El número dos del PP de Aragón tiene una empresa dedicada la gestión de inmuebles públicos

Campoy omitió en su declaración de actividades que el objeto social de una de sus empresas era “contratar con Administraciones Públicas”

CARLOS HIDALGO Martes, 2 de abril de 2019

Javier Campoy interviene durante el acto de clausura de la Convención de Economía y Empleo del PP en Zaragoza (Aragón) - Fabián Simón Europa Press
Javier Campoy interviene durante el acto de clausura de la Convención de Economía y Empleo del PP en Zaragoza (Aragón) – Fabián Simón Europa Press

El número dos del PP de Aragón y hombre de confianza en Pablo Casado en la zona, Javier Campoy, no declaró una de sus tres empresas a las Cortes de Aragón, al no aparecer en su declaración de bienes, ni tampoco en la declaración de actividades.

Pero es que sí omitió un aspecto importante del objeto social de una de sus empresas “Gestión Hipotecaria Zaragoza” SL. El diputado solicitó a las Cortes en febrero de 2017 la compatibilidad con respecto a esta empresa, creada en junio de 2004 y la que se refiere como “GHZ”. En dicha solicitud dice que el objeto social de la empresa era “la prestación de servicios jurídicos, sin relación con el sector público”. Las Cortes aprobaron darle la compatibilidad el 9 de marzo del mismo año.

Sin embargo, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del 3 de septiembre de 2012, el objeto social de la empresa se amplió, diciendo expresamente que era el de “Contratar con Administraciones Públicas y especialmente con Ayuntamientos”.

Según fuentes de la cámara autonómica aragonesa, al hacer eso Campoy habría faltado a su deber de dar información veraz y actualizada, tanto en su declaración de bienes -donde sólo aparecen dos de sus tres empresas-, como en su declaración de actividades, que dejó en blanco. Una obligación dictada tanto por la Ley Electoral de Aragón como por el Reglamento de las Cortes.

Por otro lado, la normativa de incompatibilidades marca una línea roja en el caso de las empresas que ofrezcan, gestionen o promuevan actividades de crédito, ya sea en su objeto social o de cualquier otra manera, por lo que, nos indican, tampoco es casual que Campoy informara a las cortes de “GHZ” y no de “Gestión Hipotecaria Zaragoza”, dado que las hipotecas son uno de los créditos al consumo más comunes.

La otra empresa que el presidente del PP de la provincia de Zaragoza registró en su declaración de bienes es “GHA”, siglas que corresponden a “Gestión Hipotecaria de Aragón”.

Campoy no ve contradicción, ni incompatibilidad
En declaraciones a ElPlural.com, Javier Campoy asegura que no ve ningún tipo de incompatibilidad y que sus empresas, por las cuales asegura no recibir ninguna remuneración, “trabajan con muchos bancos” gestionando el pago de impuestos y trámites relacionados con las hipotecas, pero sin gestionarlas o venderlas directamente. También ha querido dejar claro que, pese a la ampliación del objeto social, hecha según él con el objetivo comercial de abarcar el mayor número de actividades posibles, nunca han contratado con Administraciones públicas.

Tampoco ve contradicción en haber informado a la cámara de que Gestión Hipotecaria Zaragoza no tenía objeto social relacionado con el sector público y en que en el Registro Mercantil conste justo lo contrario.

FUENTE: ELPLURAL.COM

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https://www.elplural.com/politica/el-numero-dos-del-pp-de-aragon-tiene-una-empresa-dedicada-la-gestion-de-inmuebles-publicos_213622102

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Àngels Barceló desvela el verdadero motivo por el que Soraya Rodríguez se ha pasado del PSOE a Cs

“Apenas habían pasado unas horas de su salida del partido al que había pertenecido siempre y ya flirteaba con otro”.

Redacción El HuffPost

Àngels Barceló desvela el verdadero motivo por el que Soraya Rodríguez se ha pasado del PSOE a
GTRES

“Ella tendrá que explicarlo pero así de golpe solo se me ocurre que quiera seguir viviendo de la política”. La periodista Àngels Barceló ha resaltado —en su comentario Cambio de partido, cambio de principios, en la Cadena Ser— la única razón por la que, a su juicio, la exdirigente socialista Soraya Rodríguez ha abandonado el PSOE para enrolarse en las filas de Ciudadanos.

“El día que anunció que abandonaba el PSOE, que se daba de baja, la entrevistamos aquí, en Hora25, y no quiso confirmar su salto a las listas de otro partido, aunque a nosotros nos quedó claro que ya mantenía contactos con Ciudadanos”, ha resaltado Barceló, antes de especificar que “apenas habían pasado unas horas de su salida del partido al que había pertenecido siempre y ya flirteaba con otro”.

