Los incunables: Especial ‘La Cosa Nostra’ murciana

Los documentos que explican los nervios de Pedro Antonio Sánchez y Rajoy

LOS GENOVESES @LosGenoveses

Jue, 23 Feb 2017

La actualidad manda. Así que sin más rodeos esta nueva entrega la dedicamos integra y sin fisuras a reunir con ánimo divulgativo todos los incunables que hemos sido capaces de reunir sobre la crisis política y ética que atraviesa Murcia provocada por el cuarteto genovés formado por Mariano RajoyPedro Antonio SánchezRafael CataláJosé Manuel Maza.

Para los más despistados aquí os va un resumen resumido de la situación:

Pedro Antonio Sánchez, alumno aventajado de su padrino y capo regional Ramón Luis Valcárcel, tras las elecciones autonómicas de Mayo 2015, logra hacerse con la Presidencia de la Región de Murcia gracias al apoyo de Ciudadanos. Antes de su elección arrastraba dos casos de corrupción que estaban siendo investigados en un juzgado de Lorca y en la Audiencia Nacional.

El primero conocido como “Caso Auditorio de Puerto Lumbreras” tiene su origen en una querella de la Fiscalía por falsedad, prevaricación, malversación de caudales y fraude contra 20 personas, entre otros, el ex alcalde de este municipio: Pedro Antonio Sánchez. El motivo son las obras de construcción del Teatro Auditorio, adjudicadas en 2008 y que fueron recepcionadas en 2011 sin que, supuestamente, hubieran sido terminadas. La obra se licita por un máximo de 5.998.514’01 euros, se adjudica por 5.659.597’97 euros, se amplia en 338.916’04, la suma da un total de 5.998.514’01, es decir, el máximo exactamente y sin terminarla, les faltan por ejecutar más de 2 millones y es exactamente lo que les devuelven de los avales prestados. El TSJMU le ha citado para que declare como investigado por los delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

El segundo forma parte de la investigación que sobre la denominada “Operación Púnica” se investiga en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. El juez Velasco ha formado una Pieza Separada con las ramificaciones de este caso en Murcia. Según la UCO, PAS habría alcanzado un acuerdo con el denominado conseguidor de esta trama, Alex de Pedro para que durante su etapa como Consejero de Educación del Gobierno de Murcia mejorara su imagen, ciertamente deteriorada por sus implicaciones en el Caso Auditorio. Para ello mantuvieron diversas reuniones recibiendo De Pedro información reservada. La financiación de su promoción, como no podía ser de otro modo, no corría a cargo del bolsillo del interesado. El acuerdo alcanzado lo financiaba el contribuyente. Por todo ello, el juez Velasco ha dado los pasos para que PAS pueda ser investigado por cohecho, revelación de información reservada y fraude.

Con estos antecedentes, la cúpula nacional del PP, con Rajoy a la cabeza, y con el apoyo del Ministro de Justicia Rafael Catalá y de un predispuesto José Manuel Maza, Fiscal General del Estado, han lanzado una operación para “salvar al Presidente Sánchez” sin precedentes en las relaciones del Ministerio Fiscal con el gobierno de turno. Han atravesado sin retorno todas las líneas rojas. Han descalificado a la 2 fiscales del Caso Púnica que sí eran partidarias de que Sánchez fuera investigado y simultáneamente han cesado al Fiscal Jefe de Murcia que bajo sus órdenes se llevaba la investigación del Caso Auditorio.

Y dicho esto es a partir de este resumen resumido donde nuestros lectores podrán encontrar una selecta selección de los documentos que explican esta utilización de recursos públicos para sacar de los procesos judiciales que están en curso que afectan a PAS. Vamos a ello :

CASO AUDITORIO

TSJMU. AUTO ACLARATORIO 4 DELITOS PAS.20.02.17
TSJMU. CITA EL 06.03.17 COMO INVESTIGADO A PAS.20.02.17
TSJMU. AUTO SE DECLARA COMPETENTE PARA INVESTIGAR A PAS.01.02.17
AUTO JUZGADO LORCA AL TSJMU CON EXPOSICIÓN RAZONADA AFORADO PAS.01.12.16
INFORME IGAE.05.09.16
JUZGADO LORCA. AUTO ACEPTA QUERELLA CONTRA PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ. 22.06.15
LOS INVESTIGADOS. DICIEMBRE 2016
JUZGADO LORCA. AUTO ACEPTA QUERELLA CONTRA PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ. 22.06.15
TSJMU. AUTO REMITIENDO QUERELLA FISCALIA A JUZGADOS LORCA. 02.03.15
TSJMU. AUTO DESESTIMA RECURSO FISCALIA CONTRARIA ENVÍO QUERELLA A LORCA. 23.03.15

