Editorial de El Pais: Madrid, agujero negro del PP

La detención de Ignacio González hunde al PP en el lodazal de la corrupción

EL PAÍS
19 ABR 2017 – 21:24 CEST

La detención ayer del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, vuelve a situar bajo el foco público el inmenso lodazal de corrupción en el que se convirtió el Partido Popular de Madrid bajo la dirección de Esperanza Aguirre.
A González, ya bajo sospecha en otros casos de corrupción, se le acusa ahora de operaciones fraudulentas en dos grandes empresas públicas regionales, el Canal de Isabel II y Mercasa. Estos casos, sumados a la Gürtel y Púnica, no solo han destapado un sistema de corrupción bien engrasado que ha sentado en el banquillo o enviado a la cárcel a los más destacados colaboradores de Aguirre sino toda una gangrena de corrupción que se extendió desde los municipios madrileños hasta las más altas instancias del gobierno regional.

La detención de González tiene lugar apenas 24 horas después de que los jueces, con toda justificación, llamaran a declarar a Mariano Rajoy por el caso Gürtel al entender que en absoluto puede alegar que hechos tan graves relacionados con la financiación del partido que dirige no requieran su testimonio ante un tribunal de justicia. Salta así por los aires en unas pocas horas la estrategia del Presidente del Gobierno y el Partido Popular con respecto a la corrupción, consistente en pasar página atribuyendo los hechos a un pasado lejano; señalar a algunas manzanas podridas aisladas como responsables; fiarlo todo a los lentos procesos judiciales españoles; escudarse en sus resultados electorales para evitar rendir cuentas; y centrarse en hablar exclusivamente de crecimiento y empleo.

El hecho es que bajo la presidencia de Rajoy en el PP, Valencia y Madrid se han revelado como dos pozos sin fondo de corrupción y financiación ilegal del partido. En ambas regiones, su partido ha permitido los comportamientos más abyectos, solo frenados, de forma tardía y sin la suficiente asunción de responsabilidades políticas por su parte, por las pesquisas judiciales y el dictamen de las urnas.

Tan preocupante como la detención de González resulta el oscuro papel jugado en esta investigación por el Consejero Delegado de La Razón, Edmundo Rodríguez Sobrino, detenido en la misma causa, y la investigación de su presidente, Mauricio Casals, y director, Francisco Marhuenda, por supuestas coacciones sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con el objeto de impedir que prosperara la investigación judicial sobre la corrupción el Canal de Isabel II que la propia presidenta había puesto en marcha.

FUENTE: ELPAIS.COM

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La detención de Ignacio González por corrupción tritura al PP de Aguirre

La Guardia Civil ha detenido a 12 personas y registrado domicilios particulares y sedes de empresas ligados a los principales implicados

ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ
FERNANDO J. PÉREZ
Madrid 20 ABR 2017 – 09:40 CEST

La Guardia Civil ha detenido este miércoles en su domicilio a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, por el presunto desvío de fondos de la empresa pública Canal de Isabel II en beneficio propio. En la Operación Lezo también fueron arrestadas otras 11 personas, entre ellas su hermano Pablo González, así como su antiguo hombre de confianza en la empresa de aguas, Edmundo Rodríguez Sobrino, actual consejero delegado de la empresa editora de La Razón. El número de imputados supera la veintena, entre ellos el presidente del diario, Mauricio Casals, y el director, Francisco Marhuenda. La detención da un golpe definitivo a la era de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid, formación acorralada por múltiples casos de corrupción.

Nuevo golpe a la corrupción en el PP de Madrid a cargo de la Guardia Civil y del titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Eloy Velasco. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) desarrollaron a lo largo de todo este miércoles la Operación Lezo para desmantelar una trama de corrupción cuyo epicentro es la empresa pública Canal de Isabel II. Entre los detenidos, Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular, al que se le considera el presunto cabecilla de una trama que durante años desvió fondos públicos para su enriquecimiento personal.

Junto a él, han sido arrestadas otras 11 personas. También se realizaron una treintena de registros en las viviendas y despachos profesionales de los implicados, así como en las sedes de la compañía de aguas y varias empresas privadas. El número de imputados supera la veintena, según fuentes cercanas a la investigación. La Guardia Civil también hizo requerimientos de información a varias mercantiles para que entregaran documentación relacionada con operaciones bajo sospecha.

Entre los detenidos figuran personas del entorno familiar y profesional de Ignacio González. Uno de ellos es su hermano Pablo González, al que se le vincula con las presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la explotación de un campo de golf en el centro de Madrid que se levantó en unos terrenos del Canal de Isabel II cuando el político, entonces vicepresidente en el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, presidía la compañía pública.

