Una constructora pagó gastos electorales del PP en las andaluzas de 2008

El PP de Córdoba, bajo el mandato de José Antonio Nieto, número dos de Interior, hizo girar las facturas a Prasa, según el sumario del caso Púnica

ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA

Una filial de la constructora Prasa, una de las empresas más fuertes de Córdoba, pagó supuestamente gastos electorales del PP de esa provincia para la campaña de las elecciones autonómicas del 2008, según se desprende de varias facturas y correos electrónicos incluidos en el sumario del caso Púnica. En aquella convocatoria electoral el candidato de la formación conservadora era el exministro Javier Arenas, y el Partido Popular en Córdoba estaba liderado por José Antonio Nieto, actual secretario de Estado de Seguridad y número dos del Ministerio del Interior. Prasa, un gigante de la promoción inmobiliaria en Andalucía durante la época del boom del ladrillo, es actualmente una de las mayores deudoras con Hacienda, con 101 millones de euros.
Los gastos supuestamente abonados por Prasa, a través de su filial Hitos Urbanos, correspondieron a trabajos realizados por la empresa de comunicación El Laboratorio Springer & Jacoby, que actúa bajo la denominación social El Laboratorio de Almagro 36 SL. Esta empresa, según los correos, se prestó a los amaños de los gastos electorales, haciéndolos pasar por servicios prestados después de los comicios, y a girar a Prasa las facturas que en realidad correspondía pagar al PP cordobés.
El 14 de febrero de 2008, tres semanas antes de las elecciones autonómicas, que se celebraron el 9 de marzo de ese año, José María Bellido Roche, portavoz municipal del PP de Córdoba y mano derecha de Nieto cuando fue alcalde, envía un correo electrónico a José Luis Gil, directivo de El Laboratorio. En esta comunicación, le avisa de que el partido va a pagar unos 17.000 euros que tiene pendientes con la empresa de marketing político y le pide que le haga dos facturas. La primera, por 5.000 euros, iría a nombre del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Córdoba “con fecha inmediata”. La segunda se emitiría “a nombre de Partido Popular de Córdoba, por el resto de lo pendiente” y añade Bellido: “Y con fecha que tengo que confirmarte si actual o después del 9 de marzo, por no sobrepasar los límites de gasto que tenemos hasta ese día. El responsable del PP cordobés le pide que en ambas facturas figure el mismo concepto: “estudios sociológicos”.

“Pon una fecha posterior”

El 1 de abril de 2008, tres semanas después de las elecciones, José Luis Gil, enviaba un correo a otro ejecutivo, Carlos Ramírez con el encabezamiento “PP Córdoba”. En él, le comunicaba: “Carlos, los del PP me comentan que les vuelva a enviar las facturas a nombre de Grupo Popular (ya lo hicimos en su momento) pero con una fecha posterior a las elecciones (así parece que tienen menos problemas para pagarlas). Por favor, pon una fecha posterior a las elecciones”. Con esa maniobra, los gastos no se imputarían a los comicios y no serían fiscalizados por la Cámara de Cuentas andaluza como parte del gasto electoral.

El 28 de abril, Gil le envía otro correo a su compañero Ramírez. “Me comentan los del PP que sin anular las facturas enviadas a los de Hitos Urbanos les emitamos unas de la siguiente forma: Una por un total de 12.000 euros IVA incluido a Grupo Popular de Córdoba por un concepto de Estudio Sociológico. Otra por el resto del importe pendiente a Partido Popular de Córdoba mismo concepto que anterior”.

Las facturas de El Laboratorio incluidas en el sumario del caso Púnica concuerdan con estas peticiones. El 15 de febrero de 2008, antes de las elecciones, la empresa giró una factura a Hitos Urbanos por 15.049 euros por el concepto “Campaña Promoción Logroño”. El 31 de marzo del mismo año, El Laboratorio giró al Grupo Municipal del PP cordobés una factura por el mismo importe y el concepto “estudio sociológico”. El propietario de El Laboratorio, Marcelino Elosua, está imputado en el caso Púnica, junto con su esposa, María Luisa de Madariaga. Ambos fueron sorprendidos en 2011 en la frontera franco suiza tratando de sacar fondos de la Unión Europea.

