El cuatripartito reduce en 5 millones la deuda bancaria en Molina de Segura

Juan Luis Vivas
Viernes, 29 septiembre 2017, 10:02

«Envidiable». Ese es el apelativo que empleó en el Pleno el concejal de Hacienda, José de Haro, para definir la situación financiera del Ayuntamiento de Molina de Segura. Durante el debate sobre la cuenta general de 2016, el edil socialista sostuvo que el actual gobierno municipal cuatripartito ha conseguido reducir en más de 5 millones de euros la deuda viva con la banca, situándola en la actualidad en unos 13 millones.

De Haro remarcó que se ha disminuido el tiempo del pago a proveedores. También recordó que el remanente positivo de tesorería del año pasado, cifrado en más de siete millones, permitirá destinar más de cinco millones a inversiones «financieramente sostenibles», y el resto, a seguir amortizando deuda. «Se podrá invertir, pese a que algunos concejales solo querían pagar deuda», señaló en referencia a los ediles no adscritos que votaron hace unos días en contra de un expediente de suplemento y modificación de crédito relativo al remanente de 2016.

Por su parte, la portavoz del PP, Sonia Carrillo, justificó el voto en contra de su partido al expediente de las cuentas aduciendo que solo se había ejecutado un 30% la partida destinada al canon de saneamiento y alcantarillado, además de dejar sin utilizar 60.000 euros de la partida a ayudas de urgente necesidad. Carrillo criticó el hecho de que el presupuesto «haya estado tanto tiempo prorrogado».

Nuevo concejal

Durante la sesión tomó posesión de su cargo como edil Juan Alcaide. El exsecretario del Sindicato de Riegos -órgano ejecutivo del Heredamiento Regante de Molina- sucede en el cargo a Maru Carbonell, edil de Cambiemos Molina. Alcaide asumirá en el cuatripartito las competencias de Medio Ambiente y Medio Natural.

FUENTE: LAVERDAD.ES

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El proyecto de Brigada Municipal permitirá la contratación de doce desempleados

Juan Luis Vivas
Molina de Segura
Domingo, 1 octubre 2017, 13:00

La Junta de Gobierno de Molina de Segura aprobó las bases de selección del personal laboral temporal para el proyecto de Brigada Municipal del programa de Empleo Público Local. Esta iniciativa permitirá la contratación de 12 desempleados durante seis meses. Los puestos demandados serán los siguientes: operario de mantenimiento de edificios (7), oficial electricista (2), albañil (1), conductor (1) y soldador (1).

El Ayuntamiento realizará la selección final entre los candidatos que previamente fueron preseleccionados en la oficina de empleo local. Este proyecto lo coordina la Concejalía de Políticas para la Formación y cuenta con financiación del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento.

FUENTE: LAVERDAD.ES

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El Congreso aprueba el pacto para atajar la violencia machista con la abstención de Podemos

El acuerdo incluye considerar a las madres de hijos asesinados como víctimas

PILAR ÁLVAREZ
Madrid 28 SEP 2017 – 19:13 CEST

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves las 213 medidas para poner en marcha el Pacto de Estado para atajar la violencia machista. La propuesta ha salido adelante con 278 votos a favor y 65 abstenciones de los diputados de Unidos Podemos y algunos del Grupo Mixto.

Es el primer gran acuerdo de la legislatura y persigue que las mujeres y sus hijos estén protegidos en todo momento con medidas institucionales, educativas, judiciales o sanitarias, entre otras. Contempla actuaciones para prevenir la violencia machista desde el colegio e incorpora como víctimas a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados por sus parejas o exparejas para hacerles daño.

Más de un millar de mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde enero de 2001. Son 1.006 fallecidas, según el recuento elaborado por EL PAÍS desde entonces. En lo que va de año, hay 37 mujeres y seis menores asesinados, y cuatro casos en investigación. La última mujer muerta, de Cartagena, solo tenía 20 años y había denunciado a su pareja por amenazas apenas una hora antes de que morir asesinada. En Sestao, este mismo jueves, se investiga si otra mujer hallada muerta ha caído a manos de su pareja.

