La Fiscalía pedirá la reapertura del ‘caso Gürtel’ contra Camps

La decisión se toma después de que los principales implicados de la trama valenciana señalaran al expresidente

J. J. GÁLVEZ
Madrid 12 JUL 2018 – 09:58 CEST

camps

Francisco Camps, en una de sus visitas a la Ciudad de la Justicia de Valencia. MÒNICA TORRES

La Fiscalía Anticorrupción va a pedir este jueves la reapertura del caso Gürtel contra Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, según detallan fuentes del Ministerio Público. Esta decisión, adelantada por la cadena SER y confirmada por EL PAÍS, se adopta después de que los principales implicados en la trama señalaran al exdirigente del PP durante el juicio celebrado por la rama valenciana de la red de corrupción.

“Delante de mí llamaban al presidente [Francisco Camps] y le decían: ‘Oye, que está aquí Álvaro’. Y decía: ‘Pues dadle el acto del domingo’. Y ya está, otro cacahuete al mono”, afirmó durante la vista oral Álvaro Pérez, alias El Bigotes. Fue uno de los condenados que lo señaló. De hecho, en su sentencia, el juez dio también “notable credibilidad” al testimonio de Ricardo Costa, que admitió que el PP valenciano pagó las campañas electorales de 2007 y 2008 “con dinero negro de empresarios contratistas de la Generalitat” por indicación directa de Camps.

La Fiscalía General del Estado ya anunció el pasado enero que estudiaría investigar a Francisco Camps después de que los principales acusados lo señalaran como el creador y organizador de la financiación ilegal del partido en esta comunidad.

FUENTE: ELPAIS.COM

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Las ‘kellys’, la brecha salarial y las subcontratas, prioridades del Gobierno en el plan contra la precariedad

El plan que prepara el Gobierno quiere atajar los abusos laborales y da prioridad a los colectivos que más lo sufren

CRISTINA DELGADO
MANUEL V. GÓMEZ

Madrid 12 JUL 2018 – 06:03 CEST

El Gobierno ya tiene listo su programa contra la explotación laboral y arrancará en agosto, según avanza EL PAÍS. El programa incluye decenas de medidas diseñadas por el Ministerio de Trabajo para la actuación de la Inspección hasta 2020, entre las que destacan algunas actuaciones especiales sobre sectores donde considera que hay que atajar lo más pronto posible la precariedad: cita actuaciones especiales, por ejemplo, para el sector hostelero, por las kellys, o la seguridad privada e incluye la creación de una unidad de lucha contra la discriminación de género.

Inspectores especialistas y una Unidad de Lucha antidiscriminación

El plan que ha preparado Trabajo dedica una sustancial parte a repasar que el mercado laboral todavía guarda un lugar menos destacado para las mujeres que para los hombres. “La tendencia hacia la reducción paulatina de las diferencias de salario por razón de género es lenta”, recuerda el informe. En 2016, la mujer percibió un salario medio un 20% inferior al percibido por el hombre, frente al 21,7% de 2007. “Y tienen una mayor presencia en los niveles salariales bajos, el 40,3% de las mujeres tuvo en 2016 un salario inferior a 1.229 euros frente al 20,7% de los hombres”, apunta. Ellas trabajan más a tiempo parcial, con contratos temporales y en actividades con remuneraciones más bajas.

Entre las principales propuestas para atajar los abusos, destaca la creación de “la Unidad de Lucha contra la Discriminación, como órgano encargado del impulso y coordinación de la aplicación de las medidas de lucha contra la discriminación en el acceso al empleo, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, especialmente las retributivas”. Estará integrada en la Subdirección General para la Coordinación de la Inspección del Sistema de Relaciones Laborales. Además, se propone designar inspectores de trabajo especializados en esta materia en las provincias y las direcciones territoriales y ofrecerles formación específica.

También quieren llevar a cabo “cruces de bases datos, a través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude”, para tratar de detectar situaciones de “discriminación salarial en las empresas, tanto directas como indirectas” y hacer inspecciones. En coordinación con las autonomías, se realizarán “controles de legalidad de convenios colectivos” para detectar cláusulas discriminatorias.

En cuanto al acoso sexual, quieren que los inspectores verifiquen que las empresas cuentan con los sistemas obligatorios para prevenir el acoso y tramitar denuncias. Y entre las denuncias que Trabajo reciba en el buzón anónimo para denunciar explotación laboral, se dará prioridad a las que sean por abuso sexual o discriminación de género.