Hermano y cuñado

Por esta operación también ha sido detenido un cuñado de ambos, José Juan Caballero, casado con la actual portavoz adjunta del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Isabel González. El hermano y el cuñado del político aparecen vinculados a la sociedad Tecnoconcret, que participó en la unión de empresas que se hizo con aquel contrato.

El hecho de que Pablo González fuese en la actualidad directivo de otra empresa pública bajo sospecha, Mercasa-Incatema, también investigada por la UCO, obligó a coordinar el operativo con el magistrado José de la Mata, quien investiga a esta compañía en una pieza separada del caso Defex sobre el supuesto desvío de decenas de millones de euros en una venta de armamento a Angola. En esta pieza separada se investiga un contrato de más de 500 millones de dólares (466 millones de euros) para levantar un mercado mayorista de alimentos en Luanda, capital de este país africano y en el que supuestamente se registraron sobreprecios, pagos de comisiones y desvío de fondos. Por ello, este miércoles fueron imputados una decena de personas.

Otro de los detenidos señalado como clave en la trama de corrupción por los investigadores es Edmundo Rodríguez Sobrino, actual consejero delegado de Audiovisual Española 2000, editora de La Razón. Rodríguez Sobrino era considerado el hombre de Ignacio González en Latinoamérica al presidir Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa), la empresa que desde Colombia se encargaba de gestionar al resto de las compañías del Canal en el continente americano. La cercanía entre Rodríguez Sobrino e Ignacio González se evidenció en el viaje que ambos hicieron a este país sudamericano en 2008 y en el que se produjo el polémico espionaje al hoy expresidente madrileño. En aquellas grabaciones se veía a ambos con unas bolsas sospechosas que, según aseguraron más tarde, solo contenían unas toallas.

Con Rodríguez Sobrino al frente de Inassa, esta adquirió en 2013 la mercantil brasileña Emissao Engenharia e Construcao, para lo cual se valió de una compañía instrumental radicada en Uruguay. Es una de las operaciones investigadas ahora por el juez Velasco dentro de la Operación Lezo, ya que el Canal de Isabel II pagó por dicha compañía más de 21 millones de euros y un mes después su valor era la mitad. Pese a ello, siguió en su puesto, hasta que su nombre apareció vinculado a varias sociedades offshore de Hong Kong creadas en Panamá. Entonces fue destituido por Cristina Cifuentes, actual presidente de la Comunidad de Madrid. Junto a él, ahora ha sido detenida su secretaria.

Entre los arrestados también está María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal, quien fue cesada en su puesto al salir a la luz pública los detalles de la compra de la compañía brasileña. Por esta misma operación, también se han dictado sendas órdenes internacionales de detención a Brasil y Colombia contra directivos en estos países de Emissao e Inassa.

¿QUÉ ES LA OPERACIÓN LEZO?
FERNANDO J. PÉREZ
La operación Lezo son en realidad dos operaciones coordinadas y conjuntas del juez Eloy Velasco y su homólogo del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata. En ambas operaciones se investiga al consorcio público, Mercasa Incatema, participado al 51% por la SEPI, y que se encarga de la gestión y construcción de mercados mayoristas de abastos. Es el juzgado 5, el que lleva la investigación troncal de Mercasa, tras abrir una pieza separada del caso Defex, y el 6 se encarga de algunos aspectos colaterales de esta empresa, según fuentes de la Audiencia Nacional.

En la investigación sobre Mercasa se investiga a una serie de personas que firmaron un contrato para montar un mercado mayorista tipo Mercamadrid en Luanda, la capital de Angola. En este contrato, de más de 500 millones de dólares, se investigan sobreprecios, pagos de comisiones y lucro personal de una decena de personas, que no han sido detenidos.

La causa abierta por De la Mata, en la que sí ha habido registros, se investigan delitos de corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo y organización criminal. Se trata de la primera vez que dos juzgados de la Audiencia Nacional se coordinan para investigar delitos económicos.

Operación Lezo

La Operación Lezo incluye también la imputación de cerca de 40 personas. Entre ellas se encuentran el presidente y el director del diario La Razón, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda. Ambos han sido citados para que comparezcan hoy como investigados. Este miércoles ya declaró como testigo Josep Creuheras, presidente del Grupo Planeta.