Sin embargo, para Barceló, el caso de Rodríguez no es uno más: “Este tipo de trasvases ya no sorprenden, pero en el caso de Soraya Rodríguez es especialmente difícil de entender, por su vinculación al PSOE, por su papel en ese partido y por la defensa de algunos principios que van a tener difícil encaje en Ciudadanos”, ha reflexionado Barceló, quien ha recordado que Ciudadanos “no tiene reparos en apoyarse en la ultraderecha si sus votos son necesarios”.

“En el PSOE no entienden esta decisión […], el efecto del fichaje en los electores lo dirán las urnas”, ha sentenciado.

AUDIO: https://play.cadenaser.com/audio/001RD010000005488116/?ssm=tw

Cambio de partido, cambio de principios
Soraya Rodríguez, la que fuera número tres del PSOE, ha aparecido ya en un acto de Ciudadanos. El de esta tarde, una conversación entre el líder del partido y el número uno en las lista para Europa, Luis Garicano. Soraya Rodríguez le acompañará en esta candidatura como independiente.

El día que anunció que abandonaba el PSOE, que se daba de baja, la entrevistamos aquí, en Hora25, y no quiso confirmar su salto a las listas de otro partido, aunque a nosotros nos quedó claro que ya mantenía contactos con Ciudadanos. Apenas habían pasado unas horas de su salida del partido al que había pertenecido siempre y ya flirteaba con otro.

La verdad es que este tipo de trasvases ya no sorprenden, pero en el caso de Soraya Rodríguez es especialmente difícil de entender, por su vinculación al PSOE, por su papel en ese partido y por la defensa de algunos principios que van a tener difícil encaje en Ciudadanos. El cambio de partido comporta también un cambio de principios, y el primero, asumir que el partido a cuyas listas accede no tiene reparos en apoyarse en la ultraderecha si sus votos son necesarios.

En el PSOE no entienden esta decisión. Uno puede estar en desacuerdo con la dirección en un momento determinado, pero de ahí a abandonar el partido y de ahí a engrosar las listas de otro partido. Eso es otra cosa. Una cosa es dejar el partido y otra es dejar el socialismo.

Ella tendrá que explicarlo pero así de golpe solo se me ocurre que quiera seguir viviendo de la política. En el PSOE no contaba y ella quería seguir contando, así que se buscó otro partido. El efecto del fichaje en los electores lo dirán las urnas.

FUENTE: HUFFINGTONPOST.ES

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https://www.huffingtonpost.es/entry/angels-barcelo-desvela-el-verdadero-motivo-por-el-que-soraya-rodriguez-se-ha-pasado-del-psoe-a-cs_es_5ca45f13e4b094d3f5c3a924?utm_hp_ref=es-homepage

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El Gobierno andaluz de PP y Cs tropieza en plena precampaña de las generales al aflorar el primer recorte en gasto social

La “subida del precio plaza por alumno en las guarderías” anunciada por el consejero de Educación ha dado dinamita política al PSOE contra el Ejecutivo de Moreno, que no presentará su primer Presupuesto hasta después de las municipales

La Junta retira la medida ocho horas después de presentarla alegando “no contar con margen presupuestario”, y tras valorar el “impacto político negativo” para PP y Cs en la actual coyuntura electoral

La viceconsejera de Educación, Marta Escrivá, se había reunido con las empresas del sector Infantil y los sindicatos el 7 de marzo para confirmar una subida del 5% en el precio de la plaza: “14 euros por niño”, según fuentes presentes en la reunión

Daniel Cela
02/04/2019 – 22:20h

Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, junto a Javier Imbroda, titular de Educación.
Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, junto a Javier Imbroda, titular de Educación.

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos desveló este martes, casi sin darse cuenta, el primer recorte de gasto social en los próximos Presupuestos Autonómicos para 2019 que, aparentemente, repercutirá en el bolsillo de las familias andaluzas: “Una subida del precio-plaza por alumno en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, congelado desde hace una década en 278,88 euros al mes” por el anterior Gobierno socialista; y una limitación de la gratuidad de estas guarderías “a un tramo de seis horas”, dos horas menos del máximo legal de permanencia de un niño en el centro (pensado para la conciliación familiar).

