Los informes de la caja b del PP que la Audiencia Nacional niega al Congreso

La SER publica los dos informes de la UDEF y el de la IGAE que la Sección Segunda de la Audiencia Nacional ha vetado esta semana a la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la presunta financiación ilegal del PP

La SER publica los dos informes de la UDEF y el de la IGAE que la Audiencia Nacional ha vetado esta semana a la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la presunta financiación ilegal del PP.

 

La SER publica los dos informes de la UDEF y el de la IGAE que la Audiencia Nacional ha vetado esta semana a la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la presunta financiación ilegal del PP. / CADENA SER

MIGUEL ÁNGEL CAMPOSMadrid 01/12/2017 – 09:11 h. CET

La Sección Segunda de la Audiencia Nacional que preside la abulense María José Rodríguez, ha vetado esta semana, con el voto discrepante del magistrado José Ricardo de Prada, el envío de tres informes sobre el caso de la caja b del Partido Popular a la comisión de investigación de la supuesta financiación ilegal de este partido, que se celebra en el Congreso de los Diputados.

Se trata de dos informes clave de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional sobre la caja b del Partido Popular. El primero analiza las correlaciones de cobros, pagos y otros indicios que ya en 2013 apuntaban a la veracidad de los denominados ‘papeles de Bárcenas’. Los expertos policiales demostraron hace ya cinco años en ese informe gran parte de los apuntes de la contabilidad paralela. También analizaron las obras públicas obtenidas por las empresas que figuran en los ‘papeles de Bárcenas’ como donantes de fondos en b, y todas obtuvieron adjudicaciones millonarias en el periodo en el que supuestamente pagaron las mordidas en negro.

Informe de la UDEF sobre la sede del PP

La SER publica los informes que la Sección Segunda de la Audiencia Nacional ha vetado

 

El segundo informe de la UDEF es un exhaustivo documento sobre las obras de la sede nacional del Partido Popular, pagadas presuntamente con 1.5 millones de euros en negro. Los agentes llegan a la conclusión, tras el análisis de las facturas y los trabajos ejecutados planta por planta, que existió una doble facturación desde 2005 y que gran parte del inmueble fue abonado en b al arquitecto Gonzalo Urquijo.

Informe de la UDEF sobre las correlaciones entre la documentación

La SER publica los informes que la Sección Segunda de la Audiencia Nacional ha vetado

El tercer informe negado por la Audiencia Nacional al Congreso es un documento de la Intervención General del Estado sobre los contratos menores de la Gürtel en el municipio de Boadilla y la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda.

Informe de IGAE sobre los contratos de Boadilla

La SER publica los informes que la Sección Segunda de la Audiencia Nacional ha vetado

 

Respaldada por la Fiscalía, la Audiencia Nacional denegó estos informes con el argumento de que se trata de “información reservada”, y que no cabe “predicar el acceso indiscriminado a los documentos y actuaciones judiciales que puedan poner en riesgo los derechos de los acusados”, de los que se presume su inocencia.

Esa presunción de inocencia, sostiene el tribunal, podría verse en peligro por una “investigación paralela” en el Congreso. Pero según recalca el magistrado De Prada, que votó en contra de la resolución, la comisión parlamentaria pretende investigar al Partido Popular, sobre el que no pende una acusación penal en la Audiencia Nacional, y por tanto su derecho a la presunción de inocencia ante este órgano jurisdiccional no está en riesgo. La mayor parte de los magistrados de la Sección Segunda ponen en duda, además, la capacidad de los diputados para evitar “filtraciones” de la información.

El presidente de la comisión de investigación del Congreso, Pedro Quevedo, dudaba este jueves que los diputados pudieran continuar con sus pesquisas ante la negativa de la Audiencia Nacional a trasladar la documentación. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Mahíllo, celebró la postura de la mayoría de los magistrados y pidió el archivo de la comisión al no tener acceso a los documentos.

FUENTE: CADENASER.COM

ENLACE: http://cadenaser.com/ser/2017/11/30/tribunales/1512074900_302332.html

 

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Esther Clavero: “Mientras yo esté aquí sacaremos a la luz todas las irregularidades del anterior Gobierno”

La alcaldesa de Molina de Segura ha respondido a temas de actualidad y a las cuestiones planteadas por los oyentes en una nueva edición de ‘La alcaldesa al habla’

Nueva edición de ‘La alcaldesa al habla’ en la que en los micrófonos de la SER ha respondido la regidora del Ayuntamiento de Molina de Segura, Esther Clavero.