Entre los imputados también figura Lourdes Cavero, esposa de Ignacio González. La casa de subastas que preside, Segre, fue registrada este miércoles por agentes de la Guardia Civil en busca de pruebas de supuesto operaciones de blanqueo a través de la compra de obras de arte. Esta empresa fue la encargada de subastar recientemente por orden del juez Velasco parte de las joyas que se intervinieron en la Operación Púnica.

Junto a este registro, los agentes de la UCO intervinieron abundante documentación el domicilio del expresidente de Madrid, en el que permanecieron cerca de diez horas. En el mismo utilizaron perros adiestrados en la detección de billetes. Tras ello, se desplazaron al despacho que Ignacio González había abierto en el centro de Madrid tras abandonar la política. También fueron registradas la sede del Canal de Isabel II y de empresas privadas como Urbaser y Auditel.
La operación tiene su origen en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción abierta en octubre de 2015 ante la sospecha de irregularidades en la gestión de Canal de Isabel II. Al frente de las mismas están los fiscales Carmén García Cerdá —que también participa en el caso Púnica— y Carlos Yáñez. A estas diligencias de investigación se incorporó posteriormente la denuncia presentada por la Comunidad de Madrid tras detectar en una auditoría encargada por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes numerosas irregularidades en la operación para adquirir la empresa brasileña. En julio de 2016, Anticorrupción judicializó su investigación, que cayó en manos del juez Velasco. Las diligencias, declaradas secretas, investigan, entre otros, supuestos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación y corrupción en los negocios.

FUENTE: ELPAIS.COM

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La corrupción del PP vuelve a sepultar la imagen presidencial de Rajoy

El resurgimiento de los escándalos dinamita los planes para amortizar la marcha de la economía y la debilidad de los otros partidos

JAVIER CASQUEIRO
Madrid 20 ABR 2017 – 09:42 CEST

El resurgimiento de la corrupción y Gürtel, la citación en la Audiencia Nacional por primera vez de un presidente del Gobierno y la mediática detención de una figura del rango de Ignacio González han sepultado de nuevo el relanzamiento de la imagen de Mariano Rajoy. En La Moncloa y el PP viven esa situación muy incómodos y molestos por la pérdida de una gran oportunidad política, con los rivales internos debilitados y el escenario internacional inestable e incierto.

Ganadas por minoría dos elecciones, superado con muchas dificultades el año del Gobierno en funciones, logrado con más problemas políticos y personales que prácticos el acuerdo de investidura con Ciudadanos y formado al final un Gabinete más a su gusto, Rajoy ha retornado a la cueva de La Moncloa. Sale del despacho para codearse en los grandes viajes y citas internacionales (en apenas tres semanas pasará por Uruguay, Brasil, Bruselas y China), para compromisos fáciles de partido (clausuras de congresos ya resueltos por sus ayudantes) y para actos muy institucionales (este jueves asamblea de la CEOE y el viernes XXV aniversario del AVE a Sevilla). No da ruedas de prensa y apenas acepta las preguntas obligadas, que resuelve con contestaciones de trámite.

España crece económicamente por encima de lo previsto y de los augurios del FMI, las buenas predicciones de creación de empleo se quieren superar, parece posible cumplir con los compromisos europeos de déficit y están bastante encaminados los acuerdos para tener unos Presupuestos en 2017 y dar cancha a más de la mitad de la legislatura. En el seno del PP no existe ni se imagina una voz de peso crítica y PSOE, Podemos y Ciudadanos no atraviesan desde luego su mejor momento. En las próximas semanas o meses hay elecciones inciertas en Francia, Reino Unido y Alemania y Rajoy acude a esas cumbres internacionales con la etiqueta en teoría de la estabilidad.

La pertinaz corrupción del PP marchita todos los grandes planes. Parece indeleble. Y los pasos adelante de la justicia se tropiezan en los momentos políticos más inoportunos.

Cuando se complican los casos Murcia, Púnica o Gürtel, Rajoy desaparece de escena y manda en su lugar a los lugartenientes más fogosos y correosos. Como si el asunto no fuera con él o procediera de un pasado remoto que no le pertenece. El lunes, tras las reparadoras vacaciones en Galicia de Semana Santa, convocó por la tarde al comité de dirección del PP y varios de los presentes le observaron preocupado. No supieron interpretar la razón. El PP ni siquiera ofreció luego una rueda de prensa de su portavoz.