“Campaña de desprestigio”

José María Bellido afirma que la publicación de estas facturas y correos obedece a “una campaña de desprestigio” contra el PP y Nieto. Bellido afirma que sus trabajos con El Laboratorio fueron “puntuales” y rechaza que los pagara Prasa. Otras fuentes del equipo de Nieto afirman que estos correos y facturas “no demuestran nada” y niega que se haya producido ninguna irregularidad.

Prasa ha recobrado actualidad en los últimos días. La finca Puerto de Toro, de la localidad cordobesa de Villanueva del Rey donde se suicidó el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa el pasado 19 de julio, pertenece a la constructora.

FUENTE: ELPAIS.COM

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El PP de Córdoba amañó facturas cuando el actual número dos de Interior era presidente

Algunos movimientos se realizaron durante las campañas electorales de 2008.

Modificaron las fechas “para no incumplir el límite de gasto”.

La agencia de publicidad Springer & Jacoby indica en varios correos cómo se debe cobrar una deuda contraída con el partido.

20MINUTOS.ES. 24.07.2017 – 21:58h

El PP de Córdoba se financió presuntamente de forma irregular a partir de la sociedad mercantil Hitos Urbanos S.A, filial de la inmobiliaria Prasa. cuando el actual número dos de Interior, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, era presidente del partido en año 2008, tal y como apuntan El Mundo y El Confidencial. Las pruebas a las que se remite la Guardia Civil son una serie de correos electrónicos encontrados en la agencia de publicidad Springer & Jacoby, investigada en la Púnica. En algunas de las comunicaciones, la agencia indica cómo se debe proceder a cobrar una deuda contraida por la formación. Por un lado, el correo indicaría que el PP de Córdoba solició fraccionar las facturas y al mismo tiempo modificar el concepto que debía aparecer en ella. Los documentos también revelan que la formación pudo costear parte de sus gastos con facturas falsas emitidas por la agencia. Es un método idéntico al que la Guardia Civil descubrió en el Partido Popular madrileño. Cantidades La UCO también habría hallado en los registros las facturas en las que se demostraría que la agencia ejecutó de forma inmediata las órdenes del PP cordobés. En abril de 2008, Springer & Jacoby emitió las dos facturas que exigía el partido: una de 12.000 euros y otra de 5.457, una al grupo popular del Ayuntamiento de Córdoba y otro al PP de Córdoba. En cuanto a las elecciones andaluzas y generales de 2008, también se intercambiaron correos sobre la fracción de las facturas y las fechas en las que se debían emitir, con el objetivo de no superar el límite de gasto que se marca durante los periodos electorales.

FUENTE: 20MINUTOS.ES

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El TSJ procesa al expresidente Pedro Antonio Sánchez, del PP, también por el ‘caso Auditorio’

Pérez-Templado renuncia a archivar la causa por el cúmulo de indicios delictivos. Las acusaciones tienen 10 días para formular acusación solicitando la apertura de juicio oral por los delitos de prevaricación continuada, fraude de subvenciones públicas y fraude de fondos públicos

Viernes, 7 julio 2017, 14:17
Prevaricación continuada, fraude de fondos públicos y fraude de subvenciones. Estos son los tres presuntos delitos que Julián Pérez-Templado, magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), atribuye formalmente al expresidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, por el llamado ‘caso Auditorio’. El procesamiento del máximo responsable del Partido Popular en la Región lo conduce de manera prácticamente inevitable a sentarse en el banquillo por esta causa, que viene a sumarse al ‘caso Púnica’, que ya hace unas semanas lo situó también a un solo paso del juicio por presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

 

El magistrado Pérez-Templado considera, en la línea de lo mantenido por la Fiscalía Superior a lo largo de los dos últimos años, que existen indicios suficientes de delito contra Pedro Antonio Sánchez por todo el proceso de obtención de una subvención de seis millones de euros y la posterior adjudicación, construcción y recepción de las obras del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras, que se desarrolló en los años en que el político del PP era alcalde de esa localidad.