Controles especiales para los excesos que sufren ‘kellys’ y vigilantes
El plan del Ejecutivo busca atajar el exceso de temporalidad y precariedad en todo el mercado laboral. Pero para empezar cita específicamente dos grupos: los vigilantes de seguridad y las camareras de piso o kellys, un término que usa varias veces en su documento. Los primeros, dice, se ven muchas veces perjudicados salarialmente por la subrogación de servicios que pasan de una empresa a otra. Sobre las segundas, destaca que es un colectivo “especialmente castigado por bajos salarios, ritmos de trabajo y sobreesfuerzos”.

La primera receta para todos es aumentar las inspecciones en las empresas, sobre todo cuando lleguen denuncias de impago.

Además, en el caso de las kellys, prepara un plan pionero: asegura que pondrá en marcha campañas específicas para colectivos especialmente vulnerables ante la precariedad. “Las primeras actuaciones se dirigirán, en el sector de hostelería de alojamientos, al colectivo de camareras de pisos, las kellys. Esta campaña tendrá la virtualidad de ser la primera, en materia de relaciones laborales, que está dirigida a un sector de actividad específico, y que tiene por finalidad una revisión, con carácter integral, de las condiciones laborales de las personas trabajadoras que integran el colectivo, prestando especial atención a quienes son contratados a través de empresas multiservicios, pero sin olvidar también la contratación a través de empresas de trabajo temporal”. Se centrarán en aquellas comunidades —con las que promete coordinarse— “donde el sector turístico tenga una especial importancia, y permitirán un control integral de las condiciones de prestación de servicio del colectivo”.

En el caso de los vigilantes, para que la subrogación no merme sus sueldos, “se revisarán especialmente los casos de convenios colectivos anulados por la jurisdicción social” y habrá “un especial seguimiento de incumplimientos salariales de determinadas empresas multiservicios” y de las vulneraciones de los derechos de empleados subrogados.

Campañas contra la proliferación de falsos autónomos y becarios eternos
Trabajo quiere revisar si las empresas se ahorran impuestos y puestos de trabajo a costa de falsos autónomos o becarios. Para detectarlo, tirará de campañas de inspección especiales, “focalizando las actuaciones en los sectores más afectados por este fenómeno”. Pero, además, quiere que los datos de la Seguridad Social y de Hacienda le sirvan también para detectar abusos.

Se fija como objetivo “intensificar las relaciones y la coordinación con la Tesorería General de la Seguridad Social y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, así como con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria con el objetivo de disponer de una información que permita la identificación de las empresas que se sirven de los denominados falsos autónomos”.

También pretende poner coto a excesos que algunas nuevas compañías cometen apelando a la llamada “economía colaborativa”, porque “bajo el anonimato que proporciona la Red, ampara numerosas situaciones de economía irregular, ya sean faltas de alta tanto en el Régimen Especial de Autónomos como en el Régimen General de la Seguridad Social”. No cita ninguna empresa en concreto, pero sí recuerda que en los últimos años han aflorado “determinadas prácticas empresariales inadecuadas que están promoviendo una precarización del mercado de trabajo, fundamentado en la reducción de costes”. Y eso está fomentando “la aparición de un tipo de trabajador que ha de realizar cada vez más horas por un mismo precio, o incluso por uno inferior, dando fuerza al concepto denominado trabajador pobre”. La receta vuelve a ser la misma: campañas específicas de inspección en “plataformas y comercio electrónico”.

Por último, dedica un espacio a los docentes que pierden su empleo cuando llegan las vacaciones. Quiere llevar a cabo “una actuación específica para erradicar la fraudulenta contratación temporal de profesores en ciclos coincidentes con el curso escolar, extinguiéndose los contratos en los periodos no lectivos”.

FUENTE: ELPAIS.COM

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Trabajo activará en agosto dos “planes de choque” contra el abuso de contratos precarios

El programa contra la explotación laboral del Gobierno se pone en marcha el mes que viene

MANUEL V. GÓMEZ
CRISTINA DELGADO

Madrid 12 JUL 2018 – 08:42 CEST

El Gobierno ya tiene listo su programa contra la explotación laboral y arrancará en agosto. Comenzará con dos planes de choque contra los abusos en la contratación temporal y en el empleo a tiempo parcial. Son los dos primeros pasos de un total de 10 que conforman el plan completo que ha diseñado el Ministerio de Trabajo para la actuación de la Inspección hasta 2020. También incluye actuaciones especiales sobre el sector hostelero, por las kellys, o la seguridad privada y la creación de una unidad de lucha contra la discriminación de género.