El martes se conoció la decisión de la Audiencia Nacional de citar al presidente del Gobierno como testigo en el juicio del caso Gürtel, contra el criterio marcado en dos ocasiones por esa misma sala, y en La Moncloa se limitaron a decir que, como siempre, respetaban las decisiones judiciales y mostraban su disposición a colaborar con la justicia. El PP tuvo que reconducir la rueda de prensa prevista esa tarde en Zamora por el coordinador general, Fernando Martínez Maillo, para fijar los criterios en la renovación de los congresos provinciales del partido y lanzar a cambio los mensajes de sorpresa y malestar contra el giro observado en la Audiencia Nacional. Y, sobre todo, para arremeter con la asociación de abogados próxima al PSOE que había reclamado la presencia testifical de Rajoy. Ese fue el tono que luego se endureció también en un comunicado oficial.

La imagen de España

Este miércoles, el PP y el Gobierno volvieron a ensombrecerse lo máximo posible. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reiteró la idea obvia de que la justicia funciona para todos, aunque más para salir al paso de la sorpresa que causó la mediática detención de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. El ruido de esa operación de la Guardia Civil contra González, su entorno y el Canal de Isabel II ayudó a silenciar la citación sobre Rajoy.

El PP se apresuró incluso a abrir a González un expediente en el Comité Nacional de Derechos y Garantías, según lo previsto en los artículos 21.7.c y 54.5 de los Estatutos, para acordar su suspensión provisional de afiliación. En menos de dos horas se ejecutó algo que llevó semanas en el caso de Rodrigo Rato o Rita Barberá.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, apuntó este miércoles en una entrevista con Efe sobre la mala imagen de este nuevo golpe de la corrupción del PP: “Es innegable que para España no es bueno”. No anticipó más pero deslizó que ni el PP ni Rajoy son los adecuados para la regeneración política del país. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, le rebatió: “La imagen de España y del presidente está a salvo, el Gobierno se dedica a lo que se tiene que dedicar, a que las familias salgan de la crisis, a legislar, esto es lo importante, y otros a enredar y a desprestigiar al presidente del Gobierno”.

FUENTE: ELPAIS.COM

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El hombre de confianza de Feijóo, del PP, en Ourense será juzgado por malversar ayudas europeas

La jueza ordena la apertura de juicio oral contra Rogelio Martínez, ex delegado de la Xunta en la provincia natal del presidente, y otros diez técnicos, concejales y particulares vinculados al PP

OURENSE 19/04/2017 21:12 Actualizado: 19/04/2017 23:15 JUAN OLIVER

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ribadavia (Ourense) ha ordenado la apertura de juicio oral contra el que fuera durante seis años el hombre de Alberto Núñez Feijóo en la provincia, Rogelio Martínez González, al considerar que existen suficientes indicios de que él y una decena de cargos, técnicos y particulares vinculados al Partido Popular idearon y ejecutaron una trama corrupta para obtener fondos europeos para financiar varios proyectos inexistentes o parcialmente ejecutados mediante la emisión de facturas y certificaciones de obra falsas.

La jueza desestima así la petición de sobreseimiento de los imputados y también la del fiscal, y da vía libre a la demanda de la acusación popular, representada por la Asociación para o Progreso de O Ribeiro, que reclamaba para los acusados penas que suman más de cien años de prisión y casi otros tantos de inhabilitación, además de las correspondientes multas.

El juicio pondrá fin a varios lustros de irregularidades que apuntan directamente al tipo al que Feijóo fio su representación política, y casi personal, en su provincia de nacimiento.

Rogelio Martínez González, alcalde durante 30 años de la localidad de Arnoia, y fue nombrado delegado de la Xunta en Ourense en mayo del 2009, un mes después de que Feijóo, natural de Os Peares, municipio ubicado a 50 kilómetros de Arnoia, fuera nombrado presidente del Gobierno autonómico.

Hasta entonces Martínez había compaginado la Alcaldía con la Vicepresidencia primera de la Diputación de Ourense, que entonces presidía Xosé Luis Baltar y cuyo hijo, Xosé Manuel, heredó de su padre el cargo que hoy sigue ocupando.

Feijóo lo cesó en octubre del 2015, aunque Martínez llevaba siendo investigado varios años. De hecho, el caso se remonta a finales de la década de los noventa y principios de los años 2000, y se refiere a dos proyectos diferentes: la construcción de una planta de tratamiento de biomasa en Arnoia, y la construcción de cinco talleres artesanales en la misma localidad.

En el caso de la planta de biomasa, una empresa sin aparentes vínculos con la actividad de reciclaje y protección medioambiental, Entidad Actividades Culturales y Turísticas SL ACTUAR, presentó en 1999 un proyecto para la construcción del complejo al grupo de acción local Centro de Iniciativas para el Desarrollo del Val do Miño (CEIVAM).