El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla no presentará su primer presupuesto autonómico hasta junio, hasta que hayan pasado las elecciones generales del 28 de abril y las municipales del 26 de mayo. Pero el “desliz” avanzado por la Consejería de Educación ha servido de dinamita al PSOE de Susana Díaz para denunciar “los primeros recortes sociales a las familias más necesitadas, mientras se exime de pagar el impuesto de sucesiones y donaciones a los más ricos”. “Es una salvajada y un engaño”, dijo la ex presidenta andaluza. Ocho horas después de que este periódico avanzase la noticia, la Consejería de Educación explicó en la red social Twitter que retiraba la medida “por no contar con margen presupuestario”. Fuentes del Ejecutivo andaluz admiten el “impacto político negativo” de la medida y “errores graves de comunicación política”. Desde Presidencia aseguran que “en ningún momento se ha barajado que lo paguen los padres. Se ha explicado mal”.

El anuncio lo ha hecho el consejero de Educación y uno de los fichajes estrella de Ciudadanos, Javier Imbroda, al presentar un anteproyecto de ley de apoyo a las familias en materia educativa que, paradójicamente, promete la gratuidad del primer ciclo de Infantil, de 0 a 3 años, “antes del final de la legislatura, para el curso 2023-2024”. Hasta entonces, su departamento ha acordado con las principales asociaciones que representan al sector de Infantil y con los sindicatos la subida inmediata -en el primer semestre de 2020- del precio plaza por alumno, con el fin de “mejorar la financiación de las escuelas infantiles adheridas al convenio con la Junta, para evitar así la destrucción de empleo en este sector”.

El pasado 7 de marzo tuvo lugar una reunión de la Mesa de Infantil, presidida por la viceconsejera Marta Escrivá, con las seis asociaciones que aglutinan a las guarderías convenidas, más los sindicatos y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). En ese encuentro, según varios de los presentes, la consejería anunció una subida del precio de la plaza del 5%: “14 euros por niño”, negociado dentro de un “severo plan de ajuste impuesto por la Consejería de Hacienda para los próximos presupuestos. Imbroda no quiso cifrar el martes en cuánto subiría el precio de la plaza, aunque aclaró que se compensaría con una “mejora de las bonificaciones” que perciben algunas familias sin detallar cómo.

La promesa de Imbroda de universalizar la gratuidad del primer ciclo de Infantil “a largo plazo” quedó eclipsada por el anuncio de una subida del precio-plaza por alumno “a corto plazo”, que fue la información que recogió este periódico. Este mismo lunes se había abierto el periodo de escolarización en las guarderías andaluzas para el curso 2019-2020 en el que, en teoría, el coste de la matriculación por alumno ya sería mayor. El confuso anuncio del consejero desató un “pequeño caos” dentro del Gobierno de coalición, que se apresuró a matizar que “no subirá el coste de la plaza a las familias, sino a la gestión” que desempeñan las escuelas. Desde la Consejería de Presidencia, gestionada por el PP, trataron de matizar el mensaje del titular de Educación (de Ciudadanos), a pesar de que la propia Oficina del Portavoz de la Junta había difundido una nota informativa subrayando la subida del precio plaza “por alumno”, fijado en 278,88 euros.

Este periódico esperó ocho horas, desde las 15.00 horas de la tarde hasta pasadas las 21.00 horas de la noche, para recibir una explicación de la Consejería de Educación que nunca llegó. En ese impasse, el mismo departamento se puso en contacto con asociaciones del sector de escuelas infantiles para anunciar una “corrección” al anuncio hecho horas antes por el consejero. “La Consejería de Hacienda nos ha autorizado una partida extraordinaria, el gasto de la subida lo asumimos nosotros, en ningún caso las familias”, explican fuentes de la patronal.

Pasadas las nueve de la noche, la Consejería de Educación publicó finalmente un hilo en su cuenta de Twitter para rectificar el anuncio de Imbroda: “En el curso 2019-20 no habrá aumento del precio-plaza por alumno respecto al curso anterior ni mejora de las bonificaciones a las familias por no contar la Consejería de Educación con margen presupuestario”. Se confirmaba entonces la consignación de una “partida presupuestaria para el pago de la gestión de estos centros”, pasando de los 8,5 millones actuales a al menos 13,8 millones “extraordinarios, que equivalen al 5% del aumento del precio plaza y que asume la consejería”. Y añadía: “En el curso 2020-21, las subidas de las bonificaciones cubrirán en todos los casos el aumento del precio-plaza, de tal forma que en ningún caso ninguna familia pague más que el curso anterior”.

Reunión con las familias
En menos de nueve horas, el Gobierno andaluz ha pasado de anunciar una “medida estrella” -la gratuidad de la escuela infantil en cuatro años- a frenar en seco la anunciada “subida del precio de la plaza por alumno” en guarderías. La medida, desmontada ‘oficialmente’ por falta de presupuesto, había encendido las redes sociales, y generado una gran incertidumbre en el sector y en las familias. Pero sobre todo se había convertido en un inesperado misil en la línea de flotación del primer Gobierno de PP y Ciudadanos, referente para los líderes nacionales de ambos partidos en las elecciones generales de final de mes.

