El auditorio que persiguió a un Presidente

Si algo ha perseguido al ahora Presidente de la Comunidad de Murcia es la sombra del gigantesco edificio sin terminar que una inspección técnica comandada por la fiscalía de Murcia calificó de “esqueleto vacío”. Hoy esa sombra le lleva ante el juez por la presunta comisión de cuatro delitos

JAVIER RUIZ Murcia 06/03/2017 – 09:18 h. CET

Persecución es la palabra más utilizada por el PP de Murcia para definir “el acoso judicial” al que -dicen- ha sometido la oposición a Pedro Antonio Sánchez desde que era alcalde del pequeño municipio murciano de Puerto Lumbreras.

Sin embargo, si algo ha perseguido al ahora Presidente de la Comunidad de Murcia es la sombra del gigantesco edificio sin terminar que una inspección técnica comandada por la fiscalía de Murcia calificó de “esqueleto vacío”. Hoy esa sombra le lleva ante el juez por la presunta comisión de cuatro delitos.

Pedro Antonio Sánchez siempre había sonado, desde la periferia de la Región (Puerto Lumbreras está en el límite con Almería) para ser “alguien importante” en el PP regional. Desde su municipio, según sus valedores políticos, llegaban “grandes ejemplos de gestión municipal” a la sede popular murciana.
Uno de ellos fue, en 2006, cuando no sabíamos lo que era la crisis: un gigantesco edificio cultural de colores, diseñado por el arquitecto Martín Lejárraga, en una parcela de más de 10.000 metros cuadrados y que iba a costar –eso se supo después- más de 6 millones de euros a las arcas públicas regionales.
Puerto Lumbreras tenía casi 14.000 habitantes y su alcalde les iba a proporcionar 900 butacas de un vanguardista teatro-auditorio aderezadas de salas para escuelas de música y danza. “Puerto Lumbreras en el mapa cultural del sureste” decía el Alcalde. Un sueño. Un sueño muy caro.
Ya entonces Pedro Antonio Sánchez pensaba en suceder al todopoderoso Ramón Luis Valcárcel, Presidente de Murcia durante décadas.
Los “pata negra” del PP de Murcia, los de toda la vida, los que gobernaban el partido desde la centralidad de la capital regional, no veían claro que “un chico de un municipio tan periférico” estuviese llamado a suceder a Valcárcel y su carisma. Pero Sánchez cuida mucho su imagen. La trabaja. Y sabía -porque su padrino político se lo había dicho- que una exitosa gestión municipal “tenía que ser clave para dar el salto a una consejería del gobierno regional”, según comenta un cargo popular que le apoyaba entonces.
En aquellos años el PSOE en Puerto Lumbreras le hacía una oposición durísima quizás anticipando este salto. “Era el delfín, sí. Pero es que aquí -en El Puerto- hizo muchas tropelías”, dicen los socialistas.
Es verdad que esta oposición tan dura incluye algunas querellas y denuncias. Eso sí: nunca 17 como dice el PP, que ha mezclado reclamaciones electorales y contenciosos con los asuntos graves. Este tema del Auditorio sí que lo denunció públicamente el PSOE de Puerto Lumbreras a finales de la década del 2000. Pero no en los tribunales directamente. Lo llevó a la fiscalía para que fuera Manuel lópez Bernal, pieza clave en esta historia, quien presentara una querella.
El Fiscal Jefe de Murcia, el veterano y combativo fiscal que denunció ha sido recientemente cesado en su cargo en plena tormenta política. Esa no es cuestión menor porque Sánchez y los suyos han atacado de manera constante su independencia desde entonces. Insinuaciones como la que hizo el propio presidente: “Parece que se ha tomado muchas molestias en investigarme, no se sabe por qué razón”, dijo una vez.
López Bernal h a dirigido desde entonces la investigación acompañado de Jose Luis Díaz Manzanera, actual Fiscal Jefe tras el cese de Bernal, que entonces llevaba los temas de urbanismo y medio ambiente.
Antes de que acabara la década del 2010, abrieron diligencias, tomaron declaraciones, visitaron con peritos el interior del edificio (vieron “un esqueleto vacío sin terminar” y lleno de “problemas técnicos”) y reclamaron miles de folios de documentación al Ayuntamiento.
¿Qué se hizo (presuntamente) mal en los años de tramitación (2006 y siguientes) según la querella fiscal ? Las sospechas se centran en dos aspectos.
El primero es que el arquitecto y su estudio ganaron el concurso para construir el auditorio por valor de 6 millones de euros. ¿Lo ganaron porque ya había un acuerdo verbal meses antes con Pedro Antonio Sánchez? ¿Porqué fueron los redactores del anteproyecto?
¿Y –sobre todo- cómo es posible que aquella Navidad, mientras muchos arquitectos de toda España trabajaban en diseños para presentarse al concurso, el Ayuntamiento ya tenía en su web imágenes del auditorio iba a construir?
El colegio de Arquitectos denunció este hecho y su decano dijo en la Ser que era “bochornoso”. La firma de arquitectos parecía jugar con las cartas marcadas y la idea que ganó meses después el concurso era la suya.
Por cierto: el presupuesto de los arquitectos, recuerda el fiscal, “clavó” el importe de la subvención que iba a pagar el gobierno de Murcia al Ayuntamiento. 6 millones de euros dos años antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. En un municipio de 14.000 habitantes.