Los grupos de acción local son entidades sin ánimo de lucro encargadas de dinamizar la economía de un territorio rural mediante la gestión de las ayudas de la UE con cargo a los antiguos fondos Leader. La planta de biomasa se presupuestó en más 78.000 euros, y el administrador de ACTUAR, Gumersindo Álvarez Rodríguez, presentó una solicitud de ayudas al CEIVAM, cuyo presidente era el alcalde de Arnoia, Rogelio Martínez. El CEIVAM aceptó cofinanciar el 50% de la obra a través de las ayudas Leader.

La planta de biomasa se presupuestó en más 78.000 euros, y el administrador de ACTUAR, Gumersindo Álvarez Rodríguez, presentó una solicitud de ayudas al CEIVAM, cuyo presidente era el alcalde de Arnoia, Rogelio Martínez. El CEIVAM aceptó cofinanciar el 50% de la obra a través de las ayudas Leader. Según la acusación a la que la jueza ha dado validez, Álvarez cobró las ayudas, de más de 40.000 euros, pese a que nunca llegó a construir la planta según estaba redactada en el proyecto, y cuya ejecución, sin embargo, fue certificada por el ingeniero autor del mismo, Miguel Reza Paz.

Lo que sí se hizo para dar apariencia de legalidad al chanchullo fue, según la acusación particular “reconstruir un galpón” en un monte que el Ayuntamiento de Arnoia había adquirido poco antes a tal efecto, y cuya reforma fue encargada a la firma Covelo SL Proyectos y Contratas, propiedad de Gumersindo Álvarez Martínez [no confundir con el promotor del mismo nombre y primer apellido], este último con vínculos de parentesco con el alcalde.

Tanto el gerente del CEIVAM, el concejal de Arnoia Juan Emilio Aparicio Estévez, como su responsable financiero, el secretario municipal Pablo Fernández Loureiro, “autorizaron el abono en diferentes pagos del importe de la subvención” pese a conocer las irregularidades existentes y conscientes de que el alcalde era sabedir de las mismas.

El caso de los talleres artesanales es igual de enrevesado. Otros cuatro acusados (Alfredo Gutiérrez Vázquez, Severino Vieira Nieto, Ramón Souto Domínguez, Adrían Souto Prado y María del Carmen Gallego Nespereira) presentaron también al CEIVAM solicitudes de ayudas con cargo a los fondos Leader para la construcción de sendos talleres artesanales para la elaboración de cerámica, forjas, pan, madera y orfebrería.

Las subvenciones debían cubrir parte del afirmado y pavimentación de las parcelas donde se ubicarían, y su presupuesto era idéntico en los cinco casos: 1.583,68 euros.

Las cinco solicitudes de ayuda fueron firmadas, además, el mismo día. Y de nuevo su ejecución fue certificada por el ingeniero Miguel Reza y validada por los responsables del CEIVAM (su presidente y alcalde de Arnoia, Rogelio Martínez; su gerente y concejal de la localidad, Juan Emilio Aparicio Estévez; y su responsable financiero y secretario municipal, Pablo Fernández Loureiro) a pesar de que, según obra en los autos, “no se habían ejecutado” tales trabajos.

Por todo lo arriba citado, la jueza acusa a Rogelio Martínez, a Juan Emilio Estévez, a Pablo Fernández Loureiro y a Gumersindo Álvarez Rodríguez de los delitos continuado de falsedad en documentos públicos, de fraude en subvenciones y de malversación de fondos públicos.

A Gumersindo Álvarez Martínez y a Miguel Reza Paz los acusa de falsedad documental y de fraude de subvenciones. Y a los cinco propietarios de los talleres aertesanales, de un delito de fraude en la subvención pública. Además, la jueza exige a los acusados que depositen una fianza solidaria de 106.283 euros.

Los portavoces de la acusación particular, la Asociación para el Progreso do Ribeiro, recuerdan que denunciaron los hechos ante las instancias política y administrativa, pero que la Axencia Galega para o Desenvolvemento Rural, encargada de fiscalizar el correcto uso de las ayudas de los planes Leader, no empezó a investigarlas hasta cinco años después: “Los concejales socialistas de la comarca lamentamos haber tenido que ejercer la acción popular por nuestra cuenta, junto a los compañeros del Bloque Nacinalista Galego, para que se juzguen delitos que la Fiscalía debería perseguir de oficio”.