La lucha contra la explotación laboral debe tener resultados este mismo año. Ese es el objetivo que se ha fijado el Ministerio de Trabajo en el primer borrador del plan director contra la explotación laboral 2018-2020, un plan que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en EL PAÍS. Sus primeros pasos consistirán en dos “planes de choque”: uno “contra el fraude en la contratación temporal”, y el otro “contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial”. Arrancarán en agosto y acabarán en diciembre de este año. Al mes siguiente se evaluarán ambas acciones, según el calendario contemplado en el documento de 69 páginas fechado el 9 de julio al que ha tenido acceso este diario.

Además de estos planes contra dos de las formas de precariedad más extendidas en el mercado laboral en España, muy aquejado de este mal, el programa anuncia un cambio significativo sobre la persecución de los abusos en la temporalidad: “Debe ponerse fin a la situación actual en la que las actuaciones inspectoras no llevan aparejada una sanción y solo dan lugar, la mayoría de las veces, a la conversión de los contratos temporales en indefinidos”. “Estas reflexiones serían igualmente para la contratación a tiempo parcial abusiva o los excesos de jornada y horas extraordinarias no declaradas”, abunda.

Más adelante, en la primera medida concreta que anuncia, de las 75 que contiene, el documento advierte que la Inspección “practicará tolerancia cero ante las situaciones de abuso”, y que conjugará en su actuación la sanción con la conversión de temporales en fijos. “Resulta necesario reforzar las sanciones asociadas a la contratación temporal abusiva, no tanto con un carácter punitivo, sino con la finalidad de garantizar su carácter coercitivo y disuasorio”, clarifica.

El plan es, en realidad, un programa completo de actuaciones para la Inspección de Trabajo entre 2018 y 2020, que modifica en parte el presentado por el Gobierno del PP en abril. “El Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el período 2018-2020 es válido y seguirá vigente, pero va a ser de inmediato reorientado con este Plan Director para que responda plenamente a las prioridades de actuación que debe tener la Inspección”, reconoce al comienzo el documento que ya se ha remitido a los agentes sociales, sindicatos de inspectores de trabajo y a las comunidades para que hagan alegaciones. Por este motivo, Trabajo advierte de que el borrador está todavía sujeto a modificaciones. De momento, el texto habla de “giro de 180 grados”, pero ya hace meses el entonces llamado Ministerio de Empleo señalaba que iba a poner más atención en la temporalidad y la igualdad de género.

Ahora se hace más hincapié en aspectos que en los últimos meses han ganado mucho protagonismo en la opinión pública, apunta un inspector conocedor de ambos documentos. Se dispara directamente contra la subcontratación de la mano de obra y los problemas y abusos que se pueden generar en estos procesos como impagos de salarios o merma significativa de estos últimos: “La casuística es muy variada, y afecta muy principalmente a los casos de subrogación de empresas con origen convencional y a los casos de descentralización productiva a través de las empresas multiservicios”. A partir de ahí, anticipa que las primeras actuaciones se dirigirán, en el sector de Hostelería de Alojamientos, al colectivo de camareras de pisos, las kellys”.

En su afán de cubrir los principales frentes de precariedad —y de mayor atención mediática— abiertos con la recuperación, el plan también apunta a las figuras de los falsos autónomos. No cuantifica este “fenómeno emergente”, pero apunta a algunos focos en los que se puede focalizar este tipo de fraude laboral: cooperativas de trabajo asociado o “la mal llamada economía colaborativa”. En los últimos meses, la Inspección de Trabajo ya ha actuado (hay tres reclamaciones a la empresa de reparto de comida Deliveroo), pero ha sido por la interposición de denuncias.

La igualdad entre sexos y la lucha contra el acoso es el otro aspecto que desarrolla el plan, cuyo punto más novedoso es la creación de una “Unidad de lucha contra la discriminación”. Su tarea será velar por la igualdad de “todos los colectivos vulnerables, con especial atención a la igualdad por razón de género”.

En total, el plan director hasta 2020 señala otras cinco líneas de actuación, hasta sumar 10, que son el cumplimiento de los derechos fundamentales, la lucha contra la economía irregular, el uso de falsos becarios, la vigilancia de la seguridad e higiene en el trabajo y la garantía de los derechos sindicales.

Todos estos elementos se evaluarán ya en julio de 2019 por primera vez. En enero solo se examinarán los planes de choque. La siguiente evaluación se abordará a comienzos de 2020.

MÁS INSPECTORES Y DESARROLLO INFORMÁTICO
Entre los planes del Gobierno para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está aumentar la plantilla: “En las ofertas de empleo público para 2018, 2019 y 2020 se incluirá un número de plazas de Inspectores y Subinspectores que se sitúa por encima del 100% de la tasa de reposición para permitir un incremento neto y sostenido de efectivos”, apunta el borrador del plan de lucha contra la explotación laboral. Esto quiere decir, sobre el papel, que no solo se cubrirán las bajas que se produzcan (jubilaciones o renuncias), sino que también se sacarán más plazas a oposición.