En el previsible camino hacia el banquillo lo acompañan exclusivamente el arquitecto Martín Lejarraga, autor del proyecto del centro cultural, y Vicente Gimeno, representante legal de la constructora Ecisa, que fue la que se encargó de levantar el Auditorio; ambos están acusados de cooperación necesaria en el delito de prevaricación o de fraude contra fondos públicos. El magistrado ha exculpado, sin embargo, a una quincena larga de encausados, entre los que se encontraba una decena de exconcejales lumbrerenses y altos funcionarios municipales, por considerar que su participación en los hechos no fue lo suficientemente relevante como para tener que responder penalmente de su conducta.

El instructor concreta en tres apartados, que luego desglosa en los fundamentos jurídicos, los hechos por los que debe continuar el procedimiento: la contratación irregular del arquitecto, la obtención de una subvención de manera falsaria y sin cumplir la finalidad declarada, y los cambios del contrato originario acordados por el exalcalde, el arquitecto y el constructor para salvar sus aparentes responsabilidades.

La resolución es recurrible ante el propio instructor y también ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ, por lo que no es firme. Cuando el auto de procedimiento abreviado adquiera firmeza, si llega a hacerlo y no es revocado, las distintas partes dispondrán de un plazo de diez días para presentar sus escritos de acusación y de defensa. Con que solo la Fiscalía o alguna de las tres acusaciones privadas formule acusación contra Sánchez, éste se verá irremediablemente conducido a juicio.

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/murcia/procesa-expresidente-sanchez-20170707121621-nt.html

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Las exenciones fiscales a la Iglesia pueden ser ayudas prohibidas, según la justicia europea

El tribunal rechaza el intento de los escolapios de no pagar una licencia de obras en un colegio de Madrid

Las exenciones fiscales a la Iglesia católica en España pueden constituir una ayuda prohibida por la legislación europea si estas se otorgan para actividades económicas y no para las estrictamente religiosas, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Este se pronuncia sobre la pretensión de un colegio de los escolapios (Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania) en Getafe de que el Ayuntamiento de dicha localidad madrileña le devolviese casi 24.000 euros que había abonado en impuestos municipales (el de construcciones, instalaciones y obras, ICIO) por una reforma realizada en su centro por la que podía obtener beneficio económico.
El colegio La Inmaculada pidió una licencia de obras para ampliar el salón de actos a fin de ponerle 400 butacas para poder dedicarlo a reuniones, cursos y conferencias. La licencia le costó 23.730,41 euros. En virtud de los acuerdos firmados entre Madrid y la Santa Sede en 1979, la Iglesia se beneficia de algunas exenciones fiscales. Por ello, los escolapios pidieron la devolución del impuesto municipal, algo que se les desestimó puesto que las obras eran para una actividad con una finalidad no estrictamente religiosa.
El asunto llegó hasta el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Madrid, que planteó una cuestión prejudicial al tribunal europeo para saber si la exención fiscal que pedían los escolapios era o no “una ayuda estatal prohibida” por el derecho comunitario. La cuestión particular trasciendía hasta una pregunta general y clave, como admite el propio TJUE: “El asunto plantea al mismo tiempo la cuestión fundamental de si el hecho de que un Estado miembro exima a una comunidad religiosa de determinados impuestos, incluso respecto de actividades sin una finalidad estrictamente religiosa, puede constituir una ayuda estatal prohibida”.
En su fallo, los magistrados europeos consideran que “la exención fiscal controvertida puede constituir una ayuda estatal prohibida si las actividades ejercidas en los locales en cuestión son actividades económicas y en la medida en que lo sean, extremo que corresponde comprobar al juez nacional”. Y, por extensión, “exenciones fiscales de las que disfruta la Iglesia católica en España pueden constituir ayudas estatales prohibidas si se otorgan respecto de actividades económicas” y cumplen determinados requisitos.
El citado centro educativo ofrece enseñanza obligatoria, financiada con fondos públicos, pero también otros tramos educativos en la que los padres y madres de los alumnos contribuyen con dinero “de forma voluntaria”. Es decir, que el colegio tiene una actividad “que no está subvencionada con fondos públicos” por la que se cobran “derechos de matrícula” e incluso mensualidades, recuerda en un comunicado el alto tribunal.
“Únicamente las actividades de enseñanza no subvencionadas por el Estado español parecen revestir carácter económico”, señala el TJUE, que precisa que el caso del centro de Getafe cumple con dos de los cuatro requisitos de una ayuda estatal prohibida: otorga al colegio de los escolapios una ventaja económica selectiva y supone una disminución en los ingresos del Ayuntamiento y, por tanto, “el empleo de fondos estatales”.
Además, el impuesto municipal en cuestión se creó tras la entrada de España en el bloque europeo en 1985, por lo que si el juez del tribunal español finalmente estima la existencia de una ayuda estatal, esta debería notificarse a la Comisión Europea, responsable de la política de competencia en la UE. “Por consiguiente, si el juez nacional declarase la existencia de una ayuda estatal, esta debería notificarse a la Comisión y no podría ejecutarse sin su consentimiento”.
FUENTE: ELPAIS.COM
ENLACE: http://politica.elpais.com/politica/2017/06/27/actualidad/1498551564_787078.html
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El juez ve claro que Pedro Antonio Sánchez, del PP, «consintió» contratar los servicios de la ‘trama Púnica’

