El juez ve claro que Pedro Antonio Sánchez, del PP, «consintió» contratar los servicios de la ‘trama Púnica’

Quiñonero sostiene que las pruebas desmienten «el rol meramente pasivo» invocado por el expresidente y su asesor

ALICIA NEGRE Murcia Miércoles, 28 junio 2017, 08:23

Cuesta imaginar unas palabras más contundentes. El magistrado Enrique Quiñonero, instructor de la rama murciana del ‘caso Púnica’, dejó ayer claro que alberga pocas dudas -o ninguna- sobre la supuesta intención del expresidente regional y actual presidente del PP murciano, Pedro Antonio Sánchez, de contratar trabajos reputacionales con la trama para ‘lavar’ su imagen.

El magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se muestra tajante en un auto en el que da carpetazo al recurso presentado por el asesor del expresidente, David Conesa -igualmente encausado-. «Resulta con claridad suficiente la realidad del consentimiento finalmente prestado por el entonces consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, por mediación personal y directa del señor Conesa, a la realización de los trabajos reputacionales en las condiciones negociadas», subraya el juez.

Pese a la insistencia de Sánchez a la hora de recalcar, por activa y por pasiva, que «no se contrató, ni se firmó, ni se concertó nada», el magistrado Quiñonero plasma negro sobre blanco, en este escrito, su «convicción» de que, si el expresidente no terminó de cerrar esos trabajos con los dos presuntos líderes de la trama, Alejandro De Pedro y José Antonio Alonso, fue porque lo impidió la ‘Operación Púnica’, que hubo que precipitar a causa de un chivatazo.

La iniciativa, subraya el magistrado, partió en ocasiones de De Pedro y en otras del expresidente

Tal y como ya explicó en el auto en el que encaminó a Sánchez y Conesa al banquillo, el instructor remarca que la investigación de esta rama del ‘caso Púnica’ ofrece indicios suficientes sobre la presunta actuación delictiva de Sánchez, en su época de consejero de Educación, y de su asesor. Frente a las declaraciones exculpatorias de ambos, el magistrado hace expresa referencia a los múltiples datos incriminatorios que se deducen de «las intervenciones telefónicas (hasta veintiocho)» que autorizó el juez Eloy Velasco, «los datos de geolocalización de terminales móviles, el material informativo y la documentación en soporte papel y electrónico intervenidos en los registros, y las manifestaciones de las distintas personas que han prestado declaración a lo largo de la instrucción de la causa».

Estos indicios, subraya el magistrado, dan cuenta «del proceso completo de concertación que se dio entre los investigados con el objetivo ya reseñado -la realización de supuestas tareas de lavado de la imagen personal de Sánchez, que presuntamente se iban a pagar con fondos públicos-, permitiendo un seguimiento continuado desde sus momentos iniciales hasta la concreción de los términos y condiciones en que se habría finalmente consensuado la realización de los referidos trabajos reputacionales».

Frente a los argumentos que el letrado Evaristo Llanos, que representa a Conesa, esgrime en su recurso, el juez Quiñonero insiste en que «la amplia e intensa instrucción practicada evidencia que se produjeron una multiplicidad de contactos telefónicos y conversaciones por mensajería y tres reuniones presenciales, dos en Madrid y una en Murcia». En estas, explica, «intervienen indistintamente y de forma evidentemente coordinada y complementaria» tanto el expresidente como su asesor.

El instructor hace hincapié, asimismo, en que la iniciativa para mantener esos contactos surgió en ocasiones de los líderes de la trama, pero en otras de Sánchez y Conesa. Este hecho, subraya, «desmiente el rol meramente pasivo invocado por estos». El expresidente regional, al declarar ante el juez el pasado día 6, aseguró que decidió reunirse con De Pedro «después de machaconamente estar llamando y mandando correos electrónicos y dando órdenes para que avasallen a mi secretaria».

Del contenido de los contactos y las notas manuscritas en su día, entiende el magistrado, se obtiene «un alto grado de certeza sobre las condiciones en que se habría producido una efectiva negociación y el resultado de esta». El juez se refiere concretamente a una conversación telefónica que De Pedro mantiene con el director comercial de sus empresas, Francisco Javier Bueno, en la que da por cerrado el contrato con Sánchez. Además, alude también a la declaración que este ‘arrepentido’ realizó ante el juez Velasco en la que admitió tener conocimiento de una reunión que Sánchez mantuvo con De Pedro en el Hotel de las Letras de Madrid. Todos esos indicios, concluye Quiñonero, son «suficientes y esclarecedores» para seguir adelante con el procedimiento y para acercarlos, aún más, al banquillo.

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/murcia/juez-claro-sanchez-20170628005938-ntvo.html

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