Si llega a cumplirse este anuncio, la plantilla de inspectores, de 960 miembros según la última memoria del organismo, la de 2016, podría llegar al millar o superarlo. En el caso de los subinspectores, el incremento tendría que ser muy sustancial para llegar al millar, ya que en 2016 el promedio fue de 837.

Sin poner cifras, el documento llega a afirmar que “el primer presupuesto para 2019, así como el que se apruebe para 2020, debería incluir una dotación creciente respecto del presupuesto actual en los capítulos dedicados a los gastos de personal y a los gastos e inversiones en nuevos sistemas y equipos informáticos”. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ya lo anticipó en la comparecencia en el Congreso de los Diputados el martes. No obstante, la propia ministra admitió que sus intenciones están condicionadas a los presupuestos generales que se vayan aprobando cada ejercicio.

Para enfrentarse a la eventualidad de que no haya suficientes aspirantes, el plan llega a anunciar que el departamento “realizará acciones destinadas a incrementar el número de opositores […] dando a conocer la función inspectora en las universidades”. El documento llega a afirmar, sin dar más detalles, que Trabajo se plantea revisar “el sistema de acceso, a efectos de adaptarlo a los nuevos modelos de estudio y aprendizaje”.

Además de los recursos, la intención del Ejecutivo es aumentar las sanciones. A ello dedica un apartado en el que señala que “las reformas normativas de la legislación laboral sustantiva que puedan derivarse del diálogo político y del diálogo social deberán acompañarse también de una revisión del cuadro de infracciones y sanciones de orden social, particularmente de las sanciones”.

Antes de realizar esta afirmación, el plan contiene un disparo a la tarea legisladora del PP en este área durante su Gobierno: “El problema es, en no pocas ocasiones, la propia ley. La reforma laboral de 2012, la reforma de la contratación a tiempo parcial de 2013 o la ausencia de reformas normativas para corregir la brecha salarial entre mujeres y hombres, por poner ejemplos, están en el origen de las situaciones de precariedad laboral y de explotación laboral”.

Para facilitar los pactos con agentes sociales y comunidades autónomas, Trabajo pone fecha a la creación del Consejo Rector del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social: septiembre. Después se agilizará la del Consejo General. En estos órganos, previstos en la regulación actual aunque todavía no se han desarrollado, estarán presentes sindicatos, patronal y autonomías.

La participación de los gobiernos autonómicos es muy importante, puesto que la Inspección de Trabajo está, en realidad, al servicio de la Administración central y/o de la autonómica en función del asunto que afronte (seguridad en el trabajo, Seguridad Social, empleo irregular, contratación) o del ámbito territorial que abarque.

FUENTE: ELPAIS.COM

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El Gobierno impulsará la construcción de 20.000 viviendas de alquiler barato

El Ministerio de Fomento prepara un plan para aumentar la oferta de alquiler y moderar los precios

ELSA GARCÍA DE BLAS
Periodista

Madrid 12 JUL 2018 – 05:57 CEST

El Ministerio de Fomento prepara un ambicioso abanico de medidas para que crezca la oferta de pisos en alquiler, dejen de escalar los precios y se facilite el acceso de jóvenes y familias de rentas bajas. Su propuesta incluye un plan para que se construyan 20.000 viviendas que se destinarán al alquiler a precios limitados en ciudades donde se hayan disparado los precios, según ha podido saber EL PAÍS. Además, quiere ampliar la duración de los contratos de alquiler de tres a cinco años, limitar las fianzas y estimular con incentivos fiscales la oferta de vivienda en alquiler y la moderación de las rentas.

Más presupuesto, cambios regulatorios y una reforma fiscal son las tres patas del amplio plan con el que el Ministerio de Fomento asegura que quiere dar un giro social a las políticas de vivienda y cuyas líneas principales anunciará hoy en el Congreso su titular, José Luis Ábalos. El objetivo es evitar una nueva burbuja de precios de la vivienda que desestabilice otra vez la economía, trasladan fuentes gubernamentales, y ayudar especialmente a familias con pocos recursos y a los jóvenes.