“Este caso es un símbolo de los numerosos atropellos y abusos en la gestión de fondos públicos en la comarca de O Ribeiro. Fueron muchas las irregularidades, muchos fondos europeos gestionados con secretismo y falta de transparencia en beneficio de intereses particulares”, prosiguen, concluyendo con este deseo: que la justicia obligue a los culpables a devolver el dinero malversado.

FUENTE: PUBLICO.ES

ENLACE: http://www.publico.es/politica/hombre-confianza-feijoo-ourense-sera.html

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El pinchazo telefónico a Marhuenda revela coacciones e insultos al equipo de Cifuentes

La Guardia Civil interceptó llamadas entre los ahora imputado Francisco Marhuenda, director de La Razón y el presidente del grupo, Mauricio Casals. El pinchazo desveló una campaña para evitar que Cifuentes denunciara irregularidades en el Canal de Isabel II, con el objeto de salvar a un consejero. Marhuenda y Casals declaran este jueves ante el juez Eloy Velasco.

20MINUTOS.ES. 20.04.2017 – 07:58h

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco interroga este jueves como investigados al director de La Razón, Francisco Marhuenda, y al presidente de este periódico, Mauricio Casals, dentro de la causa abierta por presunta corrupción en el Canal de Isabel II que se ha saldado con la detención de Ignacio González. Marhuenda y Casals habrían intentado coaccionar a la presidenta regional madrileña, Cristina Cifuentes, para que no diera el paso de denunciar las irregularidades porque afectaban a un consejero del grupo, Edmudo Rodríguez Sobrino, el responsable de la filial latinoamericana del Canal y acusado ahora de comprar una empresa brasileña por más de cuatro veces su valor. La Guardia Civil interceptó conversaciones telefónicas entre el director de La Razón y el presidente, Marhuenda y Casals, en las que (según El Español) se revela que ambos se jactaban de dar noticias falsas para amedrentar al equipo de Cristina Cifuentes. Además, se escucha a Marhuenda definir como “la zorra de Marisa” a la jefa de prensa de la presidenta regional. El juez Eloy Velasco podría acusarles de obstrucción a la justicia, después de escuchar su declaración de hoy, sí se confirma que intentaron amedrentar a la presidenta para evitar la denuncia del desvío de fondos en el Canal. El objetivo de la supuesta campaña contra Cifuentes era salvar a Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de La Razón e implicado en la trama. Ahora detenido. Intentaban no perjudicar a uno de los suyos, “un soldado”, como se referían a él en las grabaciones a las que ha accedido El Español. “Le hemos dicho que eres un soldado nuestro, que eres intocable para nosotros y ella por las malas tiene mucho que perder. En una guerra no puede ganar”, le dijo Marhuenda a Rodríguez Sobrino en una conversación sobre la reunión previa mantenida entre el director de La Razón y la presidenta regional madrileña a mediados de 2016. En la conversación Rodríguez Sobrino le responde “Tienes que decirle: esto ha llegado muy lejos, Edmundo es uno de los nuestros y queremos una solución para él”. El presidente del grupo forzó también a Marhuenda a dejar claro ante Cifuentes que no era una campaña exclusiva de La Razón, sin que también estaba metida Antena 3, Onda Cero y La Sexta. En sus conversaciones, Marhuenda insulta a la jefa de prensa de Cristina Cifuentes: “Me ha llamado la zorra de Marisa (González) por la leche que le hemos dado hoy. Le ha hecho mucha pupa”.

FUENTE: 20MINUTOS.ES

ENLACE: http://www.20minutos.es/noticia/3015921/0/pinchazo-telefono-marhunda-insultos-coacciones-cristina-cifuentes/

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Un concejal del PP, sobrino de Trillo, en Zaragoza no incluye en su declaración de bienes los rendimientos por el alquiler de una VPO

El concejal del PP Sebastián Contín no menciona en su declaración de bienes del Ayuntamiento de Zaragoza los 4.062 euros anuales que recibe por el alquiler de una VPO
Desde el Grupo Municipal del PP aseguran que “no hay “ningún tipo de intención de ocultar y que todo se debe a un error que se subsanará”
Arrendó el inmueble en octubre de 2015 (la afección se extinguió en 2012) y firmó la declaración en junio de 2016
Sebastián Contín Trillo-Figueroa es sobrino del ex ministro de Defensa Federico Trillo

Óscar F. Civieta – Zaragoza
18/04/2017 – 22:37h

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza Sebastián Contín no mencionó en la declaración de bienes que registró en el Consistorio los rendimientos por el arrendamiento de un inmueble en el barrio Parque Goya de la capital aragonesa, por el que percibe 4.062,36 euros anuales.