Quiñonero sostiene que las pruebas desmienten «el rol meramente pasivo» invocado por el expresidente y su asesor

ALICIA NEGRE Murcia Miércoles, 28 junio 2017, 08:23

Cuesta imaginar unas palabras más contundentes. El magistrado Enrique Quiñonero, instructor de la rama murciana del ‘caso Púnica’, dejó ayer claro que alberga pocas dudas -o ninguna- sobre la supuesta intención del expresidente regional y actual presidente del PP murciano, Pedro Antonio Sánchez, de contratar trabajos reputacionales con la trama para ‘lavar’ su imagen.

El magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se muestra tajante en un auto en el que da carpetazo al recurso presentado por el asesor del expresidente, David Conesa -igualmente encausado-. «Resulta con claridad suficiente la realidad del consentimiento finalmente prestado por el entonces consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, por mediación personal y directa del señor Conesa, a la realización de los trabajos reputacionales en las condiciones negociadas», subraya el juez.

Pese a la insistencia de Sánchez a la hora de recalcar, por activa y por pasiva, que «no se contrató, ni se firmó, ni se concertó nada», el magistrado Quiñonero plasma negro sobre blanco, en este escrito, su «convicción» de que, si el expresidente no terminó de cerrar esos trabajos con los dos presuntos líderes de la trama, Alejandro De Pedro y José Antonio Alonso, fue porque lo impidió la ‘Operación Púnica’, que hubo que precipitar a causa de un chivatazo.

La iniciativa, subraya el magistrado, partió en ocasiones de De Pedro y en otras del expresidente

Tal y como ya explicó en el auto en el que encaminó a Sánchez y Conesa al banquillo, el instructor remarca que la investigación de esta rama del ‘caso Púnica’ ofrece indicios suficientes sobre la presunta actuación delictiva de Sánchez, en su época de consejero de Educación, y de su asesor. Frente a las declaraciones exculpatorias de ambos, el magistrado hace expresa referencia a los múltiples datos incriminatorios que se deducen de «las intervenciones telefónicas (hasta veintiocho)» que autorizó el juez Eloy Velasco, «los datos de geolocalización de terminales móviles, el material informativo y la documentación en soporte papel y electrónico intervenidos en los registros, y las manifestaciones de las distintas personas que han prestado declaración a lo largo de la instrucción de la causa».