AUDIO: http://play.cadenaser.com/audio/011RD010000000162505/?leer=on

La alcaldesa se ha referido en primer lugar al procesamiento del anterior alcalde del municipio, Eduardo Contreras, por el denominado caso ‘Vertedero’ y ha dicho que mientras esté al frente del Ayuntamiento seguirá sacando a la luz todas las irregularidades del anterior equipo de Gobierno con la intención de hacer justicia, y sobre todo, – ha dicho- “que se les devuelva a los ciudadanos aquello que se les quitó y que podía haber revertido en inversiones públicas para el municipio”.

Clavero se ha referido a otros casos de “naturaleza muy similar” que han encontrado y denunciado en el año y medio que lleva al frente del Ayuntamiento de Molina de Segura, “y que han supuesto un perjuicio económico grave para todos los ciudadanos de nuestro municipio”, ha dicho.

Por otra parte también se ha referido a la reunión mantenida en los últimos días con el presidente autonómico Fernando López Miras y en la que Esther Clavero planteó al jefe del Ejecutivo murciano una serie de demandas que espera se vean reflejadas en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de cara a 2018.

La primera edil ha hablado del Plan de Inversiones del municipio y ha recordado la celebración recientemente de un Pleno extraordinario en el que se aprobó un suplemento de crédito con el que se construirán dos nuevos pabellones polideportivos, un nuevo recinto ferial y un centro juvenil.

En otro orden de cosas, la alcaldesa de Molina de Segura ha confirmado su intención de ser candidata del PSOE en la próximas elecciones municipales y ha mostrado su deseo de seguir al frente de la agrupación socialista local “al contar con el respaldo de sus compañeros”.

Por lo que respecta a las cuestiones planteadas por los oyentes vía contestador automático y correo electrónico. Clavero ha respondido a preguntas de todo tipo, desde la petición de una oyente para conseguir una ciudad más transitable y cohesionada en materia urbanística, hasta preguntas relacionadas con el transporte público; becas para estudiantes Erasmus; las molestias que ocasionan los ladridos de perros que no son atentidos por su dueños, pasando por otras solicitudes relacionadas con urbanizacones como La Alcayna, Mirador de Agridulce II o La Quinta.

FUENTE: CADENASER.COM

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Las ‘oscuras’ relaciones del PP con la Justicia

El cambio de jueces en el tribunal de Gürtel es sólo el último movimiento que hace sospechar a la oposición de la falta de independencia de jueces y fiscales.

MADRID 29/11/2017 22:47 Actualizado: 29/11/2017 22:49

P.D.

La independencia judicial está en entredicho. Así lo consideran desde la oposición, que ha acusado al Gobierno del PP de meter mano en los tribunales en numerosas ocasiones. La última ha sido este mismo miércoles, tras conocerse que los jueces que decidieron citar como testigo a Mariano Rajoy en el caso Gürtel no juzgarán ahora la pieza separada de la caja B del partido.

“Los políticos desconocemos ese cambio, poco podemos decir”, se defendió el vicesecretario de Comunicación de la formación, Pablo Casado. Lo mismo argumentó el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá: “¿Cómo iba a estar detrás? ¿Cómo es posible que el Gobierno le diga a la Sala de la Audiencia Nacional, compuesta por un alto número de jueces, lo que tienen que hacer?”, se preguntó irónicamente.

Sin embargo, desde la oposición critican que esta nueva decisión supone un “duro golpe contra la imagen de imparcialidad y credibilidad que merece la Justicia” -en palabras de IU- y “no ayuda a dar credibilidad a la Administración de Justicia” -en palabras del PSOE-. Desde Podemos consideran que es una muestra de que en la Audiencia Nacional hay “jueces vinculados al PP” y que desde el Ejecutivo se intenta “controlar” los casos judiciales que afectan a su partido.

Y es que no es la primera vez que movimientos de este tipo hacen sospechar de las oscuras relaciones del PP con la Justicia. Desde las épocas en la que el exministro de Aznar Federico Trillo asesoraba judicialmente (y en la sombra) al partido, precisamente en el caso Gürtel (aunque también en el del Yak – 42), las sospechas de “injerencias” no han dejado de crecer.