CASO PÚNICA MURCIANA

PS3. AUTO DE TRANSFORMACIÓN.17.02.17  
NOTA DE PRENSA FISCALIA ANTICORRUPCIÓN SOBRE AUTO VELASCO.13.02.17
ESCRITO FISCALES SOLICITANDO SE INVESTIGUE A LA SENADORA Y EX ALCALDESA DE CARTAGENA, PILAR BARREIRO.13.02.17   
ESCRITO TENIENTE FISCAL CONTRARIO INVESTIGACIÓN A PAS.13.02.17 
FORMACIÓN PS3. JUEZ VELASCO ACUSA A PAS Y A BARREIRO VARIOS DELITOS.10.02.17

Mucha más información y personajes en Los Genoveses
FUENTE: ELPLURAL.COM
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La jurisprudencia del Supremo echa por tierra la salvación de la Fiscalía para el presidente de Murcia, del PP y que gobierna gracias a C´s

El delito de fraude no exige perjuicio a las arcas públicas, sino que vale con la preparación previa, frente a lo expuesto por la Fiscalía para salvar a Sánchez

MARCOS PARADINAS @mparadinas

Jue, 23 Feb 2017

Con el caso de Pedro Antonio Sánchez, el presidente murciano, el Partido Popular y el Gobierno de España han estado jugando al despiste durante las últimas semanas. Sánchez está implicado ahora mismo en dos causas graves de corrupción: el caso Auditorio y el caso Púnica. Y en ambos casos, sus poderosos defensores han intentado engañar a los ciudadanos.

El primero de ellos, correspondiente al mastodóntico auditorio a medias de construir en Puerto Lumbreras, donde era alcalde, es el más sencillo y el que menos mareos aguanta. Sánchez ha sido imputado por prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación -todo el abanico de delitos de corrupción- por el que era fiscal de Murcia hasta la purga de fiscales incómodos, realizada el miércoles por la noche por la Fiscalía General del Estado, que depende del Ministerio de Justicia.

Aquí, tanto desde el PP de Murcia como desde el PP nacional -con Fernández Martínez Maíllo y Rafael Hernando a la cabeza- han intentado despistar tirando de léxico, para sortear sus acuerdos con Ciudadanos, que exigen la dimisión de aquellos políticos imputados por corrupción. Hay quien ha tirado por la excusa de que no está acusado de delitos de corrupción, pero si prevaricación o malversación no lo son, yo soy el Papa de Roma, y no me noto la mitra.

Otra de las excusas, dentro de la discusión lingüística, es la de acogerse a que ya no existe la figura del “imputado”, porque cambió la ley el Gobierno de Rajoy, sino la de “investigado” (para antes de la apertura de juicio oral) o la de “procesado” (para después). Así que el PP se acoge a la versión que más le interesa, que es la de que cuando firmaron sus acuerdos con Ciudadanos, se referían a la fase de “procesado”.

En el caso de la Púnica, el engaño es mucho más enrevesado y no está al alcance del ciudadano medio, quien quizás por salud no tiene la costumbre de estudiarse ni el Código Penal ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Cuando el juez Eloy Velasco abrió la pieza separada de la Púnica para Murcia, al no poder imputarle por estar aforado, pidió al Parlamento murciano que certifique esta condición, pero sí le atribuyó los delitos de cohecho y fraude. Aquí fue donde la Fiscalía Anticorrupción se metió por medio, contra el criterio de las fiscales del caso, alegando que no se podía imputar a Pedro Antonio Sánchez porque “ni siquiera” llegaron a formalizarse los contratos con la Púnica y por tanto “no se ha producido perjuicio alguno” para las arcas públicas.

En su afán por salvar la imagen de Sánchez, se abrió una campaña contra las fiscales, que se negaron a firmar ese escrito, pero sí dejaron entrever sus argumentos contra el presidente murciano en su informe pidiendo la imputación de Pilar Barreiro, senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena. El más duro fue su jefe máximo, el ministro de Justicia, quien llegó a asegurar que “quizá quien tiene el problema son las fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio” de imputar también a Sánchez por fraude y cohecho. Y más prosaico fue el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien llegó a decir: “La fiscalía tiene sus límites, esto de que haya fiscales que deciden inventarse delitos que no existen en el código penal, tiene que tener una limitación”.