Los pactos de Estado alcanzados en democracia en España se pueden contar apenas con los dedos de una mano. Desde los históricos pactos de La Moncloa, de 1977, al pacto de Toledo centrado en las pensiones (1995) a los cuatro grandes acuerdos antiterroristas rubricados entre 1987 y 2015 contra ETA y el yihadismo. De ahí el empeño que han mostrado distintos grupos políticos para intentar la unanimidad que finalmente no se ha conseguido.

Los acuerdos del pacto, que enun plazo máximo de dos meses debe ser trasladado ahora a comunidades autónomas, ayuntamientos y otras entidades, será vigilado por una comisión de seguimiento que aún se debe constituir. Algunos requieren reformas legislativas.

Incluir entre las víctimas de violencia machista a las madres de hijos asesinados supone que tengan acceso a la asistencia, ayuda y protección prevista en la legislación. En la tribuna, entre las asistentes al pleno, ha estado Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, a los que mató el padre, José Bretón. “Ya era hora”, ha asegurado Ortiz en una entrevista en la SER horas antes del debate. La madre de los dos menores asesinados ha asegurado sentirse “contenta” por el acuerdo porque supone “un paso bastante importante” para la lucha contra la violencia de género.

“Por todas las Ruth de España vamos a luchar contra esta lacra”, ha señalado la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, mirando a Ortiz desde su asiento. “El maltratador no tiene cabida en nuestra sociedad”, ha añadido.

El pleno ha votado las medidas recogidas en el informe elaborado a lo largo de los últimos seis meses por la subcomisión que se creó para impulsar el pacto y que ha escuchado a más de 60 expertos de distintos ámbitos. La previsión es incluir 1.000 millones de euros en los próximos cinco años, 200 millones anuales.

Enmienda a la totalidad

Unidos Podemos se ha abstenido tras presentar una enmienda “crítica” a la totalidad. “Este pacto no nos vale aunque las medidas que están ahí sean buenas. En primer lugar porque no sabemos cuándo se van a poner en marcha”, ha señalado Ángela Rodríguez (En Marea) “No sabemos para quién es el pacto. No vale ni para las mujeres pobres, transexuales ni con diversidad funcional”, según Rodríguez. “Han dejado fuera también a las violadas”. La diputada de Podemos Sofía Fernández Castañón ha añadido en la tribuna que su confederación no respalda la propuesta porque “es un pacto de mínimos, no es un pacto feminista y no soluciona el problema”. “Mientras estamos aquí haciendo discursos con florituras están discriminando, violando y asesinando a mujeres en este país”, ha añadido.

“Estos acuerdos atienden a la necesidad de comprometer más activamente al Estado en la lucha de la violencia que sufre las mujeres solo por el hecho de serlo”, ha resumido la diputada Ángeles Álvarez (PSOE), que reclamó en su intervención a Unidos Podemos que “actúen con responsabilidad”. “El mejor ejemplo que hoy daremos no estará en la ruptura de la unidad”, ha dicho. “Tampoco está todo el presupuesto y todas las medidas que hubiese querido el PSOE pero todo lo que está es útil al conjunto de las víctimas”, ha señalado en referencia a los diputados abstencionistas. Su partido reclamará un crédito extraordinario de 200 millones de euros si la aprobación de los presupuestos se prorrogan aún más tras la paralización de las nuevas cuentas del Estado por la crisis catalana.

El caso Juana Rivas

Durante la tramitación en el Senado se incluyó una medida que pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género. Recuerda el caso vivido este verano por la granadina Juana Rivas, que se escondió con sus hijos durante un mes para no devolverlos al padre, condenado en 2009 por maltrato y que en la actualidad está con los menores en Italia. Uno de los votos particulares del PSOE alude a que los casos de sustracción de menores en los que hay malos tratos los lleven juzgados especializados, como reclama desde hace más de un año la defensa de Rivas. “Lo que ha ocurrido con Juana Rivas no hubiese pasado si la competencia penal para estos casos estuviera en los juzgados de Violencia”, ha añadido Álvarez.

