El PSOE pide al Gobierno que prorrogue 4 años más la ley antidesahucios

El Gobierno aprobó en 2013 una normativa para frenar los desalojos de las familias más vulnerables con una moratoria que termina en mayo de este año

NIEVES GOICOECHEAMadrid 24/01/2017 – 07:47 h. CET

Más de 23.000 familias se han acogido hasta la fecha a la moratoria contenida en la llamada ley antidesahucios aprobada por el gobierno en 2013, según datos oficiales recogidos por el PSOE. Esta norma estaba dirigida a las familias especialmente vulnerables que no podían hacer frente al pago de la hipoteca y que, por tanto , estaban en riesgo de ser desalojadas de su vivienda habitual. La ley contenía una moratoria de 4 años para evitar los llamados lanzamientos que termina en mayo de este año.

Ante la finalización de este plazo, los socialistas han presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que piden al Ejecutivo que amplíe esta prórroga 4 años más, hasta el 2020. En su escrito, argumentan que “no habiendo mejorado las circunstancias económicas de estas familias, es fácil imaginar la angustia con la que afrontan el fin de la moratoria, viendo cómo vuelve a cernirse sobre ellas el riesgo de exclusión social”.
La proposición no de ley añade , además, que “ante la escasez de medidas para hacer frente a los desahucios de las familias y ante la expectativa de que el nuevo Plan 2018-2021 pueda contemplar nuevas medidas tendentes a frenar el drama de los desahucios, es necesario prorrogar la suspensión de los lanzamientos para estas familias”, continúa el escrito.
La ley de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios estaba dirigida a los colectivos especialmente vulnerables como familias numerosas, familias con un menor de 3 años a cargo, víctimas de la violencia de género o aquellas con algún miembro discapacitado.

Los ingresos no podían superar los 19.000 euros anuales, aunque en algún supuesto se eleva a las que no superen en cinco veces el IPREM (el indicador de referencia por debajo del salario mínimo que permite acceder a a yudas sociales a las personas con menor ingresos) y que hayan sufrido cambios en sus circunstancias económicas. Además, la vivienda objeto del desalojo debe ser la única en propiedad y la cuota hipotecaria debe superar la mitad de los ingresos netos.
Los jueces pueden suspender los desalojos si la hipoteca contiene claúsulas abusivas.

FUENTE: CADENASER.COM

ENLACE: http://cadenaser.com/ser/2017/01/23/economia/1485192694_762958.html

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