Ese argumento es el que ha usado el PP machaconamente -y la teniente fiscal que firmó el papelote de 12 líneas-, que los supuestos delitos de Pedro Antonio Sánchez habrían tenido lugar en 2014, antes de la reforma del Código Penal de 2015, donde se redactó un nuevo artículo 445 que sanciona “la provocación, proposición y conspiración para cometer delitos contra la Administración pública”. Sin embargo, según fuentes fiscales, ese artículo sólo se utiliza para aquellos delitos donde no esté previsto penar los planes para delinquir.

Y esto ya ocurría en el artículo 420, relativo al cohecho, tanto después de la reforma de 2010 como en la de 2015. Porque en la redacción anterior, de 1995, se hablaba de funcionarios que acepten “promesa por ejecutar un acto injusto relativo al ejercicio de su cargo que no constituya delito, y lo ejecute”. Pero tanto en las reformas de 2010 como en las de 2015 se habla de quien “aceptare ofrecimiento o promesa para realizar acto propio de su cargo”.

Es cierto que la redacción farragosa del Código Penal no ayuda, pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo es mucho más clara en lo que se refiere al fraude. Y lo es por partida doble.

La Sentencia STS 3157/2016, referida a unos hechos instruidos en 2014 en las Islas Baleares, explica que, para el delito de fraude, basta con que exista un concierto para cometerlo:

Con lo expuesto hasta el momento no se describe ningún perjuicio a la administración pública por razón de los contratos celebrados. El hecho de que el delito no precise de ocasionamiento de daño y como delito de simple actividad baste el concierto con el propósito de defraudar al erario público, para consumar la infracción es preciso, sin embargo, concretar objetivamente ese concierto, así como su efecto perjudicial para el erario público. Cosa distinta es que se consume o no, pero aun simplemente proyectado, debe ser objeto de un dictamen pericial o juicio crítico del juzgador que permita dar por probado que el proyecto o intento de defraudar, constituía un verdadero fraude (perjuicio patrimonial consecuencia de un engaño o maquinación engañosa).

Mucho más clara es la Sentencia STS 3662/2016, que se refiere a unos hechos instruidos en 2010 en Álava.

La jurisprudencia de esta Sala considera el fraude a la administración como un delito tendencial de mera actividad, que en realidad incluye la represión penal de actos meramente preparatorios, ya que no necesita para la consumación, ni la producción del efectivo perjuicio patrimonial, ni tan siquiera el desarrollo ejecutivo del fraude, sino la simple elaboración concordada del plan criminal, con la finalidad de llevarlo a cabo (STS 884/13, de 18 de noviembre o 391/14, de 8 de mayo).

Es decir, no es necesario que haya un “efectivo perjuicio patrimonial”, como exigía la Fiscalía Anticorrupción para imputar al presidente murciano. Y bastan los “actos meramente preparatorios”, quizás como las reuniones y mensajes de Sánchez con la trama Púnica o el “informe preventa” para empezar a sacar dinero de las arcas públicas para pagar la mejora de reputación del entonces consejero y hoy presidente imputadito.

FUENTE: ELPLURAL.COM

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El PP expresa su preocupación por el daño que se está haciendo al bar franquista Casa Pepe

El Ayuntamiento de Almuradiel (Ciudad Real) aprobó ayer por unanimidad retirar la calle que PP y Ciudadanos habían concedido a Juan Navarro
El PP votó a favor de retirarla, pero expresó su apoyo al hostelero franquista y a su familia
Casa Pepe es célebre por haberse convertido en un museo de exaltación de la dictadura

Carlos Hernández
23/02/2017 – 14:06h

“Estoy votando que sí, pero pienso todo lo contrario”. Esta frase que una concejal del Partido Popular le espetó a la alcaldesa de Almuradiel, del PSOE, resume lo ocurrido ayer en el pleno de su Ayuntamiento de esta localidad ciudadrealeña.

Se votaba una propuesta presentada por la regidora municipal, la socialista Mª Asunción del Moral, para retirar la calle que el consistorio había concedido, hace poco menos de dos meses, a Juan Navarro Muñoz, el dueño ya fallecido del bar franquista Casa Pepe.

Entonces, los votos de los concejales del PP y de Ciudadanos permitieron aprobar esa distinción a un vecino cuyo único mérito había sido convertir su local, situado en el término municipal de Almuradiel, en un museo de exaltación fascista al que peregrinan ultraderechistas de toda Europa.