ENTRE LAS PRINCIPALES MEDIDAS
Madres víctimas. Las mujeres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas serán consideradas víctimas de violencia machista y podrán acceder así a la asistencia, ayuda y protección establecida para ellas.
Protección antes de denunciar. Se ampliará la condición de víctima a las mujeres que todavía no hayan interpuesto denuncia penal, para que puedan acceder a los recursos de protección y atención integral.
Prevención precoz sanitaria. Se desarrollarán protocolos de detección de víctimas de violencia machista en urgencias y atención primaria. Se pondrá en marcha una clave de seguimiento en las historias clínicas para identificar los casos.
Protección de los huérfanos y de hijos de las víctimas. Las personas que ostenten la patria potestad de huérfanos por violencia de género tendrán beneficios fiscales (excepto el maltratador) y prioridad en el acceso a vivienda protegida. Los hijos recibirán atención psicológica y pedagógica. Tendrán acceso prioritario a pensiones de orfandad y a becas.
Sin custodia compartida para padres maltratadores. También se suspenderá el régimen de visitas y estará prohibido que los hijos menores acudan a la cárcel a ver a sus progenitores.
Se suprimen atenuantes en las sentencias por maltrato, como la confesión del crimen o la reparación del daño. Se perfeccionará la tipificación de los delitos en el ámbito digital.
Derecho de dispensa, a revisión. El documento acuerda “evitar los espacios de impunidad” que se derivan de la legislación actual, que dispensa a la víctima de la obligación de declarar en un juicio.
Se crean unidades de apoyo. Serán multidisciplinares y ofrecerán atención permanente para acompañar y proteger a las víctimas. Se hará un seguimiento individualizado de cada caso para garantizar la ayuda y evitar riesgos de agresiones.
Dependencias separadas. El pacto prioriza la adecuación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y juzgados especializados, con dependencias que impidan la confrontación víctima/agresor.
Refuerzo de la seguridad. Se establecerán unidades policiales con formación específica en violencia de género que presten atención las 24 horas del día todos los días de la semana y se incluirá a los hijos e hijas en las valoraciones de riesgo.
Prevención en la escuela. Los centros educativos de todos los ciclos impulsarán medidas educativas contra el machismo y un protocolo para la detección precoz de la violencia. En los libros de Historia se incluirá el Movimiento Feminista. No se exigirán requisitos académicos para la concesión y mantenimiento de becas y ayudas al estudio cuando se acredite una situación de violencia machista.
Vigilancia de los medios. Se impulsará, de acuerdo con los medios y profesionales audiovisuales, una imagen de la mujer libre de estereotipos y se desarrollará un Código de Publicidad no sexista. El Observatorio de la Imagen de las Mujeres denunciará contenidos denigrantes y discriminatorios en los medios de comunicación.

FUENTE: ELPAIS.COM

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El hundimiento de Pedro Antonio Sánchez

El político ha protagonizado los tiempos más convulsos de la historia reciente en el PP murciano

JAVIER RUIZMurcia 27/09/2017 – 09:42 h. CEST

Pedro Antonio Sánchez fue presidente de la Región de Murcia entre el verano de 2015 y el 4 de abril de 2017, curiosamente el día de San Benito.

La noche antes, en el “bunker político” -así lo calificaban muchos de sus adversarios- en que se había convertido el Palacio de San Esteban decidió su dimisión. Rodeado por una durísima oposición, con su imagen -y la de la Región de Murcia- muy dañada todos los días en los medios a nivel nacional y forzado por su partido, dejó el cargo “para evitar la llegada de un tripartito”. Eso fue lo que dijo