Por un lado, están los nombramientos del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en los que las acusaciones de “pasteleo” también apuntan hacia los socialistas. Por otro, sus cambios legislativos en la época del “Gobierno Mariano Rajoy 1” -como lo califica el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo-, es decir, en la mayoría absoluta. Entre ellos, la propia reforma de la ley del TC que, con la mirada puesta en el soberanismo en Catalunya, dotaba al Alto Tribunal de poderes para inhabilitar ipso facto a cualquier cargo público que desobedeciera sus órdenes.

También están su reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretendía limitar la libertad de información para evitar la llamada “pena de telediario” o limitar a sólo seis meses la instrucción de los casos de corrupción sin que se dote a los tribunales de presupuesto y refuerzo de personal suficiente para poder llevar a cabo dicha labor. Una reforma que puso a las asociaciones de jueces y fiscales -incluidas las conservadoras- en pie de guerra contra lo que, denunciaban, crearía un “manto de impunidad” en todo el país.

Asimismo, fue especialmente criticada la petición de “juicio nulo” por parte del partido en el caso Gürtel, así como su propuesta -aún en el aire- de intentar eliminar la figura de la acusación popular cuando ésta sea ejercida por partidos políticos o asociaciones afines a los mismos.

El último escándalo saltó con la operación Lezo, tras conocerse que el expresidente de la Comunidad de Madrid recientemente excarcelado tras pagar una fianza de 400.000 euros, Ignacio González, recurrió a policías, políticos, jueces y fiscales para intentar salir impune de la trama del Canal de Isabel II. Con el tiempo, se supo que el propio número dos de Interior, José Antonio Nieto, le dio el chivatazo de que le estaban investigando y se conocieron los presuntos movimientos de la Fiscalía para intentar beneficiarle.

Todo ello llevó al Congreso a reprobar no sólo al fiscal anticorrupción, Manuel Moix -que terminó dimitiendo por otro motivo (su participación en una empresa offshore )-, sino también al fiscal general del Estado, el fallecido José Manuel Maza; y hasta al mismo ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Ahora la polémica ha saltado por la decisión de la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de apartar al conservador Julio de Diego y al progresista José Ricardo de Prada -dos de los tres que conformaban el tribunal que citó a Rajoy- de la segunda pieza del caso Gürtel: los papeles de Bárcenas. Ella es Concepción Espejel, afín al PP y amiga personal de María Dolores de Cospedal, quien habría maniobrado para que la magistrada llegara a su cargo actual.

FUENTE: PUBLICO.ES

ENLACE: http://www.publico.es/politica/papeles-barcenas-oscuras-relaciones-pp-justicia.html

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La Audiencia da el ‘cambiazo’ en el tribunal de la caja B del PP, formado desde 2016

Dictó incluso varios autos tras la apertura de juicio oral. La acusación de Izquierda Unida recusará al nuevo tribunal al considerar que se ha vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley.

MADRID 29/11/2017 22:46 Actualizado: 29/11/2017 22:46 JULIA PÉREZ

La Audiencia Nacional ha dado el cambiazo en el tribunal que juzgará la caja B del Partido Popular, cuando está formado desde el año 2016 y ya había dictado varias resoluciones desde que se decretó el auto de apertura de juicio oral de la causa, según ha confirmado Público.

El pasado 20 de noviembre la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acordó una nueva composición del tribunal de tal manera que ha sido desplazado Julio de Diego, el juez que aprobó que Mariano Rajoy declarara como testigo en el caso Gürtel. Y se ha nombrado presidenta del tribunal a la juez María José Rodríguez Duplá, la nueva presidenta de la sección, en lugar del actual presidente, Ángel Hurtado.

“Es una trampa al solitario, una cacicada”, explica una fuente judicial respecto al cambiazo dado al tribunal que juzgará la contabilidad paralela del PP que manejaba su extesorero Luis Bárcenas, así como la reforma en negro realizada a la sede central del PP de la calle Génova de Madrid.

Es la pieza separada “Udef-Bla” del rollo de sala 6/2015.

Cambio retroactivo
La decisión ha causado pasmo en diversos sectores judiciales. En primer lugar, porque las normas de reparto se alteran para los asuntos del futuro, y jamás para asuntos que ya tienen un tribunal como es el caso. Nunca pueden tener efectos retroactivos, porque así lo establece la ley.