De nada sirvió que la alcaldesa exhibiera en aquel pleno un vídeo en el que se escuchaba a Juan Navarro decir cosas como que “Hitler o Franco, uno de los dos haría falta ahora en España”, “las mujeres deberían estar en la cocina” o “yo sueño con niñas de 18 a 20 años… ya sabes el dicho, a gato viejo, rata tierna”.

Sus socios de Ciudadanos y el Partido Popular aprobaron la concesión de la calle. Ayer ambos grupos cambiaron su voto, por lo que el hostelero franquista dejó oficialmente de tener su calle, pero en el caso del Partido Popular quedó patente su falta de convicción.

Braulio Egido, exalcalde y actual portavoz popular en el consistorio, reconoce a eldiario.es que su giro de 180 grados solo obedece a que “los hijos de Juan Navarro y la asociación vecinal que hizo en su día la propuesta, están de acuerdo” con retirarle ahora la calle.

Egido insiste en que el dueño de Casa Pepe merecía el reconocimiento porque “era una buena persona” y negó que el cambio en el sentido de su voto obedezca a presiones del PP regional y nacional, que le desautorizaron públicamente. El portavoz popular reconoce que no esperaba que la decisión de conceder la calle a este polémico hostelero trascendiera más allá de los límites del pueblo e insinuó que ha sido la denuncia de los medios de comunicación lo que le ha acabado obligando a aceptar la retirada.

En esta misma línea, el PP local culpa de todo lo ocurrido a la regidora por contárselo, dicen, a la prensa. En su página oficial de Facebook, los populares se dirigen directamente a ella en un tono muy duro, al tiempo que expresan su preocupación por el daño que se le ha hecho al bar franquista: “Como Partido Político lamentamos y denunciamos el daño que su circo mediático, del cual no ha formado parte ningún otro partido político más que el PSOE de Almuradiel, ha producido al negocio, a la familia y a muchas familias que viven de ese negocio. Le recriminamos la imagen que USTED ha conseguido dar de nuestro pueblo, dejando a sus vecinos manchados y pisoteados con adjetivos como machistas, xenófobos o fascistas”.

Una inauguración ilegal con presencia de la Legión

La alcaldesa, por su parte, se limita a decir que ha hecho “lo que pensaba que era justo” y que está convencida de haber cumplido con su deber. En su día, Mª Asunción del Moral explicó con claridad su posición en este asunto: “Yo no digo que Juan Navarro era buena o mala persona, pero lo que él representa no merece una calle”.

La noticia de la polémica concesión de la calle se vio en su día agravada por la forma en que se celebró la inauguración de la misma. La familia de Juan Muñoz organizó un acto en la puerta de Casa Pepe, cuando el consistorio aún no había debatido ni aprobado el asunto en el pleno municipal. En el acto se izó una bandera de España sin escudo, se corearon vivas a Franco y se remató con un desfile castrense que corrió a cargo, cabra incluida, de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Torremolinos.

El bar restaurante Casa Pepe se ha hecho célebre por haberse quedado anclado en la época franquista y vivir al margen de la Ley de Memoria Histórica. Su interior está decorado con innumerables cuadros de Franco, banderas preconstitucionales y diversa simbología fascista.

En su tienda se pueden comprar desde llaveros con el símbolo de la Falange a botellas de aceite o de vino con el rostro del dictador. El creador de este museo fue Juan Navarro Muñoz que resumía su forma de ver la vida con una sencilla frase: “Yo nací con Franco, en una democracia, y ahora vivo en una dictadura roja”.

FUENTE: ELDIARIO.ES

ENLACE: http://www.eldiario.es/sociedad/PP-preocupacion-franquista-Casa-Pepe_0_615588942.html

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Sólo el PSOE rechaza permitir las actividades privadas de diputados

Los socialistas no apoyan el informe que concede las compatibilidades

FERNANDO GAREA
Madrid 24 FEB 2017 – 00:02 CET

El PSOE se quedó solo este jueves en contra de conceder autorización a los diputados para que compatibilicen el escaño con actividades privadas. Los socialistas se abstuvieron y no apoyaron el informe de la Comisión del Estatuto del Diputado que concede las compatibilidades y que será votado en el pleno del día 8 de marzo. Es la primera vez que este trámite no tiene el apoyo de todos los principales partidos y queda a la espera de si el Grupo Socialista mantiene esa posición cuando se vote en el pleno.

El diputado de PSOE se quedó solo defendiendo que, al menos, se llame a los diputados a la comisión para que expliquen para qué actividades solicitan autorización. Contra esta iniciativa de los socialistas se situaron los representantes de PP, Ciudadanos, Podemos y Grupo Mixto (UPN). Todos ellos votaron el informe que autoriza actividades como el ejercicio de la abogacía o la asesoría, entre otras, sin la menor exigencia de control por parte del Congreso, como ha ocurrido hasta ahora.

