El TSJ encamina a Pedro Antonio Sánchez al banquillo por el ‘lavado’ de reputación en el ‘caso Púnica’

El magistrado procesa al expresidente nada más interrogarlo y mete en el mismo saco al asesor Conesa

ALICIA NEGREMurcia
Miércoles, 7 junio 2017, 08:20

Nada lava más sucio que el detergente ‘Púnica’. Los trabajos de limpieza de la reputación personal que supuestamente concertó Pedro Antonio Sánchez en 2014 con dos presuntos líderes de la trama delictiva, Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso, han acabado por situarlo a un paso del banquillo de los acusados y, por extensión, le han asestado el peor golpe para la imagen que un político pueda concebir: verse formalmente procesado por presuntos delitos de corrupción. Una de esas paradojas perfectas, sí, con las que en ocasiones se escribe la Historia.

El exjefe del Gobierno murciano, actual diputado autonómico y presidente del PP regional abandonó ayer a mediodía el Palacio de Justicia, después de haber comparecido en calidad de investigado/imputado ante un magistrado de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Enrique Quiñonero, para ser interrogado por los supuestos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada. Se le percibía satisfecho por la manera en que se había desarrollado esa prueba y, sobre todo, reafirmado en su verdad, la que lleva largos meses repitiendo y que volvió a reproducir con su acostumbrada vehemencia ante los medios de comunicación: ni se contrató nada, ni se firmó nada, ni se concertó nada, ni se pagó nada, ni existía la partida de formación de la Consejería de Educación a la que presuntamente se iba a cargar el coste de los trabajos de imagen, ni se produjo daño alguno al erario público…, por lo que todo esto, en suma, no es sino un burdo montaje del PSOE para tratar de «eliminar» con tácticas aviesas a un rival político: él mismo.

Conocer si fueron muchas o pocas las personas a las que consiguió convencer con tales argumentos resulta tarea ardua, pero lo seguro es que entre ellas no se cuenta el magistrado Quiñonero -designado, por cierto, por el propio PP para integrar la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ-, a quien le faltó tiempo para sentarse ante el ordenador y redactar un auto de transformación de diligencias en procedimiento abreviado, que sitúa a Sánchez en la posición judicial y política más complicada a la que se halla enfrentado nunca: a un solo paso de verse juzgado por varios presuntos delitos contra la Administración pública.

Frente a las palabras autoexculpatorias del investigado, el juez Quiñonero recuerda los indicios contenidos en intervenciones telefónicas, mensajes y correos electrónicos y en las declaraciones de imputados y testigos

Apenas habían transcurrido dos horas desde que el político popular acabó de dar explicaciones y ya se encontraba formalmente procesado. En esta tesitura, bastará ahora con que alguna de las acusaciones pública o privada formule acusación contra Pedro Antonio Sánchez para que este se vea conducido irremisiblemente a juicio. Y como ya se puede dar por cierto que bien el PSOE, bien la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), bien los dos, formularán escrito de acusación, la única opción que le resta al expresidente para salvar el ‘match ball’ es el recurso, de siempre incierto resultado, que todavía puede formular ante el propio juez y subsidiariamente ante la Sala del TSJ.

Por el momento, el magistrado Quiñonero dejó ayer constancia en su auto de que la investigación de esta rama del ‘caso Púnica’ ofrece indicios suficientes sobre la presunta actuación delictiva de Pedro Antonio Sánchez, en su época de consejero de Educación, y de quien era su asesor, David Conesa. Frente a las declaraciones autoexculpatorias del político del PP, el instructor hace expresa referencia a los múltiples datos incriminatorios que se deducen de «las intervenciones telefónicas (hasta veintiocho)» que autorizó el juez Eloy Velasco, «los datos de geolocalización de terminales móviles, el material informativo y la documentación en soporte papel y electrónico intervenidos en los registros, y las manifestaciones de las distintas personas que han prestado declaración a lo largo de la instrucción de la causa».

Material más que sobrado, en su opinión, para conocer «el proceso completo de concertación que se dio entre los investigados con el objetivo ya reseñado (la realización de supuestas tareas de lavado de la imagen personal de Sánchez, que presuntamente se iban a pagar con fondos públicos), permitiendo un seguimiento continuado desde sus momentos iniciales hasta la concreción de los términos y condiciones en que se habría finalmente consensuado la realización de los referidos trabajos reputacionales».

El escrito del magistrado señala como «hechos punibles» que entre los meses de junio a octubre de 2014, Pedro Antonio Sánchez y David Conesa, quien ocupaba un «puesto de confianza y dependencia directa e inmediata» del primero, «actuando ambos de común acuerdo y con el objetivo de mejorar la imagen pública del señor Sánchez de cara a su postulación como candidato a presidente en las próximas elecciones regionales de Murcia, mantuvieron una serie de reuniones presenciales e intercambios de llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico y de mensajería telefónica (imessage y whatsapp) con diversas personas relacionadas con las mercantiles Eico On Line y Madiva Editorial y Publicidad». Con tales personas, fundamentalmente Alejandro de Pedro, el socio del exalcalde cartagenero José Antonio Alonso, habría «negociado y acordado las condiciones de realización de los trabajos reputacionales y de mejora de imagen en internet y redes sociales de carácter personal para Pedro Antonio Sánchez».

Quiñonero afirma que esas labores de lavado de imagen se iban a iniciar en noviembre de 2014, «a razón de 4.600 euros al mes y durante siete meses, para sufragar las cuales se acordó el desvío de fondos públicos de la Consejería de Educación destinados a formación». Durante los encuentros, «los señores Sánchez y Conesa facilitaron información y datos internos de la Consejería a personal de las citadas mercantiles, relativos a los procedimientos para realizar contratos simulados de formación».

El instructor añade que en dichos contratos iban a ser incluidos los trabajos de mejora de reputación que también se habrían concertado para la entonces alcaldesa de Cartagena y hoy senadora popular, Pilar Barreiro, aunque no la menciona expresamente por su nombre por no estar incluida en esta causa, sino en otra pieza separada cuya suerte dependerá del Tribunal Supremo.

Como ya afirmó en su día el juez Eloy Velasco en su exposición razonada, también Quiñonero concluye que si tales trabajos reputacionales no llegaron a iniciarse el 3 de noviembre, como estaba previsto, «ni las sumas comprometidas acabaron cobrándose», fue solamente porque lo impidió la ‘Operación Púnica’, que hubo que precipitar al 27 de octubre a causa de un chivatazo.

El magistrado del TSJ da diez días a las acusaciones y a las defensas para que formulen sus escritos de acusación y pidan la apertura de juicio o, al contrario, reclamen el sobreseimiento de las diligencias.

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/murcia/encamina-sanchez-banquillo-20170607013307-ntvo.html

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