La comisión concluye que Valcárcel y Cerdá, del PP, idearon la desaladora para recalificar tierras

La Asamblea destaca que montaron una «trama» para cambiar la economía regional y promovieron una obra que ahora genera pérdidas al erario
GREGORIO MÁRMOL | CARTAGENA @gmarmolp
10 noviembre 2016

El expresidente Ramón Luis Valcárcel impulsó en 2006 una desaladora para garantizar el agua potable a casi medio millón de viviendas con las que pretendía cambiar el modelo económico regional y con la que benefició de manera especial al grupo empresarial ACS, causando un agujero en las arcas públicas que podría llegar a los 600 millones de euros. Esas son, en síntesis, las conclusiones a las que ayer llegó la primera comisión de investigación constituida en las dos últimas décadas en la Asamblea Regional, la que ha indagado en la gestión de la Comunidad Autónoma para construir y poner en marcha la desalinizadora de Escombreras.

El dictamen que recoge el resumen de una treintena de comparencias de testigos y catorce mil folios con documentación relacionada con el proyecto fue aprobado con los votos a favor de los cinco representantes de los partidos de oposición y los cuatro contrarios de los diputados del PP. Recogerá -el documento aún deben redactarlo los letrados de la Cámara- una breve memoria del trabajo realizado, las consideraciones de cada grupo político y, al final, las conclusiones. Estas señalan que hacia 2005 hubo una «trama» en la Comunidad para cambiar el «modelo socieconómico» mediante la recalificación de 18.000 hectáreas de suelo no urbanizable y construir unas 400.000 viviendas. La planta desalobradora se proyectó para garantizar el agua que necesitaban los nuevos desarrollos urbanísticos, principalmente resorts, pese a que oficialmente aún se justifica por la necesidad de agua de riego en el Campo de Cartagena tras la derogación del trasvase del Ebro. Como responsables de todo ello apuntan al entonces presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y a su consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá.

El presidente de la comisión de investigación, el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, destacó que el dictamen será presentado en dos o tres semanas al Pleno de la Asamblea para su votación y, una vez cumplido ese trámite (el PP, que lo rechaza, tiene minoría y no podrá frenarlo), será remitido al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía para que evalúen las posibles responsabilidades políticas, económicas y jurídicas en toda la tramitación. Actualmente hay cuatro investigaciones judiciales relacionadas con la desalinizadora.
Los populares defienden que no hubo irregularidades y votan contra el dictamen, que irá al Tribunal de Cuentas y al fiscal
«Entramado societario»

Sánchez también destacó que en las conclusiones se habla de un «entramado societario» que se constituyó en muy pocas semanas, auspiciado por el Gobierno de Valcárcel para sacar adelante un proyecto «sin concurso público» y con unos contratos «leoninos» con empresas del grupo ACS. Para poder formalizarlos, la Comunidad no recurrió a sus servicios jurídicos, como cabría esperar, sino a informes de un despacho de abogados que avalaron la operación, pese a que los contratos «carecían de clara reciprocidad», según el portavoz de Ciudadanos.

El diputado socialista Jesús Navarro no dudó en asegurar que la desaladora generó «graves daños al erario público» y culpó de ello a Valcárcel y Cerdá, aunque también a los responsables del desaparecido Ente Público del Agua (EPA).

El documento también pone de relieve que la planta es una infraestructura necesaria para luchar contra el déficit hídrico de Murcia y recomienda iniciar los trámites para hacerse con su propiedad, en manos de ACS, recordó Antonio Urbina, de Podemos. La oposición considera que su coste real sería de unos 114 millones de euros, que ya habría pagado la Comunidad a sociedades de ese grupo empresarial con las que, además, tiene pactados hasta 2034 pagos que sumarían 600 millones.

El Partido Popular votó en contra del dictamen por entender que «no hubo ninguna ilegalidad» en todo el proceso. «Así ha quedado demostrado, porque no se han detectado ni irregularidades documentales ni ningún compareciente ha hablado de ilegalidades», según el diputado Juan Luis Pedreño. Además, hizo hincapié en que todos los cálculos para explotar la planta sin costes para la Comunidad fueron hechos en tiempos de bonanza pero la crisis los desbarató todos.

A pesar de las diferencias de criterio, todos los grupos políticos coincidieron en que están satisfechos del trabajo de la comisión.

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/murcia/201611/10/comision-concluye-valcarcel-cerda-20161110014434-v.html

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