La Cámara siempre ha alegado la imposibilidad de controlar la veracidad de las declaraciones. Es decir, que si un diputado declara que su empresa cumple la limitación legal de no contratar con la administración pública se compruebe si es cierto. Se han producido casos de diputados que hacían esta promesa y no se adoptaban medidas contra él cuando se publicaba que no la cumplía. El PSOE ha querido acabar con esa permisividad y pasividad, pero se ha encontrado que al rechazo habitual del PP se suman los dos partidos nuevos, Podemos y Ciudadanos.

El informe contempla autorización para más de 30 diputados por distintas actividades. Por ejemplo, el diputado del PP y presidente de la comisión del Estatuto del Diputado, Leopoldo Barreda, se concede autorización para ejercer como abogado. Es el mismo caso de Rafael Hernando, portavoz del PP, que pese a esa actividad tan intensa en el Congreso pide poder ejercer la abogacía al margen del escaño. O el diputado del PP Teófilo de Luis que tendrá autorización para una genérica “asesoría de empresas”. Ni siquiera tendrán que explicarlo al rechazarse la petición del PSOE.

El informe contiene también concesión de compatibilidades para diputados de Podemos, encabezados por el secretario general, Pablo Iglesias, y otros parlamentarios como Carolina Bescansa. Iglesias declara “charlas, talleres de carácter docente, conferencias, programas de televisión con o sin remuneración, presentador y director del programa de televisión Fort Apache”.

Junto a él están Noelia Vera que declara “publicación de libros y artículos, redactora y presentadora de La Tuerka, conferencias, encuentros políticos, académicos y participación en programas de televisión con o sin remuneración”; Íñigo Errejón que pide autorización para “libros, conferencias, charlas, participación en programas de televisión con o sin remuneración”; Rosa Martínez, para “conferencias y cursos, percibiendo compensación de fundación privada” y Bescansa, “elaboración de estudios mediante contratos de investigación y/o consultoría”, entre otros. Tampoco tendrán que aclarar esas actividades o sus clientes.

El artículo 157 de la ley electoral asegura que “el mandato de los diputados y senadores se ejercerá en régimen de dedicación absoluta en los términos previstos en la Constitución y en la presente Ley”. A continuación, establece, no obstante, que cada diputado debe hacer una declaración de bienes y actividades y que “el pleno aprobará las autorizaciones”.

Expresamente se prohíbe contratar con administraciones y trabajar para bancos y entidades de créditos, pero tampoco se comprueba si se hace.

FUENTE: ELPAIS.COM

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El PP sondea con Ciudadanos una tregua política en Murcia

Los populares negocian con el partido de Rivera no exigir la dimisión de Sánchez hasta que se resuelva su declaración judicial del 6 de marzo

JAVIER CASQUEIRO
JUAN JOSÉ MATEO
Madrid 23 FEB 2017 – 23:09 CET

El PP negocia con Ciudadanos una tregua política sobre la dimisión del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, al menos hasta que se resuelva judicialmente su declaración como imputado en el caso Auditorio el próximo 6 de marzo. Ciudadanos exige su retirada ya y su relevo por otro candidato del PP o amenaza con una moción de censura compleja de consensuar allí ahora con el PSOE. Los negociadores del PP han pedido a Ciudadanos que aguante hasta conocer la decisión del juez y del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. La oposición ha relacionado esa crisis política con el conflicto judicial y fiscal desatado en Murcia y ha pedido la comparecencia ya en el Congreso del ministro de Justicia, del de Interior y del Fiscal General.

El caso Pedro Antonio Sánchez se complica políticamente por días. Su situación ya era delicada tras ser imputado por cuatro delitos por el llamado caso Auditorio y se agravó al enlazarse con una ramificación del caso Púnica sobre una campaña frustrada para mejorar su imagen en las redes sociales.

Ciudadanos, además, alcanzó en su día un pacto de gobierno en Murcia para facilitar la presidencia autonómica a Sánchez y ahora demanda su marcha inmediata. Ayer lo reiteró su líder, Albert Rivera, que aplazó en público una decisión hasta la semana que viene cuando está prevista una reunión de coordinación con el PP.