Estos indicios, subraya el magistrado, dan cuenta «del proceso completo de concertación que se dio entre los investigados con el objetivo ya reseñado -la realización de supuestas tareas de lavado de la imagen personal de Sánchez, que presuntamente se iban a pagar con fondos públicos-, permitiendo un seguimiento continuado desde sus momentos iniciales hasta la concreción de los términos y condiciones en que se habría finalmente consensuado la realización de los referidos trabajos reputacionales».

Frente a los argumentos que el letrado Evaristo Llanos, que representa a Conesa, esgrime en su recurso, el juez Quiñonero insiste en que «la amplia e intensa instrucción practicada evidencia que se produjeron una multiplicidad de contactos telefónicos y conversaciones por mensajería y tres reuniones presenciales, dos en Madrid y una en Murcia». En estas, explica, «intervienen indistintamente y de forma evidentemente coordinada y complementaria» tanto el expresidente como su asesor.

El instructor hace hincapié, asimismo, en que la iniciativa para mantener esos contactos surgió en ocasiones de los líderes de la trama, pero en otras de Sánchez y Conesa. Este hecho, subraya, «desmiente el rol meramente pasivo invocado por estos». El expresidente regional, al declarar ante el juez el pasado día 6, aseguró que decidió reunirse con De Pedro «después de machaconamente estar llamando y mandando correos electrónicos y dando órdenes para que avasallen a mi secretaria».

Del contenido de los contactos y las notas manuscritas en su día, entiende el magistrado, se obtiene «un alto grado de certeza sobre las condiciones en que se habría producido una efectiva negociación y el resultado de esta». El juez se refiere concretamente a una conversación telefónica que De Pedro mantiene con el director comercial de sus empresas, Francisco Javier Bueno, en la que da por cerrado el contrato con Sánchez. Además, alude también a la declaración que este ‘arrepentido’ realizó ante el juez Velasco en la que admitió tener conocimiento de una reunión que Sánchez mantuvo con De Pedro en el Hotel de las Letras de Madrid. Todos esos indicios, concluye Quiñonero, son «suficientes y esclarecedores» para seguir adelante con el procedimiento y para acercarlos, aún más, al banquillo.

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/murcia/juez-claro-sanchez-20170628005938-ntvo.html

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El PP, condenado a pagar 568.511 euros que dejó a deber por su congreso de 2008 en Valencia

El partido pidió que el recinto se diera por satisfecho con la publicidad que le daba el cónclave que encumbró a Rajoy

El Partido Popular ha sido condenado a pagar 568.511 euros que dejó a deber a Feria de Valencia por la celebración en sus instalaciones de XVI Congreso Nacional del partido, aquel de 2008 en el que Mariano Rajoy tomó todo el poder y en el que la red Gürtel hizo caja. Nueve años después, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid subraya que hubo un contrato verbal entre las partes con compromiso de abono y rechaza el argumento del PP de que Feria de Valencia se tenía que considerar más que pagada con el “beneficio” que le había generado la “publicidad indirecta” de la celebración del acto político en sus instalaciones.
El cónclave que celebró el PP en 2008 en Valencia fue una dura prueba para el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Llegó al congreso en la más absoluta soledad, sufrió el desplante y ninguneo de la vieja guardia del partido, encabezada por la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, y el expresidente José María Aznar, y vio como hasta el último momento trataban de disputarle la presidencia del partido. Y los manejos de la trama Gürtel, que facturó 100.000 euros al PP, han perseguido hasta hoy lo que se coció tras las bambalinas de ese congreso.

Ahora, aunque cabe recurso, ese evento también supone una merma para la caja del PP. La juez Elena O’Connor estima íntegramente la demanda de Feria de Valencia (el nombre completo es Feria Muestrario Internacional de Valencia), que exigía el pago de 568.511,94 euros porque había cumplido el contrato y había puesto a disposición del PP todo lo que este reclamó para la celebración del evento los días 20, 21 y 22 de junio. El monto a pagar sube ahora, ya que el partido debe pagar los intereses legales desde que empezó el litigio y las costas (que la juez no calcula).