El paquete incluye medidas urgentes destinadas a paliar el incremento de los precios del alquiler, que se han disparado en las grandes ciudades hasta en un 50% en los últimos cuatro años por la irrupción de los alquileres turísticos y la reactivación del mercado inmobiliario. El Gobierno pondrá en marcha un Grupo de trabajo interministerial dirigido a desarrollar el conjunto de políticas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Entre las iniciativas que va a desplegar el Ministerio de Fomento está un plan de 20.000 viviendas en alquiler a precios asequibles en el plazo de cuatro a seis años. El Estado promoverá la construcción de estas 20.000 casas mayoritariamente públicas (aunque esto no está cerrado y van a estudiarse todas las fórmulas posibles, porque lo importante es que se construyan rápido) destinadas de forma indefinida al alquiler o la cesión en uso, con una renta o precio limitado, en aquellas ciudades de demanda acreditada y donde los precios del alquiler sean más altos.

Palma de Mallorca, Las Palmas, Barcelona, Valencia, Madrid, Málaga, San Sebastián y Sevilla son las ciudades que han experimentado un mayor aumento del precio del alquiler en los últimos cuatro años, que llega hasta el 50% en las islas, según datos de Idealista.

El año pasado se terminaron de construir en España 48.853 viviendas libres y 4.938 de protección oficial, según datos de Fomento. En el momento álgido de la burbuja inmobiliaria, en 2007, se llegaron a construir casi 650.000 viviendas en un año.

El plan se realizará en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que identificarán y facilitarán los suelos más adecuados sobre los que levantar esas promociones de viviendas. El Estado involucrará al SEPES, la entidad pública empresarial de suelo, en este programa, y contribuirá con su impulso y apoyo financiero. El ICO también jugará un papel en el diseño de estas políticas.

A corto plazo, el Ejecutivo promoverá un cambio del régimen jurídico del alquiler, con objeto de revertir las consecuencias de la reforma “liberalizadora” que hizo el PP en el año 2013 de la Ley de Arrendamientos urbanos. Se ampliarán los plazos de prórroga obligatoria y tácita de los contratos de arrendamiento, probablemente recuperando los de la Ley de 1994. Esto es, se vuelve a la prórroga forzosa hasta cinco años. En 2013, el PP lo rebajó a tres años, lo que provoca que cuando estos se cumplen el propietario pueda dar por concluido el contrato o imponer al inquilino una fuerte subida de la renta, lo que favorece la escalada de precios.

La reforma legal establecerá también límites razonables a las fianzas que se exigen al arrendatario al suscribir un contrato de alquiler. Se trata de evitar que haya que aportar 2.000, 3.000 o hasta 4.000 euros para poder alquilar una vivienda. Asimismo, se protegerá a los inquilinos en el caso de que se venda su casa, porque el nuevo propietario deberá respetar el contrato de arrendamiento.

Reforma fiscal
El Gobierno quiere operar además directamente sobre los precios del alquiler, y para eso hará una reforma fiscal que contribuya a estimular la oferta de vivienda en alquiler y a moderar los precios. Posiblemente a partir de ventajas fiscales a los propietarios que alquilen su vivienda a precios razonables, tal y como fijaba la propuesta de ley que el PSOE registró en el Congreso cuando aún estaba en la oposición. Pero esta iniciativa está abierta a la negociación con el resto de grupos, y especialmente con Unidos Podemos, a quien no convencen los incentivos fiscales y propone introducir directamente un control regulado de los precios por los Ayuntamientos. El PNV se opone, en cambio, a endurecer la ley de arrendamientos urbanos.

El ministerio quiere optimizar el uso del parque de vivienda que ya existe y acotar de forma precisa qué se entiende por una vivienda vacía y qué por una turística a efectos de su regulación. Aunque ya hay iniciativas de algunas comunidades y ayuntamientos en marcha, el Gobierno cree que el Estado debe tratar de armonizarlas y fijar un criterio. Una vez definidas, se estimulará la incorporación de las viviendas vacías al mercado del alquiler a través de un catálogo de medidas regulatorias y de carácter fiscal cuyo contenido no concreta.

El plan del PSOE es además ampliar las ayudas que ya aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en marzo de este año, en el plan estatal de Vivienda 2018-2021 y que el Ejecutivo socialista quiere mejorar presupuestariamente. Los socialistas critican la notable reducción económica de las partidas destinadas a política de vivienda en los Presupuestos Generales. Desde el Plan estatal de 2009 a 2012 la financiación ha caído un 40%. Ese plan dedicó 4.762 millones de euros, mientras el del Ejecutivo del PP para 2018-2021 destinó un total de 1.871 millones.

MEJORAS EN LAS CONDICIONES PARA LAS AYUDAS
El PP aprobó en marzo un Plan estatal con ayudas a la compra y el alquiler con condiciones algo restrictivas. Este plan, con ocho programas de subvenciones, será revisado para mejorar “sustancialmente” las condiciones para acceder a las ayudas, trasladan fuentes del Ejecutivo socialista. También se estudiarán posibles programas adicionales.