El PP está sondeando al máximo nivel en sus estructuras nacionales con Ciudadanos, y en sus direcciones regionales, una tregua hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia le tome declaración como imputado el 6 de marzo. En público, Ciudadanos asegura que Sánchez debe dimitir ya, entre otras razones por el pacto murciano y porque dio su palabra, pero en privado se decanta por dar algo de tiempo al PP.

Los populares interpretan que no deben ligarse las consecuencias del pacto suscrito en Murcia con el nacional aunque Ciudadanos defiende que ambos contemplan la marcha inmediata de los cargos que fuesen imputados. El debate se ha ensuciado con discusiones sobre si el pacto se refería a los afectados por casos de corrupción, a los investigados, imputados, encausados o a los señalados con la apertura del juicio oral.

La oposición, además, ha relacionado esa polémica política con el conflicto judicial y fiscal provocado en Murcia. Los partidos de la oposición reaccionaron ayer a los siete cambios de fiscales decididos por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y en especial a la sustitución precisamente del fiscal de Murcia, pidiendo la comparecencia en el Congreso de varios responsables del Gobierno. El PSOE solicitó que den explicaciones en la cámara Baja los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Interior, Juan Ignacio Zoido; el propio Maza, que ya tenía cita el 1 de marzo en la comisión de Justicia para aclarar la actuación de la fiscalía en la rama murciana del caso Púnica; y el hasta ahora fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, que ayer denunció intentos de coacción y presiones.

“Hay una purga masiva”, aseguró Antonio Hernando, portavoz del PSOE, que anunció que su partido exigirá la dimisión de Maza “si no justifica suficientemente bien” los relevos. Podemos solicitó las comparecencias de Catalá, Zoido, Maza y López Bernal. “Las injerencias en la Fiscalía dejan en nada los criterios de objetividad e independencia en defensa del interés público que tienen que guiar la tarea del Ministerio Público”, opinó Jaume Moya, su portavoz de Justicia. Ciudadanos circunscribió su petición a que acuda Catalá y se investigue lo que está pasando en la Fiscalía. José Manuel Villegas, secretario general, calificó de “gravísimo” las denunciadas presiones a fiscales.

FUENTE: ELPAIS.COM

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Feijóo, del PP, vuelve a premiar a su prima con un ascenso en la sanidad gallega

Eloína Núñez, exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Ourense, fue nombrada gerente del Complejo Hospitalario de la ciudad tan solo 40 días después de la toma de posesión de su tío.

MADRID 23/02/2017 20:08 Actualizado: 24/02/2017 07:00 ANIBAL MALVAR

La prima del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acaba de ser ascendida y es, desde este jueves, la nueva gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, primer centro de referencia de la sanidad gallega.

Eloína Núñez Masid, ourensana de 55 años (los mismos que Feijóo), es licenciada en Medicina por la universidad compostelana, máster en gestión sanitaria en 1994, fue concejala del PP en el ayuntamiento ourensano, y su carrera empezó a lanzarse sólo 40 días después de la llegada de su primo al Pazo de Raxoi, sede de la presidencia autonómica gallega. Feijóo tomó posesión del cargo el 18 de abril de 2009, y su prima Eloína fue nombrada gerente general del Complejo Hospitalario de Ourense el 29 de mayo.

Ya entonces los medios gallegos airearon que era un nombramiento cantado en caso de que Feijóo alcanzara la mayoría absoluta: “La victoria del Partido Popular en las pasadas elecciones autonómicas, que llevaron a su primo Núñez Feijóo a la presidencia de la Xunta, habían colocado a Eloína Núñez en una posición de privilegio para ocupar uno de los cargos más relevantes en el organigrama sanitario de Ourense, algo que finalmente se ha confirmado”, escribía el mismo día de aquella toma de posesión de 2009 el corresponsal ourensano de Faro de Vigo.

El personal del centro denunció la conversión de habitaciones individuales de oncología y paliativos en improvisadas salas de urgencias, con hasta cuatro pacientes hacinados en cada una
Este nuevo ascenso se incardina en el proceso de cambios de gerencia de los diferentes hospitales públicos anunciados hace tiempo por Consellería de Sanidade, y supone el salto de Eloína Núñez desde el cuarto al primer complejo sanitario de la comunidad autónoma.

La gestión en Ourense de Eloína Núñez ha estado marcada por la polémica desde su nombramiento hasta hoy. No sólo por las sospechas de nepotismo. En enero de este año, el personal del centro denunció la conversión de habitaciones individuales de oncología y paliativos en improvisadas salas de urgencias, con hasta cuatro pacientes hacinados en cada una. El Servicio Galego de Saúde, dependiente de la consellería, admitió los hechos y los achacó a la previsible epidemia de gripe de cada invierno.