La SER informó de su dimisión minutos antes de que se produjera. A las once y dos minutos. Teníamos en nuestro poder la carta que había mandado, con su firma, a la Presidenta de la Asamblea. Sin embargo, una de sus consejeras negó a esta emisora telefónicamente -y con rotundidad- que Sánchez hubiese dimitido: “El presidente sigue en su puesto, sólo hemos hecho un receso en el consejo de Gobierno”, dijo. Un ejemplo más de cómo el gobierno se vio sobrepasado por la magnitud nacional que tomó este asunto desde el primer momento.
Hasta las 11.03 minutos de aquel martes, el Presidente y su equipo habían pasado semanas “aguantando el chaparrón”, según confiesa otro de sus consejeros, “por las dos imputaciones”: los casos Púnica y Auditorio acabaron con el crédito político en Madrid y en Murcia de un Pedro Antonio Sánchez que se había criado en el PP murciano, primero “como joven y muy activo militante” de un pequeño pueblo fronterizo con Andalucía -Puerto Lumbreras- y “después como delfín del todopoderoso presidente Ramón Luis Valcárcel”, según sus propios compañeros.
Todo en el camino de Sánchez parecía confluir en este intenso día de San Benito, el día de su dimisión.
Un camino convulso
“Nadie dijo que fuera fácil”, ha dicho en privado a los periodistas en alguna ocasión Sánchez. Su carrera política ha ido de sobresalto en sobresalto desde que el 5 de marzo de 2015 fuera designado candidato del PP a la presidencia de la Región de Murcia.
Aquel hecho también ocurrió en tiempos convulsos. Eran tiempos de guerra fría entre él, el entonces presidente Alberto Garre y el también consejero Juan Carlos Ruiz. Todos querían conseguir el liderazgo del partido y la Región.
Su triunfo en esta batalla y su designación como candidato ocurrió unos días después de que fuera sobreseído, por falta de pruebas, otro de los casos en los que Pedro Antonio Sánchez estaba imputado. En aquella ocasión su nombre sonaba en los juzgados tras una denuncia del PSOE que le acusaba de haber favorecido a un empresario que, a cambio, le “regaló”, parte de su vivienda.
El PP le designó candidato con este sobreseimiento pero había otro caso que le preocupaba: el caso Auditorio. Una denuncia de la fiscalía que había ido a parar a un juzgado de Lorca y, allí, iba a estar un tiempo, según los populares.
Sánchez confesó en su momento a muchos periodistas que iba a poder presentarse porque “al estar el caso en Lorca, formalmente no estoy imputado”, decía.
Y no lo estaba, pero sólo por su condición de aforado como le indicaron muchos juristas del partido. Cuando la jueza de Lorca que cogio el caso lo investigó, no dudó en enviar una demoledora exposición razonada al TSJ que hacía suyas todas las tesis de la fiscalía.
Antes de eso, y “sin ninguna imputación formal encima”, en las elecciones autonómicas del 25M, en 2015, consiguió 22 escaños para el Partido popular. Fue una victoria amarga porque se quedó a un diputado de la mayoría absoluta que, hasta entonces, había mantenido el PP en los últimos veinte años.
A pesar de los intentos de PSOE, Ciudadanos y Podemos de llegar a un pacto a tres para arrebatarle el gobierno, las negociaciones con el partido naranja fructificaron y consiguió que le hicieran presidente. En el pacto que firmaron quedaba claro para todos (o eso se pensó entonces) que el apoyo de Ciudadanos estaba condicionado a que no le imputaran en ningún caso judicial por corrupción. Él mismo dijo que dimitiría si era imputado en el caso Auditorio.
Una promesa que luego incumplió. Una promesa que la oposición en bloque le recordó durante meses cuando el caso Auditorio volvió al TSJ y cuando estalló el caso Púnica y él, y distintos miembros del PP murciano, se vieron envueltos de manera indirecta.
Auditorio y Púnica. Las dos palabras clave de este hundimiento político.
En el primer caso, el Auditorio, la Fiscalía señala que la construcción frustrada del gran edificio cultural dejó un reguero de irregularidades difíciles de explicar. Como hemos explicado, el caso ya pasó por el TSJ de Murcia en una ocasión, tras denunciarlo la Fiscalía, y fue enviado a un juzgado de Lorca para ser investigado más a fondo. Era una patata caliente.Nadie lo quería. Y en el PP respiraron con alivio al ver que iba a un juzgado ordinario y saturado sin que, de momento, Sánchez estuviera formalmente imputado.
Allí confiaba el presidente que se quedaría, pero no sólo no se quedó sino que volvió a Murcia rearmado con una mejor y más extensa instrucción -la de la jueza de Lorca- y con más críticas de la oposición que le recordó una y otra vez que había dicho que dimitiría si le imputaban. Este error de comunicación, esta verdad a medias (porque se mantuvo en el cargo) le costó, en parte, su puesto.
En el segundo caso, su imputación en la rama murciana de Púnica, su presencia en el sumario que investigaba el juez Velasco obligó al gran parte del PP nacional a protegerle mediáticamente: el caso más claro fueron los movimientos de la fiscalía general del Estado para ordenar a las fiscales del caso que no pidieran su imputación.
A Sánchez, y a miembros de su equipo, lo involucraba el Juez Velasco y la Fiscalía en uno de los negocios turbios de la trama púnica. Les acusaron de haber pactado un “lavado de imagen en redes sociales” de la figura del político (que entonces pugnaba por el liderazgo del PP) a cambio de dinero de formación de la consejería de educación. Durante la instrucción de la llamada rama murciana de la Púnica la SER difundió grabaciones -el insolente “Murcia a tope”, ya ha pasado a la historia- que demuestran que Sánchez y sus colaboradores cerraron con trabajadores de la trama púnica un contrato para mejorarle su imagen en redes sociales pagado con dinero público. Él y su equipo siempre se han defendido diciendo que “nunca se firmó nada”.
De aquellos días fue muy polémico un vídeo de La Sexta que demuestra que el Ministro de Justicia, al menos, buscó a Sánchez en el congreso del PP.
Hay dos hechos importantes en el contexto de ese vídeo:
Está grabado horas antes de de que la fiscalía general del Estado diera orden a sus fiscales de no imputar al Presidente.
Está grabado dos días antes de que a Pedro Antonio Sánchez se le “escapara” en una entrevista que él ya sabía que había un informe desfavorable a su imputación firmado por fiscales del Supremo. Ese hecho no era conocido todavía cuando el Presidente lo dijo.
Todos estos hechos nos llevan, primero, a aquel día de San benito del que hablaba al principio: Aquel día Sánchez dejó el cargo y mantuvo su acta de diputado y la Presidencia del Partido. Un conocido militante murciano me dijo aquel día: “ha puesto al partido entero en riesgo para defenderse él”.
Y todos estos hechos nos llevan, en segundo lugar, hasta ahora. Tras un verano en el que Sánchez practicamente no ha hecho apariciones públicas, durante las últimas semanas se han ido incrementando las críticas internas que señalaban que “está gobernando el PP y la Región en la sombra”. Son muchos dirigentes populares los que señalan en privado que Sánchez se ha convertido en un lastre.
Hasta el día de hoy.
La semana pasada ya anticvipamos que Pedro Sánchez se marchaba, y durante estos últimos días ha intensificado contactos en Madrid y Murcia para dejar todo en manos de López Miras. Si un día Sánchez volverá a la política murciana, lo veremos.

