El juez imputa otra vez a Cámara, del PP, por un presunto pelotazo de sus suegros

Un presunto pelotazo de sus suegros le cuesta a Cámara una nueva imputación por cohecho

El juez de ‘Umbra’ apunta al exalcalde de Murcia al sospechar que propició el «enriquecimiento» de los padres de su esposa
RICARDO FERNÁNDEZ | MURCIA
28 septiembre 2016
09:27

«Lo que se trata de determinar es si el señor Cámara se sirvió de su cargo público para favorecer a los familiares de su esposa, y a la postre a sí mismo». Una vez más, al instructor del ‘caso Umbra’ de presunta corrupción, David Castillejo, no le ha temblado el pulso a la hora de concretar los hechos supuestamente delictivos en los que sospecha que pudo incurrir quien fue el alcalde popular de Murcia durante dos décadas. Con ese razonamiento central, basado en la supuesta participación de Cámara en un aparente pelotazo urbanístico de sus suegros, el magistrado acaba de dictar un auto por el que imputa al expolítico del PP en tres nuevos delitos, que se suman a la lista por los que viene siendo investigado desde 2012: negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación y cohecho.

Los nuevos cargos contra el exalcalde de Murcia se derivan de una de las piezas separadas del ‘caso Umbra’, la denominada ‘Baños y Mendigo’, en la que se investiga la venta de una parcela a unos promotores por parte de los suegros de Cámara, lo que les reportó «unas plusvalías muy elevadas y el consiguiente enriquecimiento». En concreto, casi dos millones de euros por 107.000 metros cuadrados de terreno.

Un patrimonio difícil de justificar
El juez Castillejos advierte en su auto de que este asunto viene a enlazar de lleno con otra pieza separada de ‘Umbra’, la que impulsa la investigación sobre el patrimonio familiar de Cámara, que ya ha permitido demostrar que «ofreció incrementos constantes a lo largo de los años». No descarta el instructor que «una de las explicaciones -para ese incesante y difícilmente explicable aumento de la riqueza de la familia Cámara- se encuentre en la entrega de dinero por parte de los vendedores del terreno (esto es, los suegros) a su hija (la esposa del entonces alcalde)».
Los impulsores de un plan parcial pagaron casi dos millones a los suegros del alcalde por 107.000 m2 de terreno
Los ingresos, según los datos desvelados por el magistrado en su auto, podrían haberse producido «a una cuenta común» de Cámara y su mujer, «o a la que tenía acceso él mismo», y se habrían efectuado como «pagos anticipados» a la escrituración de la venta de esos terrenos.

Por el contenido de su resolución, no parece que el magistrado se limite a especular. Así, asegura que sus palabras están basadas «en los indicios recabados, sustentados en los informes de la Agencia Tributaria y en información exhaustiva de carácter bancario», que obligan a seguir investigando. Y añade que todos los hechos «cristalizan en la compraventa de las fincas, que reportó grandes beneficios a sus vendedores (suegros)».

Cinco interrogatorios

Considera el magistrado Castillejo que todas esas circunstancias, en las que se encuentran inmersos los vendedores, los compradores (promotores de un plan parcial) y el propio Cámara, pueden ser constitutivas de delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y de cohecho. De ahí que haya decidido imputar nuevamente a Cámara y también a sus suegros, Tomás Meroño y Francisca Balsalobre, y a los empresarios Vicente Cardona y Diego García. Todos ellos deberán prestar declaración, asistidos por sus abogados, el 25 de octubre próximo.

Los dos promotores investigados son los administradores de la sociedad Programa 2010 SL, que fueron quienes en 2006 abonaron en parte el precio de la parcela a los familiares del entonces alcalde y que impulsaban una gran actuación urbanística en Baños y Mendigo, conocida por la clave ZU-SR-BM10.

El instructor también ha solicitado ya al Ayuntamiento de Murcia que le remita una copia de todo el expediente sobre ese plan parcial.

Posible inhabilitación

El pasado marzo, el magistrado Castillejos abrió juicio contra Miguel Ángel Cámara por la ‘pieza Nueva Condomina’, lo que le llevará a sentarse en el banquillo como acusado de un delito de prevaricación continuada. Por este asunto, el Fiscal Anticorrupción de la Región, Juan Pablo Lozano, expresó su determinación de pedirle diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La ‘pieza separada Nueva Condomina’ investigó el supuesto trato de favor que el entonces alcalde de Murcia habría otorgado al empresario Jesús Samper, presidente del Real Murcia ya fallecido, en el desarrollo de un gran plan parcial al norte del municipio de Murcia. El exdirector de la Gerencia de Urbanismo, Pedro Morillas, y el antiguo jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver, también están acusados en ese asunto.

FUENTE: LAVERDAD.ES

ENLACE: http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201609/28/presunto-pelotazo-suegros-cuesta-20160928015334-v.html

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