Desde la patronal del sector de Infantil advierten de que “a no ser que la Junta asuma la subida, esa cuantía repercutirá en las familias”. El ajuste previsto está muy sujeto a las condiciones impuestas por la Consejería de Hacienda para cuadrar el Presupuesto de 2019. Hace unos días, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, se reunió con el resto de miembros del Gobierno para exigirles un recorte del 5% en el capítulo de gasto corriente y una limitación en la contratación de bienes y servicios. En teoría se había dejado exento del recorte a los servicios esenciales, como Sanidad, Educación o Dependencia.

El otro ajuste “encubierto”, según las guarderías, es el de la limitación de la gratuidad en las escuelas infantiles al tramo de seis horas. La Consejería habla de acotar la gratuidad prometida a “franjas horarias establecidas por consenso con el sector, mientras el resto de tramos se considerarán servicios complementarios, con gratuidad o bonificaciones en función de renta familiar”.

Actualmente el horario de las escuelas infantiles excede con mucho las seis horas: abren a las 7.30 de la mañana hasta las 17.00 horas de la tarde. Ningún niño puede permanecer más de ocho horas en el centro, según la normativa, pero al acotar el margen de la gratuidad, “se condicionará el coste de los centros y la capacidad de conciliación laboral de las familias”.

La rebelión infantil contra Susana Díaz
El coste de la plaza en una escuela infantil conveniada por la Junta de Andalucía es, desde hace diez años, de 278,88 euros al mes con comedor escolar (207 euros sin comedor). Actualmente, el 44,5% de las familias con rentas bajas percibe una bonificación del 100%, es decir, no paga nada por tener a su hijo en una guardería. El 43% percibe algún tipo de bonificación que abarata el coste de la plaza -entre el 10 y el 80%- del precio público (también según niveles de renta), y el 12% abona íntegramente los 278,88 euros.

Los baremos de medición de renta no han cambiado desde 2009, en plena crisis económica. Por ejemplo, una familia con ingresos anuales inferiores a 14.910 euros al año (un sueldo mensual de 1.242 euros netos) se beneficiaría del 100% de las ayudas (no pagaría nada), algo menos de la mitad del alumnado. Por encima de ese salario, una familia de cuatro miembros percibiría el 70% de esa bonificación. A partir de unos ingresos anuales de 42.000 euros (con salarios de 3.500 euros al mes), no se tendrá derecho a ninguna ayuda.

En Andalucía hay cerca de 2.000 escuelas infantiles, la mayoría conveniadas por la Junta y sujetas a precios públicos. En el curso 2019-2020 se contará con 118.804 puestos escolares, lo cual cubre el 48,57% de la población escolar de 0 a 3 años. El primer ciclo de Infantil es una etapa educativa no obligatoria ni subvencionada en todos los casos, pero la apuesta por universalizar la escolarización gratuita se impone, tanto por la importancia en el desarrollo cognitivo de los pequeños, como por la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres y madres.

En los últimos diez años en los que el precio público ha estado congelado, el sector de las empresas que gestionan las guarderías conveniadas por la Junta -unos 15.000 trabajadores- ha presionado para que se subiera, aduciendo que el precio de la plaza no respondía a su coste real, que no era rentable para ellos seguir sujetos al convenio. En 2011, la Consejería de Educación impulsó un grupo de trabajo con la Mesa de Infantil que concluyó, entre otras cosas, que el coste estimado de mantener una plaza en una guardería rondaba los 350 euros. Pero durante la crisis, el anterior Gobierno del PSOE siempre fue renuente a elevar el precio público a las familias.

En 2017, el sector de Infantil -patronal, sindicatos, asociaciones de padres y madres de alumnos- se puso en pie de guerra contra el decreto de la Consejería de Educación que pretendía liberalizar este nivel educativo. A pesar de las protestas y de la recogida de 67.000 firmas en contra del nuevo modelo de financiación de escuelas infantiles y del paro patronal convocado, el Gobierno de Susana Díaz consiguió que el 98% de las escuelas infantiles ya conveniadas, o que rechazaban el decreto, se adhierieran al nuevo convenio por miedo a perder las subvenciones. La Junta lo sacó adelante por la vía del decreto ley, sin el consenso del sector y sin necesidad de convalidación previa del Parlamento. La Cámara lo aprobó con los votos de PSOE y Ciudadanos, entonces socios de legislatura, y con el rechazo de PP, Podemos e IU.

