El juez Velasco desvela 44 indicios sobre el lavado de imagen de Pedro Antonio Sánchez, PP y presidente de Murcia gracias a C´s, con fondos públicos

El magistrado pide al TSJ de Murcia que persiga al presidente por presunto fraude, cohecho y revelación de información privilegiada

RICARDO FERNÁNDEZ | MURCIA
4 abril 2017
03:47

Cuarenta y cuatro indicios que suenan como cuarenta y cuatro golpes secos en la puerta de la desgracia. Así habría descrito Albert Camus el cúmulo de pruebas recogidas por el magistrado Eloy Velasco, instructor del ‘caso Púnica’, en la exposición razonada que ayer remitió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia para pedirle que actúe contra el presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, por supuestos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

Velasco echa mano de ese abundante material probatorio (los 44 documentos, correos electrónicos, mensajes SMS y de WhatsApp, transcripciones de conversaciones telefónicas interceptadas, reuniones y declaraciones de testigos e imputados) para apuntalar su afirmación de que Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación, acordó en 2014 con dos presuntos líderes de la ‘trama Púnica’ «la realización de trabajos reputacionales de carácter privado, que iban a ser facturados bajo conceptos y con dinero públicos relacionados con partidas destinadas a formación». Dicho de otra forma, que el hoy jefe del Ejecutivo regional habría acordado pagar con fondos de su departamento los trabajos que empresas del ‘caso Púnica’ iban a efectuar para lavar su imagen personal, muy deteriorada en esas fechas por las noticias que se publicaban sobre su supuesta implicación en causas judiciales, «algunas de ellas vinculadas a aspectos de corrupción urbanística».

Esa deficiente reputación comprometía en aquel momento, a juicio del magistrado, sus expectativas de suceder a Ramón Luis Valcárcel como candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma. Y consciente de que iba a tener que afrontar una «competencia de otros miembros relevantes de su partido», se vio en la «necesidad de mejorar y limpiar su estima particular».

Con tal presunto objetivo, Sánchez y personas de su confianza mantuvieron diversos contactos con uno de los líderes de la ‘trama Púnica’, Alejandro de Pedro, y con trabajadores suyos, que se intensificaron a partir del 22 de septiembre, cuando esa necesidad de limpiar su imagen comenzó a hacerse apremiante.

Después de constatar que Sánchez tenía realmente un problema de reputación ‘online’, con un 70% de noticias de sesgo negativo, De Pedro le habría presentado un contrato que incluía ‘estrategia SEO y linkbuilding, creación de identidad digital, dinamización del contenido en blogs y sites sectorizados, servicios de posicionamiento, auditoría de posicionamiento SEO en webs existentes, informes mensuales y la contratación de un periodista’, que se iba a encargar en apariencia de gestionar un portal digital denominado murcianoticias.es. El coste de todo ese paquete ascendía a 4.600 euros al mes, en los que en apariencia se iban a incluir unos trabajos de mejora de la imagen que también se iban a acometer para la entonces alcaldesa de Cartagena y diputada nacional, la hoy senadora del PP Pilar Barreiro.

De noviembre a mayo

En base a esos 44 indicios, el juez Velasco concluye que la propuesta fue aceptada plenamente por Sánchez en una decisiva reunión celebrada el día 24 de octubre de 2014 en la Consejería de Educación de Murcia, en la que se habría acordado que las labores de lavado de imagen comenzarían el 3 de noviembre (el 1 y 2 eran sábado y domingo). Solo el estallido de la ‘Operación Púnica’, que se precipitó al 27 de octubre por culpa de una filtración, habría impedido que esos trabajos -que habrían supuesto un perjuicio para las arcas públicas de 32.200 euros en esos siete meses- dieran comienzo.

El magistrado coincide con las defensas y con la Fiscalía General en que el contrato no se llegó a firmar y en que no hubo finalmente perjuicio para la Administración regional, aunque insiste en que el concierto se había alcanzado plenamente y en que solo la redada policial evitó que se materializara.

Es en este punto donde surge la principal discrepancia con el fiscal general, José Manuel Maza, cuya intervención personal evitó hace un mes que las dos fiscales del ‘caso Púnica’ respaldaran la necesidad de depurar las supuestas responsabilidades penales de Sánchez.

En su exposición razonada, Velasco pone a repasar Derecho Penal a Maza -hasta muy recientemente magistrado del Tribunal Supremo- y le recuerda que, según la reiterada jurisprudencia del Alto Tribunal del que formó parte, el delito de fraude se comete en el mismo momento en que se alcanza el mero acuerdo, «el concierto de voluntades», sin que exista necesidad de que se produzca un daño a las arcas públicas. Cuando esto último ocurre, el fraude deja ya entonces paso a la malversación de fondos públicos, que engloba al primer delito.

Y destaca que una de las principales evidencias de ese acuerdo son las «al menos cuatro reuniones presenciales, muchas de ellas en entornos no públicos y ni siquiera en Murcia, de forma connivente y cuasi clandestina que realizó Pedro Antonio Sánchez» con Alejandro de Pedro, a las que se suman las que personas de su entorno y miembros de su gabinete mantuvieron en el mismo sentido con el presunto cerebro de ‘Púnica’ y algunos de sus empleados.

Al presunto delito de fraude por el que Velasco pide al TSJ que persiga penalmente a Sánchez, suma además los de cohecho y revelación de información confidencial. El magistrado ha llegado al convencimiento, en base al análisis de las pruebas recabadas por la UCO de la Guardia Civil, que De Pedro y su socio, el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso, pretendían además aprovechar la vía que les abrían esos trabajos de reputación para situarse en una posición de privilegio frente a Sánchez. Y ello con el aparente fin de adjudicarse, en una segunda fase, diversos contratos públicos de formación para empresas vinculadas a la ‘trama Púnica’. A cambio de ello, el entonces consejero se habría visto favorecido personalmente por los trabajos de reputación, lo que ha llevado a Velasco a señalar la posible existencia de un delito de cohecho.

En ese contexto, además, Sánchez y personas de su confianza habrían desvelado «diversa información no divulgable sobre extremos reservados de la Administración». Algo que explica la atribución, por parte de Velasco, de un delito de revelación de información reservada.

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/murcia/201704/04/velasco-desvela-indicios-sobre-20170404015429-v.html

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