Propuesto por una recusada: Espejel
También causa asombro que la ponente del cambio de las normas de reparto haya sido Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y quien fue apartada del caso Gürtel por su afinidad al PP. “Y si no puede intervenir en una asunto jurisdiccional al estar contaminada, tampoco podría hacerlo en el mismo asunto pero en el ámbito gubernativo”, explica otra fuente judicial.

Sin motivación
Un tercer motivo de pasmo es que no ha existido una motivación, una causa justificada para cambiar a un tribunal ya formado, como podría ser una enfermedad. En la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, encargada del caso Gürtel, está el mismo número de magistrados y sólo ha cambiado la presidencia.

La finalidad última de que una misma sección juzgue todas las piezas separadas de un caso, de un mismo tronco común, es garantizar la seguridad jurídica. Esto es, garantizar que el caso será juzgado con criterios comunes por unos magistrados que tienen el conocimiento global de los asuntos. Es lo que había ocurrido con la Sección Segunda, hasta ahora.

Pero el cambiazo supone que en el tribunal que juzgará esta pieza del caso Gürtel habrá dos nuevos magistrados, de los tres que los componen: la propia Rodríguez Duplá y Juan Pablo González, que será en nuevo ponente de la sentencia.

González, otro ‘recusable’
Sobre Juan Pablo González planean similares motivos de recusación por los cuales fue apartada Espejel, de tal manera que este magistrado quedará ahora situado en el disparadero de la polémica y de las presiones.

Amigo íntimo del exministro del PP Jaime Mayor Oreja, Juan Pablo González fue aupado por el PP a altos cargos del poder del Estado, como Espejel. Fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a instancia del PP (2001 a 2008), al igual que Concepción Espejel. Fue nombrado para el cargo a propuesta del Senado al mismo tiempo que Enrique López, también recusado en Gürtel, en una votación en la que participó el exministro Eduardo Zaplana.

Por si fuera poco, la acusación popular que ejerce Izquierda Unida tiene previsto pedir que Eduardo Zaplana comparezca como testigo en este juicio.

Amiga de Sánchez Melgar
Por su parte, María José Rodríguez Duplá es una persona del entorno íntimo de Julián Sánchez Melgar, el próximo Fiscal General del Estado. Es más, Rodríguez Duplá sustituyó a Sánchez Melgar en la presidencia de la Audiencia Provincial de Ávila cuando éste fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo.

IU recusará al nuevo tribunal
La acusación popular de IU ha denunciado este miércoles el “duro golpe contra la imagen de imparcialidad y credibilidad que merece la justicia” esta decisión de la Audiencia Nacional.

Izquierda Unida recusará al nuevo tribunal surgido con las nuevas normas de reparto. Esta acusación popular considera que la Audiencia Nacional ha vulnerado el derecho a juez predeterminado por la ley.

El llamado derecho al juez natural es una garantía para que todo caso sea juzgado por los magistrados designados por la ley, y no por un juez nombrado a dedo. Es una protección para evitar arbitrariedades del poder.

También baraja recusar al propio Juan Pablo González, dado su nombramiento por el Senado a instancia del PP para ser vocal del CGPJ.

No puede ser alterado
“Desde el momento en que se notifica a las partes la composición de la Sala, conforme a las normas de reparto, el tribunal no puede ser alterado salvo circunstancias excepcionales”, explican fuentes judiciales que apuntan a causas excepcionales para acordar esta alteración, como es la enfermedad de un magistrado.

Pues bien, el tribunal original de la caja B del PP fue nombrado el 28 de abril de 2016 por medio de una diligencia de ordenación dictada por la secretaria judicial de la Sala. Su composición fue trasladada a las partes. Está compuesto por los mismos magistrados que han juzgado los primeros negocios de Gürtel: Ángel Hurtado (presidente y ponente), Julio de Diego y José Ricardo de Prada.

Tribunal formado en 2016
Una acusación popular recurrió esta composición en noviembre de 2016 y la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional resolvió entonces que la Sala había sido designada conforme a las reglas de reparto. Son las reglas que ahora ha alterado la Audiencia Nacional a propuesta de Espejel por las cuales se ha cambiado la composición misma del tribunal.

Por si fuera poco, Público ha confirmado que este tribunal ha dictado al menos un auto en el que autoriza al exgerente del PP Cristóbal Páez a vender una finca. Está fechado el 8 de mayo de 2017 y firmado por los tres magistrados ahora cambiados.