Con el plan vigente, los jóvenes de entre 18 y 35 años pueden acceder a una ayuda de hasta el 50% del alquiler si sus ingresos anuales no superan los 22.558,77 euros y la mensualidad de la vivienda no excede los 600 euros, con excepciones de hasta 900 euros. Para la compra, la ayuda es del 20% del precio del inmueble, con un máximo de 10.800 euros, para menores de 35 años, con los mismos ingresos que en el alquiler siempre que la casa no supere los 100.000 euros y esté en una localidad de hasta 5.000 habitantes.

FUENTE: ELPAIS.COM

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El Gobierno quiere eliminar la ‘tasa rosa’ sobre los productos de higiene femenina

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que los Presupuestos del año 2019 estarán diseñados para propiciar la igualdad entre hombres y mujeres.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante la comisión correspondiente del Congreso. / EFE

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante la comisión correspondiente del Congreso. / EFE

MADRID 11/07/2018 20:52 Actualizado: 11/07/2018 20:52 EUROPA PRESS

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el Gobierno revisará el impacto que tienen los principales impuestos sobre las mujeres, ya que la fiscalidad “debe incorporar una perspectiva de género”.

Así lo ha señalado Montero durante su primera comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso para detallar las líneas generales de su departamento, en la que ha afirmado que los Presupuestos del año 2019 estarán diseñados para propiciar la igualdad entre hombres y mujeres, por lo que ha avanzado que se asignarán más recursos públicos a las áreas donde se detecten situaciones en las que se necesita una mayor cohesión social.

La titular de Hacienda ha explicado que se pondrá en marcha una línea de trabajo para revisar en profundidad el impacto de las principales figuras impositivas en su “diseño, el sistema de desgravaciones, bonificaciones y en lo relativo a las empresas” para que dispongan de un mayor incentivo para la contratación de mujeres o la presencia de estas en los consejos de administración de las empresas.

Además, ha recordado que Hacienda estudia aplicar la bajada del IVA a los productos de higiene femenina, junto a estrategias de colaboración con otros ministerios para combatir la denominada “tasa rosa”, de forma que las empresas “dejen de penalizar un plus por el hecho de ser mujeres”.

FUENTE: PUBLICO.ES

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El Gobierno derogará parte de la LOMCE y Religión no será computable en la nota

CLARA PINAR 11.07.2018 – 10:48H

Celáa hablará con los centros concertados que segregan a niños y niñas para que dejen de hacerlo.

Se crea una nueva asignatura de valores cívicos y éticos.

Ha anunciado la derogación del decreto de recortes en educación para reducir el número de alumnos por aula y reducir la jornada lectiva a 18 horas.

Cambios en la LOMCE: fin de la elección de itinerario a los 13 años y de las prioridades para la concertada.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, ha anunciado este miércoles la derogación urgente de algunas medidas de la Ley Organica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) para dejar de privilegiar a los centros concertados y eliminar la elección de itineriario a los 13 años y ha señalado que la Religión dejará de computar como nota y que se creará una nueva materia de valores cívicos y éticos en la que los alumnos y alumnas analizarán los derechos humanos y las “virtudes cívico democráticas” y será de carácter obligatoria. Celáa ha comparecido este martes ante la comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso, donde ha presentado los principios que guiarán su labor en el Ministerio y ha hecho algunos anuncios de modificación de la Lomce que, ha dicho, debe llevarse a cabo “de manera urgente”. Su objetivo es “represtigiar” la educación y dotarla de “recursos y medios necesarios” para ello.

En respuesta a las dudas suscitadas por la diputada del PP Sandra Moneo, a ministra ha explicado que “la LOMCE no se puede derogar porque nos quedaríamos sin legislación educativa”. Además, al ser una modifacción de otras leyes orgánicas, ha añadido, la opción del Gobiern es la de “alterar, modificar, corregir aquellos aspectos que han sido más vulneradores” de los principios que el Ejecutivo socialista atribuye a la educación pública. Asimismo, ha asegurado que “las reválidas se van a suprimir” definitivamente, después de que ya el anterior Gobierno las había suspendido a efectos académicos. Ahora, ha dicho, será definitivo. Celáa ha apostado por un sistema educativo “para todos y todas” y que “no deje a nadie atrás”. “Construyamos un sistema educativo que sea la joya del sistema del bienestar”, ha propuesto a los diputados. “Educar a las elites jamás fue un problema de la Humanidad, pero encontramos que las necesidades que requieren mayor esfuerzo, qué casualidad, se suelen concentrar en la educación pública”, ha dicho la ministra, que a lo largo de su comparecencia ha defendido la educación y los centros públicos. Entre estas novedades, la ministra ha anunciado la creación de una nueva asignatura para “fomentar los valores comunes de libertad, tolerancia y no discriminación”, en línea con una iniciativa de la UE plasmada en la Declaración de París. “Esperamos que nuestro compromiso con los valores cívicos sea compartido por todas sus señorías”, ha dicho la ministra ante diputados de todos los grupos. Por otra parte, el Gobierno también planea hacer modificaciones sobre la asignatura de Religión, que dejará de tener efectos en la nota y que ya no estará acompañada por una asignatura alternativa para quienes no quieran cursarla.