FUENTE: ELDIARIO.ES

ENLACE:
https://www.eldiario.es/andalucia/Infantil-Educacion-PP-Ciudadanos-Moreno_Bonilla-Andalucia-Imbroda-Elecciones_generales_2019_0_884362331.html

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Detenido el expresidente de la vieja rama agraria del PP gallego en una operación internacional contra la trata de mujeres

Una operación policial de Paraguay y España contra una presunta red de prostitución forzosa se ha saldado con la detención de seis personas en Santiago de Compostela, entre ellas el antiguo presidente del desaparecido sindicato Xóvenes Agricultores

La organización agraria fue disuelta judicialmente en 2016, ahogada entre deudas que, según su personal, contrastaban con el alto tren de vida de su líder, que llegó a compartir yate con la plana mayor del PP

David Lombao
03/04/2019 – 09:17h

Pérez Miramontes, en una imagen de archivo
Pérez Miramontes, en una imagen de archivo en su etapa al frente de Xóvenes Agricultores XÓVENES AGRICULTORES

El sindicato agrario Xóvenes Agricultores, antigua potente rama agraria del PP gallego, quedó definitivamente disuelto por un juzgado de Lugo a mediados de 2016. Lo hacía ahogado entre deudas con el personal, con la banca, con Hacienda y con la Seguridad Social y con su presidente, el empresario Juan Pérez Miramontes, acusando a la Xunta del propio PP de no pagarle todo lo que le había prometido. El exsindicalista agrario y empresario, que durante años posó durante los veranos en Sanxenxo en la cubierta de su propio yate junto a la plana mayor del PP encabezada por Mariano Rajoy, acaba de regresar a la actualidad por un motivo muy diferente. Ha sido detenido en el marco de una operación internacional contra la trata de mujeres.

Un espectacular dispositivo policial se desplegó este martes en varias calles del Ensanche de Santiago de Compostela con el objetivo de desarticular una presunta trama de prostitución forzosa con ramificaciones en Paraguay y España. Seis registros simultáneos en varios pisos de la capital gallega y otros tres en el país sudamericano, según confirma la Fiscalía paraguaya, fueron el centro del golpe contra una supuesta red que era investigada desde hace meses en la denominada Operación Chipa. En uno de ellos cayó Pérez Miramontes, a quien el Ministerio Público paraguayo vincula con la financiación de la red, según han revelado responsables de la Fiscalía de ese país al periódico La Nación.

La Brigada de Extranjería de la Comisaría de Santiago y la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual del Paraguay se han coordinado en una operación con la participación de agentes de ambos Estados e incluso de la Policía Local de Santiago, que se ha saldado con la liberación de 12 mujeres. Siempre según la información divulgada por la Fiscalía paraguaya sobre la operación, comandada por un juzgado compostelano y bajo secreto, el modus operandi de la trama desarticulada consistía en el “reclutamiento” de las víctimas en Paraguay a través de una agencia de viajes en Ciudad del Este.

Allí eran “engañadas” con supuestos puestos de trabajo en España, “aprovechándose del estado de vulnerabilidad en el que se encontraban”. Eran enviadas a Santiago, Málaga o Madrid, donde en vez de los puestos de trabajo ofertados -vinculados al trabajo doméstico o de cuidados- eran recluidas en clubes y pisos de prostitución, donde la red investigada les retiraba la documentación. Junto al antiguo dirigente de Xóvenes Agricultores han sido detenidas otras cinco personas, todas de origen paraguayo. En los operativos en aquel país la Policía ha detenido a tres personas más acusadas de ser “encargadas de la captación de la víctimas”.

De rama agraria del PPdeG al ahogo entre deudas
Pérez Miramontes, ahora señalado por esta presunta trama delictiva, llevaba un tiempo fuera de la primera línea de los focos públicos. No sucedió así durante los años en que estuvo al frente de Xóvenes Agricultores, cuya potente estructura comenzó a resentirse con el inicio de la crisis económica, cuando el grifo de las subvenciones de la Xunta comenzó a dejar de fluir con tanta intensidad. Esa escasez de ayudas no impidió, no obstante, que ya con el Gobierno de Feijóo el sindicato y el propio Pérez Miramontes siguieran siendo beneficiados por la Xunta, según el Consello de Contas, órgano que fiscaliza las cuentas públicas gallegas.

En este panorama el personal del sindicato, que llegó a emplear a más de 150 personas, comenzó a protestar por el impago de nóminas. Estos incumplimientos, denunciaban, contrastaban con el alto nivel de vida de Miramontes entre vehículos de alta gama y yates como lo que antaño compartía con Rajoy.