En el Hospital Santa María a Nai, cada día se forman esperas de hasta cuatrocientos pacientes para pedir cita. Esperas que se prolongan a veces durante ocho y nueve horas. Esta situación fue incluso denunciada ante la Fiscalía por varios sindicatos, pero desestimada al “no encontrarse delito”. La propia Eloína Núñez se había comprometido a finales de 2016 a incorporar personal ante la necesidad de abrir camas cerradas, promesa que incumplió.

En septiembre del año pasado, Pepa López Maldonado, enferma de cáncer de mama con metástasis, renunció a seguir solicitando un TAC en el complejo y reunió entre familiares y amigos el dinero para practicarlo en la privada: “Podría contar la historia de otras muchas luchadoras que, como yo, están pasando por la misma desagradable experiencia. Puede que para la administración sea sólo un número en una lista que no avanza, y para los que se creen con derecho a decidir sobre mi vida. Pero para mi familia, mi pareja y mis dos hijos, de 23 y 16 años, soy mucho más que eso”, denunció ante los medios de comunicación.

Esperas de hasta 400 pacientes para pedir cita, que se prolongan durante ocho y nueve horas
Desde la Plataforma Galega de Defensa de la Sanidade Pública hacen balance de la gestión de Núñez para concluir: “Llama la atención que a una persona que ha tenido una gestión tan negativa se le dé un puesto así. El único mérito que le podemos entender es que sea familia de alguien.

Aunque esto no significa que un familiar de un alto cargo no tenga derecho a promoción profesional. El sucesor de Núñez se va a encontrar con que los problemas crónicos de la sanidad ourensana, como el de adaptarse al envejecimiento de la población, no sólo no han mejorado, sino que han empeorado”. Un 30% de la población de la provincia de Ourense tiene más de 65 años. En numerosos núcleos rurales, este ratio se eleva hasta el 50%. En los más de siete años de gestión de Eloína Núñez, el número de camas hospitalarias del área sanitaria del que era responsable se ha reducido más de un 10%.

Julio Torrado, portavoz parlamentario de sanidad del Partido Socialista de Galicia, señala: “La situación de la sanidad de Ourense ya era insoportable, así que camuflar la salida de Núñez con una patada hacia arriba es difícilmente comprensible. Por eso se dispara la rumorología”.

“Llama la atención que a una persona que ha tenido una gestión tan negativa se le dé un puesto así”, afirma la plataforma
Desde el Bloque Nacionalista Galego, la portavoz de sanidad Montse Prado recuerda que la coalición frentista ha pedido en numerosas ocasiones la dimisión de Núñez “por ineficiente”. Y este ascenso lo incardina en “la fase de auténtica soberbia en la que se ha instalado el Gobierno del PP. Se premia a la parentela no solo biológica, sino ideológica. A las personas que están aplicando más fielmente el plan de desmantelamiento de la sanidad pública”. Desde la Consellería de Sanidade responden a las críticas asegurando que “Eloína Núñez es una profesional con muchos años de experiencia. Su recorrido profesional es incuestionable. Cualquier otra valoración está fuera de lugar”.

Eloína Núñez gana con este nombramiento en prestigio, aunque seguirá cobrando exactamente lo mismo que recibía en Ourense: 96.648 euros brutos anuales.

FUENTE: PUBLICO.ES

ENLACE: http://www.publico.es/espana/xunta-galicia-feijoo-vuelve-premiar.html

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López Bernal conmociona la vida política al denunciar amenazas y presiones a fiscales

Toda la oposición llama a comparecer a Catalá y Maza, además de Zoido, para explicar «la purga» en las fiscalías y qué han hecho tras los asaltos a domicilios de dos funcionarios que investigan corrupción

RICARDO FERNÁNDEZ | MURCIA
24 febrero 2017
07:58

Liberado del peso de ser el máximo representante del Ministerio Fiscal en la Región, Manuel López Bernal se despojó ayer de ataduras y habló con relativa libertad, por primera vez en una década, permitiendo que sus palabras desvelaran una parte de sus sentimientos y de sus pensamientos. «No puede ser que los perseguidos seamos los fiscales por delante de los corruptos», expuso en tono tan sereno como firme, resumiendo en esa frase los intentos de intimidación sufridos, las amenazas más o menos veladas, los ataques y descalificaciones -muchos de ellos procedentes del ámbito político- que solo buscaban el descrédito de quienes desde la Fiscalía se han implicado durante largo tiempo en una desigual batalla contra las desviaciones de poder. Y la vida política nacional, que llevaba ya un par de semanas bastante caldeada por razón de las supuestas injerencias sufridas por la Justicia -entre ellas, el impedimento a las dos fiscales del ‘caso Púnica’ para que pudieran dirigir su acusación contra el presidente Pedro Antonio Sánchez, además del relevo acometido en las fiscalías más incómodas para el Gobierno, como la de Murcia- acabó por estallar definitivamente en