Centros concertados

En su intervención ante la comisión parlamentaria, la ministra ha hecho un cerrado alegato a favor de la escuela pública “para ganantizar el derecho a la educación y la cohesión social”. Celáa ha rechazado que la escuela pública sea “subsidiaria” de la privada y la concertada, esta segunda, parte también de la educación pública, pero para la que también ha anunciado cambios. Por una parte, modificar el artículo de la LOMCE por el que la programación de la oferta de plazas escolares de concertada se establece por “la demanda social”, que Celáa considera un “eufemismo” que “ha propiciado en algunos casos que la escuela pública sea considerada subsidiaria de la concertada”. El Gobierno apuesta por la coexistencia de eduación pública y concertada pero sin que la primera esté supeditada a la segunda frente al criterio de Unidos Podemos, cuyo diputado Javier Sánchez, que este martes le ha pedido cambios en la red de concertada, de manera que no se puedan hacer conciertos mientras que haya escuelas públicas infrafinanciadas. En el otro extremo, Moneo (PP) ha manifestado dos preocupaciones: “el papel de los padrse como los primeros responsables de la educación de los hijos y la libertad de enseñanaza”. “Los centros concertados pueden estar o pueden no estar, lo que tiene que estar es la escuela pública”, ha contestado la ministra, que ha destacado que hay centros concertados que funcionan de manera muy satisfactoria. Otros no tanto, como indica que Celáa se haya referido a “una situación excepcional en algunas escuelas concertadas” que diferencian a niñas y niños por razón de género y que aún así reciben el concierto. Celáa ha admitido que son “muy pocos” estos centros, pero ha anunciado que el Gobierno abrirá un diálogo con ellos para “acordar un modelo más igualitario y con mayor valor inclusivo”. La ministra ha admitido que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que la separación de niños y niñas es legal “pero no significa que otra fórmula no lo sea”. Por eso, ha dicho, “vamos a abrir un diálogo, tenemos la convicción de que una escuela mas inclusiva e igulalitaria que permita a las mujeres educarse con los hombre y a los hombres con las mujeres da mejor resultado”.

Derogar los recortes en educación

La ministra ha señalado que la Educación ha sido el ámbito más afectado por los recortes económicos y en este sentido ha anunciado a los grupos la intención del Gobierno de derogar el decreto de 2011 que introdujo recortes en este sector y que, entre otros aspectos, elevó el número de alumnos por aula, de horas lectivas para los profesores y estableció un periodo de 10 días antes de la sustitución de profesores de baja. El objetivo, ha dicho la ministra, será “reducir la elevación de ratios de aula, el incremento de la jornada lectiva docente para restituir las 18 horas semanales y el plazo de 10 días para sustitución de bajas de profesores”.

Fin de los itinerarios precoces

Celáa también ha anunciado que el Gobierno derogará los “itinerarios segregadores de la LOMCE” a partir de los 13 años y que “condicionan las opciones del alumnado según sus rendimientos”. Según la ministra, la “segregación precoz” es causa del fracaso y del abandono escolar y “no lo vamos a permitir”. Por otra parte, el Gobierno va a impulsar un plan para impulsar la escolarización de 0 a 3 años en colaboración con las comunidades autónomas y que se centrará en las familias con una renta inferior en un 30% de la media, que se coordinará también con el Observatorio contra la Pobreza Infantil recibén creado por el Ejecutivo que depende de Presidencia del Gobierno.

Nuevo modelo de becas

En cuanto a las becas, la intención de Educación es incrementar la inversión, que en España es del 4,3% el gasto en educación frente al 8,6% de la media europea y también aquí ha anunciado cambios, al considerar que el modelo del Gobierno anterior “ha perjudicado a los estudiantes con rentas más bajas”, que han recibido ayudas con una cuantía un 30% menor que antes. Celáa ha informado de que en septiembre se iniciará la revisión del modelo de becas para hacerlo “más justo y más equitativo”, a pesar de lo que ha asegurado que la tramitación de las ayudas que ya está en curso continuarán su procedimiento con normalidad.