“Si antes hemos tenido algo que ver con temas políticos, el nuevo diseño va por otro camino distinto, no tendrá ninguna connotación política bajo ningún punto de vista”, reflexionaba Pérez Miramontes en la revista oficial del desaparecido sindicato cuando comenzaban las estrecheces. Afirmaba así que habían terminado los tiempos en los que, por ejemplo, Xóvenes Agricultores organizaba actos conjuntos con el PP cómo aquel en el que, en vísperas de las elecciones gallegas de 2005, en las que Manuel Fraga acabaría perdiendo la mayoría absoluta, ambas organizaciones habían juntado a 25.000 personas en el recinto ferial de Silleda. Había que evitar que Galicia cayera “en las manos de locos”, había proclamado Fraga en aquel mitin en referencia a PSOE y BNG.

El último gran favor político de Xóvenes Agricultores al PP gallego fue, posiblemente, el del verano de 2006. Apenas un año después de perder el poder en la Xunta el sindicato encabezado por Pérez Miramontes fue el soporte clave para crear y dar eco la una plataforma denominada SÓS contra o Lume, un colectivo impulsado por el PP gallego para protestar contra el Gobierno de PSdeG y BNG por la ola de incendios de aquel año en el que pretendió ser una imitación por la derecha de la plataforma Nunca Máis.

FUENTE: ELDIARIO.ES

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https://www.eldiario.es/galicia/Detenido-expresidente-PP-operacion-internacional_0_884711589.html

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La justicia imputa a una alcaldesa madrileña del PP por favorecer negocios privados de un concejal

La jueza que instruye el caso rastrea seis irregularidades presuntamente cometidas desde el Ayuntamiento de Fuente el Saz tras una denuncia de la Fiscalía

La alcaldesa, María José Moñino, está citada como investigada por delitos de prevaricación y contra el medio ambiente

Marcos Pinheiro
02/04/2019 – 21:50h

Un juzgado de Madrid ha imputado a la alcaldesa de Fuente el Saz (Madrid), María José Moñino, tras la denuncia presentada por la Fiscalía por delitos de prevaricación y contra el Medio Ambiente. La causa rastrea un total de seis irregularidades cometidas desde el Consistorio, que incluyen decisiones supuestamente para beneficiar los negocios privados del teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Juan Pedro Sanz, además de trocear contratos y licitaciones a familiares de la corporación municipal.

En un auto con fecha del 5 de febrero, al que ha tenido acceso eldiario.es, la jueza Raquel Rodríguez Gómez, titular del juzgado de Instrucción número 2 de Torrejón de Ardoz, cita a Moñino como investigada para este jueves a las 12.00 horas. La jueza también ha accedido a las diligencias de investigación que pedía la Fiscalía.

El escrito del Ministerio Público, firmado por María Llamas, pide que se rastreen algunas decisiones bajo sospecha que tienen al teniente de Alcalde como protagonista. Entre ellas están los contratos municipales otorgados a la empresa Horfaven 2008 SL para proveer de materiales de construcción al Ayuntamiento.

Según la documentación que maneja la Fiscalía, y que le fue entregada por parte de los concejales de IU en Fuente el Saz, es el teniente de alcalde quien realiza “labores de asfaltado de calles, del párking del polideportivo municipal” y obras públicas que cobra a través de una facturación cruzada con Horfaven. Por eso la fiscal ha pedido la relación de los contratos a esa empresa, que se investigue si hay indicios de ilegalidad y que se determine quiénes controlan esa sociedad, por si tienen vínculos con el teniente de alcalde.

La Fiscalía también reclama al Ayuntamiento todos los documentos sobre la concesión de una licencia para construir una gasolinera de la empresa Petrolsaz. La estación de servicio se levantó sobre unos terrenos propiedad del teniente de alcalde, según la documentación que maneja la Fiscalía, que recibe una cuota mensual por parte de esa empresa. La sociedad propietaria de la gasolinera está administrada por José Benito del Olmo y David Álvarez Cienfuegos. El primero es concejal del PP en Paracuellos del Jarama.

Según la documentación que tiene la Fiscalía, la concesión de los permisos para levantar esa gasolinera en los terrenos del teniente de alcalde incumple la Ley del Suelo, el Plan de Urbanismo del municipio, no tiene informe de Medio ambiente y no respeta las distancias mínimas con las viviendas de alrededor.

La tercera irregularidad que se investiga y que afecta a Juan Pedro Sanz, que además de teniente de alcalde es concejal de Seguridad, es la licencia de primera ocupación concedida a una vivienda al promotor Eusebio Sanz, su hermano. La documentación enviada a la Fiscalía señala que esa licencia se otorgó a pesar de que la vivienda no cumplía los requisitos de habitabilidad. Según esos documentos, Sanz no se abstuvo de la decisión durante la Junta de Gobierno y votó a favor.