También existe en el rollo unas alegaciones presentadas a este tribunal por el propio PP contra la decisión de que deposite una fianza civil solidaria de 1,2 millones de euros a cuenta de las reformas de la sede pagadas con la caja B.

En esta pieza “Udef-Bla” del rollo 6/2015 están procesados los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como el exgerente del partido Cristóbal Páez, la empresa que realizó las reformas (Unifica Servicios Integrales, SL) y dos arquitectos.

FUENTE: PUBLICO.ES

ENLACE: http://www.publico.es/politica/audiencia-da-cambiazo-tribunal-caja-b-pp-formado-2016.html

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La construcción ilegal de una barraca arrastra a tres exediles y a un pedáneo del PP

La juez procesa a Arce, Porto, Berberena y Barquero por presunto delito urbanístico y por prevaricación, y los deja al borde del banquillo

Ricardo Fernández
Jueves, 30 noviembre 2017, 08:07

Esta fiesta huertana llega arrastrando tras de sí una factura prohibitiva para tres antiguos concejales del PP en el Ayuntamiento de Murcia y para un pedáneo del mismo signo político: José Arce Pallarés, Fernando Berberena Loperena, Francisco Porto Oliva y Patricio Barquero Marín. Los cuatro acaban de situarse al borde del banquillo de los acusados después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, haya dictado auto de procedimiento abreviado -equiparable al de procesamiento- por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación por la construcción ilegal de una barraca huertana.

Esta resolución pone fin a la investigación que se abrió en 2013 para depurar las posibles responsabilidades penales derivadas de la construcción de un edificio de dos plantas, con más de 450 metros cuadrados de obra, en un terreno de Javalí Nuevo que debía de haber sido destinado a jardín. Las innumerables protestas de algunos vecinos por haberse quedado sin zona verde nunca hallaron respuesta en el Ayuntamiento.

Según la magistrada Azuar, la investigación ha establecido que fue el pedáneo Barquero quien, en octubre de 2009, como presidente que era entonces de la peña huertana Grupo de Coros y Danzas Antigua de la Peña Contraparada, solicitó al Servicio de Patrimonio un terreno en el jardín Diego Manzano para construir una sede. El suelo estaba clasificado como zona verde.

La instructora advierte de que no es justificación que esas prácticas llevaran años cometiéndose: «Una ilegalidad constante no se convierte en legalidad»

El noviembre de ese año, la jefa de Patrimonio, María del Carmen Blanco, acordó la cesión en precario de 818 m2, aunque advirtiendo de que debía «ajustarse inexcusablemente a las directrices establecidas». Previamente, la petición ya había sido examinada por el concejal de Obras y Servicios Comunitarios, José Arce, quien había dado traslado al servicio correspondiente.

Pese a que -siempre según la juez- tanto José Arce como María del Carmen Blanco sabían que no era posible presuntamente permitir esa construcción, como también los ediles Berberena y Porto, la Junta de Gobierno Local acabó aprobando la propuesta de la jefa de Patrimonio.

La construcción de la sede, repartida en dos plantas, no solo se llevó a efecto, sino que además se habría ejecutado con más superficie de la autorizada, careciendo de licencia de obras y, en resumen, «privando a los vecinos del uso y disfrute de una porción de terreno de dominio público».

Ya en 2017, tres años después de que trascendiera que un juzgado había abierto diligencias penales para averiguar en qué circunstancias se levantó la sede de la peña huertana, la Junta de Gobierno Municipal inició un expediente para revocar la cesión de la parcela «por incumplimiento de los requisitos exigidos en la misma». El presupuesto estimado para la demolición del edificio se sitúa en 26.990 euros.

«Una práctica habitual»
La magistrada advierte en su resolución de que «la justificación ofrecida por los investigados de que se trataba de una práctica realizada desde años atrás (peñas huertanas en jardines) no podría, como así informaba el Ministerio Fiscal, convertir una ilegalidad constante en legalidad».

La conclusión a la que llega la instructora es que las diligencias han permitido recabar indicios delictivos suficientes para dictar auto de procedimiento abreviado contra los exconcejales Arce, Berberena y Porto, el pedáneo Barquero y la alta funcionaria Blanco por presuntos delitos urbanístico (contra la ordenación del territorio) y prevaricación.