La segunda clave es saber si Pedro Antonio Sánchez recepcionó la obra antes de terminarse y por qué lo hizo. El auditorio está hoy rodeado por un descampado, vacío por dentro y sin algunos de sus puntos clave sin construir. La sospecha de la fiscalía es que se pagó a algunas empresas (constructores y demás) con “casi el cuarenta por ciento del proyecto sin terminar” y, además, con cargo al Plan de Proveedores de 2012. No con el dinero de la subvención. Por eso la pregunta que se hace el fiscal –y la jueza de Lorca en una pieza separada que ha abierto- es ¿qué ha pasado con los 6 millones de la CARM?
Una vez realizada la investigación, el caso auditorio llegó al TSJ en forma de querella del fiscal a principios de 2015.
Lo curioso de lo que pasó a continuación es que Pedro Antonio Sánchez ya estuvo a punto de “declarar para aclarar” –como le gusta decir- en esa ocasión. Pero no tuvo que hacerlo.
Ya era consejero del gobierno Valcárcel y ya estaba en plena carrera sucesoria. La querella del fiscal jefe se presentó en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia dada la condición de aforado de Sánchez. El posible sucesor ya había salido airoso de otras imputaciones y parecía que iba a tener que enfrentarse de nuevo a “la pena de telediario” de volver a declarar como investigado en un caso judicial. Pero no.
Por sorpresa, el TSJ (con el Magistrado Julián Pérez Templado como ponente) envió la causa a un juzgado ordinario de Lorca (el más cercano a Puerto Lumbreras) señalando que “no estaban suficientemente individualizados los delitos” que la fiscalía imputaba al futuro Presidente Regional. La decisión causó estupor en muchos ámbitos judiciales. ¿Para qué enviar el caso de un aforado a un juzgado ordinario? El fiscal jefe dijo que era una decisión “estrambótica”. La oposición llegó a insinuar que el juez retrasaba la imputación de Pedro Antonio Sánchez para dejarle vía libre en su carrera política.
En el PP se celebró esta nueva situación como “una desimputación”, aunque esa palabra no exista en el vocabulario judicial.
El propio Pedro Antonio Sánchez me reconoció en una conversación informal junto a la Catedral de Murcia -nos encontramos casualmente y presenció el encuentro el ahora diputado Teodoro García- que se iba a presentar a la sucesión de Valcárcel porque “yo ahora mismo no estoy imputado”.
Y era verdad. El caso seguía bajo investigación en Lorca, en un juzgado desbordado por las causas ordinarias y casi sin medios. Pedro Antonio Sánchez llegó “limpio de imputaciones” al comité regional del PP que le proclamó candidato a la Comunidad Autónoma en las elecciones y secretario general por aclamación.
Luego, ganó las elecciones por un resultado menos abultado que su predecesor. Pero ganó. Mientras firmaba un pacto de investidura con Ciudadanos, la jueza que recibió el caso, simplemente lo citó para darle traslado de la querella.
El pacto con Ciudadanos decía que abandonaría el cargo si era imputado. Él dijo, en una declaración que todo el mundo grabó, “si me imputan por el caso Auditorio me iré”.
Mientras el primer gobierno de Pedro Antonio Sánchez echaba a andar, la jueza ha instruido el caso durante más de un año de una manera concienzuda. Ha tomado declaraciones, ha pedido nuevas pruebas, ha recibido nueva documentación de la fiscalía. Ha hecho su trabajo a pesar de la gigantesca carga que le había caído encima.
A finales de 2016, la exposición razonada de esta jueza se convirtió en una bomba política cuyos ecos todavía resuenan: pidió al TSJ de Murcia que imputase a Sánchez por los delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública y falsedad en documento oficial.
Exactamente los mismos que contenía el texto de la querella del fiscal López Bernal en un primer momento. Y esta vez, el TSJ no ha tenido más remedio que aceptar la causa y declararse competente.
Sólo días después fue el propio Presidente el que, por sorpresa y sin comunicación oficial, anunciaba que iba a declarar “como investigado” por el caso Auditorio. Durante algunos minutos, jugó con los términos para que pudiera parecer que iba a declarar voluntariamente pero no era así.
El TSJ confirmaba, casi segundos después de que Pedro Antonio Sánchez lo dijera públicamente, que era “citado a declarar como investigado por prevaricación administrativa”.
Y los periodistas de tribunales (y muchos abogados. Y el fiscal. Y muchos jueces) nos preguntamos: ¿Por qué de repente sólo se le imputa un delito?
Dicen que fue un lapsus o un “error involuntario” del juez (que tiene fama de escribir muy bien y muy detallados su autos) pero llamaba mucho la atención que este término coincidiera con las tesis de la defensa del Presidente.
Sólo 24 horas después de descubrir el error el juez tuvo que corregir el auto y señalar que lo citaba a declarar por cuatro delitos.
El terremoto político estaba servido. Ciudadanos pidió su dimisión desde el primer momento acompañado por PSOE y Podemos. El caso ha trascendido las fronteras regionales y ya pone en riesgo la estabilidad de los acuerdos nacionales del PP con Albert Rivera. Y los populares insisten en que Génova apoya al 100% a Sánchez.
Y hoy, pasados más de diez años desde aquel lejano 2006, aquel alcalde, hoy presidente de la Región de Murcia, declara en calidad de investigado por delitos de “prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública y falsedad en documento oficial”.
El auditorio nunca se terminó. Su sombra es alargada.

FUENTE: CADENASER.COM

ENLACE: http://cadenaser.com/emisora/2017/03/03/radio_murcia/1488550969_103790.html

 

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