Juan Pedro Sanz es consejero de la empresa Fuente Yagüe SA, dedicada a “la extracción de áridos, la fabricación de hormigón” y a la compra y explotación de fincas rurales. Según los datos de sus cuentas, entre 2014 y 2016 (las últimas cuentas completas disponibles) la sociedad perdió 472.379 euros.

En la documentación que IU envió a la Fiscalía y que motivó la denuncia del Ministerio Público se incide en que Sanz ha aprovechado “su situación de preponderancia de cargo público y de tráfico de influencias” para fomentar sus negocios particulares. “La alcaldesa [María José Moñino] permite, tolera y autoriza dichos abusos junto con la Junta de Gobierno de la que forma parte el interesado!, añade ese informe.

Además de las decisiones que pudieron beneficiar al teniente de alcalde, a la regidora se le investiga por otras irregularidades. La Fiscalía quiere saber si troceó los contratos para surtir de combustible a los coches municipales y de gasóleo a la calefacción del Ayuntamiento, si se benefició a una prima de otro concejal con una licitación pública y si la alcaldesa ha dificultado la labor de control de la oposición impidiendo que se debatiesen algunas mociones.

La jueza ha ordenado realizar todas las diligencias solicitadas por la Fiscalía y ha citado como investigada a Moñino. Tiene pendiente de decidir si, como ha pedido también la fiscal, declara la causa compleja para ampliar la investigación durante 18 meses más. Este medio ha intentado sin éxito recabar la versión de la alcaldesa.

FUENTE: ELDIARIO.ES

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https://www.eldiario.es/madrid/justicia-alcaldesa-madrilena-PP-beneficiar_0_884362438.html

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Las cifras desmienten la apocalíptica previsión del PP tres meses después de la subida del salario mínimo a 900 euros

Casado dijo que el aumento del 22% que se aplica desde enero provocaría “colas” en las empresas para pedir aumentos de sueldo y llevaría la economía al “colapso”

Dirigentes populares aseguraban además que la subida del SMI generaría “despidos masivos” y que el impacto negativo se percibiría en el primer trimestre del año

Desde la entrada en vigor de la medida hay 101.835 personas más con contratos indefinidos y 45.022 menos con contratos temporales

Iñigo Aduriz / Ana Ordaz / Raúl Sánchez
02/04/2019 – 21:51h

Casado critica el "efecto llamada" de la "apelación demagógica" del Gobierno que ha "disparado" la inmigración irregular
El líder del PP, Pablo Casado, este martes, durante su visita a Almería.

Ni se ha producido una oleada de despidos masivos, ni ha crecido el número de falsos autónomos –trabajadores forzados a ejercer por cuenta propia que, en realidad, trabajan para una empresa que se evita así asumir las cotizaciones de esos empleados–, ni ha habido “colas” en las empresas para pedir aumentos de sueldos, como vaticinó el líder del PP, Pablo Casado el pasado octubre.

Una vez cumplidos los tres meses de la entrada en vigor de la mayor subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 41 años –el 1 de enero se incrementó en un 22%, llegando a los 900 euros– a raíz del acuerdo entre el Gobierno y Unidas Podemos, las cifras ofrecidas este martes por el Ministerio de Trabajo demuestran que no se ha cumplido ninguna de las previsiones apocalípticas que realizaban en público y en privado los dirigentes del Partido Popular cuando se debatió la medida.

El 11 de octubre, el Ejecutivo y Unidas Podemos anunciaron un acuerdo presupuestario que incluía la citada subida del SMI. El PP llegó a asegurar entonces que por culpa del gasto “desmedido” en España provocado en parte por ese incremento salarial “en pocos años” se pasaría “hambre como en Venezuela”.

Casado afirmó que el incremento provocaría “colas” en las empresas de trabajadores que reivindicarían subidas de sueldo “de forma gradual”, provocando un aumento del 20% en el conjunto de salarios de los españoles y el “colapso” de la economía española.

Los populares llegaron a presentar una enmienda a la totalidad a la iniciativa –que fue rechazada en el pleno– para incrementar los salarios que Unidos Podemos había llevado al Congreso ese mismo mes y que finalmente aprobó el Gobierno a través de un decreto el 21 de diciembre. Dirigentes populares explicaban entonces que el aumento del 22% del SMI provocaría “despidos masivos” y que el impacto negativo de la medida en la economía española se percibiría en el primer trimestre del año.

Más trabajo que en 2018
Todos los indicadores desmienten por completo las tesis de los populares. Este mismo martes se conocía que en el mes de marzo el empleo creció en 155.104 personas.