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El expresidente de Murcia, del PP, deja todos sus cargos acorralado por la corrupción

MURCIA
En una entrevista, el exmandatario anuncia su abandono de la política, aunque “no por voluntad propia” sino obligado por sus “adversarios, que han jugado sucio y les ha salido bien”.

MURCIA 27/09/2017 09:08 Actualizado: 27/09/2017 09:22 EFE

El expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez renunciará este miércoles a su acta de diputado en la Asamblea Regional y dimitirá de la Presidencia del PP en la comunidad, según avanza el diario La Verdad de Murcia.

En una entrevista, el exmandatario anuncia su abandono de la política, aunque “no por voluntad” propia sino obligado por sus “adversarios, que han jugado sucio y les ha salido bien”.

Sánchez, que no descarta afrontar una nueva etapa personal junto a su familia fuera de España, dice también que el PP no le ha obligado a adoptar esta decisión, que supondrá su relevo en la dirección de los “populares” murcianos y la casi probable designación de su sucesor en la Presidencia del Gobierno, Fernando López Miras, como candidato electoral en 2019.

Pedro Antonio Sánchez está imputado en los casos Púnica y Auditorio de presunta corrupción que se instruyen en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

FUENTE: PUBLICO.ES

ENLACE: http://www.publico.es/politica/expresidente-murciano-pedro-antonio-sanchez-imputado-justicia-deja-politica.html

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Imputan al alcalde de Alcantarilla y a su antecesor, ambos del PP, por tener 10 años a una firma sin contrato

El Gobierno regional alertó de que esa ilegalidad era injustificable, a lo que se suma ahora el presunto fraccionamiento de pagos para burlar la norma

RICARDO FERNÁNDEZ y JORGE GARCÍA BADÍA Murcia
Miércoles, 27 septiembre 2017, 08:10

Los problemas judiciales para el exalcalde de Alcantarilla por el PP, Lázaro Mellado, no parecen haber acabado con su salida del cargo. El antiguo regidor acaba de ser imputado -investigado- por presunta prevaricación por un juzgado de Murcia, quien también dirige la investigación contra su sucesor, el también popular Joaquín Buendía Gómez. La resolución judicial tiene su origen en una querella interpuesta por el PSOE de esa localidad, que acaba de dar origen a la apertura de unas diligencias previas por ese presunto delito contra la Administración pública.