Aunque López Bernal aclaró que con su denuncia sobre presiones -«tipo mafia años 20», reconoció- no se estaba refiriendo a la Fiscalía General ni al Ministerio de Justicia, sino a «las descalificaciones públicas que a veces llegan de miembros de algún partido político», ello no frenó la destemplada respuesta del titular de Justicia, Rafael Catalá, que contribuyó a avivar aún más el fuego. Así, en vez de esbozar algún mensaje que sonara a apoyo o solidaridad, reprochó al todavía fiscal superior en funciones que no hubiera denunciado tales presiones ante la Fiscalía General, «para ser tutelado en sus derechos».

Una reacción poco solidaria, que no solo venía a sumarse a su conocido intento de deslegitimar la postura de las dos fiscales de ‘Púnica’, sino que además partía de una premisa errónea: que López Bernal no había alertado a las autoridades de esas presiones e intentos de intimidación.

«Se han denunciado ante la Fiscalía General del Estado y ante la Policía», le desmintió López Bernal, quien a la pregunta de Antonio García Ferreras, periodista de La Sexta, acerca de si Catalá estaba mintiendo, se limitó a señalar que «yo solo digo que no tiene la información correcta».

Podía haber recordado asimismo que ya en 2014, el Consejo Fiscal tuvo que salir en su defensa a causa de las descalificaciones que lanzó el entonces diputado nacional del PP, Vicente Martínez Pujalte.

Nuevas comparecencias

La dura denuncia del fiscal murciano y la desairada respuesta del ministro movilizaron al unísono a prácticamente todos los partidos de la oposición, que salieron en tromba a exigir de nuevo las comparecencias públicas de Rafael Catalá y del fiscal general, José Manuel Maza, por sospechar que han permanecido impasibles frente a las descalificaciones e intentos de intimidación sufridos por miembros del Ministerio Público. Del mismo modo, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y Compromís reclamaron explicaciones sobre el relevo del propio López Bernal al frente de la Fiscalía Superior de Murcia y el acometido en la Fiscalía Nacional Anticorrupción, donde ha sido designado Manuel Moix por delante de los seis especialistas que optaban al cargo.

Unidos Podemos y Compromís añadieron a sus demandas al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de quien reclaman información sobre las medidas policiales que se adoptaron tras las denuncias interpuestas por el fiscal Anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, quien sufrió dos extraños asaltos a su domicilio, y de un subinspector de la Agencia Tributaria que investiga casos de corrupción, cuya vivienda también fue objeto de un allanamiento.

Los portavoces de las distintas formaciones en la oposición no ahorraron adjetivos para definir la situación. Antonio Hernando, del PSOE, afirmó que los hechos son «gravísimos» y consideró «absolutamente escalofriante» que un fiscal se haya visto «acosado» sin que, al parecer, sus superiores hayan hecho nada. Enric Bataller, de Compromís, advirtió de que «España puede acabar tomando un camino similar a la Italia de Berlusconi». Y el portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Justicia, Jaume Moya, criticó la «masiva sustitución de fiscales incómodos que instruyen causas de corrupción».

En medio de la tormenta política, el presidente del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy, se vio obligado por segunda vez en una semana a pronunciarse sobre un terremoto político que tiene su epicentro en la Región de Murcia. Durante la rueda de prensa ofrecida ayer junto al presidente de Argentina, Mauricio Macri, fue preguntado por el relevo del fiscal superior de Murcia, que ha coincidido con la investigación al presidente de Murcia por el llamado ‘caso Auditorio’. Por toda respuesta aseguró que las decisiones de la Fiscalía General le parecían «muy bien», que se enmarcaban en el ámbito de sus competencias y que no tenía «nada más que añadir».

Tampoco las asociaciones de fiscales se quedaron al margen de la polémica. La mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF) defendió los nombramientos y pidió que «se deje trabajar a los fiscales». Pero el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García Ortiz, alertó de las designaciones «suponen un claro retroceso en la pretendida autonomía del Ministerio Fiscal».

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/murcia/201702/24/lopez-bernal-conmociona-vida-20170224010446-v.html

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