El tercer mes del año suele ser habitualmente un periodo de creación de trabajo estacional relacionado con la Semana Santa. Pero en 2019, una vez entrada en vigor la subida del SMI, el incremento del empleo ha sido mayor que el del año pasado (138.573) y eso que la Semana Santa cae a mediados de abril. El impulso económico ha situado de nuevo el número de ocupados por encima de los 19 millones de personas y en el caso del paro registrado en las oficinas públicas de empleo, en el último mes éste se redujo en 33.956 personas.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, presentaba este martes las primeras conclusiones obtenidas por el Gobierno a raíz de la evaluación del impacto generado por la subida del SMI a 900 euros en el primer trimestre año encargada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). “Las cifras dicen que desde diciembre hay 101.835 personas más con contratos indefinidos y 45.022 menos con contratos temporales”, ha remarcado.

Granado recordaba que quienes desde la derecha se opusieron al incremento del SMI aseguraron que este aumento “iba a provocar un desplazamiento de la afiliación del régimen general de seguridad social hacia el de autónomos” o “que las empresas iban a motivar a sus trabajadores para que se convirtieran en autónomos” promocionando la figura de los “falsos autónomos”.

Aumentan los trabajadores a jornada completa
Desde que subió el salario mínimo hasta ahora la tasa de crecimiento del régimen general ha sido, sin embargo, del 3,4%, y la del régimen de autónomos, del 0,73%. “En comparación con el año pasado la tasa del régimen general se mantiene y la tasa del régimen de autónomos baja claramente”, apuntaba el secretario de Estado en rueda de prensa.

El PP y otros sectores críticos con la subida del SMI también aseguraron que la iniciativa iba a destruir algunos sistemas especiales más vulnerables y, en concreto, aquellos que tenían menos salarios como el de las empleadas del hogar. Granado ha asegurado, en cambio, que “el comportamiento” de este sector en 2019 ha sido “exactamente el mismo que en años anteriores”. “No ha habido huida ni despidos masivos de empleadas de hogar”. Tampoco de trabajadores agrarios.

Otro de los argumentos utilizados por los detractores de la mayor subida del salario mínimo desde 1977 era que la medida iba a disminuir la jornada de los trabajadores y que los empresarios iban a disminuir las jornadas completas e iban a aumentar las parciales para evitarse pagar más por las cotizaciones. “Analizando los datos en este trimestre del año hay 83.761 personas más con jornadas completas y 26.949 personas menos con jornadas parciales”, apuntaba Granado.

El balance del Ejecutivo es claro y refuta las tesis de los populares: “Ni ha aumentado el número de autónomos, ni ha disminuido la cifra de empleadas del hogar, ni ha disminuido el número de trabajadores agrarios, ni ha disminuido la jornada ni se han precarizado las condiciones del trabajo”.

FUENTE: ELDIARIO.ES

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La hermana de Rita Barberá, investigada por supuestos cobros de mordidas a empresarios

La hermana de la exalcaldesa, su marido José María Corbin, las hijas del matrimonio y el socio de Corbín investigados por cobrar supuestamente mordidas de empresarios a cambio de recalificaciones de suelo

Asunción Barberá
Asunción Barberá / Cadena SER

MIGUEL ÁNGEL CAMPOS
JUAN MAGRANER Valencia 03/04/2019 – 09:04 h. CEST

Van trascendiendo detalles. Sí, Azud es la operación que ayer la UCO, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, desarrolló en Valencia. Dos abogados detenidos y varios investigados nos deja el que se perfila como nuevo caso de corrupción en el seno del Ayuntamiento de Valencia cuando Rita Barberá era la alcaldesa.

De hecho, según fuentes jurídicas consultadas por la SER, Asunción Barberá, hermana de la alcaldesa es una de las investigadas. Su marido, el abogado José María Corbín, también. De hecho su socio está también investigado y también se investiga a las hijas de Corbín. ¿Por qué?

Porque sospechan los investigadores que los detenidos habrían podido conseguir, aprovechando sus relaciones al más alto nivel en el ayuntamiento de Valencia, recalificaciones de suelo a cambio de dinero y de pisos. Mordidas millonarias que podrían alcanzar los cuatro millones de euros.

Asimismo, según el diario El Confidencial, Corbín, actual abogado de Mari Carmen García Fuster, secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia e investigada en la Operación Taula, que ha pasado la noche en el calabozo y que prestará declaración este miércoles sacó un 1,3 millones de euros del despacho cuando la UCO comenzó a investigarle. El martes por la tarde, cuando la Guardia Civil le trasladó a su despacho para el registro se mostraba sonriente y levantó el pulgar a los periodistas.

FUENTE: CADENASER.COM

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https://cadenaser.com/emisora/2019/04/03/radio_valencia/1554272145_251187.html

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