Los dos políticos, que han regido la localidad de Alcantarilla desde hace dos décadas, fueron denunciados meses atrás como presuntos responsables de haber mantenido de forma presuntamente ilegal, a conciencia de ello y a lo largo de más de diez años, un contrato con una empresa que se encarga de la limpieza, mantenimiento y control de accesos -porteros- en los centros educativos de la localidad.

Los hechos que acaban de dar origen a una investigación en el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia se remontan al 9 de diciembre de 2004, cuando el Ayuntamiento adjudicó por dos años el mencionado servicio de limpieza y mantenimiento en los colegios a la firma Cryspemar SL, haciendo constar que se podría prorrogar por dos años más.

Los 205.954 euros que se pagaban al año se abonan ahora a razón de 17.162 euros por doce meses

Una vez agotados esos dos primeros años, y cuando el plazo ya había expirado, en concreto el 14 de diciembre de 2006, se aprobó la mencionada prórroga por parte de la Junta de Gobierno del Consistorio. Esta ampliación ya habría sido ilegal de por sí, según los hechos denunciados por el PSOE, pues la ley impide adoptar tal medida cuando el contrato ha finalizado. Concretamente, la norma exige que la prórroga se amplíe cuando el contrato todavía está todavía en vigor.

Pero, además, según se señala en la querella, tampoco con el agotamiento de esa prórroga de dos años se puso fin a la prestación de servicios por parte de esa firma, ya que se han extendido hasta el día de hoy de forma aparentemente irregular. En vez de sacar la contrata a concurso, lo que habría hecho el Consistorio fue fraccionar el contrato anual, que asciende a 205.954 euros, y abonarlo en doce pagos mensuales de 17.162 euros, con el aparente propósito de burlar la ley y no sacar el trabajo a licitación.

En noviembre de 2016, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcantarilla, Francisco Álvarez, pidió a la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma que analizara esa situación y se pronunciara al respecto, lo que motivó la emisión de un dictamen que resultó concluyente. Básicamente, señalaba que «la actuación municipal no se ajusta a la legalidad», que «en ningún caso se puede amparar la actuación del Ayuntamiento» y que «no puede deducirse, ni justificarse, la persistencia durante diez años de una situación excepcional, urgente e imprevista». De ahí que instara a restituir inmediatamente la legalidad. Pese a que tal advertencia data de marzo y a los múltiples requerimientos que la oposición ha efectuado para que la situación se regularice, hasta hoy nada se habría hecho por parte del Consistorio.

‘La Verdad’ habló ayer con Lázaro Mellado, que eludió hacer declaraciones alegando que el asunto está ‘sub iudice’, pero no logró contactar con el primer edil Buendía.

FUENTE: LAVERDAD.ES

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Los amaños del senador del PP José Luis Sanz: cinco contratos a dedo y un concurso simulado

El ayuntamiento que gobernaba manipuló un concurso público para que un grupo empresarial lo ganase
En cada contrato se incluyó una cláusula que permitía aumentar el presupuesto inicial, que en ocasiones pasó de 30.000 a 100.000 euros
Hubo ocasiones en las que el consistorio ni siquiera firmó un contrato y pagó a las empresas sin realizar ningún trámite legal

Marcos Pinheiro
23/09/2017 – 18:46h

El senador del PP José Luis Sanz ayudó a un grupo empresarial a hacerse con los contratos públicos del ayuntamiento del que es alcalde. Así lo sostiene un informe de la Fiscalía, que señala también que la única vez que el Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) convocó un concurso para externalizar los servicios de los que se había beneficiado la red de empresas, lo manipuló para garantizar que ese entramado lo ganase de nuevo.

El informe del fiscal José María Cañal, al que ha tenido acceso eldiario.es, recoge a lo largo de 42 páginas todas las irregularidades que permiten concluir que Sanz vulneró la ley de contratación pública a sabiendas. Un delito de prevaricación continuada, sostiene el fiscal, que pide a la jueza que decida si envía la causa al Tribunal Supremo por la condición de aforado del senador.