Contín adquirió el piso como Vivienda de Protección Oficial en 2002, y dicha afección despareció 10 años después. Según la información a la que ha tenido acceso eldiario.es, suscribió una hipoteca a 20 años con la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón por un importe total de 47.770,36 euros.
Fue el 14 octubre de 2015 cuando arrendó dicho inmueble por 338,53 euros al mes. Pocos días después, el 22 de octubre, depositó la fianza en la Diputación General de Aragón (DGA). La declaración de bienes, que es pública en la web del Ayuntamiento, se firmó ocho meses más tarde: el 28 de junio de 2016.

El concejal debería haber incluido esta información en el apartado 2 de la declaración –Rentas percibidas por el concejal-, concretamente en la última parte del mismo: “Otras rentas o percepciones de cualquier clase (pensiones, arrendamientos, conferencias, tertulias de radio, derechos de autor…)”.

Desde el Grupo Municipal del PP aseguran que no hay “ningún tipo de intención de ocultar y que todo se debe a un error que se subsanará”. Señalan que estos rendimientos “sí se apuntan en la declaración de la renta y que es un alquiler que ha pasado por la DGA”. Es “absurdo”, indican, “ocultar un alquiler de una VPO por 358 euros al mes”.

En la política municipal desde 2011

Sebastián Contín Trillo-Figueroa es sobrino del exministro de Defensa del Gobierno de España Federico Trillo, y está relacionado con la política municipal desde el año 2011.

En la legislatura pasada (2011 – 2015) fue consejero de las empresas públicas Zaragoza Deporte Municipal SA, Sociedad Municipal Zaragoza Cultural SA, Ecociudad Zaragoza SA, Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda SA, Zaragoza@Desarrollo Expo y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Argón SA. Además de vocal en el Patronato de Artes Escénicas, el Patronato de Educación y Bibliotecas, el Organismo Autónomo Zaragoza Turismo y el Consejo Escolar de Aragón. Actualmente es concejal del Grupo Popular en el Consistorio zaragozano.

FUENTE: ELDIARIO.ES

ENLACE: http://www.eldiario.es/aragon/politica/PP-Zaragoza-declaracion-rendimientos-VPO_0_634487472.html

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Los cinco motivos para citar a Mariano Rajoy en el juicio a la trama Gürtel

El tribunal ha decidido por mayoría llamar a declarar al presidente del Gobierno porque en contra de la opinión de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, han sido constatados hechos nuevos durante el juicio que acreditan la pertinencia de la declaración

MIGUEL ÁNGEL CAMPOSMadrid 19/04/2017 – 09:31 h. CEST

Dos de los tres magistrados del juicio en el caso Gürtel, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, consideran útil y pertinente para el procedimiento la citación como testigo de Mariano Rajoy porque a su entender y a pesar de lo afirmado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, durante el transcurso del juicio a la trama se han producido hechos nuevos que requieren de la explicación del presidente del partido. Son estos:

  1. Correa desveló en su declaración que llevó millones producto de la trama del 3% a Luis Bárcenas y a Génova, cuando Rajoy era vicesecretario y secretario general del partido. ¿Vio al líder de la Gürtel entrar en la sede, donde según sus palabas, estaba más que en su despacho?, ¿sabía a qué iba?.
  2. En el mismo sentido, el empresario acusado, Alfonso García Pozuelo, confesó que dio dinero para “organismos centrales”. ¿Qué sabe de esto?.
  3. Bárcenas ha declarado que el yerno de un empresario donante a la caja b del PP, Joaquín Molpeceres, advirtió a Rajoy en 2004 de que Correa estaba utilizando el nombre del partido para sus actividades ilícitas, y que por eso le echó, dando instrucciones para que el líder de la Gürtel dejara de contratar con el PP.
    No obstante, no solo no le denunció, sino que la trama siguió trabajando para el PP de Madrid y Valencia hasta que la organización fue desarticulada cinco años más tarde. ¿De verdad dio esas instrucciones Rajoy?, ¿de qué forma y a quién?.
  4. Bárcenas también aseguró, y lo corrobora la prueba documental, que el PP contrató a la marca valenciana de la Gürtel, Orange Market, para organizar parte del congreso nacional que supuso la reelección de Rajoy como presidente del partido en 2008, con el visto bueno del entonces secretario general, Ángel Acebes. Es decir, cuatro años después de que el propio Rajoy, supuestamente, hubiera ordenado que se dejara de contratar con la trama. ¿Sabía de esa contratación?.
  5. Tanto Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, como José Luis Peñas, han declarado que el extesorero Álvaro Lapuerta llamó al Consistorio en 2001 para pedir que contrataran a empresas donantes a la caja b. ¿Sabía Rajoy entonces, como vicesecretario general del partido, de estos comportamientos?.