Esta resolución pone a estos servidores públicos (algunos ya retirados y otros todavía en activo) al borde del banquillo, ya que bastará con que el Ministerio Fiscal o las acusaciones privadas formulen escrito de acusación para conducirlos a juicio.

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/murcia/construccion-ilegal-barraca-20171130013308-ntvo.html

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La Guardia Civil confirma a Bruselas que investiga dos presuntos desvíos de fondos europeos a campañas del PP

La Oficina Antifraude de la UE había preguntado por un caso, pero la UCO le señala hasta dos supuestos amaños de 3 millones de euros destinados a la creación de empleo

MARCOS PARADINAS @mparadinas

Lun, 27 Nov 2017

A principios de octubre, la Unión Europea se interesaba por la investigación del caso Púnica y preguntaba a la Justicia española sobre el uso de fondos europeos para la financiación irregular del Partido Popular de Madrid. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha dado la respuesta que le pidió al respecto el juez del caso Púnica y ha señalado que no sólo están investigando un contrato, como pensaba Bruselas, sino que hay dos casos bajo la lupa policial y que suman tres millones de euros.

A finales de octubre, la cadena de información se daba la vuelta. Primero, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) había pedido información a la Audiencia Nacional sobre las pesquisas del caso Púnica sobre adjudicaciones de la Comunidad de Madrid con fondos europeos. El organismo dependiente de la Unión Europea quería abrir una investigación al respecto y se puso en contacto con el Juzgado de Instrucción número 6.

En concreto, la OLAF quería saber el estado de la investigación sobre la adjudicación de 2 millones de euros que el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) había hecho en 2006 Over Marketing, empresa investigada por la presunta financiación de la caja B del PP de Madrid.

Su titular, Manuel García Castellón, trasladó la pregunta a la Guardia Civil que ha respondido en un informe al que ha tenido acceso a El Plural, en el que confirma que está investigando ese contrato con fondos europeos y añade que también tiene “bajo análisis” un segundo contrato de un millón de euros, pagados al 80% por la Unión Europea.

La UCO señala que la primera adjudicación, una campaña sobre “la importancia de autónomos/pymes”, está siendo analizada dentro su investigación sobre “los contratos” de la Comunidad de Madrid a Over Marketing “en relación con la financiación de actos de campaña del Partido Popular” en Madrid. Y subraya que “dicho contrato estaría financiado por el Fondo Social Europeo”, cuyas partidas deberían servir para la creación de empleo, aunque señalan que “se desconocería el porcentaje” que habría venido de Europa.

Sin embargo, lo tienen más claro en el segundo contrato y del que la Unión Europea no tenía noticia. La Guardia Civil informa de que “de igual modo” se está investigando el “servicio de Publicidad para la campaña del plan de residuos”, adjudicado también en 2006 a Over Marketing por un millón de euros. “Respecto a este último contrato, estaría financiado por el Fondo Social Europeo en un 80%”, señala la UCO.

La OLAF tuvo conocimiento de esta causa después del escándalo de la desaparición de los contratos. Cuando le fue requerida por la investigación, la Comunidad de Madrid respondió a la Justicia que había perdido la documentación sobre estas adjudicaciones. El hecho de que el encargado de custodiarla fuera un imputado en Púnica no ayudó a aligerar la polvareda y la eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol, avisó a la OLAF de las desapariciones de los documentos.

Según la investigación de Púnica, Over Marketing habría recibido varias adjudicaciones millonarias de la Comunidad de Madrid entre 2006 y 2007 –cuando hubo elecciones regionales-, así como contrataciones de constructoras privadas que habrían ganado concursos públicos bajo el Gobierno de Aguirre. La UCO sospecha que ese dinero serviría para sufragar los actos de campaña del PP que habría realizado Over Marketing.

Over Marketing, beneficiaria de las adjudicaciones, no sólo está señalada en Púnica. La empresa es propiedad de Daniel Horacio Mercado y, además de estar imputado en la causa sobre la presunta caja B de la época de Esperanza Aguirre al frente del PP de Madrid, también está encausado en el caso Palma Arena. En concreto, en la pieza separada que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular en Baleares con un mecanismo similar.