Abandono escolar

Reducir el abandono escolar es, según la ministra, el “principal objetivo” de su departamento, ya que entre los 18 y 24 años hay una “brecha de titulación”, que es un 13% menor que la media europea. El objetivo del Gobierno es reducir la tasa del abandono al 15% Celáa ha lanzado la advertencia de que “acabada la crisis, se acaba el efecto de retención y refugido en la escuela. Ahora el riesgo es que el mercado de trabajo vuelva a traer a los jóvenes sin formación para empleos no cualificados”, para que no vuelva a ocurrir como en años anteriores. Para la ministra, elabandono escolar está también vinculado a la “pobreza infantil”, porque el abandono escolar se da en ellos en un 43%, frente a la medida nacional del 13%, por lo que es uno de los ejes que propone para reducirla, además de “revincular” a los jóvenes con la escuela y fomentar “el gusto de aprender”.

Formación Profesional

Celáa, que también es ministra de Formación Profesional, ha anunciado otra nueva ley, para definir la vinculación entre “políticas de FP, políticas de empleo y de desarrollo económico”. El objetivo es “modernizar” la FP y para ello el Gobierno convoca a sindicatos y empresarios para “buscar fórmulas que permitan la competitividad”.

FUENTE: 20MINUTOS.ES

ENLACE: https://www.20minutos.es/noticia/3391873/0/celaa-educacion/

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El Gobierno establecerá planes para buscar desaparecidos y publicará un censo de víctimas de la Guerra Civil

EFE / VÍDEO: AGENCIA ATLAS 11.07.2018 – 19:15H

La ministra de Justicia aboga por una reforma de la Ley de Memoria Histórica.

Delgado afirma que es necesario “impulsar desde lo público las exhumaciones”.

El Gobierno quiere recuperar la justicia universal.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, avanzó este miércoles una serie de medidas que comprenden también una reforma “integral” de la Ley de la Memoria Histórica de 2007. Entre ellas, recordó que el Gobierno ha establecido una nueva Dirección General para la Memoria Histórica que pondrá en marcha planes de búsqueda de desaparecidos y publicará un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil.

El Gobierno estudiará también la manera de ilegalizar las asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo, según anunció Delgado en su comparecencia ante la comisión de justicia del Congreso para presentar sus líneas de actuación, en la que dedicó un apartado al tema de la memoria histórica porque “es inaceptable”, ha dicho, que “España siga siendo el segundo país del mundo en número de desaparecidos después de Camboya”.

Delgado anunció asimismo que el Ejecutivo reabrirá la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo. “No puede ser que personas con más de noventa años se desesperen intentando recuperar los restos de sus padres, de sus familiares, ante la negativa de un juez o la arbitrariedad de un ayuntamiento”, afirmó.

Para la ministra es inconcebible también que “haya miles de víctimas hoy en España aquejadas de indefensión judicial” y que tengan que acudir a otro país para que se les escuche.

Impulsar las exhumaciones

La ministra afirmó que es necesario actualizar la ley de 2007 para “declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias, impulsar desde lo público las exhumaciones, crear una Comisión de la Verdad y resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la comisión de expertos que estudió el asunto en 2011”.

Esta comisión, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, recomendó que los restos del general Francisco Franco, enterrados en este lugar, sean trasladados al sitio que designe la familia o, en su caso, al que se considere digno y más adecuado.

Dentro de esta reforma de la Ley de Memoria Histórica es también intención del Gobierno, explicó Delgado, “retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento”.

Bienes incautados

Otro de las medidas previstas en la reforma de la Ley de Memoria Histórica es, según anunció igualmente la ministra, habilitar un procedimiento por el cual las personas que vieron sus bienes incautados por el franquismo podrán solicitar una “compensación pecuniaria”.

Esta compensación podrían pedirla tanto el titular de los bienes como sus herederos, en el caso de que el dueño hubiera fallecido, según concretó Delgado, que hizo el anuncio en respuesta al diputado del PNV Mikel Legarda, quien le había preguntado si el Gobierno prevé algún tipo de indemnización por las expropiaciones de bienes del franquismo.

Según explicó Legarda, de salir adelante la reforma esta medida debería afectar no solo a personas físicas, sino también a entes jurídicos como organismos, asociaciones y sindicatos que fueron ilegalizados en la dictadura y sufrieron la expropiación de sus bienes.

FUENTE: 20MINUTOS.ES

ENLACE: https://www.20minutos.es/noticia/3392701/0/gobierno-memoria-historica-espana-planes-buscar-desaparecidos-exhumar-publicara-censo-victimas-guerra-civil-fosas/

 

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