El PP alegó ante la juez que siempre entendió que pudo disponer gratis del recinto ferial a cambio de “la publicidad indirecta” y “la correlativa promoción comercial” de las instalaciones que supondría la celebración allí de un acto que atraería a toda la prensa nacional. Pero O’Connor asegura que Cristóbal Páez, entonces gerente del PP, aceptó “de forma expresa” los precios que se le dieron por parte de Feria de Valencia (antes y después del evento) y que nunca se habló de cesión gratuita.

“En ningún momento se habló de gratuidad en la cesión del espacio o los servicios, ni tampoco de que la contraprestación por los mismos consistiera en dar publicidad al recinto ferial o a la ciudad de Valencia, habiendo quedado siempre claro que el precio se establecería conforme a las tarifas oficiales de Feria de Valencia”, reza la sentencia.

Pese a todo, el PP consumó su sinpa,  e incluso estuvo pasándose la pelota desde la formación central, con sede en la calle de Génova de Madrid, y la de Valencia para ver quién pagaba al final. Tanto que incluso Rita Barberá intercedió, sin éxito, ante su propio partido para que se pagara. La juez cree que la única intención de este peloteo era que el caso prescribiera y así librarse del abono, algo que la demandante ha evitado gracias a los numerosos correos electrónicos con facturas que ha enviado durante estos años al PP insistiendo en que debía pagar.

FUENTE: ELPAIS.COM

ENLACE: http://politica.elpais.com/politica/2017/06/26/actualidad/1498470924_183158.html

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El Ayuntamiento de Molina de Segura, asume el coste de las obras de reparación del CEIP El Romeral

Lunes, 26 junio 2017, 10:22

La concejal de Educación, Fuensanta Martínez, no ha disimulado su enfado tras la reunión que mantuvo el miércoles con la secretaria general de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, María Robles Mateo, y la directora general de Centros, Remedios Lajara Domínguez, para darles traslado de las necesidades en cuanto a inversión en los centros educativos de Infantil y Primaria del municipio. En concreto, según Martínez, «nos sentimos molestos ante la no disponibilidad para el arreglo de los vestuarios del colegio de El Romeral, ya que, según argumenta la directora general de Centros, es un edificio construido con recursos municipales y es el Ayuntamiento el que tiene que hacer frente a su reparación».

Después de un año pidiendo su arreglo, la edil de Educación considera que «este argumento no tiene cabida». Admite que el edificio se construyó con recursos municipales, pero las inversiones en infraestructuras corresponden a la Consejería, «independientemente de quien realizara la inversión, ya que su utilización es exclusiva del centro educativo», apostilla.

Pese a ello, Martínez indica que el Ayuntamiento de Molina de Segura tiene «un compromiso con las familias y el colegio», por lo que ha anunciado que la Concejalía de Educación acometerá dichas obras, con recursos municipales, «para no perjudicar más a los alumnos y alumnas de dicho colegio». Su departamento detraerá de la partida de este año el presupuesto necesario para acometer dichos trabajos.

Además, Martínez recordó a las responsables regionales otros temas pendientes de inversión en los centros educativos de Molina de Segura, como los arreglos de la cubierta del pabellón de Educación Infantil del CEIP La Purísima de la pedanía de El Llano y del muro perimetral del IES Vega del Táder. Por otro lado, han planteado la posibilidad de realizar un convenio de colaboración con la Consejería para la utilización de las pistas deportivas de los institutos de Educación Secundaria del municipio por parte de los clubes deportivos, con la posibilidad de asumir su mantenimiento el Ayuntamiento. Otro asunto que se puso encima de la mesa fue la necesidad de actualizar el convenio que tiene la Consejería de Educación con el Ayuntamiento de Molina, con el equipo de orientación de zona, donde el Ayuntamiento colabora con la cesión de dos psicopedagogos.

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/murcia/molina/ayuntamiento-asume-coste-20170626003200-ntvo.html

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