A Sanz se le acusa de haber firmado seis contratos saltándose los trámites legales, prescindiendo de la competencia de al menos tres empresas, lo que provocó que el Ayuntamiento no pudiese obtener una rebaja en el precio de esos servicios. En cinco ocasiones se optó por la contratación a dedo y la única vez que el consistorio de Sanz organizó un concurso, lo manipuló para que el grupo empresarial Guerra XXI se asegurase la victoria.

En 2013, el Ayuntamiento decidió convocar un concurso para externalizar la radio municipal, por un importe de 60.000 euros. Hasta ese año, la empresa Guerra XXI se había ocupado de su gestión pagando a cuatro redactores. El consistorio de Tomares invitó al concurso a tres filiales de Guerra XXI, pero las tres cometieron un error en su solicitud. Cuando el Ayuntamiento les pidió que la subsanasen solo una empresa lo hizo, resultando así ganadora del concurso.

El fiscal cree que esta circunstancia evidencia que todo “se dirigió de antemano a que sólo una de las empresas pudiera resultar adjudicataria”. En su informe, enmarca estas irregularidades en las acciones de funcionarios y autoridades para “prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” y beneficiar así al entramado de empresas, que llegó a facturar más de un millón de euros al Ayuntamiento.

Para alcanzar esa cifra de negocio, los responsables del entramado incluyeron una cláusula en algunos de los contratos que les permitía aumentar el precio inicial: “Cualquier gasto extra, no especificado en este contrato, se presupuestará fuera del mismo”. Aferrándose a esa frase, una de las empresas del grupo aumentó su facturación al Ayuntamiento de los 30.000 euros inicialmente presupuestos para la gestión de la biblioteca, a los 103.996 euros finales. En total presentaron 38 facturas por ese trabajo.

Ese contrato, por el que el Ayuntamiento buscaba a un auxiliar de Biblioteca, permite al fiscal y al perito comprobar la falta de profesionalidad con la que se gestionaban las licitaciones. En el documento se habla de que se van a contratar a “cuatro redactores”, un “corta-pega”, dice el informe, del contrato para la radio municipal.

En otras ocasiones, el consistorio no se molestaba en hacer contrato. Así ocurrió cuando se pagaron a una de las empresas de la red 105.860 euros por repartir material publicitario. Los investigadores del caso han encontrado 143 facturas por estos trabajos, pero ningún contrato. El fiscal echa mano de esta circunstancia para rebatir cualquier argumento que cuestione la irregularidad del acuerdo: “El problema no es que haya fraccionamiento, es que no hubo ni siquiera contrato”, señala Cañal en letras mayúsculas.

La “colaboración” que prestaban Sanz y otros cargos municipales a las empresas llagaba al punto de elegir a compañías para trabajos para los que no estaban capacitadas. Al concurso para gestionar la radio municipal invitaron a una empresa de servicios informáticos, y para el control de accesos del gimnasio del pueblo a una de organización de eventos. A esta última se la eligió a dedo y, una vez más, facturó más de lo que se recogía en el contrato inicial.

Este cúmulo de irregularidades comenzaron con la predecesora de Sanz en el Ayuntamiento, Antonio Hierro, que en 2007 designó para la organización de un festival de música a una empresa que se había creado un mes antes. Así comenzó la andadura del “complicado entramado empresarial” que habían creado Américo Manuel García Pichardo y José Candón Vázquez, que contaron con la ayuda de María del Carmen Guerra Nieto, cercana al interventor del Ayuntamiento de Tomares, junto a quien trabajó durante unos años.

Desde ese año y hasta 2013 firmaron con el consistorio multitud de contratos amañados para enriquecerse a costa de las arcas municipales. Ellos y los responsables del Ayuntamiento están imputados, estos últimos por prevaricación continuada. Solo falta Sanz, sobre quien la jueza del caso aún tiene que decidir si envía al Tribunal Supremo.

FUENTE: ELDIARIO.ES

ENLACE: http://www.eldiario.es/politica/PP-Jose-Luis-Sanz-contratos_0_689431987.html

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