_j. Esta labor la realizaremos de una forma más personalizada y con cuentas mejor alimentadas, es decir, no con un simple spam, sino enviándoles mensajes cuando nos pregunten, interactuando con ellos, convenciéndolos de que hay una marea de gente que está cansada de estos profesores y sindicatos que no se creen sus mentiras. Para el cliente es importantísimo que se note nuestra labor ahí, junto con la habitual de mencionar a la consejera figar poara [sic] mejorar su imagen, cosa que no debemos dejar de hacer. A la vez se nos pide que usemos más enlaces y argumentos concretos siguiendo la agenda y noticias de la consejera. Intentaré estar más alerta yo enviando correos como hacíamos con la agenda de Gallardón, pero ellos también estarán más activos en este sentido, avisándonos ellos. Nos tocará estar más alertas a los twitters de figar, aguirre [sic]”.

A partir de ahí, el correo electrónico detalla algunas de las consignas a difundir en las redes sociales para intentar silenciar las protestas: “Menos alumnos por aula, menos horas de trabajo y más sueldo, ¿de qué se quejan los profesores españoles”. Los trabajadores de De Pedro explican que la principal tarea del “grupo de trabajo” es “ejercer de tapón parcial entre la #mareaverde y la consejera de Educación y el PP de Madrid y Aguirre en general”.

Extracto de uno de los correos de la red de De Pedro sobre las consignas que pidió difundir la Consejería de Educación de Fígar.

Extracto de uno de los correos de la red de De Pedro sobre las consignas que pidió difundir la Consejería de Educación de Fígar.

Argumentarios con ataques al ministro Gabilondo

La propaganda pagada con dinero público de la Comunidad de Madrid incluía además ataques a políticos de otras administraciones. Y colocaba en la diana de las críticas a Ángel Gabilondo, entonces ministro de Educación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y hoy líder de la oposición al Gobierno regional de Cristina Cifuentes en Madrid, al que proponían pedir su dimisión, según la documentación intervenida por la Guardia Civil. La instrucción planteaba amplificar en Internet el siguiente argumentario: “Pero menuda caradura la de Gabilondo, que le recortan un 7,5% el presupuesto y se dedica a dar lecciones sobre no reducir el presupuesto en Educación”.

Esas órdenes por escrito, las facturas, los contratos recabados en la Administración regional bajo los mandatos de Aguirre y González, además de las escuchas telefónicas practicadas bajo orden judicial, llevan a la Guardia Civil a atribuir a Figar, que abandonó la política cuando fue imputada en junio de 2015, los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Esta rama del sumario de Púnica que indaga sobre la propaganda del PP sufragada con dinero de las arcas públicas cuenta además con testimonios que refrendan las sospechas de la Guardia Civil. Cuando el juez Eloy Velasco leyó la motivación de los cometidos de los contratos a una de las empleadas de De Pedro que compareció como testigo, la mujer aseguró: “Evidentemente, se trabajaba la reputación de Figar, porque era lo que peor estaba”. La trabajadora enunció luego los nombres de los asesores de comunicación de la Comunidad que les remitían los comunicados para llenar sus diarios. Entre ellos estaba Isabel Gallego, la mano derecha de Aguirre primero e Ignacio González después en el área de Comunicación, también imputada por el mismo caso. Gallego declaró al juez que la Comunidad pagaba a las firmas de De Pedro, pero por hacer resúmenes de prensa y seguimiento del Gobierno en distintos medios de comunicación.

Uno de los trabajos incautados por la Guardia Civil y que realizaban las sociedades de De Pedro para el Gobierno regional relata: “El presente informe refleja la situación actual de la entidad online de Lucía Figar. Se recogen los aspectos más polémicos que han afectado a la consejera, con el objetivo de conseguir una buena reputación online”.

De Pedro fue encarcelado junto a otras 50 personas en octubre de 2014 como supuesto cabecilla de una red corrupta liderada por el exvicepresidente madrileño y antiguo secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, que pagaba mordidas a cambio de contratos millonarios en distintas administraciones, la mayoría gobernadas por el Partido Popular. El montante total que se investiga ronda los 250 millones de euros. El empresario que montaba redes de propaganda en Internet para instituciones, empresas privadas y hasta para el Real Madrid, logró eludir la prisión en diciembre de 2014 tras pagar una fianza de 50.000 euros, pero sigue imputado por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude.

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