Además de estos hechos objetivos, acontecen otras circunstancias, que también justifican la citación. La primera es una cuestión de congruencia: si el tribunal ha aceptado que declaren como testigos todos los secretarios generales que ha tenido el Partido Popular, ¿por qué dejar fuera a uno de ellos, Mariano Rajoy, que ocupó ese cargo entre 2003 y 2004, periodo investigado?

En segundo lugar, si el PP se ha negado a declarar cuando se le dio oportunidad de hacerlo como partícipe a título lucrativo, ¿qué mejor que poder preguntar a su presidente, para resolver las dudas al respecto? Además, si está en cuestión la financiación del PP en diversas campañas electorales a cuenta de la trama, ¿quién mejor para responder que quien las dirigía?, porque Rajoy fue director de campaña del PP de cinco elecciones en el periodo investigado.
Y la definitiva. El tribunal ha permitido a la Fiscalía que pregunte durante todo el juicio por la caja b del PP, a pesar de que no es objeto de este procedimiento sino de la pieza separada que será enjuiciada en su día, y que cite a testigos solo para hablar de esa caja negra, como a los exdiputados Jaime Ignacio del Burgo, Calixto Ayesa o al exdirigente del PP, Santiago Abascal.
La mayoría del tribunal considera pertinente ahora que Rajoy también pueda ser citado para declarar por esa caja b, de la que supuestamente cobró sobresueldos, y de la que se pagó con 1.5 millones en negro la reforma de la sede central, ocupando Rajoy la presidencia del partido.

Rajoy no podrá declarar por escrito
La ley es muy clara al respecto. Los presidentes del Gobierno solo pueden declarar por escrito si conocieron los hechos enjuiciados por razón de su cargo. Y no es el caso porque Rajoy supo de ellos mucho antes de ser presidente del Gobierno en 2011. Por tanto, tendrá que declarar en directo, someterse a todas las preguntas de las partes para no conculcar los principios de contradicción e inmediatez, y con la obligación de decir verdad.
Queda por resolver si declarará en la Audiencia Nacional, donde se desarrolla el juicio, si lo hace desde su despacho, para lo que tendría que desplazarse el tribunal y decenas de abogados de las partes hasta Moncloa, cosa que parece inviable aunque no es descartable, según fuentes jurídicas, o si puede declarar por vídeoconferencia. Por plasma.
Al respecto, las fuentes jurídicas consultadas recuerdan que solo se suele permitir esta prerrogativa por razones de distancia, que no es el caso, o de seguridad. “¿Y qué más seguridad hay que en el desolado polígono industrial de San Fernando de Henares, donde se celebra el juicio, custodiado por decenas de policías nacionales?”, apuntan las mismas fuentes. Además, este tribunal “tiene una cultura de no aceptar vídeoconferencias”. Han sido muchas las reclamadas y las ha rechazado todas “porque se pierde inmediatez y solidez” en la prueba.

Comienzo del vía crucis de Rajoy
La decisión del tribunal tiene consecuencias imprevisibles. Primero, y aunque improbable, Rajoy va a tener que trabajar la declaración porque si el tribunal advierte que intenta confundir, esquivar las preguntas o miente durante su declaración, puede deducir testimonio por fraude procesal o falso testimonio contra el presidente del Gobierno.
Pero esta citación, puede no ser la única sino simplemente la primera. Ya que si en esta pieza de la Gürtel, en la que a priori tiene poco que ver, es citado como testigo, lo lógico es esperar que también sea llamado a declarar cuando tenga lugar el juicio por la caja b del PP.
Porque desde esa caja b, “ya acreditada” según la Fiscalía, supuestamente se abonaron sobresueldos durante años al propio Rajoy, y se pagaron en negro las obras de la sede, siendo Rajoy presidente del Partido Popular.
Mariano Rajoy siempre ha esperado sin hacer nada a que el paso del tiempo solucionase los problemas que le acuciaban. En esta ocasión, juega en su contra. El inexorable paso del tiempo le conduce directo y de lleno, hasta el problema.

FUENTE: CADENASER.COM

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