FUENTE: ELPLURAL.COM

ENLACE: https://www.elplural.com/politica/2017/11/27/la-guardia-civil-confirma-bruselas-que-investiga-dos-presuntos-desvios-de-fondos

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Ana Botella se sirvió de la red Púnica para mejorar su imagen por 60.000 euros

Un informe de la Guardia Civil detalla los contactos de la exalcaldesa madrileña con la trama de corrupción

ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA
FERNANDO J. PÉREZ
Madrid 27 NOV 2017 – 22:05 CET

La exalcaldesa de Madrid Ana Botella utilizó los servicios del empresario Alejandro de Pedro, uno de los principales imputados del caso Púnica, para mejorar su imagen en Internet, según la Guardia Civil. En agosto de 2013, la entonces regidora y su esposo, el expresidente José María Aznar, se reunieron con De Pedro en Marbella. Tras ese encuentro, la jefa de prensa de Botella concertó supuestamente con De Pedro que el Ayuntamiento pagaría 60.000 euros por estos trabajos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el 2 de noviembre al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón un informe de 69 páginas sobre los trabajos realizados entre 2013 y 2014 por las empresas del empresario valenciano Alejandro de Pedro para mejorar la deteriorada imagen política de Ana Botella. El documento sostiene que, en el verano de 2013, De Pedro presentó a la entonces alcaldesa de Madrid “una propuesta de servicios en materia de reputación online” en una reunión en Marbella con ella y con Aznar que supuestamente le fue conseguida por su amigo el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana.

UNA REPUTACIÓN EN INTERNET “PREOCUPANTE”
El 1 de agosto de 2013, De Pedro envió a la secretaria de Zaplana un primer informe sobre la imagen de Botella en Internet para que se lo hiciera llegar a la entonces alcaldesa con el comentario de que en esos momentos era “verdaderamente preocupante”. El documento detallaba que las 10 primeras noticias que salían en Google al teclear el nombre de la alcaldesa eran “todas negativas”. Lo mismo ocurría en Facebook, Twitter y Youtube, donde se la relacionaba con términos como “incapaz”, “quiebra”, “Bárcenas” y la tragedia del “Madrid Arena”. De Pedro proponía utilizar su red de 100 diarios digitales zombis para “fortalecer la notoriedad de Ana Botella”.

Los trabajos de las empresas de De Pedro consistían en crear y difundir noticias positivas sobre los cargos públicos para desplazar a las noticias negativas en los buscadores de Internet. De estos servicios de reputación personal, pagados con dinero público, hicieron uso otros políticos del PP, como el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, la exconsejera madrileña Lucía Figar o la senadora Pilar Barreiro. Todos están imputados por corrupción.

“Fruto de la reunión con Ana Botella en Marbella, Alejandro de Pedro entraría en contacto con la jefa de prensa de la alcaldesa, Elena Sánchez, dando por iniciado el proyecto poco después mediante la difusión de noticias favorables a la alcaldesa a través de su red de medios digitales”, sostiene la UCO en su informe. La Guardia Civil solo aprecia responsabilidad penal en De Pedro, su socio José Antonio Alonso Conesa, Elena Sánchez y Zaplana.

Según las conversaciones intervenidas por mandato judicial, el contacto personal entre Botella y De Pedro se produjo a finales de agosto de 2013, días antes de que la regidora viajara a Buenos Aires para defender la fallida candidatura olímpica de Madrid 2020.

Los investigadores, tras analizar decenas de correos electrónicos, consideran que De Pedro pactó con Sánchez el pago de 60.000 euros por los servicios de reputación online de su jefa. Aunque los trabajos se iniciaron días después de la reunión de Marbella, “de los distintos mensajes cruzados se deduce que la contratación” de estos servicios “no termina de concretarse”, según la UCO.

El principal problema consistía en la dificultad de facturar esos trabajos con cargo al presupuesto municipal. En marzo de 2014, después de que De Pedro se valiera de Zaplana para reclamar los pagos íntegros —solo cobraron 400 euros mensuales de los 12.000 previstos en cinco meses—, la jefa de prensa de Botella le contesta vía Whatsapp: “Es que sólo nos dan eso. Pero hay un plan b. Ya te contaré”. La solución fue subcontratar a una de las empresas de De Pedro en un contrato de publicidad municipal.

FUENTE: ELPAIS.COM

ENLACE: https://politica.elpais.com/politica/2017/11/27/actualidad/1511806926_172134.html

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