Piden a Anticorrupción que investigue a Ramón Luis Valcárcel, del PP, por malversación en la desaladora de Escombreras

Piden a Anticorrupción que investigue a Valcárcel por malversación de caudales públicos en la desaladora de Escombreras

El abogado murciano Diego de Ramón ha solicitado al fiscal anticorrupción del TSJ que se realice una investigación criminal sobre lo que él llama ‘la trama de Murcia’
LA CRÓNICA
Lunes, 07 de Marzo de 2016

El abogado murciano Diego de Ramón ha solicitado al fiscal anticorrupción del TSJ que se realice una investigación criminal sobre lo que él llama ‘la trama de Murcia’, en referencia a políticos como el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel y sus exconsejeros o consejeros actuales Antonio Cerdá, Constantino Sotoca o Adela Martínez-Cachá, además de los letrados que participaron en el borrador de la Ley del Ente Público del Agua de la Región de Murcia que hizo posible la desaladora de Escombreras. Pero este letrado murciano solicita, además, al fiscal que en las diligencias 149/2014 se pueda solicitar una tasación al Colegio de Ingenieros de Caminos de Barcelona para conseguir mayor imparcialidad, por la distancia, en la objetividad de su valoración, para la cual se tendrá que aportar el anteproyecto y proyecto presentado para construcción de la desaladora de Escombreras, dadas las variables de las cifras que se dice que costó, y posibles preacuerdos de venta de la misma.

“Si realmente se establece un precio muy diferencial, está claro que el objetivo penal se cumple, con la presunta acción criminal de malversación de caudales públicos, por cuanto sería dañino para el erario público”, escribe textualmente De Ramón. El letrado solicita, igualmente, que se tenga en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo, creando jurisprudencia, en su Sala de lo Contencioso-Administrativo y de fecha 12 de junio de 2015 en base al recurso nº 1558/2014, y más concretamente en su noveno fundamento de Derecho, según informa Murcia Confidencial.

En ese punto el Supremo es claro y taxativo al afirmar que la aprobación de un plan urbanístico se supedita a que exista agua, extremo que debe acreditarse antes de esa aprobación definitiva que siempre debe supeditarse a la vital e imprescindible existencia de agua. En base a lo anterior, De Ramón dice por escrito “que es obvio que refleja la acción criminal tipificada en nuestro Código Penal, que la competencia del agua en el Estado español es exclusiva del Estado sin transferir a ninguna comunidad autónoma dicha cesión de soberanía”.

Para este abogado, “si el Gobierno regional del expresidente Valcárcel aprueba la ley regional 4/2005, de 14 de junio (vigente hasta el 11 de julio del año 2013) después de haberse construido la desaladora de Escombreras y firma 26 convenios con ayuntamientos que tienen recalificados 180 millones de m2, es porque se encontraba todo estudiado, planeado, sistematizado y coordinado para conseguir los fines delictivos, conseguir dar favores de concesiones y donaciones de terrenos a los propietarios de la desaladora de Escombreras, aceptando todo de ella, incluidos los valores o tasaciones del coste de construcción y costándonos la suma de 40.000 euros diarios de pérdidas a los murcianos y con contratos de cerca de 600 millones de euros y preacuerdos de compra superando los costes de construcción”.

Lista de letrados de la Comunidad que trabajaron en elaborar la ley
Diego de Ramón incide en su escrito a la Fiscalía Anticorrupción del TSJ en que “sabiendo que dicha desaladora nunca podría abastecer a los 26 ayuntamiento murcianos conveniados que aprobaron sus planes urbanísticos con cargo a una desaladora cuya capacidad se excedía con creces, consiguieron a favor de esos ayuntamientos dinero de los convenios que se aprobaron con la apariencia del derecho de tener agua de la desaladora para su aprobación”.

Y, para el citado letrado, después “favoreciendo a los ayuntamientos el cobro del IBI, que era totalmente ilegítimo, recalificar para después emitir los recibos, en base a la posible agua de la desaladora y sin invertir en ningún tipo de infraestructura: calles, farolas, alcantarillados…”. En consecuencia, solicita se oficie a la Consejería de Presidencia para que aporte la lista de letrados de la Comunidad Autónoma que trabajaron en la elaboración de dicha ley 4/2005, nombre y apellidos, para que declaren en Fiscalía, los argumentos legales que tuvieron para apoyar con sus informes y trabajos una ley regional ahora anulada por todos los juzgados fundamentándose en la total violación de la ley estatal, “pues cualquier estudiante de Derecho conoce el principio de legalidad y de competencia estatal frente a la autonómica”, dice De Ramón.

Este abogado murciano se muestra convencido, “porque es obvia”, de la “existencia de la ‘trama de Murcia’ por su voracidad de incrementar las recalificaciones para conseguir dinero multimillonario de forma totalmente ilegal”. Y aporta las consecuencia de esas intenciones: 776.700 viviendas nuevas a construir en 26 municipios en una región con población actual de 1.079.984 habitantes y un 73% del territorio autonómico planeado para construir a fecha del 31 de diciembre de 2015.

Para terminar, De Ramón dice que “todo esto demuestra la trama de Murcia, cómo se planificó y sistematizó todo para conseguir el objetivo y que esto no pudo realizarse por una sola persona sino por muchos funcionarios, políticos y empresarios que desprecian la ley y la tutela que ésta hace de los ciudadanos”.

FUENTE: LACRONICADELPAJARITO.ES

ENLACE: http://www.lacronicadelpajarito.es/region/piden-a-anticorrupcion-que-investigue-a-valcarcel-por-malversacion-caudales-publicos

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